Donald Moncayo se coloca una mascarilla y guantes, e introduce la mano en un pozo negro, que se camufla entre la vegetación de la selva amazónica ecuatoriana. “Bienvenidos, así contamina el petróleo en la Amazonía” es la frase con la que Moncayo, poblador del lugar convertido en guía turístico, da inicio al “toxitour”, un recorrido que muestra las huellas que ha dejado el petróleo durante los últimos 50 años, y que sigue alertando sobre los costos de actividades extractivas mal planificadas.
Este sitio, ubicado en Shushufindi, uno de los cantones de la provincia de Sucumbíos, es el Aguarico 4, una de las 1.000 piscinas que Texaco abrió en la década de 1960 en la Amazonía ecuatoriana. Está abandonada desde 1986, pero el petróleo continúa derramándose hacia un estero.
En lugar de contratar un tour tradicional, turistas de todo el mundo vienen a ver otra cara de la Amazonía. El pozo Aguarico 4 es una de las paradas del toxitour, que dura ocho horas y lleva a los asistentes a sitios contaminados en Orellana y Sucumbíos. Ambas provincias, en la Amazonía norte del Ecuador, son las más afectadas por la industria petrolera.
Los toxitours fueron creados en 2003 por la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) para mostrar los daños que causó la empresa Texaco, ahora parte de Chevron Corporation, durante su operación en el país entre 1964 y 1990. En estos veinte años se han sumado nuevas paradas que siguen mostrando distintos impactos a los pueblos amazónicos: casas donde el crudo ha empezado a emerger del suelo y hogares de personas enfermas de cáncer cuyos diagnósticos están relacionadas con el consumo de agua contaminada por el petróleo.
Hoy en día, el tour muestra no solo los impactos dejados por Texaco, sino también los de las compañías petroleras que operan actualmente en la Amazonía, como Petroecuador, que ha estado operando mecheros de gas cerca de las comunidades locales.
Pero los guías de toxitour también señalan que sus visitas son una advertencia para el futuro del cercano Parque Nacional Yasuní, donde se encuentra el proyecto petrolífero del Bloque 43, cuyas operaciones se cerrarán tras un referéndum histórico celebrado en 2023, en el que los ecuatorianos votaron a favor de poner fin a las perforaciones en uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Tierra. Si no se aplican las medidas de reparación adecuadas tras el cierre del proyecto, afirman, puede aguardar un destino similar.
Las huellas del pasado
Aunque la porción de selva ecuatoriana representa solo el 2% de toda la Amazonía, el 61% de su territorio está concesionado a compañías petroleras.
Tras analizar los datos satelitales de Mapbiomas, Rodrigo Torres, coordinador de la Unidad de Geografía de la ONG Ecociencia, explica que el 17% de los bloques petroleros se intersecan con áreas protegidas, bosques protectores y corredores de conservación, y más del 63% de territorios indígenas están sobre bloques concesionados.
Les ganamos el juicio, se niegan a pagarlo, nos contaminan y ahora tenemos que pagarles nosotros a ellosPablo Fajardo, asesor jurídico de la UDAPT
Ermenegildo Criollo, a sus 65 años, recuerda cuando las compañías petroleras se instalaron en su territorio para extraer petróleo. El líder de la nacionalidad indígena Kofán denuncia que los despojaron de sus tierras y contaminaron sus ríos. En aquel momento, sin conocer la magnitud de la contaminación, su mujer siguió consumiendo esta agua mientras estaba embarazada a fines de la década de 1970. Seis meses después de nacer su primer hijo, se dieron cuenta de que no crecía como debía. Lo llevaron a un hospital de Quito, a ocho horas de distancia, donde lamentablemente murió. Un segundo hijo nacido tres años más tarde murió a los tres años, algo que Criollo también atribuye a que bebía agua del río. “Empezó a vomitar sin parar, y al día siguiente a las 10 de la mañana murió”, recuerda el dirigente, que añade que en Lago Agrio, la capital de Sucumbíos, no había hospital.
Criollo comparte su historia desde su casa, una de las paradas del recorrido al que los asistentes llegan mediante un corto paseo en canoa. Él fue uno de los 30.000 demandantes contra Texaco. El proceso se inició en 1993 y finalmente en 2018 la Corte Constitucional de Ecuador determinó que la empresa pague penalizaciones de unos 9.500 millones de dólares.
Sin embargo, Chevron, que compró Texaco en 2001, alegó que ya había gastado 40 millones de dólares para remediar sus impactos. Añadió que Petroecuador ―la empresa estatal ecuatoriana que formaba parte del consorcio que explotaba los yacimientos petrolíferos― era responsable de los demás daños, al haber asumido las operaciones petroleras de Texaco en 1992. En 2018, la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya ordenó la nulidad de la decisión del tribunal ecuatoriano, debido a que la sentencia se había obtenido mediante “fraude, soborno y corrupción”, y dictaminó que el Estado debía indemnizar a la empresa en su lugar. Esta sentencia fue confirmada en 2020 por un tribunal de distrito de Países Bajos.
La UDAPT ha indicado que no acepta este veredicto. “Les ganamos el juicio, se niegan a pagarlo, nos contaminan y ahora tenemos que pagarles nosotros a ellos”, dice Pablo Fajardo, asesor jurídico de la UDAPT. Se espera que en este 2024 la CPA anuncie el monto que Ecuador debería pagar a Chevron.
UDAPT y Fajardo dicen creer que esta indemnización sería de 2 millones de dólares, porque vieron estos montos en los presupuestos gubernamentales de 2023 y 2024 rotulados como “pago a Chevron”. El abogado cree que aún es posible que Ecuador no tenga que pagar este monto debido al artículo 422 de su Constitución, que expresa la soberanía del país por encima de los casos de arbitraje internacional.
Fajardo cree que el gobierno ecuatoriano no se defendió ante la CPA. “La decisión altera el orden público de Ecuador. ¿Cómo puede un arbitraje internacional pasar por encima de nuestra Constitución? Es inaplicable”, dice. “Ese argumento [de soberanía] era el más importante, pero nuestro fiscal, sin ninguna razón, retiró el argumento de la corte holandesa y dejó al Estado indefenso”.
Los observadores también describen que la industria y sus empresas han abandonado responsabilidades medioambientales y de salud humana, como la formación de piscinas de petróleo. Cuando no se toman medidas inmediatas tras el cese de las operaciones petrolíferas, el crudo se infiltra en el suelo y las aguas subterráneas, explica Blanca Ríos, investigadora de ecología acuática de la Universidad de las Américas (UDLA) de Ecuador. Además, Ríos afirma que las piscinas abandonadas atraen a los animales, sobre todo a las aves, que las confunden con salinas y acuden a alimentarse y a beber agua. Se alimentan de sustancias tóxicas y las transportan a otras zonas a través de los excrementos. También las transportan a través de la cadena alimentaria.
Según datos del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio de Ambiente ecuatoriano compartidos con Dialogue Earth, hasta junio de 2022 se habían identificado 4.676 piscinas, fosas y derrames de petróleo en la Amazonía del país. Cerca del 40%, o 1.838, han sido remediados, mientras que los demás están pendientes. Se pidió a Petroecuador que comentara el estado de estos, pero en el momento de la publicación no se había recibido respuesta.
Lecciones para el Yasuní
Para los defensores del cercano Parque Nacional Yasuní, se teme que los tóxicos sean una señal de lo que está por venir. En el referéndum de 2023, casi el 60% de los ecuatorianos votó a favor de detener la extracción de petróleo en el parque, y se espera que el gobierno ordene el cese de las operaciones de Petroecuador en el área protegida en el plazo de un año tras el resultado.
Pero a pesar de que la petrolera anunció el cierre de los pozos para finales de agosto de 2024, “vemos que no existen mecanismos concretos para la remediación ni para el retiro de la infraestructura petrolera”, dice Pedro Bermeo, coordinador legal del colectivo Yasunidos, un grupo activista que se formó para oponerse al proyecto del Bloque 43. Para Bermeo, el toxitour muestra lo que podría ocurrir en el Bloque 43 si no se toman las medidas adecuadas, citando cómo las piscinas y los vertidos siguen afectando a las personas y al medioambiente.
Bermeo afirma que no hay muestras claras de que esto se concrete, ya que la actividad no ha disminuido. Se extraen alrededor de 52 mil barriles de petróleo diarios del Yasuní. El presidente de Ecuador Daniel Noboa creó un comité para establecer los lineamientos del retiro progresivo, pero no dio plazos ni mayores detalles.
En su Informe Preliminar sobre Impactos y Planes de Acción asociados al cierre de las operaciones en el parque Yasuní, Petroecuador reconoce que no existen precedentes en el país sobre la planificación de actividades de cierre anticipado y abandono. Por ello, en 2023 la empresa estatal solicitó a la Corte Constitucional orientación sobre las consideraciones técnicas para establecer el plazo de un año para el cierre de las operaciones, ya que habían planificado un cronograma de tres años. El tribunal denegó la solicitud por no haber sido presentada a tiempo.
La empresa estima que el costo de abandono será de 654 millones de dólares. En el informe se presupuestan 4 millones para el estudio de impacto ambiental por abandono y 88 millones para revegetación y reforestación.
Remediaciones pendientes
Una de las lecciones para Yasuní de otras regiones petroleras de Ecuador es la importancia de una remediación adecuada, y la contención y limpieza de los impactos de las operaciones. Ríos explica que “la remediación no es tapar con tierra. Implica un proceso de aislar el crudo y llevarlo a centros de biorremediación”. Los efectos de esto se ejemplifican durante el toxitour, en el cual se visita la casa de Efraín Guamán, ubicada sobre una de las 157 piscinas remediadas por Chevron.
La casa de Guamán se construyó en el emplazamiento del pozo Shushufindi 6, que funcionó durante la década de 1970. Vive allí desde 2004, pero en 2021, mientras sembraba plátanos verdes, este hombre de 48 años se sorprendió al descubrir petróleo crudo a menos de un metro bajo la superficie.
Antes de este incidente, Guamán y su familia consumían agua de un pozo y del río situado a unos 150 metros de su casa. En 2006, perdió un riñón, mientras que en 2015 su madre murió de cáncer de piel a los 55 años, problemas de salud a los que, al parecer, contribuyó la exposición a dicha contaminación. Ahora sus hijos, de 3 y 15 años, tienen lesiones similares en la piel. Aunque ya tienen agua potable, dice que sus lesiones han seguido creciendo, y carecen de dinero para ir a un hospital de la ciudad.
Dialogue Earth consultó a Petroecuador sobre el proceso de las remediaciones, pero no obtuvo respuestas. También preguntó al Ministerio de Energía, pero respondieron que al momento no hay un viceministro de Hidrocarburos y no tienen a alguien que valide la información.
Mecheros, un tema pendiente
El petróleo no solo impacta a los suelos y las fuentes de agua, sino también al aire. Al llegar a la parroquia Enokanki, en Orellana, cinco mecheros iluminan el paisaje. Aunque los integrantes del toxitour estaban a 500 metros de las llamas, percibían el olor a quemado.
Leonela Moncayo, la hija adolescente de Donald que lo acompaña en los recorridos, reconoce enseguida ese olor. Desde que nació, hasta hace un año, la joven de 13 años convivía con un mechero a menos de 100 metros de su casa. Durante el día, no podía concentrarse por el ruido, y en las noches la luz no le permitía dormir. “Si vives en la naturaleza, crees que oyes pájaros y grillos, pero no es así. Yo solo oigo un ‘riiiiing’ todo el tiempo”, dice.
Con otras ocho niñas de la Amazonía, Leonela demandó en 2020 a los Ministerios de Energía y Ambiente por vulnerar su derecho a un ambiente sano. El 29 de julio del 2021, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos falló a favor de las niñas. La sentencia establecía que se eliminen los mecheros aledaños a los centros poblados hasta el 29 de marzo de 2023 y el resto hasta diciembre de 2030.
Cuando se inició el proceso, la UDAPT contabilizó 447 mecheros. Ahora, han registrado 486. Ante la Asamblea Nacional, el 9 de mayo de 2024, Marcela Reinoso, gerente de Petroecuador, explicó que, hasta el primer trimestre de este año, se han apagado 145 mecheros. Minutos después, la ministra de Ambiente, Sade Fritschi, dijo que solo han apagado y desmantelado un mechero, y están en conversaciones para regularizar los 145.
Sin embargo, a principios de junio de 2024, el entonces ministro interino de Energía, Roberto Luque, asistió a la Asamblea Nacional y dijo que se habían eliminado 145 mecheros, 49 de los cuales no estaban operativos, sino que requerían un proceso de desmantelamiento. Añadió que los 341 mecheros restantes se desmantelarían antes de 2030.
Los efectos de los mecheros preocupan a especialistas y a la población local. Juan Carlos Avilés, consultor ambiental, explica que los mecheros tienen componentes como dióxido de carbono, óxido de azufre, óxidos de nitrógeno, metano, propano y benceno. Este último es altamente cancerígeno.
Dannya Bravo tiene doce años, es una de las niñas demandantes, y perdió a su papá el año pasado por un cáncer en el cerebelo. Vive con su familia en Joya de los Sachas, a la que describe como “una ciudad de puro petróleo”. A 700 metros de su casa hay dos mecheros y a su alrededor hay piscinas y tuberías.
La UDAPT y la ONG Clínica Ambiental registraron 442 casos de cáncer en las ciudades de Lago Agrio, Shushufindi, Francisco Orellana y Joya de los Sachas, entre abril de 2018 y diciembre de 2022. En la actualización de febrero de 2024, que aún no se publica, el número de pacientes subió a 531.
Leonela, que ahora tiene 13 años, continuará en la lucha con sus compañeras hasta que se eliminen todos los mecheros. Sueña con convertirse en dermatóloga para tratar el cáncer de piel y planea construir un hospital oncológico en la Amazonía. Mientras tanto, acompaña a su papá. “Es duro seguir en esta lucha”, admite Donald al ver que cada vez aumentan los sitios a visitar en el toxitour y espera que el Yasuní no se sume a esta lista.
