Nueva planta siderúrgica pone a prueba el régimen de inversiones de Argentina

San Nicolás de los Arroyos, en el noreste de Argentina, es una ciudad ribereña con décadas de tradición siderúrgica. El ruido de la maquinaria pesada que emana de un terreno de 15 hectáreas es el sonido de su próxima era tomando forma. Se está construyendo una nueva planta siderúrgica de 300 millones de dólares, con capacidad para producir 360 mil toneladas de acero bajo en emisiones al año. En talleres locales, se está capacitando a sus primeros operadores para manejar tanto un horno eléctrico como los sistemas de procesamiento de chatarra reciclada que lo alimentarán. 

Cuando comience a operar a finales de 2027, la planta será la primera instalación siderúrgica de Sidersa, una empresa argentina que, hasta ahora, se había especializado en la comercialización y distribución de productos de acero. 

Sidersa se ha comprometido a crear más de 300 empleos directos y 3,500 indirectos en una comunidad cuya historia ha estado vinculada durante mucho tiempo al hollín y a las enormes chimeneas de la siderurgia tradicional. Pero estos planes, financiados en parte por un banco del Estado chino, requieren menos emisiones. Sidersa describe la planta como un símbolo del acero de bajas emisiones que “el mundo querrá” y que Argentina puede ofrecer. 

Dado que el sector siderúrgico representa entre el 7% y el 9% de las emisiones globales de CO2, la transición hacia procesos más ecológicos se ha convertido en un imperativo cada vez mayor para la industria y los responsables políticos. La producción de acero a partir de chatarra reciclada en hornos de arco eléctrico, tal como planea hacer Sidersa, reduce las emisiones en un 70% en promedio en comparación con la siderurgia convencional, que utiliza mena de hierro en altos hornos alimentados con carbón.

Esta no es una tecnología nueva para Argentina; lo que distingue a este proyecto es la magnitud de la inversión y el contexto político en el que se lleva a cabo. Sin embargo, el grado de sustentabilidad de este acero dependerá de la fuente de electricidad y del suministro de chatarra necesario.

Requisitos para un acero más limpio

El proceso elegido para la planta de Sidersa en San Nicolás evita la etapa del alto horno, que consume mucho carbón y genera altas emisiones. En Argentina, los hornos de arco eléctrico representaron alrededor del 57% de la producción de acero en 2023, según datos recopilados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sin embargo, el uso de un horno eléctrico no convierte automáticamente a la producción de acero en una actividad respetuosa con el medio ambiente. En primer lugar, la limpieza de dicho horno depende de la red eléctrica que lo alimenta. La acería se abastecerá, al menos inicialmente, de la red nacional, actualmente dominada por centrales térmicas a gas. Sidersa ha declarado que está considerando la posibilidad de alimentar la planta directamente con fuentes renovables en el futuro. 

Durante 2025, las fuentes de energía renovables variables (eólica, solar, hidroeléctrica a pequeña escala, biomasa y biogás) cubrieron el 18,9% de la demanda de electricidad de Argentina. Si se incluyen las grandes centrales hidroeléctricas, esa cifra supera el 40%. 

Sin embargo, la red de alta tensión está al límite de su capacidad. “La red eléctrica en Argentina ha estado saturada desde hace más de una década”, explica Adrién Sergenty, ingeniero y politólogo especializado en política energética, a Dialogue Earth. “La empresa tendrá que decidir si construye sus propias instalaciones o se asocia con un generador de energía renovable cercano que pueda garantizarle el suministro directamente”.

En segundo lugar, está la materia prima básica: la chatarra. El mercado mundial de la chatarra enfrenta una escasez creciente y restricciones a la exportación. “Nuestras encuestas muestran que hay suficiente disponibilidad en el mercado nacional para abastecernos al 100% con chatarra nacional”, explica Alejandro Galdeano, gerente de la acería de Sidersa, a Dialogue Earth. Sin embargo, la recolección de chatarra en América Latina implica redes informales y una logística de transporte que plantean sus propios desafíos ambientales, como la quema al aire libre de cables para recuperar cobre y la eliminación incontrolada de materiales sin valor.

Sidersa afirma que está elaborando un plan de abastecimiento que toma en cuenta tanto a los grandes proveedores como la colaboración con diversas autoridades locales en todo el país. Su objetivo es establecer puntos de recolección de chatarra que permitan a las comunidades locales eliminar los desechos de su entorno.

Un experto en acero consultado por Dialogue Earth, quien pidió permanecer en el anonimato, explica que la viabilidad del proyecto depende no solo de la tecnología elegida o del acceso a la energía renovable, sino también del contexto económico y comercial. El experto afirma que la planta solo podrá alcanzar el nivel de producción previsto si existe una demanda sostenida en el mercado interno. 

El especialista agrega que alcanzar la escala de producción estimada por Sidersa requeriría “algún tipo de milagro”. Considera que solo sería posible mediante un crecimiento extraordinario de la demanda local de acero o una pérdida de cuota de mercado por parte de competidores internacionales, como Acindar, Sipar Acero o Acerbrás. 

Si Sidersa logra producir acero con menores emisiones, esto podría brindarle una ventaja competitiva para exportar a jurisdicciones con altos estándares ambientales, como Europa. Desde principios de este año, el Mecanismo de Ajuste en la Frontera por Carbono de la Unión Europea se aplica a las importaciones de hierro y acero, vinculando su costo a las emisiones de carbono incorporadas en esos productos.

Por ahora, sin embargo, la producción se centra casi por completo en el mercado interno de Sidersa.

Productos mineros que se cargan en buques de carga en San Nicolás de los Arroyos. La ciudad alberga el complejo siderúrgico General Savio, que enfrenta desafíos legales por su gestión de residuos y efluentes (Imagen: Henri Martin / Alamy)

Preocupaciones ambientales

San Nicolás tiene buenas razones para desconfiar de las grandes promesas que hacen las empresas. La ciudad alberga el histórico complejo siderúrgico General Savio, operado por Ternium Argentina. La empresa enfrenta demandas legales por su gestión de residuos y efluentes. En 2023, un informe pericial realizado como parte de un mandamiento judicial ambiental destacó la falta de un permiso para el vertido de efluentes líquidos industriales y la presencia de metales pesados en las aguas subterráneas locales. 

Sidersa también se enfrenta a un conflicto ambiental por la construcción de la planta. La ONG Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA) la ha acusado de causar “enormes daños ambientales” al extraer ilegalmente tosca (un material utilizado para nivelar y sentar cimientos en sitios industriales) de una cantera cerca del arroyo Ramallo, sin autorización provincial ni municipal. Los tribunales han abierto procesos civiles y penales. Las obras de construcción continúan. 

Según Sidersa, estas acusaciones se refieren a un proveedor que afirma que los escombros se extrajeron de canteras autorizadas por Buenos Aires, la autoridad provincial de San Nicolás. Sidersa sostiene que la extracción se llevó a cabo legalmente y con la autorización necesaria, tal como lo estipula el contrato. 

“Lamentamos la demanda que se ha presentado, a la que estamos respondiendo a través de los canales legales correspondientes”, dice Lucrecia Payer, directora de relaciones institucionales de Sidersa, a Dialogue Earth.

El financiamiento chino y el RIGI

Inicialmente, Sidersa buscó financiamiento en el brazo privado del BID, IDB Invest, y en la Corporación Financiera Internacional del Grupo del Banco Mundial. Estos acuerdos no se concretaron.

Finalmente, Sidersa optó por financiar dos tercios de la inversión por su cuenta, reduciendo así el monto de financiamiento externo necesario. Sidersa logró obtener un préstamo de 100 millones de dólares con ICBC Argentina. Esta filial local del Banco Industrial y Comercial de China, de propiedad estatal, está facilitando la compra de maquinaria importada para la nueva planta.

La planta de San Nicolás se ha convertido en el primer proyecto industrial en beneficiarse del Régimen de Incentivos para Inversiones de Gran Envergadura (Rigi) de Argentina. Esta ley, aprobada en 2024, busca atraer capital a gran escala al ofrecer beneficios fiscales y garantías de estabilidad regulatoria por hasta 30 años. Para el partido gobernante, es una herramienta clave para brindar previsibilidad a los inversionistas en un país donde la inestabilidad económica ha hecho que, tradicionalmente, la certeza sea difícil de alcanzar.

Pero los críticos, como el centro de estudios Fundar, sostienen que el régimen otorga beneficios significativos a las grandes empresas sin exigir condiciones específicas a cambio. Por ejemplo, salvaguardias ambientales. “Cada concesión podría vincularse a un objetivo específico, y si ese objetivo no se cumple, la concesión debería retirarse”, afirma Guido Zack, director de economía de Fundar. “Así es como se hace en otros países como Chile, Brasil o Noruega; estos esquemas solo funcionan cuando el sector público, además de otorgar beneficios, exige compromisos claros en cuanto al desarrollo de proveedores locales, metas de producción y empleo […] y, en el contexto actual, también en materia de energía renovable”.

En septiembre, el proyecto se encontraba completado en un 27%, y la empresa espera que la primera producción de acero tenga lugar en el primer semestre de 2028. 

Las perspectivas son ambiciosas. Queda por verse si Sidersa logrará obtener sus materias primas, tal como está previsto, casi en su totalidad a partir de chatarra y electricidad de bajas emisiones disponible en el mercado argentino, y si las ventajas que ofrece el Rigi serán suficientes para que una tecnología de fabricación de acero con una menor huella ambiental resulte económicamente competitiva.