En Haití, convierten árboles frutales en carbón vegetal en medio de la violencia

Jean Noël tiene 53 años y lleva más de 30 cultivando plátanos, maíz, ñame y yuca en su granja de Fond-Cochon, en el oeste de Haití. Después de que el huracán Melissa arrasara el Caribe en octubre de 2025, esta parte de Haití se encontraba entre las más afectadas. Noël afirma que el huracán destruyó varias hectáreas de sus cultivos, incluidas decenas de árboles frutales.

Este devastador suceso obligó a Noël a dar un uso muy diferente a los árboles para obtener ingresos: “Empecé a convertirlos en carbón vegetal”.

Noël no es el único. Patrick Innocent, director del ayuntamiento de la comuna de Roseaux, a la que pertenece Fond-Cochon, afirma que se observó un aumento significativo de la tala de árboles en los meses posteriores al paso de Melissa. Esto se debió principalmente a la producción de carbón vegetal, que sigue siendo una de las principales fuentes de energía doméstica del país.

Innocent señala que las autoridades locales carecen de recursos para apoyar a las poblaciones afectadas: “Casi mil residentes han perdido sus cultivos de hortalizas, pero el municipio no puede ayudarlos debido a la falta de financiación”.

Desde 2018, Haití se ve sumido en una prolongada crisis humanitaria y de seguridad. Esta se desencadenó a raíz de las protestas por el aumento de los precios del combustible, que derivaron en años de intentos por derrocar al gobierno. El malestar social se ha visto agravado por la creciente violencia y la presencia de bandas, que se ha intensificado desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Según la ONU, alrededor de 1,4 millones de personas se han visto desplazadas internamente. El Programa Mundial de Alimentos estima que más de 5 millones de personas se enfrentan a la inseguridad alimentaria.

En gran parte del país, las instituciones públicas ya no son capaces de prestar los servicios básicos, lo que limita el acceso a la salud, la educación y la seguridad. Esta ausencia del Estado ha agravado el impacto de los desastres relacionados con el clima, como el huracán Melissa.

El país se enfrenta a una auténtica emergencia medioambiental, según varios expertos. “Nos encontramos en una situación crítica, en la que se superponen varias crisis ecológicas”, explica David Noncent, experto haitiano en cambio climático y ciencias medioambientales.

El huracán golpea al país

En medio de la crisis, el sector agrícola de Haití está sufriendo los efectos de varias perturbaciones, según la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (CIF), una herramienta global para evaluar la inseguridad alimentaria. Por ejemplo, los agricultores tienen dificultades para vender sus productos debido a los bloqueos de las carreteras de peaje controlados por grupos armados.

Haití no fue azotado directamente por el huracán Melissa, pero aun así sufrió daños importantes. La región de Grand Sud, en el suroeste, se vio especialmente afectada, con inundaciones, deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos.

Según la Secretaría Permanente para la Gestión del Riesgo de Desastres (SPGRD) de Haití, 43 personas perdieron la vida, 21 resultaron heridas y 13 están desaparecidas y se presume que han fallecido. Cerca de 16 000 personas afectadas fueron alojadas en centros de evacuación, principalmente en los departamentos del Grand Sud: Sud, Nippes y Grand’Anse. También se registraron importantes pérdidas agrícolas.

Desde la devastación inicial y a lo largo de las secuelas, la ausencia del Estado ha pasado factura. Varios residentes afectados cuentan a Dialogue Earth que no se les ha prestado ningún apoyo a largo plazo.

Esto ha empujado a muchos, como Noël, a adoptar prácticas perjudiciales para el medioambiente. La tala ilegal de árboles para producir carbón vegetal y la agricultura de tala y quema, por ejemplo, han agravado la deforestación que se está produciendo en muchas regiones del país.

La pérdida de árboles ha sido especialmente grave en el suroeste de Haití (Fuente de datos: Hansen / UMD / Google / USGS / NASA, Mapa: Dialogue Earth)

Al igual que Roseaux, la comuna de Saint-Michel de L’Attalaye, en el departamento de Artibonite, también se enfrenta a la deforestación. Los residentes dan la voz de alarma ante la tala masiva de árboles frutales —especialmente mangos— para producir carbón vegetal.

Marc-Wisly Hilaire, líder comunitario de la región y miembro de la Sociedad de Liderazgo por Otro Haití, explica que la inacción del Estado deja a la población con pocas opciones: “La falta de aplicación de la ley permite a la población talar árboles libremente. En un contexto de dificultades económicas, los residentes a menudo no tienen más remedio que recurrir a esta práctica. El Estado permanece impotente y no interviene”.

Según Hilaire, esta dinámica forma parte de un círculo vicioso, en el que la deforestación agrava las condiciones de sequía, lo que a su vez socava aún más los medios de subsistencia: “A veces no llueve durante más de cuatro meses. Los cultivos plantados durante este periodo suelen perderse”.

Aunque los datos recientes son escasos, las estimaciones disponibles sugieren que Haití sigue perdiendo miles de hectáreas de bosque cada año. Según el servicio de seguimiento con sede en EE. UU. Global Nature Watch, entre 2002 y 2025 se destruyeron 3.200 hectáreas de selva tropical primaria en Haití. Esto representa una pérdida del 4% de la cubierta forestal nacional.

Humo blanco que se eleva desde las montañas de Gavanneau, en el departamento de Sud, Haití. Se trata de una de las zonas del país más afectadas por la deforestación en las últimas décadas (Imagen: Iolanda Fresnillo / Flickr, CC BY NC SA)

Según un informe del Green Climate Fund (que hace referencia a datos recopilados hace aproximadamente entre 10 y 15 años), solo alrededor de un tercio de los hogares haitianos tiene acceso a la electricidad. En 2023, la Oficina de Minas y Energía de Haití afirmó que la leña y el carbón vegetal representaban más del 75% de las necesidades energéticas del país.

No hay estimaciones fiables sobre cuántos agricultores se han pasado a la producción de carbón vegetal, pero estudios indican que es la segunda actividad agrícola más rentable de Haití, después de la producción de mango.

“Todo ello forma parte de un mismo espectro, derivado de la crisis política y de seguridad, que está agravando aún más la degradación medioambiental”, afirma Noncent.

Ausencia estatal

Desde el asesinato de 2021, la situación política del país ha sido muy frágil. Al menos tres líderes han ejercido el poder ejecutivo sin haber sido elegidos. En 2024 se creó un Consejo Presidencial de Transición compuesto por nueve miembros, con el apoyo de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y otros socios internacionales, a lo que siguió el nombramiento, en febrero, del actual primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé. Las elecciones están previstas para diciembre.

Un informe de 2022 de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas sugería que había 200 bandas operando en el país. Estos grupos armados han aprovechado el vacío de poder para extender su control mediante la violencia.

La expansión de las bandas más allá de la capital, Puerto Príncipe, hacia las regiones occidentales, ha seguido socavando la autoridad del Estado y perturbando las rutas humanitarias y comerciales. Las bandas han atacado varias comunidades en distintas regiones, destruyendo propiedades agrícolas y asestando golpes significativos a las economías locales.

Según la ONU, han muerto miles de personas, incluidas casi 400 en poco más de dos meses a principios de este año en algunas zonas de la capital.

La crisis ha hecho que la labor de conservación en las áreas protegidas del país resulte cada vez más difícil, si no imposible, lo que propicia el avance de la deforestación. No está claro hasta qué punto las bandas están implicadas en estas actividades perjudiciales para el medioambiente. Sin embargo, observadores y residentes afirman que la explotación de los recursos naturales —incluida la producción de carbón vegetal, la tala ilegal y la ocupación de áreas protegidas— se ha extendido a la par que el deterioro de la situación de seguridad.

Algunos agricultores se han visto obligados a abandonar sus tierras. “Prácticamente ya no tenemos acceso a nuestras tierras”, afirma Maryse Lorima, residente en Kenscoff, una localidad cercana a Puerto Príncipe. “Desde que las bandas invadieron la zona, se ha vuelto extremadamente difícil cultivar”.

Según ella, los grupos armados tienen ahora acceso a los cultivos, al ganado y a los recursos naturales de la zona. “Talan árboles para fabricar carbón vegetal y se llevan las cosechas de los residentes para venderlas”, afirma.

Un guardia de seguridad haitiano patrulla una calle de Puerto Príncipe mientras un hombre empuja un carrito de supermercado lleno de cajas de cartón. Desde 2018, Haití se ve sumido en una prolongada crisis humanitaria y de seguridad (Imagen: Francisco Proner / CIDH, CC BY)

Poca protección

Kenscoff es uno de los principales puntos de acceso occidentales al parque nacional de La Visite. La presencia de bandas en estas zonas hace que el acceso sea peligroso e impide que las instituciones cumplan con su cometido. Prénord Courdo, director técnico de la Agencia Nacional de Áreas Protegidas (ANAP) de Haití, describió estas dificultades al medio de comunicación local Ayibopost en 2025: “Durante los últimos cinco años, no hemos podido llevar a cabo un trabajo de campo adecuado en una parte significativa de las áreas protegidas”.

La ANAP, responsable oficialmente de la gestión de unos 20 espacios y que opera bajo la supervisión del Ministerio de Medioambiente, se encuentra ahora en gran medida desbordada.

Algunos grupos armados están incorporando las áreas protegidas de Haití a su estrategia de control territorial. Coaliciones de bandas, como Viv Ansanm y los 400 Mawozo, ocupan posiciones clave en torno a recursos naturales estratégicos, especialmente en las zonas verdes situadas en la región occidental. Muchas de estas áreas sirven como corredores de transporte, refugios tras los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y centros de actividades económicas informales, incluida la extorsión. 

Esto ha provocado que grandes extensiones de bosque primario, incluidos los parques nacionales Forêt des Pins y La Visite, se hayan convertido en zonas de producción de carbón vegetal, tierras agrícolas o asentamientos informales.

El gobierno creó la Brigada de Vigilancia de Áreas Protegidas (BSAP) en enero de 2006 para apoyar la protección del medioambiente. Desde entonces, el número de efectivos de la brigada ha pasado de unas pocas docenas de agentes a varios miles. Se la ha acusado de corrupción, falta de supervisión y —a medida que sus actividades se han desviado hacia cuestiones relacionadas con la seguridad— de abusos de poder de carácter paramilitar. El Ministerio de Medioambiente ya ha advertido de graves disfunciones internas, entre ellas la falta de control institucional, estructuras de mando poco claras y mecanismos de rendición de cuentas insuficientes.

Una investigación de AyiboPost sobre la BSAP realizada en 2024 reveló denuncias de contrabando, secuestros y actos de represión contra la población civil. También puso de relieve la preocupación de que los agentes portaran armas ilegales. Según el informe, muchos de ellos no están registrados oficialmente ante el gobierno como funcionarios públicos.

“A falta de una supervisión y una rendición de cuentas efectivas, las estructuras de protección medioambiental pueden perder su mandato en la práctica, dejando a las áreas protegidas expuestas a la explotación y la degradación”, afirma Noncent.

Ni la BSAP ni el Ministerio de Medioambiente han respondido a las solicitudes de comentarios de Dialogue Earth. En abril de 2025, el consejo de transición presidencial anunció una colaboración oficial entre la BSAP y las fuerzas de seguridad, indicando que se reclutaría a miembros seleccionados de la BSAP para ayudar a “reforzar la seguridad pública”.

Para los residentes que viven cerca del parque nacional de La Visite, lo que llama la atención es la ausencia casi total de los agentes que supuestamente llevan a cabo la vigilancia. Uno de ellos, Ronald Aristil, se lamenta: “Casi nunca vemos a ningún agente en la zona, a pesar de que son ellos quienes deberían garantizar la seguridad”.