Las represas de la Patagonia argentina están vinculadas a otros préstamos

El proyecto de construcción de dos represas en el río Santa Cruz, en la Patagonia argentina, se presenta en un momento de crisis energética en el país donde la necesidad de generación a precios asequibles es una prioridad. Pero ¿cuál es la preocupación en torno a estas represas? La información oficial existente da cuenta de que el complejo Kirchner-Cepernic no se encuentra situado en el mejor orden de mérito (ni económico ni ambiental), habiendo al menos una decena de proyectos que cuentan con mejor calificación y perspectiva de viabilidad económica, social, energética y ambiental. Tras dos procesos licitatorios fallidos (2007 y 2012), modificación de la ley provincial de aguas para permitir a los capitales privados la explotación de energía hidráulica, una adjudicación dejada sin efecto (2011), entre otros hitos de interés. Finalmente, la obra fue adjudicada en 2013 (en el tercer proceso licitatorio) al consorcio Represas Patagonia SA conformado por China Gezhouba Group Company Limited, Electroingeniería e Hidrocuyo S.A. luego de un proceso de licitatorio caracterizada por la falta de transparencia. Un dato que no debe soslayarse es que en mayo de 2015 el Grupo del Banco Mundial anunció la inhabilitación a Gezhouba y sus subsidiarias por un período de 18 meses debido a la mala conducta de estas entidades en tres proyectos financiados por el Banco en China vinculados a la conservación del agua, recuperación tras terremotos y gestión de inundaciones. A ello se le suma, en junio de 2016, la cancelación de una obra adjudicada para el transporte de agua potable en Argentina dada la sobredimensión de la obra y la ausencia de estudios técnicos previos. El financiamiento de la obra por USD 4.714.350.000 será por parte de tres instituciones financieras chinas: el China Development Bank Corporation (CDB), el Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) y el Bank of China Limited. El préstamo tiene una tasa líbor + un 3,8% adicional a 15 años, con un período de gracia que coincide con el plazo de ejecución de la obra (5 años y medio), lo que indica que el crédito comenzaría a cancelarse con la obra ya en funcionamiento. Se estima que el 76% del crédito será enviado al país en concepto de certificados de obras, mientras que el resto permanecerá en cuentas chinas que actúan como agentes de pago de los proveedores de maquinarias y otros bienes de capital. El acuerdo de financiamiento y las obligaciones extra contractuales que se deriven estarán regidos por la legislación inglesa, en caso de controversias futuras. Este complejo hidroeléctrico afectará el curso del último río glaciario (Río Santa Cruz) que corre libre desde la Cordillera de los Andes hacia el Mar Argentino impactando no sólo a la fauna y flora que interactúan con él sino también al Parque Nacional Monte León y al Parque Nacional Perito Moreno, afectando los Glaciares Upsala y Perito Moreno, la tercera porción de reserva de agua dulce del mundo después del Polo Norte y la Antártida, además de haber sido considerados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta situación en manifiesta oposición a las Leyes de Protección de Glaciares (26.639) y de Parques Nacionales (22.351). Si bien la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se realizó, su procedimiento adoleció de serios defectos que impiden realizar un análisis completo e integral de los impactos del proyecto Kirchner-Cepernic que resulta fundamental en el otorgamiento de la licencia ambiental para operar, incumpliendo con los requisitos mínimos que establece la Ley General del Ambiente. Esta situación resultó en dos acciones judiciales presentadas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual ordenó al actual gobierno a la presentación de informes sobre los contenidos de la cuestionada EIA y las consecuencias ambientales del proyecto. Pero, ¿qué hay más allá de las represas? Es la pregunta que surge tras la firme convicción de realizar una obra de infraestructura, que será la tercera presa hidroeléctrica del país, teniendo tantos cuestionamientos sobre su sustentabilidad, ya que por ejemplo en cuanto a su calificación económica las represas Kirchner y Cepernic se ubican en el orden 23 y 25 de prioridad, respectivamente, entre 30 proyectos analizados. Desde 2012 Argentina ha fortalecido lazos políticos y económicos con China. Este año se firma una Declaración Conjunta lo que dio puntapié inicial para enmarcar acuerdos vinculados a temas energéticos, de transporte y agropecuario. En este contexto, se iniciaron las negociaciones por el financiamiento para el Ferrocarril Belgrano Cargas, entre otros. En 2014, se produce otro hito en la relación sino-argentina se elevó la relación bilateral a la categoría “Asociación Estratégica Integral”. Ello se dio en un contexto económico particular, en donde el conflicto con los holdouts internacionales,  tornaron sumamente dificultosa la posibilidad de acceder a créditos, generando una fuerte presión sobre las reservas del Banco Central, que colocó al país en riesgo de default. En el marco de 18 acuerdos firmados, se incluyó un swap financiero lo que permitió fortalecer el nivel de reservas. La estrecha relación bilateral se manifiesta, durante los primeros meses del 2015, con la firma de nuevos acuerdos, además del contrato de  inicio de obra de las represas con dos desembolsos millonarios, sin haber siquiera concluido el procedimiento de EIA. Ante una posible cancelación de proyecto, anunciada a principio del 2016 con la llegada de un nuevo gobierno a nuestro país, el CDB envió una carta al Ministerio de Hacienda con copia a Gezhouba en referencia al préstamo otorgado por US$ 4.714 millones, y recordando el vínculo entre este y con  el acuerdo por el Ferrocarril Belgrano Cargas por US$ 2.099 millones. La carta remarca puntos sobresalientes de los acuerdos financieros. Uno de ellos es el cross-default entre convenios firmados con China, es decir, una cláusula de incumplimiento cruzado. Esto implica que al cancelar un proyecto, podrían cancelarse otros proyectos con financiamiento de ese origen. Por tanto, si el proyecto de las represas cae en cesación de pagos, caería en incumplimiento el financiamiento del ferrocarril, poniendo en peligro fondos por US$ 6.813 millones para nuestro país. Por tanto, la realización de la obra lejos queda de un análisis de factibilidad del proyecto, sino de la dependencia en la recepción de fondos para otras obras de infraestructura.