La semana comenzó con grandes expectativas con el inicio de la Cumbre Amazónica, celebrada en la ciudad brasileña de Belém, una reunión sin precedentes de los líderes de los países que albergan y comparten la selva amazónica. Sin embargo, en el cierre del evento de dos días el pasado miércoles, los observadores quedaron frustrados por la ausencia de algunos jefes de estado, y la falta de compromisos para poner fin a las exploraciones petrolíferas en la región y de objetivos concretos para detener y revertir la deforestación del bioma, en el que se calcula que se ha perdido el 17% de la cubierta arbórea autóctona.
El anfitrión de la Cumbre Amazónica, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, había inaugurado el evento el martes con entusiasmo. “Hace catorce años que no nos reunimos”, dijo durante su discurso de apertura. “Nunca ha sido más urgente reanudar y ampliar esta cooperación”.
El acto fue promovido por los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), agrupación de ocho naciones amazónicas fundada en 1978. Fue solo la cuarta reunión del bloque en 45 años y la primera dedicada a cuestiones socioambientales.
Sin embargo, el aire de optimismo inicial de Lula fue dando paso a desacuerdos y malestar.
La primera fue la decisión de tres de los ocho jefes de Estado de la OTCA de no asistir a la cumbre. Nicolás Maduro, de Venezuela, canceló su viaje con poca antelación debido a un problema de salud, y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, acudió en su lugar. Por su parte, Guillermo Lasso, de Ecuador, y Chan Santokhi, de Surinam, enviaron a sus ministros de Asuntos Exteriores. El dirigente ecuatoriano justificó su ausencia por “razones políticas internas”, mientras que Santokhi señaló la coincidencia de la cumbre con el Día de la Inmigración javanesa, “una fecha muy relevante para Surinam”, dijo.
Estados miembros de la OTCA
La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica está formada por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.
El martes, en un discurso ante otros jefes de Estado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió que se pusiera fin a las exploraciones petrolíferas en la Amazonía, pero encontró pocos partidarios. “Estamos al borde de la extinción de la vida. Es en esta década cuando los políticos debemos tomar decisiones. ¿Qué estamos haciendo más allá de discursos como éste?”, se preguntó. “Necesitamos descarbonizar, pero lo que estamos haciendo es explorar en busca de gas y petróleo en el bosque. Es un disparate total”.
Es posible que el discurso de Petro se dirigiera al gobierno brasileño, que actualmente analiza la exploración petrolífera en la desembocadura del río Amazonas, en una zona sensible frente a la costa de los estados de Amapá y Pará que alberga el 15% de los manglares de Brasil. Sin embargo, el proyecto podría afectar a toda la costa amazónica, a lo largo de la cual se encuentra el 80% de los manglares del país en tres estados, y contiene especies esenciales para la reproducción de peces, moluscos y crustáceos. La región también alberga pueblos indígenas y comunidades tradicionales.
Los estudios para explorar la región han sido bloqueados hasta ahora por el IBAMA, la agencia medioambiental del gobierno brasileño responsable de las evaluaciones de riesgo. También se oponen al proyecto la petrolera estatal Petrobras e incluso el Congreso brasileño. Lula dijo que la decisión corresponde en última instancia al IBAMA.
En otro país amazónico, Ecuador, los ciudadanos se disponen a votar si apoyan o prohíben los proyectos petrolíferos en el Parque Nacional Yasuní, una zona de gran biodiversidad de la selva amazónica, en una consulta pública paralela a las elecciones presidenciales del 20 de agosto. El país se encuentra en estado de emergencia tras el asesinato de uno de sus candidatos presidenciales el miércoles, aunque las autoridades han indicado que las elecciones seguirán adelante según lo previsto.
El fracaso de la Declaración de Belém
El martes, el presidente brasileño anunció el esperado documento final de la cumbre: la Declaración de Belém, firmada por los ocho países y en la que se detallan 113 intenciones para garantizar la protección de la Amazonía, su biodiversidad y sus pueblos indígenas y tradicionales.
El texto menciona, por ejemplo, la necesidad de instar a los países desarrollados a que cumplan sus compromisos de movilizar recursos para estas causas, incluido el objetivo, pendiente desde hace tiempo, de aportar 100.000 millones de dólares anuales a la financiación de la lucha contra el cambio climático. Otro punto destacado es el objetivo de reforzar la cooperación en la lucha contra los delitos medioambientales, en un esfuerzo regional por frenar la deforestación y la contaminación.
Sin embargo, los observadores han calificado el lenguaje del documento de vago y han criticado que se hayan dejado fuera los objetivos comunes entre los países amazónicos de detener la deforestación y frenar las exploraciones petrolíferas en la región, que habían sido uno de los puntos más esperados.
Una de las pocas acciones concretas de la declaración será la creación de un centro de cooperación policial en la ciudad brasileña de Manaos, en el estado de Amazonas. Según Lula, esta unidad tendrá 34 bases fluviales y terrestres que contarán con el apoyo de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado y un sistema integrado de tráfico aéreo con el mismo fin.
Márcio Astrini, director ejecutivo del Observatorio del Clima, la mayor coalición brasileña de organizaciones de sostenibilidad, se mostró decepcionado por la declaración: “El documento está lejos de dar una respuesta concreta a los problemas que tenemos. El mundo está en llamas, no es posible que ocho países se reúnan y no puedan poner en un documento que hay que acabar con la deforestación”.
Para Astrini, el documento “solo es bueno comparado con el hecho de que antes no existía”. Sin embargo, elogió los Diálogos Amazónicos, una reunión paralela celebrada del 4 al 6 de agosto en Belém, a la que asistieron 30.000 amazónicos, entre organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y miembros de comunidades tradicionales. “El discurso [en el evento] fue claro: hay que detener la deforestación y no hay más espacio para el petróleo en la Amazonía”, afirmó.
Fany Kuiru Castro, lideresa del pueblo witoto del sur de Colombia y responsable de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), se mostró preocupada por la ausencia de objetivos concretos: “Los hidrocarburos y el petróleo afectan gravemente a la salud de los pueblos indígenas, especialmente en Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. Los compromisos no son claros y se está tratando a los pueblos indígenas de forma indirecta”.
A pesar de sus críticas a la cumbre, Fany Kuiru Castro también consideró el evento como una apertura positiva del diálogo: “Por nuestra parte, seguiremos presionando. En mi cultura, la mejor salida es el diálogo para encontrar soluciones que lleven a la acción real”.
En una entrevista concedida a la televisión estatal brasileña, la Ministra de Medioambiente y Cambio Climático del país, Marina Silva, afirmó que las naciones amazónicas eran incapaces de fijar objetivos de deforestación cero por falta de consenso, pero señaló que Brasil y Colombia ya han asumido compromisos individuales.
“El proceso de negociación es siempre un proceso mediado, nadie puede imponer su voluntad a nadie. Por tanto, se trata de consensos graduales: a medida que tengamos algunos consensos, los pondremos en el documento”, dijo Silva.
La deforestación y el punto de inflexión
Luciana Gatti, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, explicó que la deforestación de la cubierta arbórea autóctona ha alcanzado ya el 17% en toda la Amazonía; en Brasil, la cifra es del 20%.
“Nuestros estudios indican que el punto de no retorno puede producirse a partir de subregiones de la selva. La región amazónica suroriental, por ejemplo, está muy cerca de este colapso”, dijo Gatti.
“La Amazonía no es para la soja, el maíz, el ganado ni la madera. La Amazonía es nuestra fábrica de lluvia, nuestra garantía de condiciones climáticas, de supervivencia”, añade.
También asistieron a la cumbre dirigentes de otros países además de la OTCA. Entre ellos se encontraban figuras de otras naciones clave para la Amazonía: los presidentes de la República del Congo y la República Democrática del Congo, un representante de la presidencia de Indonesia, el embajador de Francia en Brasil -en representación del territorio amazónico de la Guayana Francesa- y un delegado de Noruega, el mayor contribuyente al Fondo Amazónico de Brasil para el desarrollo sostenible de la selva.
Fueron signatarios de una declaración similar pero mucho más concisa. Del mismo modo, el documento no contiene objetivos concretos y refuerza el llamamiento a las naciones desarrolladas para que garanticen recursos para la financiación climática.
Durante la cumbre, el ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, se reunió con una delegación de Emiratos Árabes Unidos, entre los que se encontraba el presidente de la próxima cumbre climática COP28 de la ONU, Ahmed al-Jaber, para hablar de inversiones en gas natural y de la transición energética de Brasil.
“Ahora los países amazónicos tienen que poner en práctica estas ideas, creando un plan con acciones concretas, políticas públicas y plazos”, dijo Adriana Lobo, directora general de presencia global y acción nacional del World Resource Institute. Añadió que también deben desarrollar “una estrategia para atraer las inversiones necesarias para hacerlo realidad”.
Los países amazónicos intentarán consolidar las bases de la cumbre de Belém en la COP28 que se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos a finales de noviembre, donde los objetivos de deforestación y la eliminación progresiva de los combustibles fósiles serán probablemente los temas de debate más controvertidos.
