Durante esta semana, del 6 al 8 de julio, se está desarrollando en Leticia, Colombia, la reunión denominada Camino a la Cumbre Amazónica 2023. La cumbre reunió a delegados de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, junto con el presidente del país anfitrión, Gustavo Petro, y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dos de los jefes de Estado que más interés están mostrando en proteger estos bosques tropicales, considerados la selva más grande del planeta, y donde viven más de un millón de indígenas.
La reunión de Colombia, que reúne a representantes de gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil, espera concluir con una serie de propuestas y compromisos al 2025 y 2030, que se tendrían que firmar en la Cumbre Amazónica de Presidentes que se llevará a cabo en la ciudad brasileña de Bélem de Pará durante los primeros días de agosto.
Entre las cuestiones que probablemente ocuparán un lugar destacado en la agenda del evento figura el bienestar de los aproximadamente 400 pueblos indígenas que viven en la Amazonía y que se enfrentan a continuas amenazas a sus tierras y modos de vida, en gran parte relacionadas con intereses económicos externos que pretenden explotar los recursos naturales.
“Esta podría ser nuestra última oportunidad para revertir la destrucción del Amazonas, y requerimos acciones ambiciosas, coordinadas y a gran escala a lo largo de los países de la región”, dijo hace unas semanas Juan Bello, Director Regional y Representante para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Para mostrar el panorama actual, reunimos algunos sucesos que resumen la vulnerabilidad de los pueblos amazónicos, quienes están exigiendo que los tomen en cuenta en la reunión en Belém de Pará.
Perú: leyes que protejan
En todos los países amazónicos existen marcos legales que promueven la protección del medioambiente, de los bosques y por ende de las poblaciones. A pesar de ello, “sufrimos persecución, nos denuncian, y pretenden promover normas que promoverían en genocidio de los pueblos indígenas en aislamiento”, dijo Julio Cusurichi, dirigente indígena de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a los pueblos indígenas en Perú, y que exige el cumplimiento de las leyes y normas que protegen a sus poblaciones.
Un ejemplo de ello, fue la tensión que vivieron los representantes indígenas durante los últimos días de junio en Perú. En el Congreso de este país se debatió el Proyecto de Ley 3518, que pretendía quitar funciones al Ministerio de Cultura ―que protege a las poblaciones indígenas― y entregárselas a los gobiernos regionales que buscan promover actividades económicas y construcción de infraestructura en reservas indígenas y en territorio protegido para los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). Luego de muchos pedidos para evitar esta ley, incluidos los de la activista Greta Thunberg y el actor de Hulk, Mark Ruffalo, la misma fue archivada, pero las organizaciones indígenas aseguran que las presiones no se detendrán.
Colombia: víctimas de violencia
2022 fue el año donde más violencia se registró contra las comunidades indígenas en Colombia. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se reportaron 453.018 víctimas de confinamiento (vinculado a conflictos armados en curso), desplazamiento, afectaciones a territorios, amenazas y muertes. A estas cifras, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), añade que en ese mismo año 42 líderes indígenas fueron asesinados.
A pesar de estos números y los discursos pro Amazonía de Gustavo Petro, la situación se sigue agravando en este año. En las últimas semanas, cinco mil indígenas awá han sido desplazados de sus territorios al suroeste de Colombia debido a la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agrupación que se disolvió formalmente tras un acuerdo de paz en 2017. En medio de esta violenta situación, las poblaciones indígenas son de las más afectadas: 19% de las víctimas del conflicto armado son indígenas.
Ecuador: lucha por hidrocarburos
El próximo 20 de agosto se llevará a cabo la consulta popular en Ecuador para decidir si se continúa con la explotación de las reservas de petróleo del Parque Nacional Yasuní o se paralizan. Este es el área natural protegida más grande de Ecuador y a su vez uno de los lugares con mayor biodiversidad en el planeta.
Este tema ha sido durante mucho tiempo motivo de controversia y conflicto en Ecuador. Representantes indígenas denuncian que las empresas petroleras están dividiendo a las comunidades que se ven impactadas por los trabajos en el Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini), que representa el 11% de la producción nacional.
Hasta el momento se sabe que dos de las siete comunidades están a favor. “Nos ha dado desarrollo, salud y educación”, dijo a la agencia EFE hace unas semanas Lauro Papa, representante de la comunidad Boca Tiputini, que junto con la comunidad de Kawymeno quieren que la actividad se mantenga.
Por otro lado, Juan Bay, presidente de la Nación Waorani y a favor de la paralización de la actividad petrolera, se mostró preocupado por “la mala costumbre de la industria petrolera al dividir (a las comunidades). Llamamos a la unidad de los pueblos”, sostuvo, reafirmando que “el Yasuní es un estandarte de la biodiversidad amazónica y tierra de pueblos en aislamiento voluntario”.
Bolivia: contaminación alarmante
Un reciente estudio en Bolivia ha demostrado que existe población indígena contaminadas por mercurio debido a la minería de oro en la Amazonía de La Paz. La investigación, organizada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y desarrollada por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), analizó a 302 personas de las etnias Esse Ejjas, T´simanes, Tacanas, Mosetenes, Lecos y Uchupiamonas, impactadas por la actividad minera. Al 74,5% de las personas les detectaron cantidades de mercurio encima de lo aceptable.
“Urge tomar medidas sanitarias que ayuden a controlar estos efectos”, declaró el líder del CPILAP, Gonzalo Oliver, que además pidió ayuda para revertir esta situación y exigió al gobierno “luchar contra la minería ilegal y destructiva”.
A esto se suma otro estudio recién publicado en la revista Environmental Research: Health, que destacó que las poblaciones indígenas amazónicas tienen el doble de probabilidad de morir de forma prematura a causa de los incendios forestales que en otras zonas de Sudamérica. Según los investigadores, las partículas del humo generadas por estos eventos son responsables de dos muertes prematuras por cada 100.000 personas al año en Sudamérica. Cifra que se duplica en las comunidades indígenas.
Brasil: infraestructura polémica
En Brasil, los pueblos indígenas están preocupados por la posible construcción del Ferrogrão, un proyecto de ferrocarril que transportaría principalmente granos de soja y maíz, uniendo a Mato Grosso con el puerto de Miritituba, cruzando por el estado de Pará. Estos mil kilómetros cruzarán territorios indígenas y además impactará en el Parque Nacional Jamanxim.
Es considerado uno de los proyectos antiambientalistas de Lula, que meses atrás dijo que “vamos a demostrar una vez más que es posible generar riqueza sin destruir el medioambiente”.
También conocido como EF-170, viene siendo impulsado hace muchos años y por distintos gobiernos. En 2016 se propuso durante el gobierno de Dilma Rousseff, pero no salió adelante. Jair Bolsonaro tampoco pudo avanzar con ello. Y ahora el gobierno de Lula, que busca apoyar al sector agrario, también está intentando hacerlo realidad.
“Mi impresión es que la Corte Suprema aprobará el avance de este proyecto, pero, aunque este se destrabe dentro del gobierno, enfrentará temas complejos”, dijo Luis Baldez, presidente de la asociación de transporte de carga ANUT, que además confirmó que este proyecto ha dividido a sectores dentro del gobierno por el impacto que ocasionaría en la Amazonía y su población.
Para Márcio Astrini, del Observatorio del Clima, Ferrogrão “es una contradicción porque sucede en un gobierno que dice tener una agenda ambiental diferente, que pretende ser líder en esta materia”.
