Lima fue sede en junio de la segunda ronda de negociación para la “optimización” del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China (TLC Perú-China), como se ha bautizado a la negociación de nuevo TLC entre ambos países. No se anunció públicamente el calendario de negociación pero vale recordar que la negociación del primer TLC en el 2008 incluyó seis rondas a lo largo de un año.
Hasta ahora, las negociaciones oficiales sobre la “optimización” del TLC China-Perú sólo mencionan temas relativos al comercio de servicios, inversiones, procedimientos, reglas de origen, propiedad intelectual, y comercio electrónico. Pero no se han analizado los graves impactos ambientales y sociales en las dos áreas de mayor actividad financiera y comercial entre ambos países, la minería y pesca.
95%
de las exportaciones de Perú a China desde el 2008 consistieron en metales, minerales y harina de pescado
En conjunto, en los últimos nueve años de existencia del TLC, estas actividades representan el 94.9% de un total de US$ 76,835 millones acumulados (83.5% corresponde a productos mineros principalmente cobre, y 11.4% a harina de pescado) de las exportaciones totales a China, según cifras oficiales peruanas.
El proyecto minero de Las Bambas y Marcona, y los datos sobre pesca china ilegal en el mar peruano demuestran la necesidad urgente de un análisis comprehensivo de los impactos de las inversiones y el comercio con China si realmente se quiere producir un TLC “optimizado”.
Según un reporte del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Medio Ambiente (CICDHA) durante los últimos dos años, en Las Bambas, proyecto operado por China Mineral and Metals Group (MMG), se han promulgado siete estados de emergencia, limitando derechos fundamentales como la libertad de tránsito y asociación, con el objetivo de prevenir que los bloqueos a la carreteras obstaculicen la salida de los minerales a los puertos de embarque.
El gobierno peruano no ha logrado diversificar las exportaciones o lograr un aumento sustancial en las exportaciones de valor agregado a China.
Según la Constitución peruana, el estado de emergencia es una medida de excepción. Sin embargo, las autoridades lo han usado regularmente para controlar a las poblaciones locales que han bloqueado carreteras como medida de presión para exigir el respeto de leyes ambientales y relativas a la consulta y compensaciones equitativas por la adquisición de tierras.
Hasta hoy, los conflictos en Las Bambas arrojan un saldo de cuatro muertos. En el caso del proyecto minero en Marcona, la empresa china Shoungang Hierros del Perú ha sido sancionada en múltiples ocasiones por infringir la legislación laboral peruana relacionada a tercerización irregular y de contratación laboral fraudulenta, discriminación salarial, incumplimiento de normas de salud y seguridad en el trabajo (incluyendo un significativo número de accidentes fatales) y despidos masivos.
En cuanto a la actividad pesquera, centenares de embarcaciones chinas han sido detectadas desde el 2014, atraídas principalmente por especies como la pota y la anchoveta. No obstante, en el 2015 y 2016, PRODUCE, entidad gubernamental encargada de la regulación de la producción de pescado, habría incautado de las embarcaciones chinas especies protegidas como el caballito de mar.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Perú Equidad, CooperAcción, y el CICDHA exhortaron en abril al Ministro de Comercio y Turismo del Perú, Edgar Vásquez, a que integre en el TLC Perú-China “medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructuras que se lleven a cabo en Perú sean plenamente compatibles con los derechos humanos y respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales”.
El gobierno peruano no logro la meta de alcanzar la diversificación de las exportaciones y un incremento sustancial de productos con valor añadido con el primer TLC con China. En cambio, se ha fortalecido el modelo primario exportador a costa de la naturaleza y los derechos de las comunidades locales.
La “optimización” del TLC Perú-China debería constituir una oportunidad para el cambio. La globalización en la era de la crisis climática requiere una nueva visión sobre el comercio y la inversión que priorice la protección ambiental y de las comunidades por encima del lucro corporativo.
Algunos pasos claves en esa dirección incluiría que las comisiones negociadoras del TLC China-Perú “optimizado” tengan apertura para lo siguiente: abrir un espacio de participación plena permanente para las organizaciones no gubernamentales en las siguientes rondas de negociación; realizar una evaluación independiente y comprehensiva sobre sobre las inversiones y comercio con China, especialmente en los sectores minero y pesquero; y (iii) incorporar capítulos específicos sobre temas ambientales y derechos humanos en el TLC “optimizado”.
