China y América Latina, ¿qué nos depara el futuro?

El voraz apetito de China por los minerales ha constituido un impulso clave para el crecimiento de Latinoamérica y la convirtió en menos de dos décadas en un participante clave para la región. Sin embargo, las minas a cargo de empresas chinas, sumadas a los créditos chinos y a una participación cada vez mayor de empresas de ese país en otros sectores –como el de infraestructura– han generado temores sobre sus impactos sociales y medioambientales, y sobre la posibilidad de que el desarrollo económico desigual cause problemas en el futuro. “Hace 15 años, China no aparecía en las estadísticas de comercio e inversión de los países latinoamericanos, pero en los últimos cinco años se ha convertido en el primero, segundo o tercer socio comercial de casi todos los países de la región”, afirma Enrique Dussel Peters, de la Universidad Autónoma de México. El boom se centra en Perú y Chile  En ninguna otra parte de Latinoamérica el impacto chino se ha sentido tanto como en Perú, cuya larga historia de minería e inmigración china lo convierte en un lugar especialmente atractivo. La compra de Las Bambas por Minmetals –un acuerdo de US$7 mil millones confirmado en julio– significa que los chino ahora controlan un tercio del sector minero peruano, según el presidente de la Cámara de Comercio del Perú. Cuando Las Bambas comience a funcionar el año que viene, se espera que genere aproximadamente 400 mil toneladas de cobre anuales, la mitad de las cuales se enviarán a China. De manera similar, la compra de activos de Petrobras por PetroChina, una empresa que cotiza en bolsa y es subsidiaria de la estatal china CNPC, implica que CNPC participará en cuatro de las cinco mayores concesiones petroleras del Perú. “Las Bambas es ahora propiedad de una empresa china y si se involucran [financieramente] en Tintaya, el sur andino podría volverse chino”, sostiene Ximena Warnaars, de Earthrights International en Perú. El comercio entre China y Perú también ha florecido: ambos países firmaron un acuerdo comercial en 2009, el segundo acuerdo chino en Latinoamérica, después del acordado con Chile. Entre 2003 y 2008, el crecimiento promedio del Producto Bruto Interno (PBI) per cápita fue superior al 8 %, y apenas inferior al 6 % entre 2009 y 2012. Según el Banco Mundial, las exportaciones de bienes y servicios representaron más de un cuarto del PBI peruano durante esos años y China, según el investigador Alan Fairlie, de la Universidad del Pacífico, ha sido el mayor socio comercial del Perú desde 2011. “Perú y Chile han estado vendiendo materias primas a China a manos llenas”, afirma Carol Wise, de la University of Southern California. “Mineral de hierro, cobre, harina de pescado… Esto ha sido enorme para ellos y Perú fue el país que más se benefició”. Según Wise, el comercio chino-latinoamericano se concentra en cinco países: Perú, Chile, Argentina, Colombia y Brasil. En 2009 China reemplazóa Estados Unidos como mayor socio comercial brasileño (las principales exportaciones fueron de soja, petróleo y hierro). Socio dominante Sin embargo, la creciente importancia de China en el comercio regional generó graves preocupaciones. Entre ellas, los intercambios desiguales –especialmente con México– y posibles trampas de pobreza para el futuro, a menos que los gobiernos equilibren el boom de los minerales con el desarrollo de otros sectores. China logró su actual fortaleza económica atrayendo inversión externa al sector manufacturero y enfrentando el rechazo mediante su insistencia en transferencias de tecnología de los futuros inversores. “Latinoamérica envía materias primas a China y a cambio compra manufacturados”, afirma Dussel Peters. “Esto no es sostenible en el mediano o largo plazo y quienes mejor lo saben son los chinos. Nunca aceptarían este tipo de relación comercial para ellos”. Otra cuestión a punto de estallar es que los vínculos comerciales están distribuidos de manera desigual en la región. Las exportaciones de México, Ecuador, Paraguay y «la mayoría de los países centroamericanos y del Caribe» a China continúan siendo relativamente pequeñas, según un escrito académico reciente de Yong Zhang, de la Academia China de Ciencias Sociales. La construcción de infraestructura es otro sector en el cual crecen los ambiciosos proyectos a gran escala y los planes por parte de los intereses chinos en Latinoamérica. Un ejemplo emblemático son los planes del Grupo HKND, con sede en Hong Kong, para construir un canal a través de Nicaragua, desde la costa oeste en el océano Pacífico hasta la costa este en el mar Caribe, para atender al crecimiento proyectado del comercio marítimo mundial. El mes pasado se aprobó una ruta para el canal de 277 km que pasará por el mayor lago de América Central, el Nicaragua, y será tres veces más largo que el canal de Panamá. Otro poderoso ejemplo es el interés de las empresas chinas para construir un ferrocarril que cruce Sudamérica, desde la costa peruana en el Pacífico hasta la costa brasileña en el Atlántico. La presidenta brasileña Dilma Rousseff se comprometió a “trabajar junto con China y Perú para llevar este proyecto a buen puerto”, según informó Xinhua en julio. Financiamiento para infraestructura Las empresas chinas también están directamente involucradas, o vinculadas a otros tipos de proyectos de infraestructura. Después de la cumbre «G77+China» en junio, el presidente de la Cámara de Comercio de la región boliviana de Santa Cruz declaró, según AFP, que China está interesada en «proyectos de industrialización» en Bolivia, con un costo estimado de US$42 mil millones. El año pasado, un consorcio liderado por la empresa china, Gezhouba Group Corporation (CGGC), ganó un contrato para construir dos represas hidroeléctricas en Argentina. Las empresas chinas ya participan en 24 proyectos de represas en toda Latinoamérica, según Grace Mang, quien reside en Pekín y es director del programa de China en la Organización Non Gubernamental (ONG) International Rivers. China también desempeña un papel cada vez más importante –y, en algunos casos, fundamental– proporcionando créditos para la región, especialmente desde la crisis financiera mundial. Los bancos chinos han prestado más de US$100 mil millones a gobiernos y empresas latinoamericanas y del Caribe entre 2005 y 2013, según los investigadores de la Universidad de Boston, Amos Irwin y Kevin Gallagher (de los cuales, más de la mitad fueron para Venezuela). Argentina, Brasil y Ecuador ocupando el segundo, tercer y cuarto puesto. “Una de las cuestiones más importantes respecto del financiamiento chino es que funciona como una fuente alternativa, no sólo al Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, sino también a los bancos comerciales occidentales”, dijo Irwin. “Esto queda especialmente claro en Ecuador, donde demostraron a los inversores que podían arreglárselas con créditos chinos aún después de haber incumplido su deuda soberana, lo que hizo que su calificación crediticia se desplomara y asustara a todos los restantes prestamistas extranjeros”. Los bancos estatales chinos también están prestando miles de millones directamente a empresas estatales chinas que funcionan en el extranjero. Irwin y Gallagher estiman que esos créditos podrían alcanzar los US$140 mil millones desde 2002 (aproximadamente el 80 % se habría canalizado hacia los sectores del petróleo y la minería). Tsunami de inversiones “Todo esto es mucho más reciente de los vínculos comerciales y se trata de una segunda ola en la nueva relación económica entre Latinoamérica y China”, afirma Dussel Peters. “Desde la crisis económica, China ha estado exportando capital en forma tal que en los últimos dos o tres años se ha convertido en la tercera mayor fuente de inversión directa extranjera”. Los bancos chinos están ahora decididos a llevar su función de financiamiento a un nivel aún mayor. El mes pasado, la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Africa del Sur) resolvió establecer un «nuevo banco de desarrollo» con 100 mil millones de dólares en fondos y con sede en Shanghái para financiar «proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible» en los BRICS y otros países «en desarrollo», así como fondos de reserva por 100 mil millones de dólares, llamados «Acuerdo de Reservas de Contingencia», para ayudar a los países a solventar problemas en sus balanzas de pagos. Sin embargo, ciertos sectores se muestran considerablemente preocupados por el posible impacto de la creciente presencia china sobre la sociedad, el medioambiente, e incluso la soberanía nacional en Latinoamérica. Esto se debe en parte a que todas las inversiones o los proyectos se perciben como fuente de preocupación y en parte al historial medioambiental, de condiciones laborales y de falta de transparencia y responsabilidad que China muestra en su propio país. Algunas empresas chinas ya se han incorporado a proyectos especialmente controvertidos. En Perú, esto incluye a las dos concesiones más polémicas –y dos de las mayores productoras– de petróleo, donde la grave contaminación ha llevado a la declaración de «emergencias medioambientales» en cuatro cuencas hídricas diferentes y en minas como Marcona, Río Blanco y Toromocho. Río Blanco fue comprada por un consorcio liderado por Zijin Mining, a pesar de varios años de disturbios con un propietario anterior, que incluyeron protestas de miles de personas, torturas, muertes y un caso en la Suprema Corte del RU. En Toromocho, a cargo de la empresa estatal Chinalco, la tensión se enardeció por los intentos de reubicar a un pueblo completo, Morococha, de casi 5000 personas. Si bien hay quienes aprecian la forma en que Chinalco se ha ocupado del traslado, otros distan de compartir esa postura. Según Daniel Álvarez Tolentino, de la oficina del arzobispo de Huancayo, el nuevo sitio elegido para el pueblo es totalmente inadecuado, las nuevas viviendas son demasiado pequeñas y están afectando la salud de los niños. Por otra parte, unas 120 familias se han negado a mudarse y se ven ahora en gran medida abandonadas. En marzo, el gobierno ordenó a Chinalco detener las operaciones debido a preocupaciones por los impactos medioambientales; el 6 de agosto la organización de base FADDIM en Morococha presentó dos demandas judiciales contra la empresa y el Ministerio de Energía y Minas. “Quienes continúan viviendo en Morococha Vieja sienten un rechazo total hacia Chinalco”, dice Álvarez Tolentino. Derechos indígenas Mientras tanto, del otro lado de la frontera con Ecuador, dos empresas estatales chinas controlan actualmente el proyecto de minería más conocido, Mirador, y CNPC tiene planes para explotar nuevas concesiones petroleras en el mundialmente famoso Parque Nacional Yasuni, ubicado en lo profundo de la selva tropical amazónica. Se trata de operaciones que han sido condenadas nacional e internacionalmente y contra las cuales la organización indígena ECUARUNARI interpuso una demanda judicial. Además, en la reciente y controvertida subasta de lo que serían 21 nuevas concesiones petroleras en Ecuador, sólo se recibieron ofertas para tres de ellas (dos por la empresa china Andes Petroleum). Ambas concesiones, llamadas «Bloque 79» y «Bloque 83» se superponen con territorios que pertenecen al pueblo indígena de los Záparas en el Amazonas. A principios de este año los líderes záparas Klever Ruiz y Gloria Ushingua ejercieron presión en las Naciones Unidas para rechazar las operaciones petroleras en sus tierras. “La existencia de nuestra gente está seriamente amenazada”, escribieron. “Hemos resuelto en múltiples asambleas, congresos y declaraciones indígenas que no queremos una industria extractiva como la petrolera en nuestro territorio”. Mang, de International Rivers, reconoce que las empresas chinas «han aceptado proyectos que fueron rechazados por otras» y cita a las represas Patuca en Honduras como ejemplo. Según Andy White, de la ONG Rights and Resources Initiative con sede en Washington, las empresas chinas tienen estándares menores para la gobernanza social y medioambiental. “El acceso de los ciudadanos a quienes toman las decisiones corporativas es muy escaso y su capacidad para influir sobre ellos es aún menor”, agregó. Las normas de las finanzas verdes Sin embargo, hay quienes sostienen que las normas que regulan los créditos de los bancos chinos fijan estándares más elevados que los de sus contrapartes occidentales. Hay quienes creen que la «Directiva de Crédito Verde» (DCV) – una norma gubernamental que exige a los bancos considerar los impactos socioambientales antes de brindar créditos – supera los modelos verdes de financiamiento occidentales, aunque la evidencia de su cumplimiento desde su adopción hace dos años no es concluyente. “La DCV fija un estándar muy elevado”, dice Paulina Garzón, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador, aunque señala que ponerla en práctica es otra cuestión. “Dos cosas que los bancos chinos y muchos países en Latinoamérica tienen en común son que su normativa ambiental es correcta pero su implementación y sus sistemas de supervisión son muy débiles”, afirma. “Las inversiones chinas en Ecuador son enormes y hasta ahora prometen tragedias ambientales para el país”. Puede afirmarse que el impacto de las operaciones chinas en Ecuador ha generado más preocupación que en ningún otro sitio. Además de actuar en sectores como minería y explotación del petróleo en el Amazonas, las empresas chinas se están involucrando actualmente en una serie de proyectos de represas hidroeléctricas y propuestas para construir una refinería de petróleo en la costa del Pacífico. Los bancos chinos han prestado tanto dinero que algunas personas sostienen que la deuda nacional está fuera de control y la soberanía ecuatoriana está amenazada. La sociedad civil ecuatoriana se está defendiendo, adoptando estrategias como el cabildeo en los bancos chinos, las demandas judiciales, la publicación de un manual sobre normativas sociomedioambientales para los créditos y las inversiones chinas en el extranjero, y la convocatoria a instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “El problema con las empresas chinas es que no les importan demasiado los derechos humanos, aunque se muestran más abiertas para hablar sobre el medioambiente”, dice Warnaars, de EarthRights International. “Eso es lo que entendieron las comunidades contra Mirador en Ecuador en una queja que llevaron a la Comisión [Interamericana]”. Pero otros son mucho más positivos, o minimizan las diferencias entre las empresas chinas y las de otros países. “En términos del impacto a largo o corto plazo en Perú, sólo tenemos un caso como referencia –Shougang [la empresa a cargo de la mina Marcona]– que es verdaderamente terrible”, dice Irwin. “Decididamente hay enormes problemas laborales, pero las condiciones de trabajo sociales y medioambientales, son muy similares a las de otras empresas en Perú”. Según Margaret Myers, del grupo de expertos Inter-American Dialogue en Washington, las empresas chinas han pasado por un “verdadero proceso de aprendizaje”; Shougang fue un “desastre”, pero Chinalco ha hecho un “muy buen trabajo” en Toromocho. “Cuando las normas y los estándares se hacen respetar, las empresas chinas tienden a cumplirlos”, dice. “Cuando no, hay libertad de acción para que las empresas hagan lo que más les conviene. No se trata de un comportamiento exclusivo de las compañías chinas, se ve en muchas multinacionales”.