Este cinco de mayo, meses después del estallido social en dónde miles de personas salieron a protestar, forzando el cierre de la mina de cobre más grande de Centroamérica, se llevarán a cabo elecciones presidenciales en Panamá.
El tema ha estado presente en los debates entre los principales candidatos: el centroderechista y ex ministro José Raúl Mulino, el ex presidente Martín Torrijos (2004-2009), el ex canciller Rómulo Roux, y el abogado e independiente Ricardo Lombana. Es tal la importancia de la mina para el país a nivel económico y político que ha sido catalogada como “otra candidata” en las elecciones.
Desde la histórica decisión del gobierno en noviembre de cerrar la mina, se estima que el cierre podría tomar más de nueve años y costar aproximadamente 800 millones de dólares. A más de cuatro meses del histórico fallo, expertos cuestionan el futuro económico de Panamá al darle la espalda a una actividad que representaba un 3% del PIB, según explicó a Dialogue Earth el economista Felipe Argote. Estimaciones de First Quantum, la empresa canadiense propietaria de la mina desde 2013, elevan esta cifra hasta el 5%.
Otros alertan sobre las acciones que se deben tomar para evitar que las afectaciones al ambiente continúen tras el cierre, como sucedió en las minas de oro de Remance, Santa Rosa y Molejón. Tras sus cierres se detectó la presencia de cianuro en las fuentes de agua, un químico que puede comprometer la salud humana y los ecosistemas.
Lo que digan los candidatos respecto a la mina podría ser determinante en las elecciones. La mayoría se ha comprometido a respetar la prohibición de nuevas concesiones mineras promulgada en noviembre en respuesta a la oleada de protestas, que estalló después de que el gobierno aprobara inicialmente un nuevo contrato con First Quantum. Solo dos candidatos, el oficialista y actual vicepresidente José Gabriel Carrizo y el independiente Melitón Arrocha, dejaron abierta la puerta de una consulta popular para decidir si se mantiene la prohibición a la minería metálica o no.
A medida que se acerca el día de la votación, Dialogue Earth analiza de cerca los antecedentes de la mina Cobre Panamá, las posibles consecuencias de su cierre y el camino que queda por recorrer.
¿Qué ocurrió con la mina? El contexto medioambiental
La mina Cobre Panamá está ubicada en la provincia central de Colón, 120 km al oeste de Ciudad de Panamá y en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, un puente migratorio para cientos de especies que se extiende desde Colombia a México. En 2023, se extrajeron 330.863 toneladas de cobre en la mina, informa First Quantum.
La preocupación por el impacto medioambiental de la mina, en funcionamiento desde 2019, fue uno de los principales motivos de las protestas del año pasado.
En 2021 el Diario La Prensa publicó una investigación donde alertaba de 209 incumplimientos por parte de la filial local de First Quantum Minerals, Minera Panamá, a las obligaciones establecidas en el Estudio Impacto Ambiental. La empresa habría omitido medidas de mitigación, afectando las fuentes de agua en una zona que es atravesada por varios ríos. En por los menos dos de ellos, los ríos Caimito y Botija, las autoridades registraron impactos a la vida acuática.
La propia empresa reconoce el impacto en 3 mil hectáreas por “actividades mineras”, si bien asegura que reforestó 4.200 hectáreas, como parte de sus planes de mitigación. Pero, según estimaciones de Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), la huella del proyecto podría abarcar hasta 20 mil hectáreas, si se incluyen zonas de servidumbre e instalaciones como el puerto Punta Rincón, entre otras.
El 20 de octubre de 2023, a pesar del descontento público por el impacto medioambiental de la mina y tras semanas de debates políticos, el presidente Laurentino Cortizo otorgó un contrato a la minera para explotar el cobre por veinte años. Esto desencadenó protestas generalizadas, durante las cuales se bloquearon muchas de las principales carreteras y puertos del país, como Punta Rincón.
En noviembre pasado, luego de las masivas protestas que paralizaron las calles de Panamá durante semanas, la Corte Suprema finalmente identificó 25 artículos constitucionales violentados, entre ellos los que regulan el procedimiento de aprobación de contratos públicos. Además se otorgaban beneficios excesivos al contratista y que eran contrarios a la legislación ambiental. Es decir, los intereses del Estado quedaban subordinados a los de la minera. Poco después, First Quantum anunció su intención de impugnar la decisión ante los tribunales internacionales.
Una salida complicada
Tanto First Quantum Minerals como las autoridades están de acuerdo en que será un cierre retador. Un reporte publicado por la propia compañía el febrero pasado señala que “Panamá sería el primer país del mundo en implementar un cierre repentino de una mina de esta magnitud”, un proceso que podría tomar una década. La empresa informa que el mantenimiento de la mina cerrada le cuesta actualmente entre 15 y 20 millones de dólares al mes, y que unos 1.400 trabajadores participan en las actividades para estabilizar el sitio.
A futuro, a Ábrego le preocupa que el tajo dónde se realizaba la extracción quede expuesto, dado que se encuentra en una “área ecológicamente sensible”, con ríos y fuentes de agua subterránea que pueden ser afectadas. Otro peligro son posibles filtraciones del material que se encuentra en las tinas de relave, como ocurrió en las minas de Santa Rosa y Molejón.
Una de las propuestas de la minera para financiar el plan de resguardo es vender 121 mil toneladas métricas de concentrado de cobre que se encuentran almacenadas en su puerto en el Caribe. Es material ya extraído y cuyo almacenamiento prolongado en el sitio representa un riesgo para el ambiente debido a la contaminación por “gases peligrosos”. Ejecutivos de la empresa habrían discutido la venta del cobre a la empresa china Jiangxi Copper, que posee una participación del 18% en la firma canadiense.
El informe de First Quantum Minerals advierte que un cierre extendido los pondría en apuros para cumplir con sus “pactos financieros”. Es un escenario que se complica debido a los arbitrajes anunciados por la transnacional y sus socios.
Una posible salida, de acuerdo con Argote, podría ser que el Estado adquiera el control accionario a cambio de desistir de cualquier acción legal. La creación de una “empresa mixta” ya había sido contemplada en un decreto de gabinete de 1967, que establecía un “régimen especial” para la zona que ocupa la actual concesión y que fue ignorado por la minera. Es una opción que podría ponerle fin a los cuestionamientos sobre posibles lesiones a la soberanía, una preocupación planteada por los manifestantes y la sentencia de la Corte Suprema.
Para Harley Mitchell Morán, abogado que ha demandado a compañías por incumplimientos ambientales, alcanzar un acuerdo es posible “siempre y cuando este sea lícito, público y considere los intereses nacionales en juego, como son un ambiente saludable”.
Dialogue Earth solicitó una entrevista con un representante de Minera Panamá S.A., pero la respuesta fue negativa. También se intentó entrevistar al ministro de Comercio e Industrias, una de las entidades encargadas de supervisar el proceso de estabilización del sitio, pero hasta el momento de cerrar esta nota no se había obtenido respuesta.
La economía tras la resaca minera
Una inversión de 10 billones de dólares. Siete mil puestos de trabajo, 75% de las exportaciones de Panamá en el 2023. Estas son algunas de las cifras que no dejan dormir a tomadores de decisiones y empresarios tras el cierre de la mina.
Pero tanto ambientalistas como economistas están de acuerdo en que actividades económicas con mayor arraigo, como la construcción, el ecoturismo y la logística podrían reemplazar a las concesiones mineras, prohibidas tras la aprobación de la ley 407 al calor de las protestas del año pasado.
“Nuestra industria se llama ‘construcción’ y nuestra riqueza se genera a partir de la logística, del transporte multimodal”, señala Argote. Otra opción es el turismo ecológico de bajo impacto. Solo el año pasado la industria turística generó más de 900 millones de dólares en ganancias.
A pesar del peso de la mina en la economía panameña se espera que el PIB crezca por encima del 2%, en lo que se prevé será uno de los mercados más prósperos de la región en el 2024.
En cuanto a las exportaciones, tras el cese de los embarques que salían del puerto Puerto Rincón de la minera en noviembre pasado, el banano reemplazó al cobre como principal producto de exportación. China, que era el principal destino de estas exportaciones de cobre, pasó del primer al noveno lugar de entre los principales mercados para las exportaciones panameñas. Esto de acuerdo con el informe correspondiente a los dos primeros meses del año, elaborado por el Ministerio de Comercio e Industrias.
No puede haber energía limpia con materiales que afectan a las especies y la vida humanaJoana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam)
El cobre provee a un mercado global en transición hacia la energía verde, un negocio que está en crecimiento en la región. En la cadena global de suministro de minerales estratégicos para una economía descarbonizada, Panamá es el eslabón que se zafó. “No puede haber energía limpia con materiales que afectan a las especies y la vida humana”, advierte Ábrego.
El cierre de la mina, en medio de protestas donde la juventud fue protagonista, representa una oportunidad de restituir el “orden jurídico vulnerado”, como opina Mitchell, y de respetar finalmente las normas ambientales. Si deciden que la industria minera tiene un futuro en Panamá después de todo el presidente electo y su gobierno no lo tendrán fácil. Ya no será solo cuestión de promover, negociar y aprobar un nuevo contrato. Primero deberán convencer a una nueva generación con conciencia ecológica y preocupados por el respeto a la legalidad.
Este domingo 5 de mayo, tendrán lugar elecciones generales en Panamá. Los últimos sondeos sitúan a José Raúl Mulino a la cabeza. Sin embargo, figuras públicas piden a la Corte Suprema que se pronuncie sobre su candidatura antes de la votación: Mulino surgió como candidato al sustituir al ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), inhabilitado en marzo debido a una condena de 2023 por lavado de dinero, y algunos han sugerido que su ascenso de candidato a vicepresidente a candidato presidencial fue inconstitucional.
En cuanto a First Quantum, la empresa ha dicho que probablemente no podrá exportar su concentrado de cobre almacenado en el país hasta después de las elecciones, y sus perspectivas de volver a explotar minas en el país se consideran poco probables, sea cual sea el resultado.
