En pleno Pantanal boliviano se encuentra uno de los yacimientos de hierro más grandes del mundo: el Mutún. Un sistema de colinas de entre 200 y 800 metros sobre el nivel del mar, cuya superficie alcanza 75 kilómetros cuadrados de área mineralizada. Sus reservas ascienden a 40 mil millones de toneladas de hierro y 10 millones de toneladas de manganeso. Y esa gran riqueza se ha convertido, desde hace algunas décadas, en la esperanza de desarrollo de todo Bolivia. Pero su situación actual preocupa a las comunidades vecinas, así como a biólogos y conservacionistas.
Hace 60 años, se concibió la idea de construir una planta siderúrgica, declaró a Dialogue Earth el actual presidente de la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Jorge Alvarado Rivas. Pero recién en 2006 una licitación llegó a término, según una publicación del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
Luego de un año de negociaciones, la empresa india Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) se adjudicó el contrato de 40 años para explotar y convertir el hierro en acero, en un acuerdo de riesgo compartido con el gobierno boliviano. La empresa prometió invertir 2.100 millones de dólares en el proyecto, pero se retiró del país en 2012, alegando repetidas multas impuestas por el gobierno del entonces presidente Evo Morales por supuesto incumplimiento de contrato.
Aunque ése fue el motivo oficial de la salida de Jindal, María Renée Barrancos, bióloga que trabajaba entonces en el departamento de medioambiente del municipio de Puerto Quijarro, afirma que hubo otros factores que llevaron a la empresa a romper el contrato. En reuniones con el departamento, la empresa indicó su intención de utilizar agua del lago Cáceres, en Pantanal, para lavar el mineral, afirma. “Ellos decían que había caudal para usar cinco millones de litros cúbicos de agua por hora y que, en compensación, iban a construir plantas de tratamiento para esa agua para los dos municipios”, dice Barrancos, refiriéndose a Puerto Suárez y Puerto Quijarro. Ella ayudó a liderar la resistencia de la población local a las intenciones de la empresa.
En ese momento, esta laguna era un cuerpo de agua natural de ocho kilómetros de largo por seis de ancho, y una superficie de 26,5 kilómetros; cuya profundidad alcanzaba unos cinco metros, refiere una publicación especializada. En 2021 el municipio de Puerto Suárez se declaró en desastre debido a la sequía de la laguna, que había registrado una disminución del 76% de su tamaño en tres décadas.
Cuando se retiró Jindal, explicó que la falta de provisión de agua y gas natural para echar a andar la industria fueron razones para no cumplir su contrato. Es por ello que, cuando la ESM firmó un nuevo contrato en 2016, esta vez con la china Sinosteel Equipment y Engineering Co., el gobierno boliviano garantizó la dotación de ambos recursos.
Ocho años después del convenio con Sinosteel, Alvarado Rivas confirmó que la construcción del complejo de siete plantas tiene un avance del 87%. Entre 2019 y 2020 se paralizaron las obras por conflictos políticos en el país, y luego vino la pandemia, “pero en agosto se concluiría la sexta planta, y para febrero de 2025, la última”.
Sinosteel debe ejecutar el proyecto de diseño de la planta industrial, construirla, ponerla en marcha y operar durante un año, para que luego los bolivianos se hagan cargo, dice Rivas y añade que en China se está formando a un equipo de profesionales bolivianos para dirigir las instalaciones. Para completar la construcción y comenzar las operaciones, se garantizarán 546 millones de dólares de tres fuentes, dice: unos 400 millones del Eximbank de China -el banco de política del Consejo de Estado que ha operado principalmente en minería y metales, infraestructura y energía- y 80 millones del fondo soberano de Bolivia Finpro (Fondo para la Revolución Industrial Productiva), junto con 70 millones del tesoro nacional.
Para asegurar la dotación de agua, se construye un acueducto que atraviesa el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Otuquis, un área protegida de alta importancia de conservación por su biodiversidad. El mismo transportará el líquido desde el río Paraguay hasta la planta del Mutún.
La empresa estatal de petróleo y gas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) también garantizó la provisión de gas natural para echar a andar la industria. El avance del gasoducto está al 70%, se informó el año pasado.
En este escenario, Bolivia se apresta a echar en marcha la primera planta siderúrgica estatal para convertir el hierro del Mutún en barras corrugadas de acero para la construcción y alambrón o alambre circular.
Rivas afirma que allí se producirán 200 mil toneladas de acero anuales, de las 400 a 450 mil toneladas que requiere el mercado interno. Para ello, 700 trabajadores operarán las 24 horas, en tres turnos, dice.
“Con este complejo siderúrgico, estamos dando inicio a la industrialización del país y está prevista la construcción de un segundo complejo siderúrgico (contiguo al primero), con una capacidad de 500 mil toneladas. Con ambas (plantas), tendremos 700 mil toneladas, que cubrirían las actuales importaciones de Brasil, Perú, Argentina, Brasil y China al cien por ciento. El excedente (200 mil t) se va a exportar, de manera que, si se construye esta segunda planta, a finales de 2030-31, cubriremos el mercado nacional y la exportación”, detalla.
Una industria que perturba un paraíso de biodiversidad
El Pantanal boliviano, ubicado en la frontera sudoriental de Bolivia con Brasil, es parte del Gran Pantanal; un paisaje ecológico muy frágil, que se extiende por ambos países y una pequeña parte de Paraguay. Con una extensión de alrededor de 200 mil km2, casi la mitad de la superficie de Paraguay (407 mil lm2), se considera el humedal continuo de agua “más grande del mundo”.
En Bolivia esta región alcanza 32 mil km2 y abarca cuatro municipios de Santa Cruz: San Matías, El Carmen Rivero Tórrez, Puerto Quijarro y Puerto Suárez. Mutún se encuentra en este último. Debido a su importancia ecológica y biodiversidad, en 2001 el Pantanal boliviano fue declarado Sitio Ramsar o humedal de importancia internacional.
El Gran Pantanal es un sistema hídrico formado por lagos, lagunas, pantanos, ríos, sabanas inundadas, palmares y, al menos, tres tipos de bosques. Marlene Quintanilla, directora de investigación de la ONG Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), explica que toda esa cadena de humedales impulsa el ciclo del agua, es decir, genera la producción de lluvias. De ahí que se conoce a este bioma como “la fábrica de agua”. Así lo explica: “En términos climáticos, regula las temperaturas del planeta y los pulsos de inundación. Evita eventos extremos de sequía y, a nivel global, mitiga el calentamiento”.
Por su ubicación y conexión con el río Paraguay, es también una de las salidas de productos bolivianos de exportación como la soja a mercados internacionales. En los últimos 40 años (1980-2020), sin embargo, el Pantanal boliviano registró la mayor reducción de agua, en términos promedio, según Quintanilla. “Identificamos que en el bioma Pantanal las lluvias se redujeron en un promedio de 23%”, asegura.
Entre otros factores, la deforestación y los incendios forestales han sido las principales causas, y éstos han sido cada vez más recurrentes e intensos en los últimos años, señala Quintanilla. El agua generada en el Pantanal también sirve de sustento a las industrias y la agricultura locales, zonas limítrofes desde las que se produce y exporta soja y existe producción de cemento. Quintanilla advierte de que tales pérdidas de agua serán probablemente perjudiciales para las empresas.
¿Sin daños a terceros?
Juan Carlos Urgel es biólogo. Desde 2014 ingresa al Parque Nacional Otuquis para registrar imágenes y hacer estudios. Esta área protegida se encuentra a pocos kilómetros de Mutún y aunque Alvarado asegura que no habrá impacto ambiental ni en el área protegida, ni por la desviación del caudal del Río Paraguay, Urgel observa lo contrario.
En Otuquis, Urgel denuncia que se ha dragado un camino de tierra, y en la zona del Mutún se han desviado cuerpos de agua, “que eran humedales y ahora se han secado”, dice.
Los que vamos a sufrir somos nosotros, nuestra flora y nuestra faunaAna María Tomichá, mujer indígena que vive cerca del Parque Nacional Otuquis
En julio del año pasado, tras denuncias de este tipo, una comisión conformada por diputados, representantes de la Gobernación de Santa Cruz y el municipio de Puerto Suárez, recorrió las instalaciones del complejo industrial.
En el documento de 24 páginas, al que Dialogue Earth tuvo acceso, se lee que Sinosteel subcontrató a otras empresas chinas y “se verificó la explotación de mineral de hierro a través del método a cielo abierto”. Una de dichas firmas subcontratadas “estaría a cargo de operar la planta de lavado (de mineral) y que utilizaría el agua del río San Juan”. En tanto que el agua para las actividades de construcción y montaje de la megafábrica “es bombeada desde la quebrada los Mangales”.
Asimismo, se anotó que en el Parque Nacional de Otuquis se excavaron zanjas de importantes dimensiones para introducir materiales para la construcción del acueducto y transportar maquinaria para las actividades de desmonte y nivelación. La operación de zanjas “genera un gran impacto para el ecosistema del área protegida”, señaló el informe. La inspección también constató la presencia de diferentes tipos de residuos, como metal, filtros, latas de pintura y botellas de plástico, en esta zona rica en biodiversidad.
Frente a estos y otros hallazgos, la diputada María René Álvarez, pidió explicaciones al ministerio de Medio Ambiente y Agua. En las partes más sobresalientes de las respuestas que le llegaron, se destaca que la Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN) “no emitió ninguna licencia ambiental para la actividad de explotación de mineral”. Sobre el uso del agua del Río San Juan y otros cuerpos de agua de la zona, catalogada como “de buena calidad”, se aclaró que la única toma de agua autorizada para procesos industriales es la que se realizará del Río Paraguay.
La comisión recomienda que los vehículos cumplan con la velocidad (de 40 a 50 km/h) al momento de ingresar al Parque Otuquis para continuar con la construcción del acueducto, y así prevenir atropello de fauna. Algo que según guardaparques de la zona es difícil de controlar, porque estos camiones ingresan al final del día, justo cuando los animales salen a buscar alimento y agua.
Hasta hace unos años en la zona del Pantanal la gente anhelaba este proyecto, especialmente por la idea de tener un empleo estable en la planta industrial. “Un sueño que se ha ido muriendo, porque se dan cuenta que ni siquiera son ellos los que trabajan”, dice la bióloga María Renée Barrancos. Tal aseveración se corrobora en el informe de la comisión inspectora que, además, detalla que dichos obreros se rigen “bajo las normas de su país”. Ana María Tomichá, indígena chiquitana que vive en la comunidad Motacusito Nuevo, situada en el área de influencia de Otuquis, añade que se ha contratado a muy poca gente del lugar, “porque llaman gente con experiencia y muchos no tienen currículum”.
El rugido de los camiones siempre se escucha, señala Tomichá. “Nos afecta porque estamos cerca de Otuquis. Imagínate tener estos proyectos, que muchas veces no cumplen con la ley; sin embargo, las leyes los protegen, y los que vamos a sufrir somos nosotros, nuestra flora y nuestra fauna”, dice. “El impacto va a ser para todos”.
Dialogue Earth buscó comunicarse con representantes de Sinosteel pero no tuvo éxito.
