Uruguay es uno de los países más estables política y socialmente de América Latina, con un alto índice de calidad de vida e indicadores macroeconómicos destacables. Sin embargo, existen crecientes reclamos sociales, entre los cuales aparece la protección del ambiente.
Luis Lacalle Pou asumió hace semanas como el nuevo presidente del país como parte de una coalición de partidos políticos. Con 46 años, es el mandatario más joven en la historia de Uruguay y su devoción por la conservación del mar ya genera cierto optimismo entre los ambientalistas.
Su primera propuesta va en ese sentido, jerarquizando la importancia ambiental con la creación de un ministerio de Ambiente y Agua. ¿Podrá Lacalle Pou, surfista y amante del mar, dar respuesta a los reclamos por un ambiente sano? Por lo pronto, seguramente la ola más difícil que le toque surfear.
Los conflictos ambientales
El excesivo uso de fertilizantes, los efluentes sin tratar de las ciudades y los embalses que limitan la circulación de los ríos han generado un masivo florecimiento de micro algas y generación de cianobacterias en los cursos de agua de Uruguay, afectando sus playas oceánicas.
Al mismo tiempo, la construcción de una tercera mega planta productora de celulosa que absorberá millones de litros del principal cauce interno de Uruguay, el Río Negro, ha sido el eje de las protestas ambientales en los últimos dos años. Queda ver si hay posibilidad de revisar el proyecto, como se ha mencionado desde el nuevo gobierno.
El monocultivo forestal que abastecerá a las tres plantas que fabricarán la pasta de celulosa, principal insumo para la fabricación de papel, ocupa mas de un millón de hectáreas y alcanza el 6% de la superficie del pequeño país, superando la extensión de los bosques nativos, con un fuerte impacto en la biodiversidad y gran demanda de agua.
Por otro lado, una nueva Ley de Riego, que fomenta el desarrollo de emprendimientos para la construcción de embalses, se encuentra en consideración por la Suprema Corte de Justicia luego de que diversas organizaciones sociales y sindicatos demanden su nulidad por su inconstitucional.
El frente marítimo
Casi la mitad de la superficie de Uruguay es acuática, distribuida entre el Atlántico y el estuario del Río de la Plata. Allí se destaca la actividad pesquera, en contracción hace ya casi dos décadas.
El número de barcos industriales se redujo un 50% en tan sólo una década y junto a la pesca artesanal se ven amenazadas por altos costos operativos y la competencia de las importaciones de especies de cultivo, de bajo valor y calidad, provenientes del sudeste asiático.
50%
la caída en barcos industriales pesqueros uruguayos en la última década
La biodiversidad marina se ve amenazada por las operaciones de decenas de barcos de diferentes nacionalidades que operan justo al borde de la Zona Económica Exclusiva de Uruguay, y a veces dentro mismo de ésta, capturando especies que en el pasado eran blanco de la flota local.
Estas mismas embarcaciones que afectan los recursos del mar de Uruguay, descargan la captura en el puerto de Montevideo, en donde son exentas de impuestos y controles, ya sea sobre la captura o las condiciones laborales y sanitarias a bordo. Rigores que sí recaen sobre la vapuleada flota local.
En los últimos años el puerto ha sido señalado al tope de los rankings globales de apoyo a la pesca ilegal y la esclavitud a bordo, por diferentes organizaciones no gubernamentales como Oceana o estatales como el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Un gran desafío para la nueva administración será retomar el control del puerto de Montevideo y limpiar la imagen de ‘puerto pirata’ que se ha ganado luego de años de abastecer a los barcos que regularmente incurren en pesca ilegal y abuso a los derechos humanos, perseguidos por el resto de los países vecinos.
Energías renovables
Si bien el país no es uno de los actores principales en la agenda climática global, es un ejemplo a nivel mundial por poseer una matriz energética casi completamente descarbonizada, con gran parte de su generación proveniente de energía eólica, solar e hidráulica, pudiendo incluso exportar sus excedentes.
La creación de un Ministerio de Ambiente es un gran anuncio, pero con ello solamente no alcanzará para resolver los conflictos socio-ambientales de una sociedad que reclama cada día más por que se cumpla el slogan por el que es reconocido el país sudamericano, “Uruguay Natural”.
Es necesario un replanteo del destino del país. O se convierte a Uruguay en una gran llanura de monocultivos con sus ríos contaminados o en un destino que limitará el crecimiento de la agroindustria, poniendo énfasis en los cultivos ecológicos y la protección de la naturaleza.
Actividades como el turismo responsable, la pesca sostenible, la agricultura orgánica y las energías renovables podrían generar empleo e ingresos para el país, cerrando un círculo virtuoso, socioeconómico y ambiental. Para ello, será también necesario incrementar la transparencia y la participación de la sociedad civil.
La respuesta la tiene el nuevo presidente y su equipo. Deberán equilibrar las demandas de sectores como la agricultura y el apoyo para un ambiente saludable que prometieron durante la campaña. Al hacerlo, el nuevo gobierno puede ayudar a reforzar la reputación de Uruguay como un caso atípico sudamericano.
