China necesitaba mercados para sus productos, mano de obra, materias primas para mantener su economía nacional. Latinoamérica, fondos para desarrollarse en infraestructura, minería, telecomunicaciones, turismo, agricultura y energía. En ese marco, la alianza entre la Argentina y China es la historia de un matrimonio arreglado.
No es perfecto, pero a ambas partes se les figuró como algo estratégico y necesario. China requiere de recursos naturales para su proceso de modernización, Argentina necesita financiamiento. Hoy China es un aliado fundamental para nuestro crecimiento económico nacional. ¿Pero a costa de qué y quiénes?
2.2
En la 13ª Cumbre de Líderes del G20, presidida por Argentina, Argentina y China firmaron más de 30 acuerdos por un total próximo a los US$ 22.000 millones que involucran a siete provincias y que, en esencia, profundizan nuestro patrón de inserción en el comercio internacional como proveedor de materias prima de valor agregado, de acuerdo a un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La balanza comercial con China es lógicamente deficitaria, dato que adquiere mayor relevancia al considerar que se trata del segundo socio comercial en importancia de Argentina, después de Brasil. Pero las complicaciones e implicaciones domésticas de esta agenda sinoargentina van mucho más allá de una balanza negativa.
La omisión de aspectos ambientales en los convenios y acuerdos firmados entre ambas naciones genera preocupación, sobre todo en un contexto de ausencia de salvaguardas de instituciones financieras chinas –como el Banco de Desarrollo Chino– y de debilitamiento del marco regulatorio ambiental nacional.
Con el fin de incrementar las inversiones, estos acuerdos prevén adquisición directa y condiciones preferenciales para empresas de origen chino, lo que genera recelos por la simplificación de procedimientos (por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental o instancias de participación ciudadana) y licencias sociales, a la vez que resulta un beneficio para los capitales chinos frente a cualquier otro tipo de inversión.
Es cierto que en algunos de los convenios y acuerdos se menciona la importancia del cumplimiento de la legislación nacional. Pero sobrevuelan dudas sobre si Argentina está institucionalmente preparada para este tipo de acuerdos y sobre si la legislación provee un marco adecuado para regularlos, no solo en términos ambientales sino también de transparencia y acceso a la información.
Con relación a la proliferación de convenios firmados de manera bilateral con los gobiernos provinciales, la división de competencias indica que la estructura administrativa e institucional provincial está encargada de cumplir la función de policía ambiental, pero surgen interrogantes acerca de su capacidad y poder de negociación. El desarrollo de proyectos e iniciativas debería contemplar los requerimientos ambientales de la normativa vigente y atender la participación de la sociedad en los procesos.
Sin embargo, es evidente que muchos de ellos podrían ocasionar daños graves al ambiente, además de promover situaciones de tensión y conflictividad social como en el caso de las represas sobre el río Santa Cruz, proyecto que avanza aun ante la falta de consulta previa a las comunidades originarias.
Existe en América Latina una tendencia generalizada a retroceder en estándares de protección cívica, con debilitamiento de salvaguardas en instituciones financieras tradicionales y el surgimiento de bancos de desarrollo con escasos compromisos por sobre el marco regulatorio nacional.
Argentina no es la excepción y la importancia de China para el crecimiento político y comercial argentino resulta tan innegable como el hecho de que, en esta relación bilateral, las necesidades económicas son el eje estructural; las cuestiones ambientales y sociales, un mero aspecto decorativo.
