Sentado a pocos metros del Parque Solar Girasol, la central fotovoltaica más grande de República Dominicana y el Caribe, Carlos Suazo se queja de que después de la instalación de la majestuosa infraestructura se ha incrementado el calor.
Al igual que Suazo, varios residentes en Yaguate, una localidad de la provincia San Cristóbal, al sudoeste del país caribeño, afirman que “el caliente se ha multiplicado” debido a la presencia de esos 268,200 paneles solares que quedan casi enfrente de sus casas.
Esta es una de las nueve plantas fotovoltaicas que hasta el momento operan en República Dominicana, donde se vive un “boom” en el desarrollo de proyectos de energía solar y eólica para cumplir con la meta nacional de que para 2025 las fuentes renovables representen el 25% de la generación de electricidad.
A la fecha, República Dominicana cuenta con 10 parques eólicos y nueve plantas solares en operación, además de una planta de biomasa. En septiembre de 2023, estas fuentes de energía sumaban 1.109 megavatios y representaban el 19% de la capacidad instalada total, posicionando al país como líder en energías renovables en el Caribe.
Asimismo, la Comisión Nacional de Energía (CNE) informó en abril que se encontraban en construcción 18 plantas solares y dos parques eólicos que entrarán en operación en 2025. Se espera que con la participación de estas dos fuentes en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SENI) se llegue al 25% esperado.
Sin embargo, muchos proyectos en base a fuentes renovables, que en los últimos cinco años han ganado un importante espacio en el sistema eléctrico nacional, se han desarrollado sin tomar en cuenta su posible impacto en las poblaciones, territorios destinados para la producción agrícola o áreas protegidas.
“Hasta ahora los proyectos de energía solar y eólica han sido ubicados en función de altas tasas de radiación solar y altas tasas de carga de viento, pero sin tomar en cuenta aspectos fundamentales de ordenamiento territorial, de impacto ambiental y de expansión urbana o agrícola”, sustenta el ingeniero geólogo, miembro de la Academia de Ciencias de República Dominicana, Osiris de León.
En 2022 se promulgó en el país la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos (Ley No. 368-22), instrumento que permitiría una evaluación exhaustiva de los impactos potenciales de estos proyectos sobre las personas, las tierras agrícolas o las áreas protegidas, pero aún no se ha publicado su reglamento de aplicación.
Hasta el momento, según la Ley No. 5707 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y de sus Regímenes Especiales los proyectos solamente deben presentar estudios técnicos y económicos que deben ser evaluados por la CNE, institución encargada de trazar la política del Estado dominicano en el sector energía, y la Superintendencia de Electricidad (SIE), que es el ente regulador del subsector eléctrico dominicano.
El director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) de República Dominicana, Erick Dorrejo, dice que ya se está trabajando en el nuevo reglamento y que él mismo podría establecer parámetros más específicos respecto a la ubicación de estas obras.
“Los instrumentos previstos en la ley pueden contribuir en establecer la localización idónea de estos proyectos y a su vez los espacios de separación de otros usos identificados en el territorio”, explica el funcionario.
Sin embargo, para el biólogo ambientalista, también miembro de la Academia de Ciencias de República Dominicana, Luis Carvajal, el problema no es la falta de una ley de ordenamiento territorial, sino que en muchos casos los estudios ambientales que los avalan no son lo suficientemente rigurosos.
“Muchísimos estudios ambientales carecen de rigidez. Los términos de referencia son insuficientes o el nivel de revisión que hace el Ministerio (de Medio Ambiente y Recursos Naturales) no es adecuado”, considera el experto.
Efectos en el clima
Los residentes en Yaguate no tienen una explicación científica para el cambio de clima que dicen notar en su comunidad. No obstante, en la península de Yucatán en México, donde los proyectos renovables han sido recibidos con frustración por parte de las comunidades locales anteriormente, los expertos respaldan sus quejas.
Expertos de Articulación Yucatán, una organización que advierte sobre el auge de parques eólicos y fotovoltaicos y su posible impacto en zonas de gran riqueza ecológica y cultural en esta región de México, consideran que es posible que las plantas solares sí generen un aumento en las temperaturas.
“Los sistemas fotovoltaicos requieren remover la vegetación de grandes superficies y por lo tanto implican el desmonte o la deforestación de cientos de hectáreas”, exponen mediante una declaración conjunta Jazmín Sánchez Arceo (ingeniera ambiental), Ivet Reyes Maturano (antropóloga) y Rodrigo T. Patiño Díaz (fisicoquímico).
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la sombra que proporciona la vegetación contribuye a disminuir la pérdida de humedad en el suelo y evita los bruscos cambios de temperatura.
Ante estos planteamientos, la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. (EGE Haina), propietaria del Parque Solar Girasol, argumenta que los paneles solares no emiten ningún tipo de irradiación que pudiera provocar incremento de las temperaturas en la zona, lo que atribuye al aumento del calor en el planeta.
“Junio y julio de 2023 han sido los meses más calurosos en todo el mundo que ha registrado la historia de la humanidad, este dato es fácilmente comprobable y se relaciona al calentamiento global y los efectos del cambio climático, no a las energías renovables que constituyen una respuesta a esta situación”, alega la directora senior de Comunicaciones y Sostenibilidad de la compañía, Ginny Taulé.
Efectivamente, este año investigadores de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) reportaron que julio de 2023 fue el mes más caluroso que se ha registrado en la Tierra.
Impacto en el territorio
Comunitarios de Yaguate también se quejan de que el Parque Solar Girasol, que inició sus operaciones en el 2021 y tiene una capacidad 120 megavatios (MW), se instaló en un terreno que era destinado a la producción de caña de azúcar y que, aunque no era de su propiedad, podían utilizar para criar animales y transitar hacia otras localidades.
“Antes uno andaba por ahí como si nada, pero ya no se puede pasar. Para entrar hay que pedir un permiso. Si usted se pega de la verja a los dos minutos viene la seguridad a preguntar qué está haciendo ahí”, dice Bolívar Rodríguez, un habitante de la comunidad. El parque abarca un área de 3,150,000 m2 y la tierra era propiedad de la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A, (CAEI), según consta en la resolución 055-2020-RCD (Recomendación de Concesión Definitiva) de la Superintendencia de Electricidad (SIE).
Dicha resolución hace referencia a la cercanía del proyecto con el camposanto de la comunidad y aunque señala que esta es “una parte sensible” indica que la peticionaria informó que se ha guardado una franja de alrededor de 100 metros de distancia “para tener un buen margen de tolerancia”.
En este sentido, la directora senior de Comunicaciones y Sostenibilidad de la empresa concesionaria apunta que antes de construir la planta se realizaron tres visitas públicas y que no hubo oposición. Asegura que tanto las autoridades locales como los comunitarios lo valoraron positivamente.
Un parque que amenaza las tortugas
Al otro extremo del país en Mano Juan, una comunidad de Isla Saona, Pelagio Paulino, un comunitario mejor conocido como Negro, el protector de las tortugas, no logra ocultar su desencanto por los efectos de un parque solar que proporciona energía eléctrica a sus habitantes. La planta, encendida en enero de este año, tiene una capacidad de 5 MWh pero podría ampliarse “en función del desarrollo económico y social de la comunidad”, según un comunicado de la Compañía de Electricidad de Bayahíbe (CEB), propietaria del proyecto.
“Tenemos un montón de problemas en su comportamiento. Cuando las tortugas encuentran las luces se desorientan, dejan un nido aquí y se van a otro lugar. Es un comportamiento inusual”, explica.
El biólogo marino Omar Shamir corrobora el planteamiento de Paulino y sostiene que la iluminación en las playas puede afectar la anidación de esta especie.
El efecto se produce porque los neonatos se desorientan y desvían su camino al mar por seguir las señales lumínicas, explica el artículo científico Impacto de la luz artificial sobre la anidación de la tortuga marina Dermochelys coriacea (Testudines: Dermochelyidae), en playa Cipara, Venezuela, publicado en la Revista de Biología Tropical en el 2009, donde se documenta la disminución de la anidación en playas de Florida e Isla Ascensión debido a la incidencia de la luz artificial. El biólogo marino señala que Isla Saona es la principal playa de anidación de tortugas marinas. Allí anidan las tortugas carey (Eretmochelys imbricata); la verde (Chelonia mydas) y la tinglar (Dermochelys coriácea).
La tortuga carey se encuentra en peligro crítico de extinción; la verde está catalogada en peligro; y la tinglar como vulnerable, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que se define como la red ambiental más grande y diversa del mundo.
Es por esto que el presidente de la Academia de Ciencias, el ingeniero forestal, especialista en ecología tropical y gestión ambiental, Eleuterio Martínez, manifiesta su oposición tajante a este proyecto alegando que esto es una violación a la Constitución de la República y a las leyes de medio ambiente y áreas protegidas del país.
“No sabemos bajo qué norma, cuál autorización o quién tiene tanto poder para dar un permiso de esa naturaleza en Isla Saona. Lo desconocemos y eso debe llevarse hasta las últimas consecuencias. Eso hay que llevarlo al Tribunal Constitucional porque es una agresión física a un patrimonio de la República Dominicana y eso no está permitido”, plantea el académico.
Al ser consultado al respecto, el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Federico Franco, sólo indicó que esta planta fotovoltaica existía desde 2016 pero nunca funcionó. “Lo que se hizo en alianza con Consorcio Energético Punta Cana – Macao, S.A (CEPM) fue actualizar la tecnología y completar lo que le faltaba”, se limitó a decir. Ni el funcionario ni la empresa ofrecieron más detalles del acuerdo.
¿Más energía renovable en República Dominicana? Sí, pero con control
La generación de energía a partir de fuentes renovables como el sol y el viento se considera, hasta ahora, una de las mejores alternativas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y cumplir así con los objetivos climáticos.
Los especialistas consultados para este artículo coinciden en que República Dominicana debe seguir apostando por las energías renovables pero siendo más rigurosa en la evaluación de sus potenciales impactos negativos, por mínimos que sean, porque hasta ahora existen fallas estructurales respecto a la permisología ambiental, opina Luis Carvajal.
“Aquí con mucha frecuencia técnicos han sido sancionados y hasta excluidos del Ministerio (de Medio Ambiente y Recursos Naturales) por oponerse a proyectos a partir de validaciones técnicas porque hay un interés personal, político o funcionarios con poder para imponerlo. Y eso ha ocurrido históricamente”, afirma el académico. El geólogo Osiris de León plantea que la expansión de proyectos de energías renovables debe ajustarse al plan de ordenamiento territorial, al sistema nacional de áreas protegidas, y a los planes estratégicos municipales y provinciales para que no existan conflictos presentes, ni futuros relacionados con el territorio.
Los expertos de la Articulación Yucatán exponen que es necesario que los Estados establezcan leyes y reglamentaciones que regulen y vigilen de manera estricta estas actividades e identifiquen los sitios no aptos para los megaproyectos energéticos.
“Creemos que la lógica actual para emplazar este tipo de megaproyectos debe superarse, pensando en los diferentes territorios, qué tipo de recursos se tienen y qué desarrollo se quiere desde lo local”, recomiendan.
Estos añaden que también es urgente actualizar y mejorar los procesos de evaluación socioambiental y hacer públicos los estudios de impacto ambiental porque muchos de ellos carecen de estándares científicos y adolecen de conflictos de interés, porque a veces son pagados por los mismos desarrolladores.
