El director del mayor fondo multilateral del mundo para la acción medioambiental ha declarado que la comunidad internacional debe encontrar un “nuevo paradigma” para la financiación del clima y la biodiversidad que aumente el acceso directo de las comunidades indígenas y locales a los recursos financieros.
Carlos Manuel Rodríguez, Director General del Fondo Mundial para el Medioambiente (FMAM), hizo este llamamiento mientras los delegados de 185 países donantes se reunían en la Asamblea del FMAM en Vancouver, Canadá, junto a líderes de los sectores financiero, empresarial y de la sociedad civil.
Aumentar la financiación internacional para la protección del medioambiente es el principal objetivo de la reunión de cinco días, la séptima asamblea del FMAM, que ha proporcionado más de 23.000 millones de dólares en subvenciones a los países en desarrollo desde su puesta en marcha en 1992.
Para Rodríguez, sin embargo, no se trata sólo de conseguir más dinero. En la inauguración de la asamblea, el martes 22, dijo que los países también deben reconsiderar cómo asignan los recursos, pidiendo un aumento de la financiación directa para las personas que ya están protegiendo la naturaleza. En todo el mundo, menos del 1% de la ayuda exterior para hacer frente al cambio climático se destina directamente a las comunidades indígenas y locales, o a proyectos de apoyo a la tenencia de sus tierras y a la gestión de sus bosques. Y ello a pesar de los estudios que han demostrado el importante papel que desempeñan a la hora de impulsar una conservación y una protección del medio ambiente eficaces y equitativas.
“Reconocemos el papel que desempeñan [estas comunidades] y el FMAM quiere proporcionarles más fondos”, dijo Rodríguez.
La financiación del FMAM procede de los países donantes y se pone a disposición de los países en desarrollo a través de organismos gubernamentales, empresas e instituciones de investigación. Sólo el 1% de sus subvenciones y financiación se entrega directamente a la sociedad civil, dijo Rodríguez, una cifra que espera que alcance el 10% en 2030.
La financiación directa del Fondo proviene principalmente de su Programa de Pequeñas Donaciones, que comenzó hace más de 30 años y ha proporcionado un total de 725 millones de dólares a más de 26.000 proyectos en todo el mundo. En Ecuador, por ejemplo, el FMAM ha financiado iniciativas de conservación para comunidades indígenas y locales, así como trabajos para ayudar a desarrollar actividades económicas que utilicen la biodiversidad local de forma sostenible. Darío Mejía Montalvo,presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, afirmó en un acto paralelo celebrado en Vancouver que la financiación para la protección del medioambiente tiende a destinarse a organizaciones que pueden cumplir los requisitos legales y financieros, pero que no están familiarizadas con los territorios en los que van a trabajar. Así se corre el riesgo de que la financiación no llegue a las comunidades indígenas, añadió.
“Necesitamos que las comunidades indígenas generen sus propias capacidades para ser independientes del sistema financiero que se basa en gran medida en el individualismo, la competencia y la especulación”, afirmó Mejía Montalvo. Añadió que si no se replantea el enfoque actual de la financiación de estas comunidades, se corre el riesgo de seguir dependiendo de mecanismos “basados en las reglas del mercado” que pueden imponer un “cambio en los sistemas de valores de las comunidades indígenas”.
Un enfoque alternativo para la financiación
Se calcula que las comunidades indígenas y locales ocupan, poseen o gestionan en la actualidad al menos la mitad de la superficie terrestre del planeta, con cerca del 40% de esos paisajes protegidos o clasificados como en buen estado ecológico. Se cree que los indígenas protegen el 80% de la biodiversidad que queda en el mundo, a pesar de que sólo representan el 6% de la población mundial.
Estas comunidades son protectoras del planeta, pero se enfrentan a muchos y diversos desafíos, como brotes de enfermedades, violaciones de los derechos humanos, violencia, falta de tenencia de sus tierras y limitaciones financieras.
En la cumbre de la ONU sobre el clima COP26 de 2021, los líderes mundiales prometieron 1.700 millones de dólares para apoyar a los pueblos indígenas y las comunidades locales en la protección del medioambiente y su papel en el cumplimiento de los objetivos forestales mundiales para 2030. Pero garantizar que esta financiación llegue a estos grupos podría significar superar prácticas arraigadas en la canalización de los fondos.
Una investigación de la Rainforest Foundation Noruega descubrió que de los 2.700 millones de dólares prometidos para apoyar la tenencia y la gestión forestal de los pueblos indígenas y las comunidades locales entre 2011 y 2020, solo el 17% se destinó a proyectos realmente dirigidos por estas comunidades o sus organizaciones.
Según este estudio, más de la mitad de esta financiación se distribuyó a través de cinco organizaciones: el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La otra mitad se repartió mediante agencias de la ONU, ONG y empresas de consultoría.
Con frecuencia, este enfoque intermediario hace que la financiación no llegue realmente a las comunidades. En busca de una solución, muchas organizaciones indígenas y de comunidades locales están abordando el problema creando sus propios mecanismos de financiación. Por ejemplo, Shandia, una plataforma financiera creada por la Alianza Global de Comunidades Territoriales, espera recaudar y distribuir directamente 300 millones de dólares en la próxima década.
En América Latina, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, plataforma de derechos sobre la tierra de organizaciones indígenas de México y Centroamérica, lleva varios años desarrollando un mecanismo de financiación directa. La alianza trabaja ahora para capitalizar el fondo, con un objetivo de 50 millones de dólares en los próximos cinco años, que, según afirma, utilizará para financiar 10 grandes y 50 pequeños proyectos comunitarios que beneficiarán a unos 5 millones de personas en la región.
Actualmente los fondos pasan por muchos intermediarios y organizaciones; están muy fragmentadosMaría Pia Hernández, gestora del fondo mesoamericano de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques
“Actualmente los fondos pasan por muchos intermediarios y organizaciones; están muy fragmentados”, dijo María Pia Hernández, gestora del fondo mesoamericano, en un acto paralelo a la asamblea del FMAM. “El problema no es sólo cuánto dinero llega realmente a las comunidades, sino también que falta participación de ellas como beneficiarias finales”.
Las comunidades indígenas y locales también se enfrentan a muchas barreras dentro de sus propios países, que suelen tener requisitos y leyes complejos que restringen la financiación que les llega a través de instituciones internacionales. Además, las comunidades carecen con frecuencia de personalidad jurídica o capacidad para recibir y gestionar grandes fondos, y viven en zonas remotas de sus países donde a menudo no hay bancos.
Hernández pidió que se trabaje para reforzar las capacidades de gobernanza de las organizaciones indígenas y comunitarias, reconociendo que muchas tienen puntos débiles que les impiden administrar grandes fondos y cumplir los requisitos de los donantes. Añadió que estos grupos necesitan formación y apoyo, y que no se les deben exigir los mismos requisitos que a otras organizaciones ejecutoras.
La Asamblea del FMAM tiene lugar del 22 al 26 de agosto, y se espera que el acto principal sea el lanzamiento del Fondo Marco Mundial para la Biodiversidad, anunciado por primera vez en la cumbre sobre biodiversidad COP15 celebrada en Montreal el pasado diciembre.
Este artículo fue realizado con el apoyo de la red Earth Journalism Network de Internews.
