De un lado a otro, unos monos tití (Saimiri sciureus) saltan por encima de las victorias regias, unas plantas acuáticas que parecen platos gigantes flotando en las orillas del río Marañón, al noroeste de la Amazonía peruana. Ema Tapullima, de 63 años, los mira pasar entre los árboles mientras recolecta agua a la entrada del Paraíso Natural Iwirati.
“Se acercan a nosotros porque aquí nadie les amenaza ni maltrata”, dice la lideresa kukama-kukamiria de la comunidad nativa de Puerto Prado. Ella es una de las guardianas de esta Área de Conservación Privada (ACP) Paraíso Natural Iwirati, de 100 hectáreas que resguarda la comunidad de forma voluntaria.
En su lengua, Iwirati significa árboles y es, entre imponentes cedros y shiringas, que Tapullima ha hecho posible un paraíso frente a la devastación que está empujando a toda la Amazonía a un punto sin retorno y la inminente extinción de sus especies.
Ella es una de tantas mujeres que están en la primera línea de defensa contra la tala y minería ilegal, tráfico de vida silvestre y otros delitos ambientales. Algunas ejercen el liderazgo de las iniciativas voluntarias de conservación, mientras que otras hacen un trabajo invisible y soportan el peso de la desigualdad.
La línea perdida
“No sabemos nada de conservación”, dijo Tapullima cuando en su comunidad empezaron a pensar en la creación de un Área de Conservación Privada (ACP), un reconocimiento del gobierno que permite a personas y empresas cuidar su territorio y ser parte del sistema de áreas naturales protegidas de Perú.
Fue así que, en 2014, el Paraíso Natural Iwirati se convirtió en la primera ACP que el Estado reconoció en una comunidad nativa. Desde entonces, las familias de Puerto Prado han hecho que la vida permanezca pese a las amenazas de madereros ilegales y cazadores furtivos.
En la actualidad existen 139 ACP que conservan más de 394.777 hectáreas en Perú, de las cuales al menos el 78% son bosques amazónicos. A estas se suman otras iniciativas voluntarias, como las 168 concesiones para conservación y ecoturismo otorgadas a la ciudadanía en tierras de dominio público hasta por 40 años renovables.
“Somos comunidades, familias, asociaciones productoras y gente de a pie en esta franja de conservación que nadie mira y, por tanto, no es valorada ni incentivada”, asegura Karina Pinasco, bióloga que ha liderado Amazonía que late, una red compuesta por 180 de estas iniciativas voluntarias que conservan más de dos millones de hectáreas en el país, lo cual ahorra al Estado 11 millones de soles (3 millones de dólares) cada año.
“Resguardamos territorios que queremos trascender a las siguientes generaciones, pero estamos prestas a mayores amenazas al ser invisibles”, agrega quien, además, es fundadora del ACP Pucunucho, un bosque que fue degradado por cultivos ilícitos de coca y que restauró junto a su madre.
Resguardamos territorios que queremos trascender a las siguientes generaciones, pero estamos prestas a mayores amenazas al ser invisiblesKarina Pinasco, Amazonía que late
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha advertido que estas iniciativas voluntarias, como las ACP y concesiones, lideradas por privados están “en riesgo de convertirse en uno de los ‘niños perdidos’ de la comunidad de áreas protegidas del mundo” al no ser respaldadas ni apoyadas plenamente por los gobiernos.
En Perú, pocas veces los datos están desagregados por género en temas de conservación, ni siquiera para dar cuenta de quién es titular de las iniciativas ni mucho menos de la fuerza laboral.
Para Eliana Rojas, experta en género y relaciones indígenas, este vacío “invisibiliza su manejo diferenciado y cómo aportan a la conservación”. “Están completamente invisibilizadas también en los mecanismos de protección para defensores ambientales”, agrega.
El análisis realizado por Diálogo Chino de los datos del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) reveló que sólo el 11% de las ACP en Perú están bajo la tutela de una mujer, frente al 29% de los hombres. La cifra es mucho menor en las concesiones en terrenos públicos, donde sólo el 6,5% están encabezadas por mujeres.
¿Qué significa ser teniente gobernadora?
Es un cargo no remunerado que representa a los gobiernos nacional y local en zonas remotas. Incluye funciones como supervisar la prestación de servicios públicos e informar a la administración del distrito sobre acontecimientos sociales, políticos y económicos de las comunidades.
“Hasta ahora soy un ejemplo para otras comunidades porque aquí no ponen peros”, relata Tapullima quien en 2008 fue la primera mujer teniente gobernadora, algo que contrasta con el hecho de que apenas el 4% de las comunidades indígenas amazónicas tienen como jefa a una mujer, según el último censo nacional.
Las que se abren camino
Diversos observadores han destacado el papel positivo que pueden desempeñar las mujeres en la conservación de la naturaleza debido a los conocimientos adquiridos en responsabilidades que, muchas veces, han dependido de ellas, como la producción de alimentos, el cuidado de semillas y la gestión del hogar, entre otras.
“Las pruebas demuestran que la participación y el liderazgo de las mujeres en la gestión de los recursos naturales y de la tierra conducen a una mejor gobernanza y a mejores resultados medioambientales”, dice una investigación realizada por WWF, CARE y EnGen Collaborative, un grupo de expertos centrado en la intersección entre género y medioambiente.
Sin embargo, según las organizaciones, suele pasarse por alto en las estrategias de conservación. Como resultado, las mujeres enfrentan barreras para participar, influir y beneficiarse de la conservación.
“Tenemos la convicción de que la conservación viene de los saberes ancestrales que ellas manejan”, afirma Mirko Ruiz, coordinador de género de Conservación Internacional, una declaración de la que se hicieron eco los líderes indígenas de la Amazonía peruana.
“Somos quienes estamos más en contacto con la naturaleza, aunque ellos aparezcan más”, señala Teresita Antazú, lideresa yanesa y responsable del Programa Mujer de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización vocera de los pueblos indígenas amazónicos. “Los dirigentes hablan de lo que afecta a las comunidades, pero casi nunca dicen que la mujer es quien siempre debe arreglárselas”.
Para Antazú, uno de los pasos decisivos se dio en 2018, con la creación de la Agenda de las Mujeres Indígenas de Aidesep que busca paridad y equidad en la toma de decisiones. Este es un eco feminista del mismo movimiento indígena de la Amazonía, en especial de Brasil, explica la experta Eliana Rojas. “Aunque Perú está más rezagado, está dándose mayor visibilización a las defensoras que dan la primera voz de alarma en los territorios”.
Amenazas en el camino
Perú es el tercer país de Sudamérica más peligroso para defensores ambientales. Según Global Witness, en esa violencia las mujeres enfrentan un doble desafío: la lucha por proteger el territorio y la defensa de su derecho a manifestarse.
“Mi voz no es escuchada”, repite Tatiana Espinosa, ingeniera forestal de 45 años que defiende árboles milenarios al borde de la extinción. Lo dice por las decenas de veces que ha intentado hablar con madereros que rodean —y hasta invaden— la concesión para la conservación que lidera con sus hermanas en Madre de Dios, región convulsionada por la minería ilegal al sur del país.
“Cuando me acercaba sola para detener las máquinas me decían de todo y ahí me di cuenta de que basta que haya un hombre a mi lado para que yo exista”, relata Espinosa que recibe constantemente amenazas por enfrentarse a ilegales y proteger este bosque de 916 hectáreas.
Pero no son solo los madereros. En su lucha, ha sido objetivo de burlas y ataques de otros ingenieros del sector maderero. “Me quieren ridiculizar diciendo que me la paso abrazando los árboles, que soy anti desarrollo y si acaso con mi sonrisa voy a ganar algo”, afirma quien, en 2018, fue condecorada con el Jane Goodall Hope and Inspiration Ranger Award. “Esas cosas no se las dicen a un hombre”.
Para Leyda Rimarachín del ACP Bosque Berlín es usual escuchar ese tipo de frases. “Cuando hablaba de conservación me decían que estoy loca”, asegura la bióloga que protege su bosque de 59 hectáreas, donde viven monos choros de cola amarilla (Lagothrix flavicauda), en peligro crítico de extinción.
Según un estudio de la UICN, este tipo de calificativos socavan la credibilidad de las defensoras ambientales y llegan a desalentar a otras. “Me decían que para qué estudié, si iba a volver al monte para hacer nada”, recuerda Rimarachín quien ahora es vicegobernadora en la región Amazonas.
La última resistencia
Perú es uno de los países que no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, el primer tratado que protege a defensores ambientales en Latinoamérica y el Caribe. “Es como si las autoridades no estuvieran interesadas en atender esta ola de violencia”, sostiene Eliana Rojas.
Por el contrario, está en marcha un grupo de proyectos de ley que debilitaría el marco normativo ambiental, tal como han alertado distintas autoridades y organizaciones. “Detrás hay intereses económicos muy fuertes”, explica la bióloga Karina Pinasco.
En ese desamparo, Tatiana Espinosa no se rinde en su lucha por proteger la Amazonía y evitar que arrasen los últimos shihuahuacos. “Nos sentimos solas. Estamos poniendo en riesgo nuestras vidas con tal de defender este ecosistema. Ahora no solo debemos conservar, sino estar preparadas para una defensa total”.
Esta historia fue producida con el apoyo de Earth Journalism Network (EJN).
