En la madrugada del 6 de mayo, un vehículo atropelló a un jaguar cerca de las obras de ampliación de un tramo de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, en el centro-este de Bolivia. El incidente habría pasado desapercibido de no ser por lo que ocurrió con el cuerpo del felino.
Tras ser alertados del incidente por lugareños y guardabosques, agentes de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) encontraron su cabeza desmembrada y tres de sus extremidades semienterradas, junto con su piel entera extendida sobre una tabla, en un campamento de la empresa china Sinohydro, encargada de las obras.
Funcionarios del gobierno declararon a los medios de comunicación que sospechaban que las piezas habían sido desmembradas con la intención de venderlas. Las partes fueron recuperadas por las autoridades, y tres empleados de Sinohydro ―dos bolivianos y un paquistaní― fueron vinculados al incidente, aunque inicialmente no se informó de ninguna detención, ni se había identificado al conductor que golpeó al jaguar. El trabajador paquistaní habría entregado voluntariamente la cabeza y los cuatro dientes del jaguar, según un informe policial al que Dialogue Earth tuvo acceso.
En el país, al menos cinco leyes nacionales protegen a los animales y sancionan el biocidio y el tráfico de fauna silvestre con hasta ocho años de cárcel. En el caso del jaguar, existe un plan nacional para su conservación en Bolivia, ya que está “casi amenazado”, según la UICN. Por ello, la Fiscalía abrió una investigación para determinar responsabilidades. Al proceso legal se sumó la Gobernación de Cochabamba, dijo Sandra Montaño, asesora legal de la Secretaría Departamental de Derechos de la Madre Tierra de Cochabamba, un organismo ambiental estatal.
El hecho cobró relevancia nacional por fotografías cruentas que circularon por redes sociales del cuerpo del animal.
Otros tres empleados de Sinohydro, de sus departamentos jurídico, de recursos humanos y de medioambiente, ayudaron a las autoridades policiales a recuperar las partes de los animales, mientras que los dos trabajadores bolivianos presuntamente implicados en el incidente abandonaron el campamento de la empresa poco después, según informaron medios locales. Pero este hecho ha sido otro episodio potencialmente perjudicial para la empresa en Bolivia, donde se ha enfrentado a desafíos desde que llegó al país en 2013.
La constructora china ―filial de la empresa estatal PowerChina― participa en seis proyectos de infraestructura vial y de energía en Bolivia, pero ha sido objeto de quejas por parte de organizaciones ecologistas y funcionarios del gobierno, relacionadas con su historial de deforestación en los alrededores de los emplazamientos de los proyectos, conflictos laborales y la calidad de las obras que ha entregado.
Denuncias ambientales
La primera vez que el nombre de la empresa apareció en medios de prensa por denuncias ambientales fue en 2017. Tomás Monasterio, entonces diputado del partido Demócrata, de oposición al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), presentó una demanda penal por la deforestación de 6,8 hectáreas de bosque, a orillas del río Surutú en Santa Cruz, lo que, según él, aumentaba el riesgo de inundaciones y ponía en peligro a las comunidades locales. Casi un mes después, presentó una segunda querella por 1,8 hectáreas más, esta vez a orillas del río Piraí, que se produjo a pesar de la normativa que prohíbe cualquier tala a menos de 100 metros de un río para proteger el medioambiente. En ambos casos, las actividades se dieron como parte de la doble vía Montero-Yapacaní, en Santa Cruz.
“Fue un desmonte salvaje”, recuerda ahora el exparlamentario en entrevista con Dialogue Earth. Durante la inspección ocular en el Surutú , dijo, el personal de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) también encontró “desechos tóxicos enterrados”.
La ABT anunció la imposición de una multa de unos 14.000 BOB (2.018 USD) por el primer caso, junto con la orden de reforestar toda la zona, y la duplicación de la multa por el segundo. En ambos casos, la ABT confirmó que no había autorización para desmontar el terreno. Sin embargo, Humberto Nazra, fiscal de obras de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), declaró a los medios que no creía que Sinohydro hubiera actuado de mala fe, y dijo que la empresa había reconocido sus errores y estaba cumpliendo las órdenes que le habían dado las autoridades.
Monasterio presentó entonces una tercera denuncia penal. Dijo que mientras realizaba una inspección en el sitio deforestado del Surutú, un grupo de miembros de la comunidad local ―que según él estaba formado por empleados de Sinohydro y personas que apoyaban a la empresa y a los políticos que aprobaron los proyectos― lo “retuvieron” y “amenazaron con lincharlo”, por lo que “tuvo que salir huyendo del Surutú”.
El exparlamentario dice que se sorprendió al ser informado, cuando terminó su mandato legislativo en 2021, de que sus tres denuncias fueron rechazadas por supuestas pruebas insuficientes, a pesar de que los delitos ambientales cometidos estaban demostrados y ya eran objeto de multas.
El caso Ivirizu
Sinohydro se ha enfrentado a nuevas críticas sobre su actuación medioambiental en Bolivia, al ser mencionada ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CESCR) en 2023. El caso de la central hidroeléctrica Ivirizu, en construcción en Cochabamba, fue destacado por Franco Albarracín, investigador de la organización ambientalista Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), quien presentó ante el Comité un informe que evalúa las actividades empresariales de China en América Latina y su cumplimiento con las obligaciones internacionales y las leyes de derechos humanos.
En el documento se lee que las obras de la central hidroeléctrica “han afectado más de 280 hectáreas de bosque dentro del área protegida del Parque Nacional Carrasco [en Cochabamba], hábitat de especies de flora y fauna en peligro de extinción”. Asimismo, dijo que “habrá un impacto sobre 18 comunidades ubicadas en los municipios de Pocona, Totora y Mizque”.
“Ivirizu es un proyecto particularmente complicado”, dijo a Dialogue Earth el investigador Marco Gandarillas, responsable de monitoreo de inversiones chinas de la ONG Latinoamérica Sustentable. “Desde la deforestación y el tratamiento de residuos de la deforestación, hasta la intervención como tal”, aseguró. Además, denunció incursiones en el área protegida por parte de “colonos” (término utilizado a menudo en Bolivia para referirse a personas de la región andina que buscan tierras en la zona tropical), lo que, según él, ha sido posible gracias a la creación de carreteras y caminos para el movimiento de trabajadores y materiales.
Para el desarrollo de este proyecto ―que la Empresa Nacional de Electricidad Bolivia (ENDE) declaró en 2016 que serviría para generar excedentes de electricidad para la exportación―, un dossier del Cedib señala que se modificó la zonificación del área protegida. La obra había sido declarada “de interés y prioridad nacional” por el gobierno apenas un mes antes de la modificación. En mayo de 2023, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía anunció que el proyecto tenía un avance de “más del 86%”.
Además, cuando más de 50 organizaciones ambientalistas bolivianas enviaron una carta en 2020 a Sinohydro, una de las peticiones que se hizo fue que hicieran públicos los estudios ambientales, en los que se afirmaba que la intervención de la central en el parque “tendrá impactos irreversibles”, denuncia Gandarillas. “Pero tanto la empresa como las autoridades bolivianas se negaron”, asegura.
Sinohydro no ha respondido directamente a estas cuestiones, y no respondió a los pedidos de comentarios de Dialogue Earth. En un artículo de 2023 publicado en el sitio web de la empresa matriz PowerChina se hacía referencia a la obtención de los permisos de evaluación de impacto ambiental y de tala de árboles en 2018, e hincapié en los intentos del proyecto de adherirse a la legislación ambiental boliviana, afirmando que había “seguido estrictamente” las medidas de protección del ambiente y “garantizado que no se dañe la ecología local”.
En su página oficial, ENDE da cuenta de que Ivirizu “es una solución sostenible para enfrentar los desafíos energéticos de Bolivia”. Además, asegura que se realizaron estudios de impacto ambiental y se implementaron medidas de prevención y mitigación para proteger la biodiversidad y los ecosistemas locales. “Ivirizu es el primer proyecto en Bolivia que implementa planes de rescate de flora y herpetofauna como medida de mitigación con base a la licencia ambiental”, se lee.
Demandas laborales y de calidad
En 2021, Sinohydro también estuvo vinculada a presuntas vulneraciones laborales en Ivirizu, constatadas por la Defensoría del Pueblo, cuyo informe también señalaba la falta de actuación del Ministerio de Trabajo. Estas infracciones estaban relacionadas con la subcontratación y la externalización, así como con las malas condiciones de los alojamientos de los trabajadores.
También se denunciaron conflictos en la construcción de la carretera Padilla-El Salto, en el departamento de Chuquisaca, en 2018, donde un empleado chino de Sinohydro fue detenido tras presuntamente agredir a una mujer que trabajaba para uno de sus subcontratistas, que protestaba por el impago de sus salarios. El incidente desató hostilidades más amplias, con trabajadores de la empresa subcontratada y otras organizaciones locales bloqueando los campamentos de Sinohydro. La empresa negó inicialmente las acusaciones, afirmando que el pago era responsabilidad de su subcontratista, y afirmó por el contrario que sus trabajadores eran las víctimas del incidente, al habérseles impedido por la fuerza la entrada en su campamento. Sin embargo, más tarde se informó que había pagado los salarios no percibidos y aceptado retirar del proyecto al empleado implicado en la supuesta agresión.
En otra de las obras —la doble vía El Sillar, que une a Santa Cruz con Cochabamba— Mikenny, una empresa subcontratada por la compañía asiática, fue demandada por “incumplimiento de normas laborales y de seguridad industrial” en 2022. De hecho, entre 2015 y 2019, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) registró 153 denuncias a Sinohydro por temas laborales en Bolivia —la empresa con más denuncias entre las 17 compañías chinas activas en el país durante el periodo— y seis “proyectos conflictivos”, o que han causado conflictos ambientales y laborales.
El proyecto El Sillar fue entregado e inaugurado en noviembre de 2023, pero posteriormente recibió quejas de la ABC después de que la prensa registrara socavones y derrumbes en al menos diez tramos de la carretera, lo que llevó a la autoridad a exigir garantías a Sinohydro sobre las obras de reparación. Estas obras siguen en curso, y se encuentran cerca del lugar donde fue golpeado el jaguar.
Dialogue Earth intentó comunicarse con autoridades y representantes de Sinohydro, sin éxito. En una revisión hemerográfica exhaustiva, se evidenció que la firma emite comunicados de prensa por temas sociales, pero rara vez concede entrevistas. En una de las pocas disponibles, el director de la filial en Bolivia en 2016 trató de defender a la empresa en medio de los retrasos en varios de sus proyectos. En diciembre de 2023, un gerente concedió otra en la que afirmaba el compromiso de la empresa de realizar obras de reparación en el proyecto El Sillar.
Sinohydro tiene políticas de desarrollo sostenible, pero son muy poco conocidas fuera de ChinaMarco Gandarillas, Latinoamérica Sustentable
Tanto la actual senadora Cecilia Requena, del opositor partido Comunidad Ciudadana, como el entonces diputado Monasterio dijeron que, en sus atribuciones fiscalizadoras, pidieron informes a diferentes ministerios por las denuncias ambientales contra la firma china.
En el caso de Requena, a raíz del caso del jaguar desmembrado, en junio pasado pidió mayores datos al Ministerio de Gobierno sobre la intervención de la Policía en el caso, al Ministerio de Ambiente para conocer las licencias ambientales concedidas a Sinohydro, y al Ministerio de Obras Públicas sobre la afectación a fauna silvestre, entre otros. Al cierre del presente reporte, todavía esperaba las respuestas.
“Sinohydro tiene políticas de desarrollo sostenible, pero son muy poco conocidas fuera de China. De hecho, China también tiene mecanismos de diálogo abiertos y efectivos para facilitar el intercambio de información sobre temas de interés común, como los medioambientales. Nosotros hemos hecho la única compilación en español de ello, pero no ha habido ninguna respuesta a las comunicaciones”, lamenta Gandarillas de Latinoamérica Sustentable.
Tras la revisión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en 2023, en cuyo marco las ONG latinoamericanas presentaron su informe sobre las inversiones chinas en la región, el gobierno chino emitió una respuesta en la que declaraba su intención de estudiar las conclusiones y “cumplir sus obligaciones en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos”. Afirmó que “continuará entablando un diálogo constructivo y cooperando con todas las partes”.
