Salimos temprano de Uribia, un municipio al norte de Colombia que limita con Venezuela. Es parte de La Guajira, un territorio agreste cubierto por un bosque seco que es moldeado por los vientos más intensos del país y por altas temperaturas que durante todo el año bordean los 30 grados centígrados.
Viajé con Ismenia Iguarán, ambientalista y líder indígena wayuu. Vamos al encuentro de otros líderes que han empezado a alzar su voz en contra de los proyectos eólicos que se han comenzado a levantar en la zona.
Iguarán está preocupada. No solo por los conflictos sociales que se han generado con la llegada de estos proyectos en La Guajira, sino también por los altos índices de pobreza, los mayores del país con 67,4%, y la alarmante desnutrición que está afectando principalmente a los niños.
En todo el camino casi desértico, personas bloquean las vías con cuerdas para controlar el paso de los visitantes. Son tantos los controles que parecen parte del paisaje. Iguarán habla con ellos en wayuunaiki, la lengua oficial de más de 287 mil indígenas de esa parte de Colombia para que nos dejen seguir. No todas las visitas son bienvenidas.
La tensión ha aumentado en La Guajira luego de los anuncios del gobierno del presidente Gustavo Petro de convertir al departamento en el “epicentro” de la transición energética del país.
En la actualidad, hay 16 parques eólicos activos o en construcción en toda La Guajira, y hay más de 60 proyectos previstos o propuestos para construirse antes de 2030. Pero hasta ahora, la llegada de muchas de estas instalaciones ha generado tensiones sociales, sobre todo entre las comunidades wayuu de los alrededores, con acusaciones de desplazamientos, desacuerdos, extorsiones e incluso violencia.
Un silencio inicial
Luego de dos horas soportando el intenso calor y pasando por los controles, llegamos a la zona donde está establecido el parque eólico Guajira 1, construido por Isagén, una empresa privada de generación de energía, y operado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Son las diez de la mañana y el conductor nos advierte que hay que volver temprano. “Por la tarde, la vía no es segura para los arijuna (así como los wayuu llaman a los forasteros)”, afirmando que llegan asaltantes armados.
Al llegar, nos reunimos con uno de los líderes que prefirió mantener su nombre en reserva. Él nos confirma que recibió una compensación por parte de Isagén, ya que Guajira 1 pasa por su terreno. A pesar de haber aceptado inicialmente realizar la entrevista, se niega a hacerlo por temor a represalias de sus vecinos.
En el patio trasero de la casa vecina, un aerogenerador de más de 100 metros de altura mueve sus hélices. La dueña nos mira con desconfianza y después de hablar con Iguarán en wayuunaiki, tampoco quiso ser entrevistada.
Nuestra presencia pone en alerta a las personas. Al rato llegaron dos camionetas con varios wayuu. Nos autorizan a hacer fotografías por un tiempo más, pero señalan que “nadie va a hablar”.
Proyectos fracturados
El potencial eólico de la Guajira ha sido aprovechado desde hace 20 años, cuando se construyó Jepirachi, el primer proyecto de la región a cargo de la empresa EPM. Y en la actualidad, el Gobierno de Gustavo Petro, ha empezado a promover la transición energética, con un foco especial en esta zona y acelerar estos proyectos de energías limpias.
Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, ha estado varias veces en la región tratando de cumplir con ese objetivo. En una de sus visitas, dijo que La Guajira podría convertirse en “la capital mundial de las energías verdes”. Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) tiene un potencial cercano a los 15.000 MW de energía.
Martha Isabel Cobo, investigadora del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y decana de ingeniería de la Universidad de La Sabana en Bogotá, explica que actualmente la participación solar y eólica en la matriz energética colombiana es solo del 0,76% y el 0,10%, con 184 MW y 39,5 MW, respectivamente.
La necesidad de avanzar hacia la transición energética es urgente y agrega que “en los próximos años, se espera un crecimiento en la capacidad instalada tanto de tecnologías solares como eólicas. Para 2027, se espera instalar 16.650 MW en solar y 5.795 MW en eólicas”.
Pero los proyectos no avanzan al ritmo esperado. Los vacíos en los procesos de concertación entre empresas y comunidades han generado graves conflictos. Algunas organizaciones han denunciado que los parques eólicos presentan “una nueva modalidad de extractivismo” que podría reproducir los males de la industria de los combustibles fósiles, creando disputas por la tierra.
Un funcionario del Ministerio del Interior, que pide mantener su nombre en reserva, explica que hay retrasos alarmantes en los proyectos eólicos en La Guajira. Según él, deberían estar en un estado de desarrollo cercano al 80%, pero la mayoría no llega ni al 30%.
En todo el departamento, los parques eólicos han generado problemas en las comunidades cercanas. En algunos casos, los desacuerdos han desembocado en la ruptura de relaciones y la violencia entre las comunidades indígenas.
El funcionario considera que es necesario encontrar una solución a través del diálogo para la implementación de proyectos, no solo para mejorar la matriz energética, sino también para los beneficios que estos proyectos pueden traer a las comunidades wayuu. Destacó una medida propuesta en el nuevo plan nacional de desarrollo que supondría un aumento de la contribución financiera que las empresas de energías renovables deben hacer a las comunidades cercanas: del nivel actual del 1% de las ventas brutas de energía, al 6%, una perspectiva polémica en la industria energética.
El funcionario dijo, sin embargo, que hasta ahora no se había establecido un proceso institucional para las consultas sobre los proyectos eólicos en La Guajira. Se han denunciado múltiples casos de supuestas negociaciones inadecuadas con los líderes wayuu de las zonas afectadas. “Podríamos decir que se hizo una consulta inválida, con vicios, y muchas veces se realizó fuera del territorio [pertinente] por algún interés, como para acelerar el proceso”, agregó.
A pesar de estas aparentes fallas en los procesos previos, a finales del año pasado, ante más de 500 inversionistas, la Ministra Vélez ofreció incentivos para concretar proyectos energéticos, y dijo que era “el momento oportuno para invertir en Colombia”, afirmando que el país está implementando un modelo de transición energética “justo”.
Resistencia wayuu
El líder wayuu José Silva nos recibe en su territorio, una hora al sur de Uribia. Silva lleva años documentando los conflictos causados por los proyectos extractivistas en La Guajira, por lo que creó la ONG Nación Wayuu. Nos confirma que las tensiones y conflictos son cada vez más álgidos.
“Hoy en día, en diferentes territorios, mujeres han sido asesinadas, niños, familias enteras han sido desplazadas”, dijo, alegando que la llegada de los proyectos de energía eólica y las empresas han impulsado estos acontecimientos.
Ismenia Iguarán, por su parte, habló de conflictos surgidos por desacuerdos sobre compensaciones y beneficios de las empresas energéticas a las comunidades afectadas por nuevos proyectos. “El dinero que viene de los proyectos eólicos nos está empezando a dividir”, dijo.
Un ejemplo de lo que sucede en la zona es lo que le sucedió a Leiji Hana González, mujer de 32 años y madre de dos hijas. Se acaba de instalar en Riohacha, la capital de La Guajira, una ciudad paradisíaca, a orillas del Caribe. A pesar de la belleza del lugar, ella se siente “en una prisión”.
A inicios de este año, vecinos armados llegaron a su casa donde su familia vivía hace 40 años. Les dispararon y mataron a una de sus tías. Después de enterrarla ese mismo día, tuvieron que escapar en medio de la noche, prácticamente con lo que llevaban puesto.
Según González, los vecinos recibieron dinero como compensación por un proyecto del parque eólico Windpeshi que va a realizar Enel Colombia, la filial local de la multinacional energética italiana. Alega que miembros de otro clan wayuu adquirieron armas y trataron de intimidar a su familia para que abandonara sus tierras, con el fin de exigir una mayor indemnización a la empresa. Afirma que los perpetradores hicieron esto una vez que su familia abandonara el territorio tras el asesinato de su tía.
“Esta comunidad (que prefiere no nombrar por temor a represalias) comenzó a comprar armas, incluso tiraron dos granadas en mi casa. Anteriormente, los wayuu no tenían el dinero para comprar armas, ahora sí”, describe.
Algunos wayuu, entre ellos González, han acusado a Enel, la empresa que está detrás de Windpeshi y de otros cinco proyectos de energía renovable en Colombia, de avivar la violencia y forzar los desplazamientos, acusaciones que la empresa ha negado.
Tras varios años de disputas y controversias en torno al parque Windpeshi, Enel Colombia anunció el 24 de mayo que suspenderá indefinidamente la construcción del proyecto. En un comunicado, la empresa destacó que, en los últimos tres años, las obras se habían paralizado en el emplazamiento aproximadamente el 50% del tiempo, debido a protestas e interrupciones.
Eugenio Calderón, gerente para Colombia y Centroamérica de Enel Green Power, dijo que la suspensión “nos duele como empresa, pero también como ciudadanos comprometidos con la transición energética”, y que la decisión se había tomado después de que “rigurosos análisis y estudios de viabilidad” concluyeran que sería imposible que las obras siguieran adelante. Calderón añadió que Enel “seguirá dialogando con las comunidades y las partes interesadas para abordar las implicaciones de esta decisión.”
¿Soluciones posibles?
El presidente de Nación Wayuu, José Silva, argumenta que muchos de estos impactos pueden ser reducidos con un acompañamiento adecuado y una consulta previa bien realizada. Pone como ejemplo una comunidad de la Alta Guajira, en el norte del departamento, que negoció de manera exitosa con la empresa colombiana de energía Celsia, y acordó un pago de 800 millones de pesos (USD 177.000) por la instalación de cuatro aerogeneradores.
Dice que esta “negociación tuvo un acompañamiento serio y consultas previas en todas las etapas”, lo que finalmente permitió a la comunidad tener recursos para la construcción de su acueducto, mejorar la educación y brindar becas para jóvenes.
Ismenia Iguarán tiene otra posición. A pesar de ser consciente de las necesidades de desarrollo del territorio, afirma que no debe aprobarse cualquier cosa que amenace la madre tierra.
“No podemos seguir siendo invadidos de manera tan violenta. Nos están manipulando y están poniendo en riesgo nuestra cultura”, sentencia.
