La cuestión sobre cómo los países en desarrollo pueden aprovechar la inversión extranjera responsable para satisfacer las necesidades de los ciudadanos de una manera más equitativa y ecológicamente sostenible no es sólo aplicable para América Latina, de acuerdo con Jin Jiaman, directora de la ONG china Instituto Global del Medio Ambiente (IEG). También es de gran relevancia para África y el Sudeste Asiático.
No obstante, el auge chino que sumó un total de 120 mil millones de dólares de inversión en energía e infraestructura en América Latina, durante la última década, debe ser supervisado tanto por los chinos como por los países sedes de las ONG´s con el fin asegurar el cumplimiento de los más altos estándares ambientales, dijo Jin en un evento, el miércoles, en Londres (Inglaterra), co organizado por Diálogo Chino y la London School of Economics en su Unidad Global Sur.
En el marco de un trabajo conjunto para monitorear impactos tales como la deforestación, las organizaciones de la sociedad civil pueden proporcionar información que conduzca a mejoras en la gobernabilidad del medio ambiente y que pueda ser aplicada al comercio y a la inversión china.
IEG es una de las pocas ONG´s chinas que trabajan con empresas chinas en el extranjero. Esta organización investigó sobre la tala ilegal con socios locales en Myanmar identificando las rutas de contrabando previamente desconocidas a lo largo de la frontera con China, permitiéndole a las autoridades mejorar el cumplimiento de la ley.
Sin embargo, las limitaciones financieras a las ONG´s chinas se traducen en que todavía sigue siendo un desafío poder operar en regiones tan distantes como América Latina. Esto supone una necesidad urgente de trabajar en conjunto con el fin de mejorar el entendimiento de las compañías chinas en las preocupaciones locales sobre sus operaciones en la región, dijo Jin.
Los impactos de la soja
En los primeros cinco meses de 2016, Brasil exportó 14 millones de toneladas de soja a China y se espera que esta cifra se duplique para el año 2020.
A pesar de este auge del comercio que ha convertido en ricos a los agricultores de soja en Brasil y Argentina, los efectos sobre la contaminación del suelo (a menudo por el uso excesivo de pesticidas) y sus vínculos con la deforestación, le costarán en el largo plazo una cantidad excesiva a Brasil, dijo Jin.
Impulsadas por una combinación de las preocupaciones estratégicas de la seguridad alimentaria y las oportunidades de mercado, las empresas chinas están invirtiendo en la adquisición de grandes distribuidores multinacionales de granos. Pero los enormes volúmenes de granos cultivados y comercializados y el impacto que esto tiene sobre los bosques de América Latina y en las tierras de cultivo se necesita que la industria se abastezca a través de cadenas de suministro sostenibles con normas ambientales fuertes, dijo Jin. Además, añadió que la aplicación de normas sólidas es crucial.
Proceso de aprendizaje
Como una frontera relativamente nueva para la inversión extranjera de China, América Latina presenta un entorno operativo distinto para las empresas y los inversores – en donde se recomienda el compromiso con las distintas partes interesadas sobre los impactos de un proyecto.
Las empresas chinas han comenzado a disipar la noción en la cual los conflictos pueden ser resueltos por las élites políticas locales y están volviéndose cada vez más sensibles a las realidades sociales y políticas locales. Pero como siempre, hay que señalar que muchas empresas occidentales que operan en América Latina también tienen un largo camino por recorrer para mejorar sus prácticas.
En Honduras, la constructora de represas china Sinohydro fue uno de los primeros grupos de interés en retirarse del controvertido proyecto hidroeléctrico Aguas Zarca. La compañía se retiró en 2010 como un símbolo de oposición al proyecto ante el incremento de la violencia por parte de las autoridades hondureñas. Sin embargo, no fue sino hasta después de los asesinatos de la reconocida activista Berta Cáceres y su colega Nelson García que los inversores holandeses y finlandeses decidieron retirarse.
El actual conflicto en China Minmetals (MMG), que posee la mina Las Bambas en Apurímac, Perú, recientemente se cobró la vida del agricultor Quintina Cerecedo Huisa, quien recibió un disparo por parte de la policía durante las protestas que estallaron nuevamente en torno al uso de un camino comunal para el transporte de concentrados de cobre. En el proyecto original, el uso de la carretera por parte de MMG no había estado contemplado durante la evaluación de impacto ambiental y social (ESIA).
Después de las protestas mortales del año pasado, Cerecedo representa el cuarto caso de una persona que ha muerto por oponerse al uso de la carretera por parte de la mina, pero es el primero entre los 145 conflictos mineros sin resolverse en Perú, bajo el mandato del nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski. Simboliza otro recordatorio doloroso para todas las empresas, independientemente de su nacionalidad, en la necesidad de trabajar con las comunidades locales sobre los impactos de los proyectos.
Los estudios realizados por la Universidad del Pacífico han demostrado que las empresas chinas que operan en el sector minero de Perú no necesariamente califican con un menor desempeño ambiental en comparación con sus homólogos internacionales.
La mina Toromocho, donde el nuevo propietario de la mina Chalco reubicó a una ciudad entera y consultores peruanos fueron contratados para gestionar el movimiento bajo una consulta con la comunidad local, es citado como un ejemplo positivo sobre como una empresa china nueva en la región no quiere repetir los errores del pasado.
La alianza de China con América Latina perdurará en los años que vienen. En la asociación con grupos locales de la sociedad civil, las ONG´s chinas pueden acelerar el proceso de aprendizaje que las empresas ya están experimentando en la región. Al hacerlo, también pueden promover una carrera hacia la cima en términos de normas sociales y medioambientales, dijo Jin, y pueden desempeñar un rol importante en la contribución del crecimiento social y ambientalmente responsable en la región.
