Energía

Argentina apuesta al gas natural a pesar de sus compromisos climáticos

El gobierno de Alberto Fernández quiere expandir significativamente la red de gasoductos de Argentina en respuesta a un marcado crecimiento de la producción de gas natural en Vaca Muerta
<p>La producción continúa en los campos de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, Argentina. El presidente Fernández quiere expandir la red de oleoductos del país, pero los analistas dudan de su viabilidad. (Imagen: Nick World Photo / Alamy)</p>

La producción continúa en los campos de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, Argentina. El presidente Fernández quiere expandir la red de oleoductos del país, pero los analistas dudan de su viabilidad. (Imagen: Nick World Photo / Alamy)

A pesar de sus metas de reducción de emisiones, Argentina redobla la apuesta por la producción de hidrocarburos. Además de incrementar los subsidios a los combustibles fósiles, el gobierno avanza hacia la ampliación de un sistema de gasoductos para transportar el gas proveniente de los yacimientos no convencionales.

“Podemos convertirnos en un exportador de energía. Tenemos los recursos porque Vaca Muerta es la segunda reserva de gas del mundo, un combustible clave en el marco de la transición energética”, señaló el presidente, Alberto Fernández, en la última apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

En cambio, organizaciones ambientalistas aseguran que dichos planes son incompatibles con los compromisos en materia de reducción de las emisiones y que el dinero destinado para los combustibles fósiles podría ser utilizado para financiar la transición energética, impulsando las energías renovables.

Vaca Muerta, en el centro

Vaca Muerta es la principal formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina. Ocupa una superficie de 36 mil km2 y coloca al país como el cuarto a nivel global en reservas de petróleo no convencional y segundo en el gas no convencional, según las estimaciones de la Agencia de Energía de Estados Unidos.

Las principales concesiones de gas y petróleo están en manos de la empresa estatal YPF, y Pan American Energy y ExxonMobil de Estados Unidos.

Según datos de la Secretaría de Energía, el gas natural representa el 55% de la energía primaria de la Argentina. En 2019, el 37% del gas se destinó a alimentar las centrales térmicas para generar electricidad, el 30% se dirigió a la industria, el 23% a consumo residencial y el resto para la demanda de GNC y del sector comercial.

Entre 2010 y 2014, la producción de gas retrocedió por la falta de incentivos tarifarios en el marco de un declino de los pozos convencionales. De allí en más se verificó una paulatina recuperación que se explica por el avance de Vaca Muerta, que ya representa la mitad de la producción gasífera del país.

La producción de gas avanza actualmente gracias a subsidios del gobierno nacional, entre ellos el Plan Gas 2020-2024, el cual fija un precio por barril más allá de las variaciones internacionales. Recientemente, el Gobierno presentó un proyecto de ley que extiende por 20 años los beneficios del Plan Gas.

55%


de la energía primaria en Argentina es a base de gas natural

El secretario de Energía, Darío Martínez, planteó que sin el apoyo al sector, este año la producción de gas hubiera caído un 8% y las importaciones se hubiesen incrementado en US$1150 millones.

Nuevos gasoductos en Argentina

Argentina tiene privatizado el sistema de transporte de gas natural: el servicio es prestado por dos empresas, Transportadora Gas del Norte (TGN), con una red de 6.806 kilómetros de gasoductos, y Transportadora Gas del Sur (TGS), con 9.231 kilómetros.

En 2019, el gobierno del ex presidente Mauricio Macri dio los primeros pasos para licitar la construcción de un nuevo gasoducto que conecte Vaca Muerta con los centros de consumo. La crisis económica postergó el proceso y la nueva administración anuló el llamado.

El gobierno de Fernández estimó conveniente priorizar en un primer lugar la repotenciación del actual gasoducto Centro-Oeste junto a la construcción de un nuevo tramo entre La Mora (en Mendoza) y Tío Pujio (en Córdoba). El costo total hubiera sido de unos US$900 millones pero con la ventaja de que era una obra que se podía ir licitando por partes.

Sin embargo, cambiaron los planes y se retomó la propuesta de 2019 del nuevo gasoducto, que cuesta US$ 1200 millones. Inicialmente permitiría ampliar la capacidad en 19 millones metros cúbicos por día (m3/d), con un potencial de alcanzar los 40 millones con agregados de potencia.

“El nuevo gasoducto abriría la posibilidad de sustituir importaciones e incluso de exportación mediante contratos con Brasil, que enfrenta un escenario energético delicado y necesita robustecer su sistema eléctrico que se basa mayormente en la energía hidroeléctrica”, explica Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad.

Asimismo, la ampliación del sistema incrementa el abastecimiento de gas hacia el polo petroquímico de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y ofrece una alternativa ante la reducción de las exportaciones de gas natural desde Bolivia a Argentina: en 2020 envió 14 millones de m3/d, y en 2021 se estima no más de 12 millones.

Según cálculos del gobierno, las gasoductos permitirían en invierno ahorrar unos US$1000 millones de dólares al año por menores importaciones. Con exportaciones de gas natural reducidas desde Argentina por el momento, el gasoducto reduciría sensiblemente su utilización en verano.

Avanzar con la explotación de Vaca Muerta va en contra de los compromisos asumidos en materia climática

Para las petroleras y firmas de servicios que invierten en Vaca Muerta, el gasoducto es clave porque elimina el “riesgo logístico”. Se calcula que en invierno hay comprometidos al menos 82 millones de m3 diarios desde la cuenca neuquina, en relación a una capacidad total que asciende a unos 90 millones de m3/d.

“Se ha incrementado mucho la producción de gas y no hay capacidad de transporte”, resumió Pablo González, presidente de YPF.

Financiamiento para el gas

El monto total de las obras de gasoductos que comenzarían en 2022 es de US$1300 millones. En la Secretaría de Energía detallan que hay US$125 millones de dólares de la reasignación de partidas 2020 y que se quiere sumar unos US$550 millones de dólares en concepto de lo recaudado por el impuesto a las Grandes Fortunas.

Aun así, falta casi la mitad del dinero para las obras y sin el financiamiento completo, aseguran en el Gobierno, la licitación no se abre. El complemento podría ser la confección de un fideicomiso financiero compuesto por las propias petroleras.

Otra opción que se baraja es conseguir el financiamiento de China. El Gobierno firmó un Memorándum de Entendimiento con un consorcio de empresas chinas, encabezado por Power China para la construcción del gasoducto. La propuesta técnica y financiera está encaminada pero resta el acuerdo político entre los presidentes Alberto Fernández y Xi Jinping.

Los tiempos de la inversión de China parecen ser más lentos que las necesidades del Gobierno. Además, dicha opción suele venir con condicionamientos en cuanto a la provisión de equipamiento por parte de China, lo cual podría traer conflictos con la industria nacional.

A contramano

Argentina sigue apostando por los combustibles fósiles a pesar de que la Agencia Internacional de Energía (IEA) calcula que para que la economía mundial llegue a 2050 con emisiones netas iguales a cero no debe haber más inversión en hidrocarburos.

“Avanzar con la explotación de Vaca Muerta va en contra de los compromisos asumidos en materia climática”, indica María Marta Di Paola, directora de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Un estudio de FARN advierte que en 2019 los subsidios a las petroleras incrementaron las emisiones de gases de efecto invernadero por cerca de 26 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que representa un 7% del total de las emisiones de Argentina.

Argentina se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 19% hacia 2030 en comparación con el máximo del 2007, de acuerdo a su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, en inglés) presentada ante el Acuerdo de París. El país define allí que usará el gas natural como combustible de transición.

Comunidades indígenas que residen en Vaca Muerta iniciaron una acción de amparo contra el gobierno de Neuquén, advirtiendo que se sienten temblores constantes y que ha habido personas que ya han perdido sus hogares. Además, existe un riesgo de derrame de sustancias peligrosas en las napas y en los ríos de la zona.

El gobierno invierte en activos varados; son obras de infraestructura que no van a llegar a amortizar a causa de la velocidad que está adoptando la transición energética

Laura Forni, investigadora del Stockholm Environment Institute, explica que las aguas residuales de la producción de gas se inyectan bajo tierra o se almacenan en estanques en la superficie.

“Tanto los fluidos de inyección como el agua que naturalmente existe en las formaciones de shale contienen carcinógenos y otros contaminantes. Por ende, el agua producida después de la extracción presenta riesgos para la salud y el medio ambiente”, agrega.

¿Infraestructura o activo varado?

Para Julián Rojo, analista en energía del Instituto Mosconi, no hay estudios de factibilidad en términos económicos, ambientales ni financieros que justifiquen el nuevo gasoducto.“No se sabe cuánto se va a expandir la demanda, ni tampoco el horizonte de exportación”, agregó.

Marcos Rebasa, analista del Instituto de Energía Scalabrini Ortíz, plantea que expandir la producción de gas en Vaca Muerta implica consolidar un precio más caro, porque se realiza en detrimento de otras cuencas convencionales, cuyo costo de producción es menor pero están actualmente relegadas en prioridad.

Además, la rapidez que requiere el cambio en el modelo de producción de energía para evitar los pronósticos más desalentadores en materia climática supone riesgos financieros asociados a activos varados, es decir, recursos naturales y capital físico que no se aprovechan plenamente.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el sector de combustibles fósiles es el más afectado por esta situación, que también tendrá impacto en el transporte, puertos, edificios y minería.

Los países con grandes reservas de hidrocarburos, como Argentina, tienen un costo de oportunidad mayor y corren más riesgos de enfrentarse a activos varados. Un reciente informe de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) sugiere que Argentina sólo expanda su infraestructura de gas natural si la misma puede luego ser adecuada para ser operada con hidrógeno verde para así evitar activos varados.

“El gobierno invierte en activos varados”, advierte María Marta di Paola de FARN. “Son obras de infraestructura que no van a llegar a amortizar a causa de la velocidad que está adoptando la transición energética”.