El 25 de junio, las elecciones generales de Guatemala trajeron sorpresas. Bernardo Arévalo, candidato presidencial del movimiento progresista Semilla, quedó en segundo lugar por detrás de la ex primera dama Sandra Torres, líder del partido Unidad Nacional de la Esperanza de tendencia derechista. Los dos candidatos se enfrentan ahora en una segunda vuelta el 20 de agosto.
El inesperado ascenso de Arévalo, diplomático y académico de carrera e hijo del ex presidente Juan José Arévalo, ha despertado en muchos guatemaltecos la esperanza de un cambio en el statu quo, dadas sus campañas contra la corrupción y la impunidad y su compromiso con el medioambiente. Arévalo ha declarado que sus objetivos y los del movimiento que integra son devolver la confianza en las instituciones del Estado, que se consideran cooptadas por las élites gobernantes en los últimos años.
Para Gabriela Carrera, profesora de Ciencia Política de la Universidad Rafael Landívar de Ciudad de Guatemala, el hecho de que Arévalo pasara a la segunda vuelta fue “una sorpresa”. Pero añadió que su éxito era representativo de “un sentimiento de antivoto, de rechazo a lo que llamamos el ‘pacto de la corrupción”‘.
El “pacto de corruptos” es un término que se utiliza en Guatemala para referirse a políticos, empresarios, figuras del crimen organizado y miembros del sistema judicial acusados de actos de corrupción que mantienen un sistema de impunidad que los protege de ser procesados.
La plataforma progresista de Semilla se ha topado con la resistencia del gobierno actual y de elementos de este supuesto pacto, así como de la derecha. Varios partidos minoritarios presentaron denuncias de fraude electoral, que finalmente se consideraron falsas, mientras que los tribunales del país también han intentado suspender a Semilla e iniciar investigaciones sobre los observadores electorales ciudadanos y los encargados en la digitalización de los resultados de la votación. Las oficinas de Semilla también fueron allanadas por la policía tras el intento de suspensión del partido por parte de la fiscalía general.
Sin embargo, estos intentos han sido inútiles, ya que el tribunal electoral del país, el TSE, confirmó la legitimidad del partido y los resultados de la primera vuelta electoral.
Las elecciones también fueron polémicas, ya que el TSE y los tribunales guatemaltecos excluyeron a varios candidatos, entre ellos a la líder indígena Thelma Cabrera y a los populistas de derechas Roberto Árzu y Carlos Pineda. Esto llevó a muchos analistas a temer que las elecciones estuvieran siendo manipuladas para favorecer a los candidatos partidarios del statu quo.
En este tenso período previo a la primera vuelta, los candidatos han tenido dificultades en lograr que sus propuestas aparezcan en los titulares en medio de disputas legales. Además, se han encontrado con un electorado aparentemente frustrado con toda la clase política: los votos nulos lideraron la primera vuelta con el 17% de los votos, por delante tanto de Torres como de Arévalo.
A medida que se acerca la segunda vuelta de agosto, es probable que la corrupción y la seguridad sean los temas clave para los votantes guatemaltecos. El medioambiente, en un país que sufre una contaminación y degradación generalizadas, ha recibido poca atención, aunque Semilla, en particular, ha hecho una serie de promesas.
Ahora que Guatemala se dirige de nuevo a las urnas, analizamos las perspectivas ambientales.
Problemas medioambientales en Guatemala
En un contexto caótico, el éxito de Arévalo y del Movimiento Semilla ha sorprendido a algunos observadores por su ruptura con la tradicional falta de propuestas medioambientales de las plataformas de los partidos en las últimas campañas electorales.
En la campaña, el ambiente y el cambio climático apenas recibieron atención por parte de los candidatos que encabezaron las encuestas, más allá de los llamamientos a limpiar las vías fluviales de Guatemala, de las que se calcula que entre el 90 y el 95% están contaminadas. Pero el inesperado éxito de Semilla ―que se convirtió en partido en 2018, tras surgir durante las protestas antigubernamentales de 2015― ha llevado más preocupaciones medioambientales al debate.
“Hay un deterioro muy rápido de los recursos naturales y no se hacen esfuerzos para su preservación o conservación”, afirma Karin Herrera, bióloga y candidata a la vicepresidencia por Semilla.
“Se necesitan voluntad política, compromiso y diálogo para generar conciencia sobre la importancia [del medioambiente]”, afirma. “Los hermosos recursos naturales que tenemos no pueden seguir tan descuidados por el Estado. Tenemos que entrar con fuerza y compromiso a preservarlos”.
Guatemala fue clasificada como uno de los diez países más vulnerables a los efectos del cambio climático, y se ha visto cada vez más afectada por huracanes y periodos de sequía. El país también se enfrenta a la degradación debido a la falta de cumplimiento de la legislación ambiental, y a la situación cada vez peor de de sus pequeños agricultores.
El país centroamericano es hogar de una gran biodiversidad, ya que alberga casi 14.000 especies de plantas y animales. Pero la economía de Guatemala depende en gran medida de la explotación de sus recursos naturales para la producción de plátanos, café, aceite de palma, azúcar y especias, entre otros productos. Aunque existe legislación para abordar la gestión de los bosques, el agua y los residuos sólidos y líquidos, entre otras normativas, hay un incumplimiento general.
“El problema es que muchas de estas leyes sólo se quedan en el papel”, afirma Raúl Maas, director del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad de la Universidad Rafael Landívar. Como consecuencia, Guatemala ha experimentado un rápido ritmo de deforestación, contaminación de sus cursos de agua y degradación de los suelos, cuya salud se enfrenta a la presión de la agroindustria y los agricultores.
Todos estos factores de degradación ambiental tienen repercusiones más amplias en la sociedad: por ejemplo, cada vez más personas intentan emigrar de Guatemala, sobre todo a Estados Unidos, en busca de mejores medios de vida. La continuación de estas prácticas extractivas, muchas veces destructivas, refleja la impunidad que se ha extendido en Guatemala y que contribuye a una mayor degradación.
Estos retos medioambientales se ven agravados por los efectos del cambio climático. Según un estudio reciente, la pérdida de bosques en Centroamérica debido al cambio climático podría significar costos económicos de hasta 314.000 millones de dólares anuales de aquí a 2100.
“La situación es bastante precaria sin los efectos del cambio climático”, afirma Maas. “Si a esto añadimos esta variable, la cuestión se vuelve mucho más crítica”.
Propuestas de política medioambiental
Mientras Guatemala se enfrenta a estas crisis ambientales, Semilla ha propuesto una serie de políticas dentro de su plan de gobierno que buscan hacerle frente a la degradación. Entre ellas está la inversión de casi 900 millones de dólares en el sistema de protección de bosques y áreas protegidas, con el objetivo de reforzar no sólo los propios bosques, sino también las fuentes de agua de las que depende el país, y los manglares costeros para mitigar los efectos del cambio climático.
Dentro de su plan de gobierno, Semilla afirma que también espera fortalecer a las comunidades que dependen de los recursos naturales para sectores como el ecoturismo. Además, se compromete a ampliar el apoyo a las tierras comunales y los bosques de las comunidades indígenas que lo soliciten.
Estas iniciativas serían “una inversión masiva”, afirma Patricia Orantes Thomas, experta en medioambiente y diputada nacional de Semilla elegida en junio. “Porque esto también tiene réditos ambientales, tiene réditos en términos de producción de agua, tiene réditos en la mitigación y protección contra el cambio climático, pero también tiene réditos económicos porque la gente estará reforestando y manejando los bosques”.
Semilla también pretende hacer frente a la impunidad que existe en Guatemala en materia de ambiente. Orantes Thomas afirma que, de ser elegido, su partido tratará de modificar el código legal para mejorar el tratamiento de los delitos medioambientales, empezando por abordar la contaminación de las aguas y la división de los ríos por intereses empresariales, que se ha convertido en un problema importante en la última década.
En el bando opuesto, Sandra Torres y el partido Unidad Nacional de la Esperanza no han hecho ninguna propuesta clara relacionada con el ambiente de cara a la segunda vuelta electoral. El partido, antes socialdemócrata pero cada vez más populista y conservador, ya gobernó el país entre 2008 y 2012 y ha enfrentado acusaciones de corrupción.
“Lamentablemente, el partido Unidad Nacional de la Esperanza no aborda específicamente los temas relacionados con el medioambiente dentro de su plan [de gobierno]”, dice Elvis Caballeros, investigador de riesgos climáticos de la Universidad Rafael Landívar. “No tienen ninguna propuesta, no le dan prioridad”.
Si Arévalo y Semilla consiguen ganar la presidencia en la segunda vuelta del 20 de agosto, se enfrentarán a un reto considerable en el Congreso, ya que el partido sólo pudo obtener 23 escaños en el poder legislativo, de un total de 160.
Si bien el partido en su conjunto tuvo un mejor desempeño que en las elecciones de 2019, abordar con éxito los problemas que enfrenta el país requerirá que Semilla construya alianzas, algo posible dada la naturaleza fluida de la política guatemalteca.
“[Los congresistas] que han sido elegidos por la mayoría de los partidos no siguen directrices ni responden a sus movimientos”, afirma Orantes Thomas. “Responden a sus propios intereses. Esto es muy triste para nuestro sistema de partidos”. Pero, añade la diputada, “lo que queremos es intentar tender puentes con el mayor número de [congresistas] que estén dispuestos a librar las batallas que la población quiere”.
