El Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, entra hoy oficialmente en vigor luego de la ratificación de 12 países de la región. Su puesta en marcha permitirá garantizar el acceso a la información ambiental, proteger a los defensores ambientales y asegurar la participación pública en decisiones ambientales.
El acuerdo fue aprobado en 2018 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2018 luego de un proceso de seis años de negociación. Su entrada en vigor requirió la ratificación de por lo menos 11 países, meta que se vio superada en 2020 con la ratificación de Argentina y México.
12
países ya han ratificado el Acuerdo de Escazú
“Escazú es una respuesta desde la región, con un conjunto de problemáticas comunes de la pérdida de biodiversidad a los problemas de ejercicio de derechos. Se busca una respuesta a todos esos temas”, sostuvo Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en Argentina.
El acuerdo dio lugar a complejas discusiones internas a nivel nacional, e incluso los países que originalmente lo habían impulsado, como Chile, Perú y Costa Rica, todavía no lo ratifican. Sin embargo, desde la sociedad civil esperan que esto se pueda revertir pronto con su entrada en vigor.
En sus artículos, el acuerdo menciona como objetivos garantizar la implementación “plena y efectiva” de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia. Además, busca fortalecer las capacidades y cooperación, contribuyendo a la protección del derecho a vivir en un ambiente sano.
Entre los problemas urgentes de América Latina están la impunidad de los crímenes contra los defensores ambientales, la falta de consulta a las comunidades sobre los posibles impactos de grandes proyectos de desarrollo y las dificultades para acceder a la información sobre estos. Todo ello se espera que sea abordado por Escazú.
“Es una herramienta muy importante de defensa de nuestros territorios”, afirmó Berlin Diques, presidente de la organización regional Aidesep Ucayali (ORAU) de Perú. “Escazú puede generar grandes cambios. Sin ese instrumento hay inestabilidad social y ambiental en el país. Son momentos muy críticos con asesinatos de líderes indígenas.”
Los defensores ambientales
América Latina ocupa el deshonroso primer lugar en todos los niveles de riesgo para defensores ambientales. Según el último informe anual de la ONG Global Witness, 212 defensores ambientales fueron asesinados en el mundo en 2019. Dos tercios de los casos ocurrieron en América Latina, con Colombia como líder en el ranking.
Expertos coinciden que Escazú tiene el potencial de reducir los conflictos que conducen al asesinato de tantos activistas en la región. Al otorgar legitimidad a los defensores del ambiente, el acuerdo debería poder desempeñar un papel importante para poner fin a los conflictos ambientales de la región.
Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos, dijo que este tipo de reconocimiento es crucial en una región donde los líderes sociales son atacados con impunidad.
“Se los cataloga como anti-desarrollo y eso es muy peligroso. Así se justifica el ataque y las amenazas”, sostiene Orellana. “El acuerdo reconoce la importancia del trabajo de los defensores ambientales para un ambiente sano, para la democracia y para los derechos humanos y establece obligaciones específicas”.
Aida Gamboa, coordinadora del programa Amazonas para la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, considera que el acceso a la información que permite el Escazú es un aspecto crucial para crear una ciudadanía informada que pueda organizarse y tomar decisiones en relación al ambiente.
“Escazú es innovador en todos sus pilares y propone un estándar regional para que todos los países puedan promover efectivamente estos derechos”, sostiene Gamboa. “Los países que no tienen ley de acceso a la información ambiental deberán desarrollar una. O actualizarla, como en el caso de Perú, sancionada hace 15 años”.
Si bien la ratificación del acuerdo representa una herramienta importante para que los defensores del medio ambiente y los derechos humanos responsabilicen a los gobiernos, su éxito también dependerá de la voluntad política de los países que lo suscriben. Por ello las organizaciones involucradas realizarán un seguimiento cercano de su implementación.
Lina Muñoz, abogada colombiana especializada en derecho ambiental, sostiene que la ratificación es solamente un punto de partida y ahora habrá que avanzar sobre cada uno de los puntos del acuerdo a nivel nacional.
“Hay temas más sencillos, como crear una ley estándar de participación ambiental que pueda adaptarse a los países que todavía no tengan una. Pero hay otros más complejos que van a demandar más tiempo, como fortalecer las capacidades de las autoridades judiciales en materia ambiental,” sostiene Muñoz.
Los pendientes del acuerdo
En países como Perú, Guatemala, Brasil y Colombia los gobiernos no han ratificado el acuerdo, citando preocupaciones sobre la soberanía, la inseguridad jurídica y los intereses comerciales. Mientras tanto, países como Chile, El Salvador y Honduras, los gobiernos se han negado siquiera a firmarlo.
Si bien Chile lideró las negociaciones de Escazú bajo el gobierno de izquierda de Michelle Bachelet, la actual administración conservadora del presidente Sebastián Piñera se ha negado a firmarlo. En Perú, otro país que lideró las negociaciones, el avance del acuerdo se ha estancado por la actual crisis política.
En Colombia, las protestas masivas contra el presidente Iván Duque llevaron al líder conservador a firmar el acuerdo en 2019, convirtiéndose en el último país en unirse a Escazú. Pero ambas cámaras del Congreso deben aprobarlo ahora, antes de que se enfrente a una revisión de la Corte Constitucional.
Escazú es la esperanza de que el cambio es posible para América Latina. Es un triunfo para las comunidades y la sociedad civil
Las organizaciones detrás del acuerdo vinculan el rechazo a campañas de desinformación que asustaron a la población y se expandieron por la región. El acuerdo no limita la soberanía de los países ni el desarrollo económico, tal como se afirmó. Cada país será el encargado de implementar el acuerdo de acuerdo a su sistema legal.
“Hay grupos que ven en ese proceso participativo de desarrollo sostenible un desafío a la forma en que se han tomado decisiones en el pasado Prefieren mantener un orden basado en expresiones verticales de autoridad”, sostuvo Orellana. “Los estándares del acuerdo son muy razonables y buscan fortalecer las capacidades de cada país”.
De todos modos, los expertos coinciden en que la entrada en vigor del acuerdo dejará dichos argumentos de lado y dará lugar a mayores firmas y ratificaciones. Una implementación plena y efectiva del tratado podría ser la señal de una nueva dinámica para la región en la defensa y promoción del desarrollo sostenible, sostienen.
“Escazú es la esperanza de que el cambio es posible para América Latina. Es un triunfo para las comunidades y la sociedad civil”, afirmó Natalia Gómez Peña, oficial de incidencia de la ONG Cívicus. “Podemos tener mejores herramientas para una democracia ambiental más fuerte y prevenir conflictos ambientales”.
