El gobierno brasileño se encuentra ante su desafío más importante en lo que respecta a grandes eventos: garantizar la seguridad de más de 15 mil atletas y de un público estimado en siete millones de personas en los lugares donde se realizarán las competiciones olímpicas, entre turistas, voluntarios y profesionales.
Los 28 días de Olimpiadas y Paralimpíadas tendrán lugar principalmente en Río de Janeiro, una ciudad que, según estadísticas del Instituto de Seguridad Pública, viene experimentando un aumento de los casos de violencia desde el año pasado.
Por ejemplo, solamente en abril, se registraron 9.158 robos callejeros, casi un 30% más que en el mismo período de 2015.
La falta de seguridad es tan grande que el gobierno del estado de Río de Janeiro se vio obligado a decretar calamidad pública, el pasado 17 de junio, para negociar con la Unión, la liberación de alrededor de US$ 1 mil millones destinados a la seguridad de los Juegos Olímpicos.
Sumido en una crisis financiera, el gobernador interino Francisco Dornelles argumentó que no sería capaz de cumplir con las obligaciones de las Olimpiadas y temía el colapso de la seguridad, la salud y la movilidad.
En los últimos dos meses, un caso de estupro colectivo que tuvo lugar en el Morro do Barão, en la zona oeste de Río, y un tiroteo durante un ataque perpetrado a la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) de los morros Fallet y Fogueteiro, en Santa Teresa, barrio del centro de la ciudad, también tuvieron repercusiones en la prensa internacional.
Cuestionada, la Secretaría de Estado de Seguridad afirma que tales casos no comprometen la integridad de los turistas que estarán en la ciudad durante los Juegos.
“Río de Janeiro posee una tradición de ser sede de grandes eventos de naturaleza cíclica, como el carnaval y réveillon (o también llamada “Nochevieja”, celebración del 31 de diciembre), además de un conjunto de mega-eventos internacionales, sin que el tema de la seguridad pública pueda representar un problema”, declaró a Diálogo Chino el subsecretario extraordinario de seguridad de grandes eventos del gobierno estadual Roberto Alzir.
“Brasileños, extranjeros y atletas estarán seguros, en un ambiente en el cual las fuerzas de seguridad pública han recibido una preparación específica, con planes creados para cada una de las instalaciones, con todo un aparato que garantizará que el evento se desarrolle en la más absoluta normalidad”, afirmó Andrei Rodrigues, de la Secretaría Extraordinaria de Seguridad para Grandes Eventos, vinculada ligada al Ministerio de Justicia.
Roberto Alzir, representante de la secretaría estadual, afirma que el organismo viene recibiendo “evaluaciones muy positivas sobre el esquema de vigilancia implementado y sobre la sensación de seguridad de los visitantes, tanto nacionales como extranjeros”.
Durante las Olimpiadas y Paralimpíadas, habrá 85 mil profesionales en las calles, entre ellos aproximadamente 10 mil de la Fuerza Nacional, compuesta por policías militares y civiles, peritos y bomberos especialmente entrenados para trabajar en grandes eventos. Además 38 mil militares de las Fuerzas Armadas han sido destacados para dicho período. La estrategia de vigilancia ostensiva es blanco de críticas.
“Toda la lógica para dar seguridad en un gran evento es poner un inmenso contingente de policías en las calles. Eso es incompatible con el espíritu de lo que debería ser el momento de una Olimpiada”, critica Itamar Silva, uno de los directores del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (IBASE).
Desde el punto de vista de Silva, los turistas seguirán los Juegos con normalidad en los espacios destinados a las competiciones.
“Pero creo que la ciudad, sus habitantes, van a vivir un momento de restricción de la movilidad, una sensación de opresión, ya que veremos muchos policías en la calle para pasar esa sensación de seguridad”, completa.
Para el investigador, garantizar solamente la seguridad de los turistas es muy poco.
“Para que la ciudad sea digna de recibir una Olimpiada, debe ser primero digna para sus ciudadanos. Porque cuando los ciudadanos se sienten seguros, son ellos los que le pasan esa sensación de seguridad verdadera a los que vienen de visita. Pero no es ése el caso de Río de Janeiro”.
Inversión y lucha contra el terrorismo
En la lista de riesgos que elaboró el Ministerio de Justica, la amenaza del terrorismo se encuentra en el primer lugar. La estrategia para prevenir ataques es utilizar fuerzas de inteligencia.
Todo el trabajo es liderado por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), que coordina la elaboración de los análisis de riesgo, produce el conocimiento, la prevención del terrorismo y la difusión de la información.
El secretario Andrei Rodrigues prefiere no mencionar si hay amenazas concretas. “Independientemente del riesgo concreto, Brasil va a recibir un evento de una importancia tan grande que trae esa visibilidad. Por eso hemos adoptado las mejores prácticas y políticas de prevención globales.”
El país creó el Centro Integrado Antiterrorismo específicamente para los Juegos Olímpicos. Dirigido por la Policía Federal, el espacio albergará a policías extranjeros del área de inteligencia que poseen experiencia en la lucha contra el terrorismo.
“Esta cooperación policial internacional comenzó durante la Copa de Confederaciones, con ocho países. En la Copa del Mundo, ya había 37 países, y ahora son 57 los países que están colaborando con nosotros”, relató Rodrigues.
Para llevar a cabo la seguridad de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, el gobierno brasileño destinó US$ 235 millones. Según datos del Ministerio de Justicia, desde la Copa del Mundo, unos US$ 500 millones se invirtieron en la seguridad de los grandes eventos.
“Toda la inversión en seguridad de los Juegos tiene como premisa un posterior retorno a la sociedad, como una forma de legado para el día a día de la seguridad pública”, justifica.
Vigilancia internacional
Una de las tácticas que se implementaron para garantizar la seguridad de los visitantes extranjeros es la presencia de policías internacionales en las calles.
El Centro de Cooperación Policial Internacional, que fue creado para la Copa del Mundo, recibirá a profesionales de más de 50 países e instituciones tales como la norteamericana Interpol, quienes circularán vistiendo sus propios uniformes.
“Esta cooperación posee el doble efecto de darle a los extranjeros una sensación de mayor protección al reconocer al policía por su uniforme y, al mismo tiempo, de inhibir abusos por parte de los extranjeros, que estarán bajo la mirada de las autoridades de sus propios países”, afirma el gobierno brasileño.
Los efectivos deberán circular sin armas, acompañados por policías brasileños, por los lugares donde haya aglomeraciones de público de los distintos sus países.
Aproximadamente cinco mil millones de espectadores seguirán las competiciones y las noticias sobre lo que pasa en Río de Janeiro durante los juegos desde sus hogares. su casa. Cuando todo termine, la ciudad deberá pensar en una agenda post-olímpica, defiende Itamar Silva del IBASE.
“Vamos a tener que volver a temas ´viejos’, como movilidad y seguridad, a lo que se prometió como un legado de las Olimpiadas. Tendremos que pensar en cómo será esa ciudad que vamos a tener”.
Serán tiempos difíciles, prevé Silva, resaltando que existe una coyuntura nacional “muy delicada, con muchas incertidumbres”.
