El reconocimiento de Colombia de los ríos como víctimas del conflcito armado está en peligro

José Luis Rengifo creció a orillas del Cauca, en el oeste de Colombia. Este río, uno de los más largos del país, es clave para la vida de más de 10 millones de personas. Rengifo, que ahora es líder comunitario en su ciudad natal, Puerto Tejada, es muy consciente de esta relación con el Cauca: “Nosotros nos criamos en el río. Nuestra vida depende de él”.

A lo largo de su vida, el conflicto de décadas entre el gobierno colombiano y diversos grupos armados se cobró cientos de miles de vidas y dejó a muchas más personas desplazadas. Pero también tuvo graves consecuencias para el medioambiente, algo que Rengifo vio con sus propios ojos: “Nunca habíamos visto pasar muertos por el río flotando”, recuerda Rengifo.

Durante años, en medio del conflicto, el Cauca fue una fosa común. También se convirtió en un vertedero de contaminantes generados por la minería ilegal de oro, que proliferó en medio de la violencia. En zonas como la región del Bajo Cauca, en el sur de Colombia, el río se convirtió en una de las cuencas más contaminadas del país. El medio independiente colombiano Rutas del Conflicto señala que esto hizo imposible que los lugareños pescaran, lavaran su ropa o se bañaran en sus aguas. Cita a un líder comunitario: “No volvimos a hacer ninguna de las prácticas tradicionales en el río. Nos dañaron nuestra convivencia y nuestra espiritualidad”.

Sin embargo, tras medio siglo de enfrentamientos armados, en 2016 se llegó a un acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este incluyó planes de reforma rural, participación política para los excombatientes y un plan de justicia transicional. Por este último punto se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Cientos de miles de víctimas han sido reconocidas por la JEP dentro de la larga historia del conflicto: personas asesinadas, desaparecidas, comunidades enteras y también los ríos. En 2023, la JEP colocó al río Cauca en esta lista.

“Es la primera vez en la historia del mundo donde un río se acredita como víctima”, dice a Dialogue Earth el jurista Raúl Eduardo Sánchez, magistrado de la sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP que trabajó el caso. El reconocimiento del río Cuaca como víctima rinde homenaje a su condición de fuente de vida para millones de personas.

Hoy, sin embargo, Renfigo es uno de los muchos que temen por el futuro del programa. En mayo, Abelardo de la Espriella asumió como presidente de Colombia. Se opone a la JEP y la califica como “un tribunal para lavar las manos sucias de sangre a los miembros de las FARC y perseguir a los héroes de la patria”.

Líderes comunitarios del municipio de Caloto, en el oeste de Colombia. Junto con cientos de miles de personas, varios ríos han sido reconocidos ahora como víctimas del conflicto armado colombiano (Imagen: Joel González / Presidencia de la República de Colombia, PDM)

El expresidente Gustavo Petro (de gris) y oficiales del ejército visitan el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, en diciembre de 2022. El gobierno de Petro defendió una política de “paz total”, algo que la nueva administración de Colombia desea cambiar (Imagen: Presidencia de la República de Colombia / Flickr, PDM)

El río, el símbolo

Dentro de los crímenes que investiga la JEP entran las afectaciones al territorio y a la naturaleza como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad: cultivos ilícitos, tala ilegal, contaminación de fuentes hídricas y minería ilegal.

La JEP busca esclarecer los hechos e implementar un modelo de justicia reparativa para las víctimas alrededor de crímenes de guerra, de lesa humanidad y complejos como tácticas de secuestro, los asesinatos extrajudiciales por parte de la fuerza pública, el desplazamiento forzado y más. A quienes participan, admiten sus delitos y se disculpan con las víctimas, se les suele ordenar realizar actos de reparación en lugar de cumplir penas de prisión. Dichos actos pueden incluir ayudar a localizar a personas desaparecidas, apoyar programas para erradicar los cultivos ilícitos o participar en campañas de reforestación y conservación.

Este organismo ha sido pionero en reconocer al ambiente como víctima de un conflicto, imputando a líderes de las FARC que operan en el norte del Cauca por daños ambientales.

El proceso empezó por solicitud de organizaciones como los Consejos Comunitarios de la Cuenca del río Cauca y Micro Cuenca de los ríos Teta y Mazamorrero, organizaciones civiles de varios poblados afectados por el conflicto.

“El río no solamente es un recurso hídrico [para las comunidades] en el que tienen métodos de subsistencia y sustento, como la pesca, sino que el río también implica un relacionamiento desde lo personal, desde la tradición, las costumbres”, cuenta Sánchez.

Sanchez y el equipo de la JEP tuvieron la tarea de verificar y buscar las pruebas que mostraran la victimización de esta cuenca. La afectación principal: el uso del río como “fosa común”.

Entre 2000 y 2004, el grupo paramilitar de extrema derecha Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia (AUC) arrojó miles de cadáveres al río Cauca, con el presunto respaldo de las fuerzas de seguridad pública. Esto afectó “al agua y a las especies que la habitan, destruyendo profundamente la relación de decenas de comunidades con la naturaleza”, según la decisión que la JEP publicó en 2023.

El río Cauca a su paso por el municipio de Sopetrán, en el noroeste de Colombia. Además de la contaminación provocada por la minería ilegal, los habitantes de la zona afirman haber encontrado cadáveres flotando en el río (Imagen: Luis Echeverri / Alamy)

“Ya no pescaban peces, sino que pescaban cuerpos o restos humanos”, dice Sánchez.

“También tuvieron responsabilidad en la afectación al medioambiente con la minería ilegal”, cuenta el magistrado. Los grupos armados como las FARC cobraban un “impuesto” extorsivo a las dragas para permitirles operar.

En 2024, la JEP también reconoció como víctima al río principal de Colombia, el Magdalena. Las denuncias incluyen derrames de petróleo causados por ataques a la infraestructura de la empresa petrolera nacional Ecopetrol y los impactos de la fumigación con glifosato en los cultivos de coca cercanos.

“Es una decisión bastante novedosa a nivel de la JEP y, obviamente, a nivel nacional e internacional”, afirma Sánchez. El magistrado señala que la organización ha llevado a cabo “actividades simbólicas” para reconocer ante las comunidades al río como ente afectado por el conflicto, como ir a los territorios y reunirse con los consejos comunitarios. La misma JEP declara que, como parte de los procesos de justicia transicional restaurativa, es necesario reconocer los daños a la naturaleza y el medioambiente.

¿Medidas concretas… u obstáculos concretos?

Algunos expertos han elogiado estas medidas por abordar el daño ambiental de manera “holística”, al combinar los derechos de la naturaleza y de las comunidades. Sin embargo, aún no está claro si este reconocimiento se traducirá en una mayor protección de los cursos de agua del país en el futuro.

Como señalan Diana Zapata, profesora de derecho en la Universidad de Antioquia, y sus colegas en el Periódico UNAL, este tipo de medidas simbólicas deben ir acompañadas de intervenciones concretas sobre el terreno. “El reconocimiento de los derechos de la naturaleza es, sin duda, una herramienta poderosa para definir nuestra relación con el medioambiente, pero requiere acciones concretas”.

A pesar de la retórica del presidente De la Espriella respecto a la JEP, le resultaría difícil desmantelarla o quitarle los fondos. La institución forma parte del marco constitucional aprobado por el Senado y, actualmente, está prevista que funcione hasta el 2038. Sin embargo, algunas de sus acciones demuestran un deseo de socavar el proceso de paz. Por ejemplo, desmantelar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP), y cerrar las estaciones de radio creadas en el marco de los acuerdos de paz.

Los críticos también sostienen que la agenda ambiental de De la Espriella sigue un patrón de desprecio hacia las políticas conservacionistas. Por ejemplo, la decisión de revocar las protecciones especiales contra la minería en la zona particularmente vulnerable del Páramo de Santurbán.

A pesar de todo esto, están trabajando para evaluar el impacto ambiental preciso del conflicto en el río, junto con el Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN) y los consejos comunitarios. Por ejemplo, están identificando los niveles de mercurio en la población y trabajando en soluciones que traigan la paz a este lugar tan golpeado.

Para Rengifo, el reconocimiento del río Cauca como víctima del conflicto es un acto “de esperanza”, pero todavía queda trabajo por hacer. Reconoce que “da esperanza poder plantearnos la posibilidad de establecer una hoja de ruta o un plan de acción que permita realizar acciones que mejoren el río Cauca”.