En un día soleado de junio de 2019, los siete tripulantes del barco de pesca artesanal Mercedes Rosario divisaron enormes buques industriales extranjeros frente a la costa del Pacífico de Perú. El capitán Jorge Jacinto Galán decidió anclar cerca de allí y esperar el anochecer, cuando estos barcos encienden sus potentes luces para atraer a los calamares gigantes y capturarlos en gran número.
“Este barco estaba a 50 millas de la costa del Callao”, recuerda Jacinto, muy dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas de Perú, a la que los barcos extranjeros no pueden entrar sin permiso.
Jacinto, que también es presidente de la Asociación de Armadores y Pescadores Artesanales de San José, registró la reunión en dos fotografías que posteriormente mostró en una reunión con las autoridades peruanas. Las embarcaciones no portaban bandera, dijo Jacinto, una práctica común entre las embarcaciones sospechosas de participar en la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada (INDNR).
El vecino de Perú, Ecuador, se convirtió en el centro de atención mundial a principios de este año, ya que la flota pesquera china estacionada cerca de la zona de amortiguación alrededor de las Islas Galápagos de Ecuador causó furor y ahora las naciones sudamericanas se comprometen a trabajar juntas para salvaguardar sus recursos marinos.
El presidente ecuatoriano Moreno dijo en septiembre a la Asamblea General de la ONU que los países de la Comisión Permanente del Pacífico Sur -Ecuador, Perú, Chile y Colombia- condenaron la pesca ilegal en las cercanías de sus territorios y se comprometieron a trabajar juntos para hacer frente a un problema que pone en peligro el uso sostenible de los recursos. Se comprometieron a intercambiar información en tiempo real para poner de relieve las presuntas prácticas de pesca ilegal y no declarada y permitir respuestas rápidas.
Las flotas internacionales, entre las que destacan los buques chinos, siguen a los calamares gigantes en su migración por los vastos territorios marítimos de América del Sur, lo que hace necesaria una coordinación regional. Sin embargo, todos los países situados a lo largo de la ruta se enfrentan a sus propios problemas individuales a la hora de vigilar y responder a las sospechas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
La flota de aguas distantes de China en América Latina
La flota pesquera de calamares gigantes de aguas lejanas de China ha crecido de forma constante en las dos últimas décadas, según la Organización Regional de Gestión Pesquera del Pacífico Sur.
Su primera operación registrada en aguas latinoamericanas fue en 2001, cuando había 22 buques. En 2015 había 252 y en 2019 llegaron a 503. El crecimiento de la flota de aguas distantes de China en los últimos años se corresponde con una disminución de las importaciones de mariscos, ya que pretende satisfacer la enorme demanda.
Algunos buques chinos pueden verse todo el año frente a la costa peruana, en busca de otras especies como el jurel o la caballa. La mitad de los barcos calamares llegan incluso al Atlántico, tocando los límites marítimos de Argentina. El paso se conoce como la “ruta del calamar”.
Si bien los buques chinos en aguas distantes no son un fenómeno nuevo, el llamamiento de Moreno para que se dé una respuesta regional tras los 260 buques avistados en los límites de la ZEE del Ecuador que abarca las Islas Galápagos hace eco de su línea de comunicación directa con China. El presidente ecuatoriano abrió el canal a pesar de que los barcos parecían pescar en alta mar.
China ocupa el primer lugar en el índice de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional. De hecho, la base de datos Krakken, elaborada por la empresa consultora FishSpectrum, ha identificado al menos 183 buques chinos sospechosos de estas prácticas en aguas internacionales hasta 2018.
En abril de ese año, los guardacostas argentinos capturaron dos barcos chinos (en aguas argentinas) que ahora se encuentran en el borde del mar peruano, según Milko Schvartzmann, un conservacionista marino que realiza el seguimiento de la flota. Uno de ellos es el Hong Pu 16, que transportaba 300 toneladas de calamares congelados y tenía su rastreador satelital desactivado en el momento de su intercepción. El otro es el Lu Rong Yuan Yu 668, que apagó sus luces, huyó de Argentina hacia aguas internacionales y semanas después informó a las autoridades.
Menos de seis meses después de haber sido sancionados por pesca ilegal, ahora están operando de nuevo. Schvartzman ha podido confirmar que por lo menos 14 buques de este grupo tienen antecedentes de participar en esta actividad ilegal en aguas nacionales.
La flota de aguas distantes de China se mantiene gracias a un programa de subvenciones del Gobierno que cubre los costos de equipo y combustible, siempre que siga funcionando durante nueve meses.
“Subsidia una actividad que no sería rentable sin ella”, dice Schvartzman, quien añade que incentiva las prácticas depredadoras que dificultan el conocimiento del estado de la población de calamares gigantes, que son los más pescados del planeta.
Un estudio realizado en 2018 por el investigador marino Enric Sala, explorador de la National Geographic Society, concluyó que la pesca del calamar chino era “sistemáticamente poco rentable y que los subsidios sólo la hacían rentable fuera de la ZEE de Perú”. Incluso en el Atlántico Sur, cerca de Argentina, los costos de las flotas son cuatro veces más altos que en las cercanías de China.
A principios de este año, China revisó su ley de pesca y, una vez que entre en vigor, incluirá una lista negra de los buques que se demuestre que han participado en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Perú: A contrarreloj
La captura mundial de calamares gigantes (Dosidicus gigas) se comparte principalmente entre tres países: Perú (49%), China (32%) y Chile (18%). Pero en las ZEE peruana y chilena, se captura con artes de pesca a pequeña escala, como la utilizada por Jacinto en su barco de 20 toneladas de capacidad. Los barcos chinos pueden transportar hasta 600 toneladas y pueden descargarlas en los arrecifes refrigerados sin tener que volver a tierra.
Perú es el principal productor mundial de calamares gigantes, su segunda mayor exportación de pescado. Pero en 2017, China superó a Perú por primera vez. Y aunque el país andino recuperó su lugar en 2018, superó a China por apenas 16.000 toneladas: 362.000 toneladas en comparación con 346.000.
Alfonso Miranda, presidente del Comité del Calamar Gigante del Pacífico Sur (Calamasur), estima que la flota china puede estar pescando ilegalmente 50.000 toneladas de calamar gigante en aguas peruanas cada año. “Esto significa 50.000 toneladas menos para la flota artesanal y para la industria de alimentos congelados, que en términos económicos representan 85 millones de dólares al año”, dijo.
A raíz de las denuncias presentadas ante la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO), el organismo decidió finalmente establecer medidas sobre la pesca de calamares en aguas internacionales, a partir del 1º de enero de 2021. Éstas incluirán informes de capturas, supervisión y la inclusión de buques artesanales en su registro. Sin embargo, también ha impuesto una serie de requisitos para formalizar todos los buques que quieran entrar en aguas internacionales.
La formalización ha sido un desafío para la pesca artesanal en el Perú, con requisitos y procesos técnicos que no todos han logrado cumplir, como el tamaño de la embarcación, el uso de tecnología de geolocalización y el registro de capturas. Sin embargo, no es infrecuente que los pescadores peruanos se aventuren fuera de la ZEE en busca de especies como el calamar, el jurel o el pez loro.
“Esto significa que tenemos hasta el 31 de diciembre para completar el proceso de formalización para no caer en la categoría de ilegales”, se quejó Miranda.
Además, y a pesar de las quejas de los pescadores locales, los datos recabados por las ONG Oceana y Global Fishing Watch indican que los puertos peruanos prestan un gran servicio a los barcos de pesca de calamares extranjeros, especialmente los chinos. Entre enero y agosto de 2018, se informó de que 165 buques chinos habían entrado en los terminales del Callao y Chimbote, lo que equivale a uno por día. En el mismo período, sólo 17 calamares surcoreanos atracaron.
En agosto, el Perú exigió que todas las embarcaciones extranjeras que quisieran utilizar sus puertos se sometieran a un seguimiento por satélite autorizado por el Gobierno y declararan el volumen de las capturas. No aceptará buques con un historial de pesca ilegal.
Ecuador busca el equilibrio
Los buques chinos sólo comenzaron a rodear la zona de amortiguación de la ZEE alrededor de las Islas Galápagos de Ecuador en 2017, como muestran las imágenes satelitales de Global Fishing Watch (GFW). Aunque las incursiones de la flota en su ZEE son escasas, su presencia suscita preocupación tanto para la conservación de la biodiversidad como para la economía pesquera.
“GFW realizó recientemente un análisis de la flota de calamares y descubrió que entre el 15 de junio y el 28 de julio de 2020, seis buques que operaban cerca de la ZEE de las Galápagos apagaban constantemente su sistema [de rastreo] de la ISA”, dice Edaysi Bucio, coordinador de análisis de Global Fishing Watch para América Latina, lo que implica que puede haber habido incursiones no detectadas.
No se trata de prohibir por el hecho de prohibir. Hay que entender muy bien la dinámica de su funcionamiento, si sólo capturan calamares o si también buscan otras especies
Sin embargo, todavía no hay suficiente información para sacar conclusiones. “No se trata de prohibir por el hecho de prohibir. Hay que entender muy bien la dinámica de su funcionamiento, si sólo capturan calamares o si también buscan otras especies”, dice César Peñaherrera, director científico de la red Migramar.
De hecho, los pescadores ecuatorianos no capturan actualmente calamares gigantes y podría representar una nueva actividad económica. Sin embargo, la pota -como se conoce localmente al calamar gigante- forma parte de la cadena alimentaria del atún, la mayor exportación de pescado del Ecuador, que en 2019 ascendió a un total de envíos internacionales por valor de 1.000 millones de dólares. Según Peñaherrera, la depredación del calamar podría provocar la migración del atún o alterar su reproducción.
Los tiburones también están amenazados por la pesca ilegal. En 2017, la Armada ecuatoriana detuvo un barco chino en sus aguas con 5.226 tiburones, entre ellos recién nacidos y especies en peligro de extinción. A principios de este año, el South China Morning Post informó de la mayor incautación de aletas de tiburón en la historia de Hong Kong, ya que llegaron 26 toneladas desde Ecuador, equivalentes a 38.500 tiburones.
Sin embargo, los pescadores locales no son inocentes. El año pasado, un petrolero de bandera ecuatoriana, María del Carmen IV, fue identificado por las autoridades militares por suministrar combustible a los barcos chinos en el mar.
Los grupos conservacionistas del Ecuador han respondido a esos acontecimientos reuniendo pruebas científicas sobre la distribución de las poblaciones de peces en las aguas del país. Según Peñaherrera, están pendientes de las negociaciones sobre el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica Marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, que busca crear un instrumento jurídico internacional.
Ecuador también se ha unido recientemente a la Alianza Mundial de los Océanos, un compromiso promovido por el gobierno del Reino Unido para proteger el 30% de los océanos mundiales para el año 2030, que hasta la fecha cuenta con 30 países miembros.
Chile: bajo control
Según Global Fishing Watch, las flotas extranjeras han seguido el rastro del calamar hasta Chile, donde se informa que la marina está ahora vigilando de cerca a la flota china. En los últimos años, el calamar ha proporcionado un salvavidas económico a los pescadores chilenos al reemplazar las poblaciones de merluza común que se habían derrumbado. Como la jibia – su nombre local – se encuentra en las aguas del norte de Chile, las prácticas depredadoras son más fácilmente controladas por sus fuerzas armadas.
Sin embargo, el 70% de las poblaciones de peces de Chile se han colapsado o están sobreexplotadas, según un informe reciente del Subsecretario de Pesca de Chile. “Cuando hablamos de un estado de colapso estamos hablando de un estado muy vulnerable, en el que la pesca de un recurso puede hacer que éste desaparezca”, advierte Valesca Montes, coordinador de pesca sostenible de WWF Chile.
La pesca ilegal es un problema que le cuesta a Chile 397.000 dólares anuales, según estimaciones del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
Con respecto a las embarcaciones internacionales, el gobierno ha firmado un acuerdo con Global Fishing Watch para asegurar que haya una completa divulgación de sus posiciones geográficas.
En 2019, Chile aprobó la “Ley de la Sepia” que prohíbe la pesca de arrastre de los cefalópodos gigantes y favorece a los trabajadores de la pesca artesanal. Los pescadores industriales, que practican la pesca de arrastre, solicitaron la anulación de la misma al Tribunal Constitucional, pero no tuvieron éxito.
Una “guerra” en Argentina
Al otro lado del continente, en el Océano Atlántico, Argentina está experimentando un desafío diferente. La flota internacional ha llegado a tener hasta 500 buques en temporada alta. Casi la mitad tienen bandera china. El resto enarbola las banderas de Taiwán, Corea del Sur y España.
Además de los calamares de aleta corta (del género Illex), los pescadores extranjeros también buscan bancos de merluza y langostinos. De hecho, estas tres especies son las principales exportaciones de pescado de Argentina, valoradas en 1.800 millones de dólares en 2019.
“En Argentina es una guerra literal”, dice Schvartzman, según el cual cada año se captura más de un barco chino. En 2018, hubo cuatro barcos que intentaron embestir a los guardacostas y en 2016 las autoridades argentinas hundieron un barco chino en una persecución que duró varias horas, añade. El Congreso recientemente aumentó las multas por pesca ilegal, que ahora pueden alcanzar hasta 1,9 millones de dólares.
Schvartzman dice que para los países sudamericanos, el seguimiento, el control y la vigilancia no pueden ser las únicas medidas preventivas.
“Nuestros países tienen que protestar ante China y llevar la discusión del problema a los organismos internacionales. Tienen que trabajar en bloque (…) porque es muy difícil enfrentarse a China unilateralmente”, dice.
