En la periferia de Rosario, la tercera ciudad más grande de Argentina en la provincia de Santa Fe, se encuentra Nuevo Alberdi, el barrio donde viven las hermanas Lorena y Elizabeth Ayala. Allí, el acceso a servicios esenciales como la electricidad son todavía materia pendiente.
Las 460 familias que viven en Nuevo Alberdi tuvieron que armar su propia infraestructura para acceder a la luz o conectarse a la red nacional, a la que se “enganchan” -se conectan- de forma ilegal, peligrosa e insegura.
“Yo comparto la luz con mi cuñado y un vecino. Compartimos porque los cables son muy caros y los traemos desde lejos. Nosotros tuvimos que comprar el poste y los cables y alquilar una escalera alta, todo”, relata Lorena.
La experiencia de Lorena y Elizabeth en un barrio vulnerable de Rosario ilustra el estado de pobreza energética que padecen alrededor del 36% de los hogares argentinos, según datos recopilados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
“Las personas que no tenemos luz segura sufrimos un montón de problemas como las bajas de tensión, que nos arruinan lo poco o mucho que logramos tener en nuestras casas y perjudica a los aparatos. Como no tenemos regulador se consume más de lo necesario. Pasa lo mismo con el gas y el agua”, dice Elizabeth, a quien todos llaman Eli.
En ese marco, las energías renovables de pequeña escala, como los paneles solares, podrían ser parte de la solución al brindar servicios muy económicos, seguros y con bajo impacto ambiental. Pero por ahora, los programas que buscan acercar esos desarrollos a barrios sociales o vulnerables en Argentina son incipientes, de muy pequeña escala y con resultados dispares, tanto por falta de seguimiento estatal como por cuestiones culturales.
Pobreza energética en Argentina
El concepto de pobreza energética refiere a limitaciones en el acceso a la electricidad y a otros servicios energéticos como el gas, que dificultan o impiden el derecho a vivir de forma digna al recortar el acceso a la cocción de alimentos, la iluminación, la calefacción, la higiene y la refrigeración.
Para Pablo Bertinat, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), “no hay una definición única” de pobreza energética, aunque hoy el indicador más utilizado es el que plantea que un hogar es pobre si usa más del 10% de sus ingresos en recursos energéticos. “Es una definición limitada porque tiene que ver con los ingresos, pero no tiene en cuenta patrimonios ni condiciones de vida”.
Los hogares de menores recursos precisan más energía para cubrir las mismas necesidades
De acuerdo al investigador Rodrigo Durán de la Universidad Nacional de Salta, la pobreza energética refiere al acceso a ese servicio “como la satisfacción de las necesidades de un hogar, así como de sus posibilidades de desarrollo”. Según Durán, el porcentaje de la población en situación de pobreza energética creció fuertemente a partir de 2016 por los sucesivos aumentos en las tarifas eléctricas y de gas.
En el artículo de 2022 “Privación y pobreza energética: cocción limpia en Argentina” de tres investigadores argentinos, se explica que los hogares pobres de áreas urbanas no acceden en su mayoría al gas por red y deben consumir gas envasado (garrafas), un combustible más caro. De igual manera, si la conexión eléctrica es informal, es decir que se accede con infraestructura propia, “el consumo eléctrico es mayor debido a la utilización de equipamientos obsoletos”. A eso se agrega que se sigue consumiendo leña para calentar el agua.
“Los hogares de menores recursos precisan más energía para cubrir las mismas necesidades”, dice Bertinat. “Enfriar o calentar las casas precarias es más difícil porque no tienen aislación, los electrodomésticos más baratos consumen más y el gas envasado es más caro que el gas que llega por red”.
Todo esto ocurre en Nuevo Alberdi. “Acá sale más caro el remedio que la enfermedad”, dice Lorena Ayala mientras toma tereré, una infusión fría a base de yerba mate muy popular durante los meses de calor.
Las renovables: ¿solución o promesa?
En Argentina las energías renovables no convencionales, es decir, solar, eólica y biomasa, comenzaron a promoverse por el estado hace un poco más de dos décadas, alcanzando en 2021 un 12% de la matriz energética, dominada por combustibles fósiles. El objetivo de gobierno era alcanzar un 16% para 2021, 18% para 2023 y 20% para 2025.
Este tipo de energías pueden ser una solución de bajo costo para la falta de acceso a servicios energéticos básicos en poblaciones vulnerables, con el beneficio agregado de un menor impacto medioambiental, a pesar de algunas preocupaciones.
“Las renovables generan autonomía en la generación de energía local y bajan los costos, pero eso no es gratis ni necesariamente barato en términos ambientales ya que tanto los paneles como las baterías precisan de minerales. Aún así, la reducción de emisiones es muy considerable a mediano y largo plazo”, dijo Durán.
En Argentina existen algunos ejemplos de incorporación de energías renovables en barrios de viviendas sociales o populares, por ahora a pequeña escala. Uno de ellos es el programa Casa Propia, dependiente del gobierno nacional. El objetivo es construir, modernizar o mejorar un total de 264 mil viviendas durante el trienio 2021/2023, instalando calefones solares en 70 mil de esas casas.
En la provincia de Santa Fe, en la zona central del país, ya se inauguraron 62 viviendas con calefones solares en una zona conocida como barrio Godoy, con resultados dispares. Mientras los vecinos cuyos equipos funcionan bien están contentos por el ahorro que significa, son varios los que se quejan porque los calefones dejaron de funcionar y nunca supieron o pudieron arreglarlos.
Ese es el caso de Yolanda Benítez, que tiene un pequeño negocio de venta de helados en Godoy y comparte la vivienda con otras dos personas. “El calefón funcionó un año y después se rompió y no sabemos a quién llamar para que lo arregle. Estoy contenta con la casa, pero me gustaría que funcione todo”, contó.
Algo parecido pasó en la casa que Miguel Ángel Diaz comparte con sus dos hermanos, donde el calefón solar dejó de funcionar hace tiempo: “nunca lo hicimos arreglar porque no sabemos a quién llamar, así que ahora calentamos el agua en una hornalla a gas”, dijo.
Anabel Sosa, otra vecina de ese pequeño conglomerado de viviendas sociales, tuvo más suerte, porque si bien se quemó la térmica pudieron reemplazarla y el aparato anda bien. “Está bueno porque pagamos menos gas y electricidad”, argumentó.
Según Durán, esta experiencia demuestra que, a nivel estatal, todavía queda un largo camino por recorrer para que las energías renovables puedan ser una solución concreta a la pobreza energética en Argentina, ya que además de la fabricación e instalación es necesario avanzar en educación y seguimiento de los proyectos. “A veces la herramienta llega, pero tiene mal uso o mal seguimiento y eso plantea un problema clásico, que es la falta de consideración del sujeto que se beneficia de esas herramientas”.
“Tenemos que poder pensar que una política de acceso a energía segura tiene que estar dentro de un marco de desarrollo social y salirse de los criterios del mercado donde sólo se tienen en cuenta los costos”, agregó el investigador de la Universidad de Salta.
Renovables en un barrio vulnerable
En la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la amplia provincia de Buenos Aires, existe una experiencia piloto en un barrio llamado 9 de noviembre basada en la instalación de colectores solares para proveer agua caliente sanitaria a un grupo de hogares con múltiples privaciones.
María Ibañez es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS) y trabajó en la dirección del proyecto, que concluyó en marzo de 2022. Explicó que el agua calentada por los colectores solares no puede utilizarse para cocinar, pero sí sirve para bañarse, lavar los platos y la ropa.
No notamos que haya habido un cambio de hábito tal que mejore de forma sustancial su situación de privación energética
Un aspecto innovador del proyecto es que los beneficiarios del programa participaron en la construcción, instalación y monitoreo de los equipos en lugar de ser meros usuarios. “Hicimos 12 talleres con las familias interesadas porque buscamos que los beneficiarios estuvieran involucrados desde el momento cero”, dijo Ibañez. En total, se instalaron seis colectores en viviendas y dos en la Asociación Vicentina, una organización religiosa local.
¿Cuál fue el balance final del proceso? Ibañez contó que, a pesar de haber hecho talleres específicos sobre reparación o mantenimiento de los aparatos, “hay una cuestión de actitud pasiva hacia la incorporación” de estas nuevas tecnologías difícil de quebrar. Sobre ello se deberá trabajar para poder avanzar en el uso de las renovables.
“Las familias involucradas no dejaron de quemar leña y siguen usando una conexión irregular a la red eléctrica. No notamos que haya habido un cambio de hábito tal que mejore de forma sustancial su situación de privación energética”, señaló la especialista, para quien son hogares “que tienen una dinámica o costumbre respecto a la recolección de leña o el uso de la garrafa social, de la que es muy difícil desprenderse”.
