Rara vez pasa una semana sin que los medios de comunicación chinos celebren el potencial “beneficio mutuo” en la relación de China con América Latina – o un artículo que aparece en los medios occidentales cuestionando si constituye una amenaza para los intereses estadounidenses en su peyorativo “patio trasero”.
El reciente viaje del presidente chino Xi Jinping a la cumbre APEC 2016 en Lima, Perú, generó el último aumento de interés de los medios de comunicación, acompañado por la acción del Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitiendo un nuevo documento normativo reafirmando su compromiso con América Latina. Dichos documentos son fundamentales ya que funcionan como una brújula para orientar a los expertos y funcionarios públicos en los planes a largo plazo que China tiene en la región, dijo a Diálogo Chino Paulina Garzón, de la Iniciativa de Inversión Sostenible China-América Latina.
Hubo dos documentos normativos de AMF para América Latina, el primero de ellos emitido por el ministerio en el año 2008. Los analistas han notado la cuidadosa sincronización de la visita de Xi y el nuevo anuncio de su política: El primer Libro Blanco fue anunciado justo después de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, al igual que el segundo, aseguró Gonzalo Paz, experto en relaciones entre China y América Latina del centro de estudios estadounidense, Wilson Center. Paz agregó que si bien los responsables de la formulación de políticas chinas no desean que sus anuncios políticos sean eclipsados por las elecciones, al mismo tiempo indican sus intenciones a la nueva administración de los Estados Unidos.
Como una muestra de la gran cantidad de artículos periodísticos dedicados al tema, la última señal de interés de China en América Latina, con declaraciones sobre el crecimiento del comercio y las infraestructuras de construcción en la región, tiene, sin duda, grandes implicancias geopolíticas, aunque muchas veces exageradas. Sin embargo, se ha prestado menos atención a los avances y desafíos que representa el logro de un desarrollo social y ambientalmente sostenible para la región. Esto sucede a pesar de las frecuentes promesas de ambas partes para diversificar una relación que está fuertemente enfocada en el comercio de un puñado de materias primas y la construcción de grandes proyectos de infraestructura, a menudo polémicos.
Un paso adelante
“El Libro Blanco 2016 es un paso adelante”, de acuerdo con Garzón, quien aseguró que las referencias del documento sobre la implementación del desarrollo “sostenible y equitativo” en América Latina son prometedoras. Agregó además que esto significa que puede lograrse a partir del establecimiento de objetivos ambiciosos para detener el flujo de financiamiento hacia industrias altamente contaminantes y así, fijar un mecanismo formal para un diálogo informado y participativo sobre los impactos de la infraestructura y los proyectos de extracción.
A diferencia del Libro Blanco del 2008, el nuevo documento señala la intención del gobierno chino de cooperar con los países de América Latina y el Caribe dentro de los marcos de las Naciones Unidas. A través del acuerdo internacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada provisionalmente, el objetivo es: “promover la cooperación global y mutuamente beneficiosa”. Además, ha reafirmado su compromiso con el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Sin embargo, Guy Edwards, investigador de la Universidad Brown, sostuvo que en gran medida estas referencias son de carácter simbólico. En este sentido, afirma que el Libro Blanco representa una “oportunidad perdida” ya que en general expresa un tono un tanto “tradicional” que no logra capturar el nuevo rol de liderazgo adoptado por China en el avance de la energía limpia a nivel mundial. Este liderazgo, agrega, puede desempeñar un papel muy importante para ayudar a los países latinoamericanos a cumplir sus compromisos bajo el Acuerdo de París.
Garzón argumenta que el Acuerdo de París representa un cimiento imperfecto para convertirse en la base de la cooperación en el clima y el medio ambiente, ya que no incluye directrices sobre las finanzas verdes. El Banco de Desarrollo de China, el mayor prestamista institucional para América Latina, aún no ha publicado ninguna norma social o ambiental para sus inversiones, haciendo imposible la “ecologización” efectiva de las finanzas chinas en la región.
La presidente chilena Michelle Bachelet expresó su apoyo a unirse al Banco de Inversión de Infraestructura Asiático liderado por China, que comenzó a operar a principios de este año. La misión del banco es apoyar el financiamiento de infraestructura a través de la iniciativa china “Un Cinturón, Una Ruta”, pero se ha rumoreado que tiene intención de expandir su cartera hacia Latinoamérica. El banco ha estado bajo presión para adoptar un marco de préstamos sostenible tanto en su propio país como por parte de grupos internacionales.
Sin embargo, Wu Guoping, director general del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Suroeste de Ciencia y Tecnología, no ha visto el apoyo de la AIIB en el desarrollo verde o cualquier otro tipo de desarrollo en Latinoamérica al corto plazo, ya que Asia sigue siendo su foco principal. Según Wu, las empresas chinas necesitan adquirir más experiencia en América Latina para que entiendan bien las distintas políticas sobre la venta de tierra, y las leyes laborales y ambientales antes de que inviertan en la infraestructura a gran escala.
Si bien, todavía hay trabajo por hacer en materia de ecologización de las finanzas, han existido avances importantes en las políticas ambientales en otros sectores.
En los últimos dos años, los reguladores chinos han introducido nuevos estándares sociales y ambientales para sus operaciones mineras en el extranjero que, según Garzón, se encuentran más avanzadas que otras que son aplicadas en el ámbito internacional. Las directrices sobre la debida diligencia en la cadena de suministro emitidas por la Cámara de Comercio de Importadores y Exportadores de Metales, Minerales y Productos Químicos (CCCMC) no sólo estipulan que los proyectos de extracción deben contar con el consentimiento previo e informado de las partes afectadas, también establecen “zonas de no acceso” en nombre de la protección social y ambiental.
Aunque estas directrices no son vinculantes, el CCCMC se ha comprometido a su plena implementación dentro de tres años y ha establecido un programa de capacitación y un mecanismo de monitoreo para asegurar que las compañías mineras se adhieran a ellas.
Mientras tanto, persisten los conflictos en torno a los recursos sobre el terreno. En Perú, 97 de los 149 conflictos socio ambientales nacionales actuales están vinculados a la minería, según las últimas cifras aportadas por la Defensoría del Pueblo. Mientras que las empresas extranjeras de Europa y América del Norte también han experimentado interrupciones y protestas, proyectos emblemáticos como la mina de cobre Las Bambas, una de las más grandes del mundo, es considerada un caso de análisis para la resolución de conflictos.
El propietario de la mina China Minmetals (MMG), el gobierno y las comunidades locales se han reunido recientemente para intentar resolver las disputas sobre la distribución de los beneficios generados por el proyecto y los impactos del transporte de materiales industriales a través de sus aldeas. El reclamo es que este punto fue omitido en la evaluación de impacto ambiental del proyecto (EIA).
La aplicación de leyes ambientales, que incluyan la producción de EIA y la obtención de información sobre ellas, continúa siendo responsabilidad de los gobiernos anfitriones. El presidente peruano, Pedro Pablo Kucynski, quien expresó su intención de trabajar en estrecha colaboración con China en la minería, dijo que los reclamos de los manifestantes de Las Bambas eran legítimos y recientemente ordenó la presentación de un nuevo estudio de impacto.
Wu Hongying, director general del Centro Latinoamericano del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, dijo a Diálogo Chino que si bien las normas ambientales difieren en toda América Latina, en general son relativamente sólidas. Cumplir con esto y ofrecer beneficios sociales mejorará las posibilidades de las empresas chinas de ganar contratos.
Wu añadió que las empresas chinas también están bajo presión para el cumplimiento de mayores estándares de responsabilidad social corporativa y sostuvieron que están reconociendo cada vez más cuáll es el costo de no entender las leyes ambientales locales
¿Conversación de dos vías?
Las efusivas propuestas de China hacia América Latina aún no han recibido ninguna respuesta regional coordinada y su origen es incierto, ya que el Libro Blanco del AMF no identifica a ningún país en particular. Sin embargo, sí se ha referido al establecimiento del Foro de China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Foro China-CELAC), que “ha proporcionado una nueva plataforma para la cooperación entre ambas partes, estableciendo el rumbo para el desarrollo simultáneo y complementario de la cooperación bilateral y colectiva “.
CELAC es un bloque del hemisferio occidental compuesto por 33 países que excluye a Estados Unidos y a Canadá. Paz dijo que este es el mecanismo más apropiado a través del cual los países latinoamericanos pueden articular sus intereses.
Según Edwards, CELAC también parece ser la plataforma preferida de China. Sin embargo, como no tiene secretaría y ha luchado por llegar a un consenso entre sus miembros, la capacidad institucional actual del foro es limitada y los países latinoamericanos y los grupos de la sociedad civil necesitan urgentemente hacer oír su voz.
Un aspecto que parece no ser un punto de discusión en el marco de la conversación impulsada por el Libro Blanco es la cancelación de deuda de los gobiernos latinoamericanos. De acuerdo con Garzón, esta es una omisión notable en comparación con el documento de 2008, que declara: “El Gobierno Chino, sustentado en una política consistente en la reducción y cancelación de deuda, discutirá con los países relevantes de América Latina y del Caribe formas de aliviar sus deudas mientras la capacidad de China lo permita”.
“Es notorio que los gobiernos latinoamericanos, especialmente Venezuela y Ecuador, no hayan invocado este postulado dado los altos niveles de endeudamiento con China”, dijo.
