En las últimas semanas, representantes de los pueblos indígenas en Ecuador vienen negociando con el gobierno de Guillermo Lasso medidas que logren una efectiva protección de la Amazonía. Sin embargo, mientras se dilatan las conversaciones, muchos puntos del país siguen sufriendo las consecuencias. Uno de ellos es el Napo, impactado por una constante actividad minera que no descansa.
El río Napo es un afluente del Amazonas. Es el río más caudaloso de la Amazonía de Ecuador, con una longitud total de 1075 km, que fluye a través de la densa selva del este del país antes de entrar en el vecino Perú. Ante la falta de carreteras, es el eje principal para el transporte, comunicación e intercambio comercial con los centros poblados. En esta región se asientan comunidades ancestrales kichwas, defensores de la provincia de Napo, que concentra el 70% de las áreas protegidas del país.
En la última década, la minería se ha extendido en este rincón del mundo. La superficie dedicada a esta actividad en la provincia creció 210 veces en 24 años. En 1996 eran 2,6 hectáreas. En 2020 el total de territorio explotado era de 556,8 hectáreas, señala un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). La mayor parte está dedicada a la extracción de oro y materiales pétreos. Además, se calcula que hay casi 300 concesiones mineras en la provincia.
En la mayoría de los casos, aquellas actividades mineras son artesanales y semimecanizadas, asegura el activista medioambiental José Moreno, en entrevista con Diálogo Chino. “Tienen un elevado impacto ambiental, no contemplan medidas de control e incumplen regulaciones”, afirma Moreno, también presidente del colectivo Napo Vive, cuyas actividades se registran en su página de Facebook.
Metales pesados en los ríos
Las muestras analizadas de las aguas de los ríos de la zona confirman que los metales pesados como cobre, hierro, plomo, aluminio y manganeso exceden los límites permitidos para la preservación de la vida acuática y silvestre. “La ausencia de macroinvertebrados acuáticos en 35% de los puntos es una alerta del grado de contaminación de estos ríos”, señala un informe de la Universidad Amazónica Ikiam.
Otra de sus conclusiones establece que “cerca del 90% de las muestras analizadas demostraron toxicidad, lo que indica contaminación crónica en los sitios evaluados”.
“Un río es como una arteria y, en este caso, lo que está ocurriendo es como si estuviéramos cortando una arteria que irriga una inmensa zona. Se está afectando todo el río, no solo el tramo donde se hacen los trabajos”, denuncia Jorge Celi, científico y profesor de Ecología y Ciencias de la Tierra en la Universidad Regional de la Amazonía Ikiam, en entrevista con Diálogo Chino. 
Su testimonio sobre la devastación que ocurre en las orillas del río Yutzupino y que empieza en el río Jatunyacu, provocada por la minería ilegal, es clave. El Yutzupino es un riachuelo que entra al Napo justo un poco antes de la población de Puerto Napo, cerca de Tena. Un poco más arriba está la unión del Yanzu y el Jatunyaku. Ahí se unen y forman el Napo.
“La gente siempre ha extraído oro de estos sitios. El Yutzupino ya estaba afectado porque han sacado mucho material de forma antitécnica y con químicos altamente contaminantes que se van al agua. Este riachuelo, que tenía pozas, ya está completamente plano y lleno de sedimentos. El agua de tanto sedimento y suspensión está muy roja. Esos sedimentos finos, como están oxidados, también acumulan otros metales”, explica el científico.
Como se ha mencionado en diversos estudios, en las operaciones de extracción se usan metales pesados, como el mercurio. Y la exposición del ser humano a este material puede generar daños en el sistema nervioso, el sistema inmunitario, el aparato digestivo, los pulmones y los riñones, así como explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Actividad minera que no se detiene
Según Celi, las actividades se han intensificado por el alza en el precio del oro. “Hay compradores que vienen hasta el río mismo. Antes estaba a 35 dólares el gramo y ahora les están pagando 43”, sentencia.
Las evidencias de la contaminación son alarmantes, al punto que el Gobierno anunció a inicios del 2022 que prohibirá temporalmente toda explotación minera en la provinpcia de Napo. Sin embargo, los mineros han interpuesto acciones judiciales para recuperar la maquinaria pesada y volver a explotar el área.
El 14 de febrero de 2022, el entonces Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, anunció que se suspenderán todas las actividades mineras en Yutzupino, cantón Tena, “con el fin de proteger al ambiente y a las comunidades de la zona. El Gobierno Nacional está comprometido con una minería legal y responsable que genere recursos y oportunidades para los ecuatorianos, en absoluta concordancia con las leyes y la normativa vigente”.
Pero los anuncios del gobierno no se han cumplido. Organizaciones y dirigentes ambientales, consultados por Diálogo Chino, confirman que la actividad minera artesanal no solo continúa, sino que ha incrementado.
Lo que está pasando aquí es una burla para los más de 160 mil habitantes de la provincia de Napo, los más afectados por la contaminación
“Hemos recorrido las riberas del río o sus afluentes este segundo semestre de 2022. Las actividades de minería persisten, incluso en la madrugada. Están devorando nuestra selva. Las mafias no tienen compasión y el gobierno no tiene el control”, confirma a Diálogo Chino desde Tena, Kambac Alvarado, líder kichwa y activista ambiental.
Desde el 13 de febrero de 2022, cuando iniciaron los operativos contra la minería ilegal en Yutzupino, se han decomisado 124 retroexcavadoras, tres camiones, 90 motobombas, 79 motores de succión de agua, 4.000 galones de combustible, 7 envases con sustancias químicas y 12 motores, asegura el Ministerio de Gobierno.
Sin embargo, ello no parece suficiente. “Lo que está pasando aquí es una burla para los más de 160 mil habitantes de la provincia de Napo, los más afectados por la contaminación. Jueces corruptos, permiten que vuelvan a las faenas de desangre de la naturaleza con medidas judiciales que no tienen sentido”, reclama José Moreno, presidente del colectivo Napo Vive.
Esta situación ha obligado al gobierno a plantear en la consulta popular -que se realizará en 2023- una pregunta sobre la urgencia de crear un subsistema de protección hídrica, que forme parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bajo control estatal. Según el presidente Guillermo Lasso, el objetivo es proteger el líquido vital.
El acceso al agua y la limitación de las extracciones también fue un tema que se debatió en las mesas de diálogo con los movimientos indígenas, entre julio y septiembre.
Frente a todo este caos, el pasado jueves 6 de octubre de 2022 cientos de personas marcharon por las calles de la capital de Napo, Tena, para exigir al gobierno acciones concretas para frenar la minería ilegal. La marcha fue organizada por varias ONG, entre ellas Napo Vive, Napo Resiste y el Movimiento por la Liberación de los Pueblos indígenas y negros.
El vocero de esta última, Leonardo Cerda, un kichwa amazónico, enumera a Diálogo Chino las exigencias de la población: “que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica presenten los informes para que la provincia de Napo sea declarada en emergencia ambiental; que los Ministerios de Ambiente, Energía y la Agencia de Regulación de Energía y Recursos Naturales no Renovables cumplan la sentencia que exige suspender toda actividad minera; y que la Secretaría Técnica de la Amazonía realice una intervención integral en las comunidades afectadas por las actividades de extracción”.
Según el Ministerio de Ambiente y Agua, hasta 700.000 metros cuadrados se han destruido en esa zona de la provincia de Napo, específicamente en la comuna Yutzupino.
Fauna impactada por la minería
“La deforestación está altamente relacionada con la actividad minera, que se inicia con la remoción de bosque nativo, y que puede llevar a la remoción de individuos de especies raras, poco comunes o aún no conocidas para la ciencia en la cuenca Amazónica. Este proceso es una de las principales causas de la extinción de especies”, describe el estudio de la Universidad Ikiam.
Por tal motivo, la Unidad de Protección del Ambiente de la Policía Nacional también investiga el impacto de los trabajos mineros y hace operativos en la zona, que incluye rescate de fauna silvestre afectada por maquinarias mineras. Su director, el subteniente Jorge Andrade, afirma que existe lo que expertos denominan “un conflicto gente-fauna”.
“Los daños en Yutzupino han hecho que especies silvestres se desplacen de su hábitat natural para buscar alimentos cada vez más cerca de áreas pobladas. En este caso, por ejemplo, la boa constrictor puede estar comiendo gallinas o animales que sean del tamaño deseado por este ejemplar”, explica el oficial policial a Diálogo Chino.
Frente a todos estos problemas, Celi reclama que se declare en emergencia la zona y se apliquen paralelamente soluciones integrales para que los habitantes respeten la naturaleza y tengan trabajos dignos que les permitan salir de la pobreza.
“Se ve a muchísimas personas haciendo lo que pareciera ser lo último que harán en su vida. Lo hacen voraz y desesperadamente. Miles trabajando a escondidas en la oscuridad de la noche. Esto se tiene que terminar y el Gobierno debe volver los ojos a la sagrada selva”, sentenció Celi.
