Tras un 2023 agitado que puso de relieve los retos medioambientales de América Latina, comenzó un nuevo año. En la región y en todo el mundo, las tensiones económicas y un panorama político cambiante seguirán planteando obstáculos a la acción y la cooperación en materia de clima y medioambiente en 2024. Pero sigue habiendo motivos para el optimismo, con oportunidades de progreso en el horizonte.
A días del comienzo de 2024, echamos un vistazo a las historias y momentos políticos clave en América Latina que darán forma a la acción medioambiental y a las relaciones de la región con China.
Un año lleno de elecciones
2024 se anuncia como el mayor año electoral de la historia, con votaciones en India, Estados Unidos, Indonesia, Sudáfrica y otros países que significarán la presencia de miles de millones de personas en las urnas.
En América Latina, las elecciones presidenciales de junio en México son el gran acontecimiento a tener en cuenta: podrían abrir la vía al progreso en materia de ambiente en un país dependiente del petróleo y considerado en general como un rezagado climático.
La energía será un tema clave en México, tras seis años de férreo control del sector por parte del saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). AMLO ha restringido la inversión privada en energías renovables y se ha centrado en la soberanía energética a través de los combustibles fósiles. La principal candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, ha pedido una mayor ambición en la transición energética del país. Pero también resulta prometedora la aparición de Claudia Sheinbaum como candidata del partido Morena de AMLO. Ex alcaldesa de Ciudad de México y científica medioambiental que ha colaborado en informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, Sheinbaum también se ha mostrado partidaria de las energías renovables. Actualmente es la favorita, pero aún no ha presentado sus propuestas energéticas, y no está claro cómo podría tomar el relevo de AMLO y sus políticas a favor de los combustibles fósiles.
En la región también se celebrarán elecciones presidenciales en El Salvador en febrero, y en Panamá y República Dominicana en mayo. Antes de la votación de Panamá, las cuestiones medioambientales ya están marcando la agenda: el pasado mes de octubre, la controvertida decisión de otorgar a una empresa canadiense la concesión de una mina de cobre desencadenó grandes protestas, que llevaron al presidente Laurentino Cortizo a convocar un referéndum sobre su futuro. En noviembre, el Tribunal Supremo declaró ilegal la renovación de la concesión y ordenó el cierre de Cobre Panamá, a pesar de que esta enorme mina genera alrededor del 5% del PIB nacional. Conscientes de la indignación de la opinión pública por este asunto -que incluye preocupaciones por el impacto medioambiental de la mina- los principales candidatos han apoyado la sentencia. Quien que gane también tendrá que vigilar las crecientes amenazas de sequía sobre el canal de Panamá.
Uruguay será el último país latinoamericano en elegir nuevo presidente este año, con la primera vuelta de las elecciones prevista para octubre. La limitación de mandatos presidenciales consecutivos en el país significa que corresponderá al sucesor de Luis Lacalle Pou abordar los problemas nacionales del agua, una cuestión especialmente preocupante en Montevideo: el año pasado, una grave sequía provocó escasez de agua potable en la capital, y las soluciones propuestas han generado polémica. El nuevo presidente también tendrá que reforzar el sólido historial de Uruguay en materia de energías limpias, superar los obstáculos para convertirse en un centro regional de hidrógeno verde y acelerar la descarbonización de su sector del transporte.
La Amazonía en una encrucijada
La selva amazónica se enfrenta a un futuro incierto, y sus habitantes a una realidad cotidiana a menudo abrumadora. A principios de 2023, en la mayor reserva indígena de Brasil, cerca de la frontera con Venezuela, se puso en marcha una ofensiva contra la minería ilegal que había causado una crisis humanitaria al pueblo yanomami. Mientras tanto, el nuevo gobierno de Lula redujo las tasas de deforestación a la mitad en su primer año, pero tuvo dificultades para hacer frente a la llegada de El Niño: entre los impactos más desafiantes estuvo una sequía histórica en la cuenca del río Amazonas, que dejó a algunas comunidades de los alrededores de la ciudad de Manaos varadas y sin agua potable.
Se prevé que El Niño persista en los primeros meses de 2024 antes de estabilizarse, pero la Amazonía se enfrenta a muchas amenazas más allá del clima extremo. En todos los países que comparten el bioma hay una creciente presencia de grupos armados transnacionales. Entre ellos se encuentran las bandas criminales brasileñas, las guerrillas y los paramilitares colombianos. En las regiones afectadas por el crimen organizado, las comunidades tradicionales se enfrentan a las presiones del avance de la minería del oro y el tráfico de drogas y armas. Un informe de 2023 reveló que Colombia y Brasil son los países más peligrosos del mundo para los activistas medioambientales; el próximo análisis anual debería ofrecer una imagen más clara de los esfuerzos de ambos países para combatir esta violencia.
En Ecuador, el nuevo gobierno de Daniel Noboa tiene la tarea de poner fin a las operaciones petroleras en el Parque Nacional Yasuní. Los ciudadanos votaron a favor de poner fin a esta extracción en uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Amazonía a través del histórico referéndum nacional de 2023. Al haber llegado al poder en unas elecciones anticipadas, Noboa sólo tiene hasta mayo de 2025 para cumplir los deseos de los votantes. El presidente, de 36 años, también debe hacer frente a otras crisis, como los constantes apagones provocados por la escasez de agua; Ecuador depende de la energía hidroeléctrica para más del 80% de su electricidad. De momento, Noboa ha anunciado una nueva reforma eléctrica.
Por un lado, hay ambiciosos planes para apoyar la bioeconomía de la Amazonía y mantener la selva en pie, pero, por otro, continúa la búsqueda de proyectos petrolíferos. Con este telón de fondo de contradicciones, la región se encamina hacia otro año decisivo.
China y América Latina en 2024
Tras un período agitado por la llegada del Covid-19, 2023 fue un año más estable para las relaciones entre China y América Latina. El regreso de Lula da Silva a la presidencia de Brasil estableció un tono más cooperativo para el compromiso junto con otros líderes de centro-izquierda de la región. No hay muchos indicios de que se vayan a producir grandes alteraciones en el próximo año, aunque el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, puede provocar cierto nerviosismo. A pesar de haber moderado ligeramente la retórica antichina de su campaña electoral, Milei ha confirmado que Argentina no se unirá a China en el bloque de economías en desarrollo BRICS. Beijing, por su parte, ha suspendido su línea de swap de divisas de 6.500 millones de dólares con el país hasta que se aclaren las relaciones.
La agricultura, la minería y la energía seguirán siendo fundamentales en las relaciones comerciales y de inversión entre China y América Latina en 2024, al tiempo que podrían abrirse nuevas vías de cooperación en torno a la conservación.
Estaremos atentos a cómo afecta la vacilante economía nacional china a los canales de inversión en el extranjero vinculados al Estado, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Sin embargo, las industrias apodadas las “tres nuevas” (células solares, baterías de litio y vehículos eléctricos) han demostrado ser resistentes y serán el motor de las exportaciones chinas en 2023. Los tres nuevos serán áreas clave de cooperación en América Latina, en particular las inversiones en litio: dada la importancia del metal para las transiciones energéticas mundiales, es probable que China y otros inversores internacionales se centren en las empresas de litio en Argentina, Bolivia y Chile. En cuanto a los vehículos eléctricos, el año pasado se produjo una oleada de nuevas inversiones de fabricantes de automóviles chinos en Brasil y México. Es probable que esta tendencia continúe en 2024, ya que estos países se consideran trampolines hacia los mercados regional y estadounidense.
En la COP28 celebrada en Dubái entre noviembre y diciembre, 19 países de América Latina y el Caribe se sumaron al acuerdo para triplicar la capacidad mundial de energías renovables para 2030. Este año se empezará a ver cómo lo traducen en hechos, y China tendrá sin duda un papel que desempeñar. China no firmó el compromiso (aunque los analistas lo han calificado como un objetivo “conservador” para el país), pero es un importante proveedor de tecnologías de energías renovables, incluido el 80% de la producción mundial de paneles solares. China será un socio esencial en los esfuerzos de América Latina por acelerar, y posiblemente financiar, su transición energética.
Recientemente se ha anunciado que Colombia será el país anfitrión de la próxima cumbre de la ONU sobre biodiversidad, la COP16, que se celebrará a finales de octubre. China presidió la COP15 en 2022 y recibió con satisfacción la presidencia de Colombia, por lo que pueden abrirse oportunidades de cooperación para impulsar iniciativas de conservación en toda América Latina. Los participantes tratarán de avanzar en la aplicación del histórico Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, establecido en la COP15.
¿Qué rol tendrá el ambiente en Argentina?
La sorpresiva victoria del candidato de extrema derecha Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina en noviembre abrió un escenario de incertidumbre para el sector ambiental. Durante la campaña, Milei había expresado un rotundo negacionismo del cambio climático con argumentos variados como “ser otra mentira del socialismo”, además de sugerir que las empresas podrían contaminar los ríos.
Al asumir el gobierno en diciembre, Milei sorprendió al enviar una representante a la COP28 de cambio climático en Dubái, Marcia Levaggi, nombrada como la nueva Secretaria de Política Exterior. Levaggi aseguró que Argentina seguirá siendo parte del Acuerdo de Paris y cumplirá con sus compromisos climáticos. “Milei es un libertario y cree en el mercado. Y el mercado pide medidas para abordar el cambio climático”, sostuvo.
Sin embargo, mientras se desarrollaba la COP28, Milei también redujo la relevancia del área ambiental en el gobierno nacional, que pasó de ser un ministerio a una subsecretaría, algo que había anticipado durante la campaña. El área es la principal autoridad de aplicación de leyes como la Ley de Bosques y Ley de Glaciares y garantiza los procesos de participación pública para la autorización de proyectos productivos.
Para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la disminución del rango “acotará notablemente las posibilidades de establecer diálogos y políticas que involucren a diversas áreas del gobierno”. Sin embargo, resalta que individuos y organizaciones continuarán trabajando para defender el derecho a gozar de un ambiente sano y que las actividades productivas no comprometan las necesidades de las futuras generaciones.
Por otro lado, el Ministerio de Seguridad anunció nuevas medidas en contra de las protestas sociales, lo que puede llegar a afectar la presencia del activismo ambiental argentino en las calles.
¿Será justa la transición energética?
En un hecho histórico para las conferencias de la ONU sobre el clima, la COP28 concluyó con el acuerdo de todas las partes de dejar atrás los combustibles fósiles de forma “justa, ordenada y equitativa”. El texto pide a los países que tripliquen la capacidad mundial de energía renovable y dupliquen la tasa anual de mejora de la eficiencia energética para 2030. (Menos alentadora fue la alusión al gas natural en el texto, que lo respalda como “combustible de transición”).
En esta misma reunión, los líderes indígenas exigieron se les tenga en cuenta en este proceso, para evitar los mismos conflictos socio ambientales que despertaron los combustibles fósiles y que empiezan a generar las energías renovables. Durante 2024 seguiremos informando periódicamente sobre las intervenciones de estos grupos y su participación en dichos proyectos.
El norte de Colombia ha sido señalado por el gobierno nacional como el “epicentro” de la transición energética del país, pero la llegada de las plantas eólicas a esta zona ha causado trastornos al pueblo wayúu y ha aumentado las tensiones entre las comunidades. Por otro lado, comunidades en Ecuador denuncian que los malos manejos de una hidroeléctrica han generado las más grandes inundaciones de su historia. En pleno boom del litio, cierta población altoandina en Bolivia se resiste a la explotación del mineral.
“Esta transición justa debe reconocer a la madre naturaleza como sujeto de derecho, así como a las vidas que habitan en nuestros territorios. Al hablar de energía renovable, creemos que nuestros pueblos deben ser consultados y se debe obtener su consentimiento”, dijo Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) en Dubái.
En este contexto, un momento clave en 2024 será la COP3 de Escazú que se realizará en Santiago de Chile en abril. En la tercera reunión de las partes del histórico Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca garantizar la representación y protección de los defensores del medioambiente, la transición energética justa debe ser una de las principales prioridades de los delegados.
