Empresas mineras han solicitado cientos de permisos en toda Colombia y Argentina en respuesta al aumento vertiginoso de la demanda de cobre. Se prevé que para 2035 se produzca un déficit de oferta, impulsado en parte por la transición energética. Los expertos sostienen que América Latina está bien posicionada para sacar provecho de esta situación.
Dialogue Earth, en colaboración con Climate Tracker, Mongabay y El Espectador, descubrió que había 201 licencias mineras activas en Colombia, mientras que otras 746 solicitudes de licencia aún se encontraban en proceso de revisión. Por su parte, Argentina cuenta con 76 licencias mineras de cobre activas.
La transición energética, advierte la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), es “fundamentalmente intensiva en minerales”. Paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y redes para transportar la electricidad dependen de minerales como el cobre.
Sin embargo, según la Agencia Internacional de Energía, el mundo podría enfrentar un déficit de cobre de alrededor del 30% para 2035, como resultado de los “limitados descubrimientos de recursos y los largos plazos de ejecución” de nuevos proyectos.
Esto, afirma Ana Carolina González, directora para América Latina del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI), pone a América Latina en un lugar “interesante”. Argentina y Colombia están impulsando docenas de proyectos para acelerar la extracción. José Cabello, un geólogo con más de cinco décadas de experiencia en la minería latinoamericana, afirma que los geólogos consideran cada vez más a Argentina, Colombia, Ecuador y Brasil como territorios con gran potencial para el cobre. Aunque no se espera que superen en producción a gigantes regionales como Chile y Perú, estos países están ganando protagonismo como destinos de relevancia mundial para la exploración de cobre y el futuro crecimiento de la oferta, agrega.
Tanto el gobierno colombiano como el argentino han promovido sus sectores mineros como ambiental y socialmente responsables. En declaraciones a principios de julio, el recién nombrado jefe de gabinete de Argentina, Diego Santilli, enfatizó la necesidad de una “minería responsable”; este concepto también ha sido adoptado a nivel provincial en el país. Por su parte, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha apoyado los proyectos mineros llevados a cabo —según lo describe su gobierno— en consulta con las comunidades y con certificaciones ambientales.
Mientras la región se apresura a aprovechar la demanda de cobre, las empresas mineras corren el riesgo de entrar en conflicto con las comunidades.
En este artículo, presentamos un análisis de imágenes satelitales que muestran los sitios propuestos para la extracción de cobre en ambos países. Muchos de ellos se encuentran en áreas de importancia ambiental o en territorios comunitarios.
Una demanda que acelera nuevos proyectos
En Colombia, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ha destacado el potencial geológico del país para la explotación de cobre “gracias a su diversidad de formaciones geológicas con manifestaciones en diferentes tipos de depósitos y regiones”. Sin embargo, actualmente solo hay una mina de cobre en explotación industrial y otra que, recientemente, obtuvo el permiso ambiental para iniciar la construcción del proyecto.
En cuanto a Argentina, Cabello afirma que el descubrimiento de yacimientos como Taca Taca y Josemaría demuestra que el país también cuenta con un importante potencial de producción. Se trata de yacimientos a gran escala que podrían rivalizar con Chuquicamata, en el norte de Chile, el yacimiento de cobre más grande del mundo. Sin embargo, hasta ahora la única mina activa en el país tiene una producción marginal y, según la Secretaría de Minería, las exportaciones de cobre representan solo el 1,7% del total nacional.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina busca cerrar esta brecha al ofrecer exenciones fiscales a los promotores de proyectos de gran envergadura. Según el Observatorio del RIGI, una coalición integrada por institutos jurídicos, académicos y de políticas públicas, 20 de los 36 proyectos presentados al régimen entre 2024 y junio de 2026 son mineros. Cinco de ellos son proyectos de cobre, entre los que se incluyen Los Azules y una de las inversiones mineras más grandes de Argentina en los últimos años: el proyecto Vicuña.
El avance de proyectos mineros sobre ecosistemas sensibles
“En el mundo hemos explotado el cobre por muchos años, y esto significa que los depósitos que existen se están agotando”, sostiene González. La calidad del mineral de cobre también está en descenso: según el gigante minero australiano BHP su calidad ha bajado un 40% desde 1991. “Cada vez necesitas más tierra, más extensión, para lograr la misma calidad que tenías antes”, afirma la experta.
Esto implica que la expansión de la frontera de extracción termine en zonas ambientalmente sensibles.
La problemática ha sido ampliamente documentada: reportes del Atlas Global de Justicia Ambiental, una base de datos que documenta los conflictos ambientales en todo el mundo, registra que casi un tercio de los conflictos registrados en América del Sur están relacionados con proyectos mineros.
En Colombia, datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) estiman que el 37% del potencial de cobre en el país se superpone con Reservas Forestales de Ley Segunda, una categoría que restringe actividades mineras. El 22% está en áreas donde no se puede hacer minería conocidas, en términos técnicos, como áreas excluibles.
Según la información analizada, en ese país hay, por lo menos, 118 títulos para extraer cobre que se superponen con zonas de importancia ambiental, como reservas forestales y áreas protegidas. De estos, 24 se encuentran en zonas que actualmente se consideran excluibles (es decir, donde la actividad minera se supone que está prohibida).
Al menos tres licencias activas se encuentran en áreas actualmente reconocidas y delimitadas como páramos. Esto indica que se trata de ecosistemas protegidos, ya que regulan los ciclos hidrológicos y abastecen de agua para el consumo humano. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (MinAmbiente), los páramos son fundamentales para los medios de vida de más del 70% de los colombianos.
Aunque la importancia de su conservación está reconocida desde 1993, fue solo hasta 2011 que se le otorgó a la cartera ambiental la misionalidad de delimitarlos para que su área se pudiera declarar excluida de actividades como la minería.
En Argentina, el cruce de datos también identificó que al menos 21 proyectos mineros operan en cinco áreas protegidas por acuerdos internacionales y por normativas nacionales y provinciales.
Una de las zonas con mayor cantidad de proyectos es el área protegida de San Guillermo, en la provincia de San Juan. Declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, allí operan actualmente cinco proyectos mineros, dos de los cuales forman parte de una de las mayores inversiones mineras de Argentina de los últimos años, el proyecto Vicuña, y son operados por las empresas Lundin Mining y BHP, respectivamente.
También hay diez proyectos que se superponen o se ubican cerca de geoformas de hielo, en su mayoría en zonas periglaciales: áreas definidas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) como esenciales para los ecosistemas glaciales. La mayoría se encuentran en la provincia de San Juan, donde se geolocalizaron 16 proyectos mineros de cobre, entre esos, los proyectos de Los Azules y El Pachón, que figuran entre las iniciativas mineras más avanzadas.
Además, como explica Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, legislaciones ambientales como la Ley de Glaciares se han flexibilizado para promover el desarrollo de esta industria.
El mapa del cobre en Colombia y Argentina
Hasta mediados de mayo, Colombia solo tenía una mina de cobre en operación: El Roble, ubicada en el municipio de El Carmen del Atrato, en el Chocó biogeográfico, una ecorregión reconocida por su abundante biodiversidad. Desde allí sale el 85% de la producción de este mineral en el país, según cifras de la ANM. El 15% restante proviene de distintos proyectos como subproducto del oro.
A mediados de mayo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le entregó al proyecto El Alacrán, ubicado en el municipio de Puerto Libertador, en Córdoba, al norte del país, el último permiso que necesitaba para iniciar su fase de construcción. Según el estudio de viabilidad del proyecto, el yacimiento contiene alrededor de 97,9 millones de toneladas de mineral con cobre, oro y plata. La empresa minera a cargo, CMH Colombia, afirma que la mina procesará entre 17.000 y 20.000 toneladas de mineral al día, lo que equivale a unas 20 veces la capacidad de procesamiento de la única mina de cobre en operación en Colombia, El Roble.
Hay cientos de otros proyectos en diversas etapas en toda Colombia. El análisis de los registros públicos revela que hay al menos 210 licencias mineras activas de mediana y gran escala en todo el país relacionadas con el cobre. La mayoría se encuentran en los departamentos de Antioquia (77), Chocó (51), Bolívar (22), La Guajira (14) y Córdoba (11).
De los 210 títulos activos, según indican los datos del catastro minero, hay uno en etapa de evaluación técnica anticipada, 89 en etapa de exploración, 17 en construcción y montaje y 103 en explotación.
El interés por desarrollar nuevos proyectos de cobre ha ido en aumento y se aceleró notablemente en la última década: solo en 2021 y 2022 se recibieron cerca de 332 solicitudes, según nuestro análisis. En la actualidad, hay por lo menos 746 solicitudes activas que se encuentran en etapa de evaluación por parte de la autoridad minera: 673 son de mediana escala y 73 son de gran minería. Entre estas, por lo menos 80 buscan cobre como mineral principal.
En Argentina, la Cordillera de los Andes atraviesa varias provincias que históricamente han promovido el desarrollo minero. Allí hay al menos 77 proyectos que buscan extraer cobre. De estos, 68 se encuentran en fase exploratoria o previa, y solo ocho ya superaron la etapa de exploración; una sola se encuentra en producción. La mayoría de los proyectos están en las provincias de Salta (46) y de San Juan (16). Pero también hay otros más que se encuentran en La Rioja (6), Catamarca (4), Mendoza (2), Neuquén (1) y Río Negro (1).
Proyectos mineros y territorios comunitarios
En Colombia, la Constitución establece que los resguardos indígenas y las tierras comunales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Además, los resguardos indígenas y los consejos comunitarios están amparados por la consulta previa. Nuestro análisis evidenció que hay al menos 94 títulos mineros que incluyen cobre y que se superponen con resguardos indígenas (64 títulos), Consejos Comunitarios de Comunidades Afrodescendientes (54) y Zonas de Reserva Campesina (2).
Se han otorgado concesiones que abarcan más de 69.000 hectáreas dentro de 30 reservas indígenas. La mayoría de ellas (77%) se encuentran en las tierras del pueblo embera. Hay al menos 18 concesiones mineras en territorios de los Consejos Comunitarios de Afrodescendientes. La mayoría de los títulos en estos territorios (26 de 54) fueron solicitados por la empresa Exploraciones Chocó Colombia.
En Argentina, las provincias en donde se encuentran los proyectos de cobre son habitadas por más de 110 comunidades pertenecientes a diferentes pueblos originarios. Aunque el país ha reconocido las tierras indígenas desde 1994, estas aún no están claramente definidas.
El análisis documenta que, de los 76 proyectos mineros inventariados por la Secretaría de Minería de Argentina, 47 se encuentran a menos de 50 kilómetros de distancia de los territorios indígenas; 17 no superan los 15 kilómetros y hay tres —todos ubicados en la provincia de Salta— que están a menos de cuatro kilómetros. Allí viven comunidades de los pueblos calchaquíes y tastileas, de acuerdo con datos oficiales.
El alcance de esta investigación no incluyó determinar si se ha consultado adecuadamente a las comunidades indígenas en cada uno de estos casos. Sin embargo, la importancia del trabajo que realizan los pueblos indígenas para proteger entornos cruciales es ampliamente reconocida, al igual que las luchas contra la extracción y el desarrollo que estas comunidades se ven obligadas a librar, incluso en Argentina y Colombia.
En la mira de las potencias
China, Estados Unidos y la Unión Europea han buscado fortalecer su presencia y forjar nuevas alianzas en América Latina, una región rica en minerales.
Las empresas chinas han invertido en numerosos proyectos y, entre 2013 y 2024, el presidente de China, Xi Jinping, visitó América Latina en seis ocasiones. El documento de política sobre América Latina y el Caribe indica un deseo de “ampliar y profundizar la cooperación” en temas de energías limpias y el “aprovechamiento sostenible de recursos minerales”.
El interés por parte de China no es nuevo, señala David Castrillón-Kerrigan, investigador de la Universidad Externado de Colombia. “Antes, la demanda respondía a otras necesidades, como el desarrollo de infraestructura. Pero, ahora, la estructura económica china también ha cambiado y produce bienes de otro tipo, con valor agregado”, dice. El caso emblemático es, tal vez, el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos y, con ellos, la demanda de minerales críticos.
La Unión Europea también ha dicho que su demanda de cobre podría incrementar en más de un 50% para 2050, y ha manifestado que América Latina es “estratégicamente más importante que nunca” para garantizar el suministro de materias primas necesarias para la transición. Trump también ha puesto los ojos sobre este y otros minerales: en enero le ordenó a sus oficiales concluir acuerdos bilaterales con sus aliados para garantizar el suministro de cobre y otros metales con el objetivo de “no depender de las importaciones de adversarios extranjeros”, como China.
Para González, de NRGI, América Latina ha avanzado en marcos regulatorios con estándares mínimos en temas sociales, ambientales y de gobernanza, pero en momentos de inestabilidad política, como el actual, podrían ponerse en riesgo. “Si los países, como bloque, no se ponen de acuerdo en mantener esos estándares mínimos, puede comenzar lo que se ha llamado una ‘carrera hacia el fondo’ que, en palabras sencillas, se traduciría en flexibilizar normativas para obtener la inversión”, explica.
En su opinión, los países deben hacer todo lo contrario: posicionarse con fuerza para asumir esos estándares mínimos, pedir la generación de valor agregado de los proyectos y el desarrollo local. Además de preguntarse de dónde viene la demanda. “Sabemos que esa demanda tiene su raíz en temas energéticos, pero también tiene que ver con inteligencia artificial, con usos militares, entre otros. Si seguimos demandando minerales a ese nivel, no hay ecosistema ni planeta que aguante”, sostuvo.
Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina. El análisis de datos realizado para este reportaje se hizo con base en proyectos de escala mediana y grande solicitados por empresas, personas jurídicas o asociaciones y con corte al 15 de mayo de 2026, fecha en que se accedió a la información del catastro minero.
