En enero de 2022, empezó a filtrarse crudo al océano Pacífico cerca de La Pampilla, una de las mayores refinerías de petróleo de Perú, al norte de Lima, la capital. Las tuberías de descarga se rompieron mientras un buque cargaba petróleo de la refinería, gestionada por una rama local de la empresa petroquímica española Repsol. Antes de controlar el vertido, se calcula que se derramaron 10.396 barriles de petróleo. El peor desastre ecológico de los últimos tiempos en Perú no había hecho más que empezar.
Lamentablemente, los derrames de petróleo en Perú no son eventos aislados; por el contrario, han ido en aumento. Entre 1997 y 2021, se han reportado y registrado más de 1.002 derrames a nivel nacional. Desde entonces hasta mayo de 2023, se registraron 458 derrames más. De estos 1.460 derrames, 609 ocurrieron a lo largo de la costa, donde impactan principalmente a la vida silvestre y a las comunidades pesqueras tradicionales.
El gobierno impuso multas millonarias a Repsol por su respuesta supuestamente inadecuada para contener y limpiar el vertido, pero la empresa ha reclamado esas sanciones ante los tribunales y aún no ha pagado más de la mitad.
Dada la recurrencia de estos siniestros, uno esperaría el desarrollo y la implementación de protocolos justos y transparentes para estimar sus impactos y garantizar compensaciones adecuadas a los damnificados. Sin embargo, el impacto de los derrames de petróleo en la vida de las personas que dependen del mar nunca ha sido verdaderamente valorado.
Animales que desaparecen, ingresos que desaparecen
Para llenar este vacío de información y dar voz a los afectados por el vertido en La Pampilla, el año pasado entrevistamos a 41 miembros de la comunidad de pescadores artesanales de Ancón. El petróleo del vertido había derivado hacia el norte y se había acumulado en la bahía de Ancón, que es un popular destino de vacaciones en la playa y centro de pesca. Allí se pescan desde hace mucho tiempo pejerrey, corvina peruana, pulpo, cangrejo y calamar.
Descubrimos que el impacto del derrame de Repsol se sintió a lo largo de toda la cadena de valor de la pesca artesanal en Ancón. Desde las personas que descargan el pescado del bote al muelle, las mujeres que filetean y procesan los productos, los transportistas que llevan los productos del muelle al terminal pesquero, los comerciantes en los mercados mayoristas y minoristas, hasta los restaurantes que dependen de estos insumos – todos vieron sus actividades económicas seriamente impactadas. El total de nuestros entrevistados aseguraron tener ingresos disminuidos, para algunos hasta en un 100%, por varios meses.
“Nosotros trabajábamos sacando cangrejo y nos poníamos a vender… se vendía bien. Había cangrejos grandes, de uñas grandes… y ahorita ya no hay”, dijo un pescador.
“Todos los meses de marzo y abril, Ancón era prácticamente donde el calamar venía a desovar […] Ahora, no tenemos presencia, desde que sucedió el derrame de petrolero ya no hay calamar en Ancón”, dijo otro.
Algunos incluso describieron una paralización total de sus ingresos durante varios meses, ya que la actividad pesquera se había detenido y no tenían otros medios para ganarse la vida. En los dos últimos años, muchos afirmaron haberse endeudado tras pedir préstamos solo para llegar a fin de mes. Otros tuvieron que rehacer sus vidas buscando otro trabajo o trasladándose fuera de Ancón.
Playas sin turistas
También el turismo en Ancón se ha visto seriamente afectado. Las playas de Ancón son balnearios tradicionales desde hace décadas, lo cual genera otra cadena de trabajo asociada al turismo, desde las personas que alquilan sombrillas, vendedores ambulantes de helados y snacks, taxistas y mototaxistas que transportan a los turistas, hasta negocios de hospedaje y restaurantes.
Cuando ocurrió el derrame las playas se cerraron, y un verano que prometía una gran oportunidad de trabajo después de años de restricciones por la pandemia de COVID-19 se convirtió en un verano de deudas por pagar y esperanza frustrada. El turismo en Ancón aún no se ha recuperado del vertido. Un pescador dijo: “Yo también tengo un barco turístico, pero la gente ya no viene a la playa como antes. Tienen miedo y dicen que Ancón está contaminado”.
El impacto en la salud física y emocional también ha sido significativo según los testimonios recopilados en nuestro estudio.
Para las y los anconeros, el olor del petróleo en sus playas provocó fuertes dolores de cabeza y mareos. Los pescadores que entraron en contacto directo con él mientras participaban en las tareas de limpieza declararon tener problemas cutáneos. Dicen que temen las consecuencias a largo plazo de su exposición al crudo, que estudios han relacionado con numerosos problemas de salud.
Además, en muchos casos, la necesidad económica obliga a los pescadores a seguir comercializando productos marinos en un mar que ellos mismos saben que aún sigue contaminado: el petróleo sube del fondo del océano a la superficie cada vez que hay corrientes fuertes, según monitoreos gubernamentales. El riesgo de daños sigue siendo muy real para los consumidores, los pescadores y sus familias.
No son pocos los testimonios recolectados en nuestro estudio sobre niños y adultos que sufrieron problemas de salud tras consumir pescado que, sospechan, está contaminado. A menudo el pescado olía raro, pero la falta de proteínas alternativas les obligó a comerlo de todos modos, dijeron. Algunos aseguraron haber sufrido fuertes dolores de estómago y haber tenido que ir al hospital tras comer pescado afectado. Hasta la fecha, el gobierno no ha realizado ningún estudio sobre la seguridad del consumo de pescado local.
A esto se suma el estrés emocional de ver su segunda casa —el mar y las playas— contaminada, con animales muertos, entre ellos leones marinos, nutrias marinas y pelícanos. Incluso hoy en día, muchos anconeros dicen que ya no pueden llevar a sus hijos a jugar en la arena como antes.
“Antes, uno iba y se metía en el mar sin preocuparse, y ya está. Pero ahora, ese miedo [a la contaminación] siempre está ahí. Así que hemos decidido ir a la piscina en su lugar”, dijo una recolectora de algas local.
Pagar y compensar
Según los entrevistados, la diversidad de personas afectadas —incluyendo a quienes desempeñan oficios más allá de la pesca— ha sido ignorada en el proceso de negociación de compensaciones. Algunos afirmaron que los pescadores menos visibles, como las recolectoras de algas, no han recibido nada.
Muchos de los que sí recibieron indemnizaciones nos dijeron que no se corresponden con el total de sus pérdidas. Hoy aseguran vivir en la pobreza, en comparación con años anteriores, cuando los recursos del mar les permitían una vida digna y tranquila.
“Yo creo que hasta el día de hoy no es suficiente. Repsol se llena la boca diciendo que ha apoyado a los pescadores, pero la realidad es otra”, dijo una filetera.
En nuestra opinión, el caso de Repsol en Ancón evidencia no solo los múltiples impactos en la comunidad, sino también la negligencia de esta empresa. La empresa tardó casi dos semanas en iniciar la limpieza tras el derrame y ha sido multada por el gobierno, que ha citado numerosas fallas en su respuesta al desastre.
Además, sus métodos de limpieza fueron rudimentarios, permitiendo que la mancha de petróleo se expandiera hasta 115 km de playa, equivalente a 16.000 canchas de fútbol. Hoy, sin embargo, Repsol es sponsor oficial de la selección peruana de fútbol.
Los derrames de petróleo seguirán ocurriendo con impunidad si es que el Estado peruano no exige más de las empresas que operan en nuestro país
Mientras Repsol obtuvo 1.8 millones de euros en ganancias globales en 2024, paga apenas un 30% de impuestos en Perú. En contraste, Noruega cobra hasta un 78% a petroleras como Shell y BP, sin frenar su rentabilidad. ¿Por qué en Perú no exigimos más, cuando los impactos económicos de este tipo de desastres superan los beneficios percibidos?
Los derrames de petróleo tardan años en remediarse. Aún no hay un plan oficial de recuperación para Ancón y, con el tiempo, el crudo sigue asentándose en el fondo marino, afectando toda la cadena trófica. ¿Cuánto más debe esperar la población afectada de Ancón, Ventanilla, Santa Rosa y Chancay para una compensación justa y ver planes de remediación en acción?
Los derrames de petróleo seguirán ocurriendo con impunidad si es que el Estado peruano no exige más de las empresas que operan en nuestro país. El Estado debe asumir su responsabilidad en la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos y garantizar su bienestar. Debe hacerlo aplicando sanciones adecuadas en situaciones como éstas, realizando auditorías estrictas sobre cómo responden las empresas a este tipo de crisis y asegurándose de que las poblaciones afectadas reciben una compensación justa.
El derecho a un mar saludable, al trabajo digno, a la salud y a la alimentación son ejemplos de derechos que se ven afectados por el derrame de Ancón. Es hora de que como sociedad nos preguntemos qué vale más, si el derecho de una empresa a lucrar o nuestro derecho a una vida de calidad.
Nota del editor: En un comunicado en enero, Repsol dijo que había presentado todos los planes de rehabilitación en 2023 y que estaban siendo evaluados por el gobierno. También afirmó que ha estado realizando labores de limpieza y monitoreo que “garantizan condiciones adecuadas en las playas y en el mar”. Los análisis de laboratorio demuestran que el mar de las playas “cumple con los estándares de calidad ambiental nacional e internacional, por lo que está apto para cualquier actividad productiva y recreacional”. Más de 10.500 personas han recibido indemnizaciones.
