Inversiones responsables requieren participación de la sociedad civil

El líder chino Deng Xiaoping dijo en 1988 que “el siglo XXI va a ser la era de América Latina” para China, luego los líderes posteriores se encargaron de establecer los instrumentos para lograr que China se convierta en un referente económico y geopolítico fundamental para la región. Como ningún otro país, China anunció en el 2008 su política de relacionamiento para América Latina, en el 2015 acordó el Plan de Cooperación (2015-2019) durante la Cumbre de la CELAC en Beijing, y el 2016 fue declarado por Xi Jinping como el Año de Intercambio Cultural con América Latina y el Caribe, el momento más importante del intercambio entre los pueblos desde que se fundó la República Popular China en 1949. A pesar de que China declaró en la política del 2008 que “El Gobierno chino alienta el intercambio entre las organizaciones no gubernamentales…) y menciona que “La parte china está dispuesta a fortalecer el intercambio con los países latinoamericanos y caribeños en el aspecto de las leyes, disposiciones legales y políticas de protección ambiental…”, es claro que no ha habido, ni de parte de China ni de los gobiernos receptores de la inversión china, una voluntad de tratar sobre los problemas y desafíos ambientales y sociales de los proyectos con presencia china, y en hacerlo de manera participativa. En algunos casos, las contratistas chinas inclusive han fallado en cumplir las regulaciones de los países anfitriones, por ejemplo en el proyecto minero Mirador en Ecuador la empresa china Ecuacorrientes (una asociación de Tongling Nonferrous Metals con China Railway Construction Company) empezó sus actividades en el 2012 sin tener el correspondiente EIA aprobado, y a finales del 2015 comunidades locales presentaron una acción de amparo alegando el desalojo forzado e ilegal por parte de la empresa china y de agencias gubernamentales ecuatorianas. Con estos desafíos en mente, el pasado Marzo en Bogotá, se reunieron más de 35 representantes de organizaciones no gubernamentales de América Latina e internacionales para analizar los compromisos y directrices ambientales y sociales chinas que aplican a las operaciones fuera de China. Fue una sorpresa el conocer que existen más de 300 regulaciones y directrices para los bancos y empresas chinas en el exterior, y que más de 30 de ellas tienen principios y requisitos de protección ambiental y social. En el encuentro también se analizaron los acuerdos bilaterales firmados por China con Colombia, Argentina, Brasil y Bolivia, estudios de caso de inversiones chinas en los sectores de minería, hídrico, y de extracción de carbón así como también el Canal de Nicaragua y el proyecto de construcción del Tren Brasil-Perú. Este fue el primer evento de este tipo en la región y fue co-organizado por la Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina (proyecto auspiciado por American University, Washington DC), la Asociación Ambiente y Sociedad (Colombia), y el Instituto Brasilero para el Análisis Económico y Social (Brasil). Entre las regulaciones chinas más destacas se mencionó la Directiva de Crédito Verde (aplica a todas las instituciones bancarias chinas) la cual requiere que los prestatarios de los bancos chinos implementen las mejores prácticas internacionales ambientales y sociales en los proyectos que financian tales bancos. Esta Directiva fue promulgada por la Comisión de Regulación de la Banca China (CRBC). Otro tema que llamó la atención fueron los Lineamientos sobre Responsabilidad Social para la Inversión Minera China que aunque son voluntarios, aplican a las compañías miembros de la Cámara China de Comercio de Importaciones y Exportaciones de Metales, Minerales y Químicos (CCCMC por sus siglas en Inglés) en donde se agrupan las mayores empresas mineras chinas tanto estatales como privadas. En estos Lineamientos se reconoce el derecho al consentimiento libre, informado y previo de las comunidades locales, se abre la posibilidad de establecer áreas de exclusión del área del proyecto por razones ambientales, y demanda que las compañías mineras chinas (públicas y privadas) publiquen todos los pagos que se hacen a instituciones y empleados públicos del país receptor. Además, las compañías mineras chinas deben informar a la CCCMC sobre la implementación de los Lineamientos, y las instituciones financieras chinas también deben informar a la CRBC sobre la implementación de la Directiva de Crédito Verde. Es importante resaltar que ninguna asociación minera o agencia de control bancario de carácter nacional ha promulgado directrices ambientales y sociales como lo han hecho las instituciones chinas, aunque la existencia de estos principios todavía no se vea reflejada en la práctica. Pero, y si de algo sirve la experiencia con los bancos multilaterales tradicionales como el Banco Mundial y el Banco Inter Americano de Desarrollo, las directrices ambientales y sociales chinas no servirán de mucho sino van de la mano de mecanismos institucionales que aseguren la transparencia, faciliten el diálogo multi-actores y promuevan una cultura de rendición de cuentas al público. Ojalá que el 2016, declarado como el Año del Intercambio Cultural de China con América Latina y el Caribe, abra la oportunidad de un verdadero intercambio que vaya más allá de los aspectos folklóricos de la relación, y que genere oportunidades – de pueblo a pueblo – para abrir espacios para el análisis informado sobre los impactos no deseados de las inversiones chinas así como también de una búsqueda conjunta de soluciones y alternativas.