La Amazonía es el sistema forestal y fluvial más grande del mundo y un proveedor de servicios ecosistémicos que tiene beneficios a escala global. Sin embargo, diversas actividades económicas, tanto legales como ilegales, impulsan la pérdida de grandes áreas de bosque. En 2020, la Amazonía perdió unos 2,3 millones de hectáreas de bosque en los nueve países de la cuenca.
Estas presiones han intensificado los efectos del cambio climático, y con ello la vulnerabilidad social y económica de las poblaciones, principalmente rurales e indígenas. Esta vulnerabilidad puede ser especialmente aguda en países como Brasil, Colombia y Perú, que se encuentran entre los más peligrosos para los defensores del medio ambiente.
Equilibrar los conflictos de la degradación del medio ambiente, el desarrollo y el crecimiento económico ha sido durante mucho tiempo un reto para las naciones de América Latina y el Caribe, que se enfrentan a importantes carencias de infraestructuras y a auténticas necesidades de inversión. En este contexto, 19 países de la región se han sumado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China, que propone la integración económica, comercial, social y cultural, principalmente a través del desarrollo de proyectos de transporte y energía.
Sin embargo, desde su puesta en marcha en 2013, el desarrollo de las normas aplicables a la BRI no ha seguido hasta ahora el ritmo de las inversiones, algo que las nuevas directrices publicadas conjuntamente este año por dos ministerios chinos tratan de solucionar. Pero dichas directrices, sostenemos, deberían ir más allá para reconocer el carácter específico de la Amazonía, su entorno y sus comunidades.
Directrices de desarrollo ecológico
En julio de este año, el Ministerio de Comercio chino (MOFCOM) y el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente publicaron conjuntamente las “Directrices de desarrollo verde para la inversión y la cooperación en el extranjero”, en el marco de la BRI. Enumera tres objetivos principales: prevención de la contaminación, mitigación del cambio climático y conservación de la biodiversidad. Estas directrices son voluntarias.
Las directrices animan a las empresas chinas a mitigar los riesgos de impacto ambiental en sus inversiones en el extranjero, y les insta a no depender únicamente de las normas del país anfitrión. También les anima a alinearse con acuerdos internacionales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre otros.
Las directrices de desarrollo verde reconocen la importancia de aplicar herramientas como las evaluaciones ambientales estratégicas (EAE), así como de medir los gases de efecto invernadero. Otra recomendación es la de incorporar mecanismos de gestión de quejas relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales para mejorar la rendición de cuentas.
Adaptación a la Amazonía
Las características únicas de la Amazonía y las lecciones aprendidas de la ejecución de proyectos de infraestructuras y energía en la región -muchos de ellos por empresas chinas- hacen que deban tenerse en cuenta en las directrices sobre proyectos en el extranjero.
Por ejemplo, es esencial incorporar una dimensión social para que los proyectos contribuyan al desarrollo local y eviten los conflictos, que son frecuentes en la región. Ejemplos de proyectos sociales exitosos implementados conjuntamente por las comunidades locales y los inversores internacionales son: el Banco Interamericano de Desarrollo y el programa de monitoreo ambiental comunitario (PMAC-BU) para el proyecto de gas de Camisea en la región del Bajo Urubamba en Perú; y, también en Perú, la colaboración del Banco Mundial con el Foro Indígena de Abya Yala en las Directrices de Buenas Prácticas en Educación, Salud, Recursos Naturales y Desarrollo Productivo.
Teniendo en cuenta estas consideraciones y experiencias, hacemos las siguientes recomendaciones para la aplicación de las directrices en la región amazónica.
– La aprobación de proyectos, al menos los de alta complejidad en cuanto a sus potenciales impactos sociales y ambientales, debe estar vinculada a la existencia de una EAE. Es en contextos con fuertes presiones sobre el uso de los recursos naturales y focos de pobreza donde las EAE cobran especial importancia, según la OCDE.
– Las directrices de desarrollo ecológico deben basarse en las normas internacionales de evaluación del impacto ambiental (EIA). Como se ha reconocido en las evaluaciones encargadas por la Corporación Financiera Internacional, la rama de préstamos privados del Banco Mundial, el enfoque de las EIA en América Latina y el Caribe tiende a ser más reactivo y carece de aportaciones de las poblaciones que viven en las zonas afectadas por los proyectos. Por lo tanto, las directrices deberían exigir que las EIA se basen en las normas del Banco Mundial, la CFI u otras normas internacionales.
– Las carreteras de la Amazonía -tanto las nuevas como las obras de mejora- deben clasificarse como “rojas”, según un sistema de semáforo de clasificación del riesgo de los proyectos propuesto por los asesores del gobierno chino. Las infraestructuras viarias generan principalmente impactos indirectos y acumulativos en la Amazonía, que pueden extenderse más de 50 km desde el trazado de la carretera.
Las infraestructuras viarias generan principalmente impactos indirectos y acumulativos en la Amazonía, que pueden extenderse más de 50 km desde el trazado de la carretera.
– Las directrices de desarrollo verde deberían adherirse a los principios y objetivos del Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo internacional que creó un marco de protección para los defensores del medio ambiente. Debería incluir directrices sobre la divulgación y el acceso a la información medioambiental y la participación, con relevancia cultural.
– La aprobación de proyectos debe estar vinculada a la aplicación del derecho a la consulta previa, estableciendo un mecanismo de diálogo intercultural donde las poblaciones y la sociedad civil puedan vigilar el cumplimiento de los acuerdos de consulta. Organizaciones como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Río Amazonas (COICA) ya cuentan con protocolos de consulta previa.
Las recomendaciones expuestas podrían servir como punto de partida para que las organizaciones amazónicas realicen más aportaciones en ámbitos como la supervisión y el seguimiento de los proyectos existentes por parte de los indígenas, y la mejora de las perspectivas de sostenibilidad ambiental y social en el desarrollo de nuevos proyectos.
