China sigue invirtiendo fuertemente en América Latina en el área de extracción de recursos naturales y en proyectos de infraestructura. Según datos provistos por Rebecca Ray, investigadora de Iniciativa de Gobernabilidad Económica Global (GEGI), que pertenece a la Universidad de Boston (EUA), las inversiones chinas en extracción de recursos naturales dieron un fuerte salto de USD 8.200 millones, en 2015, a USD 17.200 millones en 2016. “Con la caída del precio de las commodities, los países latinoamericanos están empezando a flexibilizar las leyes de protección ambiental”, alerta Julia Cuadros, responsable del eje de inversiones chinas de la organización no gubernamental (ONG) de Perú CooperAcción.
“La tragedia que significa dicha flexibilización no sólo tiene que ver con el costo socio-ambiental, sino que ésta ni siquiera era necesaria”, comenta Ray. “China no se va a ir de América Latina porque los precios de las commodities están bajos. La mayoría de las empresas son estatales, su función es auxiliar al Estado. A diferencia de las empresas norteamericanas, que rápidamente se iban de los países cuando los precios caían, porque su objetivo era obtener ganancias inmediatas. Los gobiernos latinoamericanos están trabajando con una visión del pasado. No están logrando lidiar con este nuevo tipo de actor”, explica la investigadora del GEGI.
Por esta razón, las entidades y las ONGs del subcontinente se están organizando para negociar con los bancos y las empresas chinas, en un intento de hacer que estos cumplan las normas básicas socio-ambientales de cada uno de los países donde actúan. Por ejemplo, en Argentina, Perú y Ecuador, ya existen organizaciones pertenecientes a la sociedad civil que siguen de cerca el trabajo de los chinos y reivindican una mayor transparencia de China. “El extractivismo siempre estará presente, porque tenemos petróleo, minerales, agua y alimentos. La discusión tiene que ver con usar esos recursos en forma responsable. Y esa es una discusión que debe darse también en los organismos multilaterales”, afirma Paulina Garzón, directora de la Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina (IISCAL).
Garzón, que es ecuatoriana, trae a colación dos ejemplos localizados en su país de origen que están siendo estudiados por su grupo: la represa hidroeléctrica Coca Codo Synclair y la minera Mirador. Inaugurada en noviembre del año pasado, la represa hidroeléctrica es la más grande de Ecuador, generará 1500 megawatts (MW) de energía, lo que representa un 30% de la demanda nacional, fue construida por la empresa Sinohydro con financiación del Eximbank de China sin que se realizara ningún tipo de estudio de impacto en lo que es la caída de aguas más importante del país. La mina de cobre Mirador se está construyendo sin haber realizado ningún tipo de estudio de impacto ambiental y está siendo reprobada por la comunidad local. El proyecto, que es financiado por cinco bancos chinos y tendrá un costo de USD 5.400 millones, es llevado a cabo por las empresas Tongling Non Ferrus y China Railway Construction Corporation.
China ya realizó inversiones por un valor de USD 24.478.000 millones en las tres minas que explota en Perú: Río Blanco, Toromocho y Las Bambas, según afirma CooperAcción. Del total, USD 10.000 millones fueron destinados al proyecto Las Bambas, la mina de cobre más grande del mundo, lo que explica que la ONG concentre todos sus esfuerzos para conectar con los chinos. Apenas comenzó a producir, en julio del año pasado, la mina fue comprada por las empresas China Minmetals, Citic y Gouxin. Ubicada en uno de los lugares más pobres de Perú, el paso de 325 camiones por día por el camino de tierra viene levantando mucho polvo en el lugar afectando el agua, agricultura y salud de los pobladores.
“No se sabe qué se hace ni lo que se hará. No hay información. Nadie informa nada a la población. La gente no está en contra, sólo quiere saber qué va a suceder. Cómo van a mitigar los problemas y piden que se respeten sus derechos”, afirma Cuadros, quien también está en contacto con las empresas chinas. A pesar de no haber tenido tanta suerte, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), de Argentina, ha logrado mantener contacto con innumerables entidades civiles chinas cuando María Marta Di Paola, su coordinadora de economía y política ambiental, estuvo en Beijing para intentar conversar personalmente con representantes de los bancos chinos.
“Por lo menos descubrimos el cross-default”, bromea Paola, refiriéndose al hecho de que el préstamo para construir 10 mil km de líneas férreas en el norte argentino -para transportar principalmente litio- esté vinculado con la construcción de dos represas hidroeléctricas en el extremo sur de Argentina. El problema es que estas represas hidroeléctricas, de un valor estimado en USD 4.700 millones, podrían afectar la biodiversidad de la región y los tres glaciares de la Patagonia: Upsala, Spegazzini y Perito Moreno, que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otro problema que enfrenta Argentina es que es el único país de América Latina que no posee una ley ambiental, según se queja Paola.
Las ONG y las entidades de la sociedad civil, que antes estaban aisladas en sus respectivos países, ahora empiezan a unirse para negociar con China y los chinos. Uno de esos encuentros se llevó a cabo en Washington DC, en la sede del Inter American Dialogue y fue intermediado por Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano. “Estamos tratando de aprender sobre China, pero falta transparencia y hay varias Chinas dentro de China. Y los países latinoamericanos también deben decidir qué es lo que desean obtener de los chinos”, afirma Garzón. Otros dos encuentros en los cuales participarán otras organizaciones están previstos todavía este mes para discutir la relación China-América Latina.
