La abogada Aideé Lara recibió una llamada la mañana del 16 de agosto del 2014 de un agente de la policía. Su fuente le dijo que a la salida de Mexicali, Baja California habían detenido a tres ciudadanos chinos que llevaban vejiga natatoria del pez totoaba, una especie traficada desde el Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, México, hasta China. El costo de esta vejiga en Asia puede llegar a ser más alto que el de la cocaína.
Aideé, quien era subdirectora de delitos federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cumplía su primera semana para poner orden contra los traficantes de totoaba, frente a las carencias penales en el área jurídica de Profepa.
La abogada se dirigió hacia las instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Mexicali y después de un ir y venir sin información precisa de su ubicación, los agentes presentaron a Li Yuan Chua y Zhang Jingzan como los culpables del delito. Pero en las instalaciones, Aideé se percató que faltaba un detenido. Al acercarse, uno de los chinos arrestados, temeroso, le dijo de manera voluntaria que “el patrón” fue liberado por los policías gracias a un soborno cuantioso, pero no dijo cuánto. Sólo él fue trasladado junto con su jefe inmediato, el dueño de un restaurante de comida china en Tijuana.
¿Sabías que?…
Una vejiga de totoaba puede costar 5.000 dólares en México y 60.000 en China
Chua y Jingzan hablaban español, incluso con groserías, aunque al llegar la noche y ser llevados a declarar, desconocieron el español y comenzaron a usar el mandarín. El abogado defensor de los chinos llevó a un representante de la comunidad china en Baja California, quien comenzó a traducir para las autoridades, pero al parecer no tradujo lo que realmente dijeron. Finalmente, los liberaron.
Las vejigas natatorias también conocidas como buches, han sido motivo de disputas entre grupos criminales de pesca furtiva en los poblados del Golfo de Santa Clara y en San Felipe, Baja California, México. En China hay una gran demanda de las élites que las preparan en sopas gourmet para mejorar la circulación y la potencia sexual, y para el cuidado de la piel, entre otros usos. Las redes de pesca no solo atrapan a la totoaba, también se enreda la vaquita marina, un cetáceo endémico del Alto Golfo de California, del cual quedan menos de 10 ejemplares según el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (Cirva).
Según declaraciones de la Subprocuraduría federal de San Diego, Estados Unidos, emitidas en 2015, y pescadores furtivos consultados, un kilo de buche se tasa en 5,000 dólares en México; si llega a los Estados Unidos entre 10,000 y 15,000; y el precio una vez en China alcanza los 60,000 dólares. Sin embargo, pescadores consultados refieren que bajó el precio a 3,000 dólares a raíz de la emergencia sanitaria que golpeó la economía global.
En los últimos años se han generado cientos de campañas e investigaciones, como el documental “Mar de sombras” financiado por el actor Leonardo Dicaprio para generar conciencia sobre esta problemática. El gobierno mexicano se ha comprometido a frenar este delito desde la creación en 2016 de la hoy extinta Gendarmería Ambiental, sin embargo, los objetivos de la misión no se han cumplido hasta el momento.
El Cártel del Dragón: traficantes de totoaba
La cadena de tráfico funciona por una red transnacional controlada por el Cártel del Dragón. Aunque esta estructura no se autodenomina de esa manera las fuentes consultadas la llaman así, ya que se integra de chinos y mexicanos en México, China y Estados Unidos. Traficantes crearon una estructura en Mexicali, Baja California a finales de los noventas, donde algunos empresarios del giro restaurantero y de distribución de producto marino se organizaron con intermediarios, pescadores furtivos armados y autoridades de distintos niveles, de acuerdo con un centenar de documentos internos y una treintena de entrevistas.
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Vaquitas marinas quedan en el mundo en la actualidad
Una investigación de CONNECTAS en alianza con Diálogo Chino, El Sol de México y Emeequis, detectó que de los 42 expedientes abiertos durante el periodo 2012 a 2021, no se refleja un sólo golpe contra cabezas del Cártel del Dragón y, además, los resultados contra los pescadores furtivos va en picada: hay dos sentencias condenatorias, cinco no ejercicios de acción penal, cinco en alguna etapa de juicio y 30 en trámite. Es decir, un índice de efectividad del 4.7%, de acuerdo con solicitudes de información obtenidas vía la Ley de Transparencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General de la República (FGR).
En estos expedientes, la autoridad pidió 23 reparaciones de daño ocasionados a esta especie, tasados por 61 millones de pesos, de los cuales solo dos sentencias se resolvieron a favor de la autoridad, mientras el resto continúa en trámite.
Esta investigación también encontró que los trabajos coordinados con China están detenidos desde 2017 por desacuerdos en las negociaciones. Informes internos de la Secretaría de Relaciones Exteriores indican que la propuesta de México se encuentra en “proceso de revisión” por parte de los gobiernos chino y estadounidense. El oficio especifica que el memorándum continúa revisándose en Beijing, por lo que están promoviendo una II Reunión Trilateral con el fin de intercambiar datos de inteligencia.
En esa tónica, un informe interno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se presentó en agosto de 2019 ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), en Ginebra, Suiza, detalla que el gobierno federal apenas recopila información sobre grupos de delincuencia organizada pese a que matiza que esta problemática es “un asunto de Seguridad Nacional en términos de sustentabilidad”.
La única faena hasta ahora corre a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP. Fuentes de alto nivel señalaron que se abrió el expediente “Totoaba-San Felipe” donde se identificaron 225 reportes de operaciones inusuales con 178 sujetos “posiblemente vinculados” al tráfico de totoaba. Por ello, se congelaron las cuentas de nueve sujetos -ningún objetivo chino- por activos sospechosos que ascienden a 159,933 dólares.
Con este balance en el combate al tráfico de totoaba no sólo se muestran las carencias en las facultades de la procuración de los recursos naturales sino la falta de capacitación en materia penal-ambiental para los abogados, fiscales, agentes ministeriales y jueces. A esto se añade la falta de una política socioambiental de los gobiernos que atienda de manera integral el conflicto y aumente el presupuesto de las áreas clave de vigilancia.
Toda esta estructura la intentaron frenar en su momento los abogados Lara y Alvarado. Pero, con el paso de los meses, se percataron que el Cártel del Dragón tenía bastantes aliados, sobre todo del gobierno. Lara notó el interés de empresarios chinos en saber sobre las investigaciones. Luego, llegaron las amenazas de la marina y agentes ministeriales.
La Profepa no hizo nada a pesar de que agentes de seguridad nacional notificaron desde 2013 al procurador de que había servidores públicos de la Profepa, involucrados en el cártel. Cuando Aideé decidió que era hora de partir, allanaron su casa y, después, la amenazaron de muerte.
La historia del tráfico de totoaba
Esta relación entre el pez, los pescadores y los chinos inició casi un siglo atrás cuando se estableció “La Chinesca”, en Mexicali, Baja California. La empresa Colorado River Land Company trajo a ciudadanos chinos para apoyar en la construcción del sistema de irrigación en Mexicali. La pesca comenzó cuando descubrieron el parecido entre la totoaba con la bahaba -corvina amarilla oriental, amenazada en China- cuyas propiedades en la medicina tradicional china son altamente valoradas.
Según Ernesto Sosa, el historiador oficial de la totoaba, el comercio del buche lo iniciaron durante los veinte los dos hermanos chinos Juan Chein Quan y Alberto Chein Quan, dueños de la tienda “La Playa” en San Felipe. Ambos compraban buche a cuatro centavos de oro para comercializarlos hacia Calexico y el Chinatown de San Francisco, Estados Unidos.
Entre 1920 y 1942, según la plataforma dataMares, se alcanzó el “máximo histórico” de pesca de 2,261 toneladas y en 1975 llegó a un “registro mínimo” de 58 toneladas. “Hubo un aumento exponencial en el esfuerzo pesquero (número de pangas), lo que pudo contribuir al colapso de la pesquería en 1975”, señala su informe biológico sobre la totoaba, la cual fue catalogada en peligro de extinción en ese año del colapso. Para 1979-1995 fueron 70 toneladas.
La totoaba fue afectada y, por supuesto, la vaquita marina corrió la misma suerte, lo que llevó a que en 1992 se creara el Comité Técnico para la Preservación de la Vaquita y la Totoaba (CTPVT). En 1993, se estableció la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.
Comercio de totoaba, un modus operandi sofisticado
“El Samy” controlaba el negocio del buche de totoaba junto a sus socios de China, Corea y Japón hasta el 2014 cuando fue asesinado. Según pescadores, a partir de su muerte se fragmentaron en decenas de grupos criminales que en la actualidad se pelean a fuego y sangre.
Durante 2011 a 2019 se confiscaron 3,476 piezas, como asientan los registros oficiales. A esto se suman filetes y totoabas enteras con un peso de 19 toneladas. Igualmente se contabilizaron 10 cadáveres de vaquita marina en estado de descomposición, donde hay una cifra negra imposible de cuantificar, ya que los pescadores furtivos las perforan para hundirlas, las descuartizan o las entierran en el desierto.
El Cártel del Dragón sofistica año con año el modus operandi con más intermediarios. Años atrás, los traficantes chinos recogían la mercancía en los pueblos pesqueros. Pero en la actualidad los restaurantes se han establecido como puntos de entrega.
Los chinos que operan aquí no confían en los mexicanos. Ellos operan vinculados a organizaciones delictivas
Ahora el sistema funciona con triangulaciones, de acuerdo con nuestro guía, quien explica que los pescadores entregan el buche a un intermediario mexicano del pueblo, para llevarlo a una casa y luego a otra. Un trabajo así se paga en 200 dólares para que, después de pasar por manos de varios intermediarios mexicanos, sea entregado en la ciudad de Mexicali o Tijuana a un traficante de origen chino.
Lara explica que las rutas y las formas cambiaron: “Sé que hay chinos que inclusive están trazando otras rutas; por ejemplo: de Nuevo León y del bajío. La gente con grado alto dentro de su organización se está atreviendo a hacer los traslados”.
“Los chinos que operan aquí no confían en los mexicanos. Ellos operan vinculados a organizaciones delictivas, pero los chinos gerencialmente tienen el control […]. Llevan a cabo la gestión de negocios con una visión empresarial”, explica Israel Alvarado, ex director de Delitos Federales contra de la Profepa y experto en criminalidad ambiental.
De acuerdo con Lara y Alvarado, el Cártel del Dragón sobrepasa a la Procuraduría ambiental porque no cuenta con facultades legales de investigación en los artículos de su reglamento interior, por lo que no pueden hacer trabajos de inteligencia y tampoco detenciones.
En el informe Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y bosque de la UNODC –donde Alvarado fue asesor–, se especifica que se deben “revisar las atribuciones de la Profepa en materia penal”, donde la Profepa obtenga facultades para investigar y recabar datos de prueba en el tráfico ilícito de vida silvestre.
Incluso el gobierno chino ha hecho más. En marzo de 2019, la Fiscalía de Jiangmen, ubicada en Guangdong,detuvoa Liang Weihua, acusado de introducir a China alrededor de 20 mil buches de totoaba, con un valor de 119 millones de dólares. De acuerdo con documentos oficiales, el gobierno mexicano no comenzó una investigación por este caso.
En México, de los 42 expedientes abiertos producto de coadyuvancias entre la Profepa y la FGR, sólo dos fueron relacionadas con casos internacionales en 2020: la primera fue notificada por la aduana de Hong Kong, China; y la segunda, por la de Nueva Naitei, Taiwan, ambas del año pasado.
Crisis social en el Alto Golfo
De acuerdo con un líder pescador, la totoaba “vino a acabar con todo” porque, según, cada vez hay más jóvenes interesados en este crimen, abandonando sus estudios y la legalidad. Él mismo pelea con su hijo para que no sea cooptado, pues los jóvenes traficantes presumen lujos. Esto ocurre en un panorama de pobreza -visible en la infraestructura, servicios e ingresos. La pesca ha sido prohibida de facto, ya que ninguna red o método de pesca se puede ocupar por un decreto oficial, por el conflicto pero esto ha desatado desesperación, pues se trata de la fuente primaria de la economía de muchos acá.
Este sábado mientras conversamos con el pescador, a no más de 20 metros, un sujeto camina sobre la playa en medio de los turistas, cargando una totoaba, que coloca en la esquina de un enrejado del hotel Costa Azul. Aún se ve fresca, sobre todo por los rastros de sangre que muestran que recién fue desprendida de su vejiga natatoria.
* Esta investigación fue realizada por Naguales, un colectivo periodístico integrado por Alejandro Melgoza, Andrés Estrada y Enrique Alvarado, para Diálogo Chino, Emeequis, Sol de México y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas
