¿Podrá el Sur Global armonizar los mercados mundiales de carbono?

En teoría, los mercados de carbono deberían ser una estrategia para enfrentar el cambio climático. Al asignar un costo a las emisiones de gases de efecto invernadero y convertirlas en créditos comercializables, el mecanismo busca conciliar el desarrollo económico con la acción climática. Hoy hay decenas de mercados así en el mundo, con normas, procedimientos y precios muy distintos.

Ahora, Brasil preside una nueva alianza internacional para estandarizar estos mercados tan diferentes: la Coalición Abierta de Mercados Regulados de Carbono (OCCCM, por su sigla en inglés). Lanzada en mayo, la iniciativa busca armonizar los estándares de monitoreo, transparencia e integridad de los mecanismos del Sur Global y de los países desarrollados. 

Para Catherine Wolfram, profesora de economía aplicada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), reunir a los países para mejorar la integración de sus mercados de carbono ya es un “gran paso”. Como investigadora del Proyecto de Política Climática Global de Harvard-MIT, ella condujo un estudio que proyectó lo que podría suceder si 21 países y la Unión Europea adoptaran una estrategia conjunta de coordinación de precios del carbono. El escenario proyectado daría lugar a una reducción de emisiones siete veces mayor que la actual, además de 185 mil millones de dólares anuales en ingresos adicionales.

Sin embargo, hasta la fecha, los intentos de formar ese tipo de “club climático” han fracasado. Los países del Sur Global temen que los países ricos utilicen este mecanismo como una herramienta para imponer un precio global fijo al carbono, lo cual podría penalizar a sus industrias. Otro obstáculo es la falta de un sistema confiable para medir las emisiones de manera comparable entre países.

En este contexto, la OCCCM surge como una apuesta del gobierno brasileño. Sus directrices se anunciaron en la conferencia climática COP30, celebrada en Belém do Pará en 2025, y el plan de trabajo se aprobó esta semana en la Conferencia del Mercado de Carbono de China, en Wuhan. Brasil también busca un acuerdo con China para la compra de créditos de carbono brasileños, con el objetivo de anunciarlo en la COP31, en noviembre.

El éxito de la coalición dependerá de qué tan bien los diplomáticos brasileños puedan conciliar los intereses de un grupo heterogéneo de países y superar desafíos técnicos complejos.

Desafíos del mercado de carbono

En abril de este año, había 87 políticas de fijación de precios del carbono en vigor en todo el mundo, según un estudio del Banco Mundial. Estas funcionan principalmente a través de impuestos al carbono o de sistemas en los que se negocian créditos de emisiones. En conjunto, estas políticas cubren casi el 30% de las emisiones globales y generaron 107 mil millones de dólares en 2025.

Los sistemas de fijación de precios de las emisiones son notablemente desiguales: la tonelada de carbono cuesta alrededor de 68 dólares en Europa y Asia Central, pero solo 4 dólares en América Latina. Esta disparidad aumenta el riesgo de que las empresas trasladen sus actividades a países donde el costo de la contaminación es menor.

Para reducir este riesgo, la Unión Europea creó el Mecanismo de Ajuste en la Frontera por Carbono (CBAM, por su sigla en inglés), que cobra a los importadores un impuesto equivalente al costo del carbono que una empresa europea pagaría por las mismas emisiones. 

En Wuhan, Brasil argumenta que mecanismos como el CBAM serían innecesarios si los países adoptaran normas similares. Eso es lo que prevén las directrices de la coalición, pero el desafío consiste en armonizar la forma en que se miden las emisiones en los distintos sistemas energéticos y economías.

La OCCCM no opera con una lógica punitiva. A diferencia del CBAM, que puede penalizar a las industrias de China y de los países del G77, la coalición no pretende crear impuestos ni aranceles, sino equilibrar la forma en que se miden, verifican y reconocen las emisiones entre los países.

Una prueba para Brasil

El liderazgo brasileño en la OCCCM da continuidad al trabajo previo a la COP30, pero el propio Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones (SBCE) aún está en construcción y no se espera que comience a funcionar hasta 2030. Para los críticos, este retraso interno debilita la ambición del país de liderar una transformación en los mercados de carbono.

Wolfram afirma que la credibilidad de Brasil depende, en última instancia, del cumplimiento de sus propios objetivos: “Se necesita un mercado que funcione”. Ella también señala que el SBCE podría sufrir cambios si Luiz Inácio Lula da Silva no resulta reelegido en las elecciones de octubre.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la COP30, en Belém do Pará, en noviembre de 2025. Se prevé que las operaciones del mercado brasileño de carbono no comiencen antes de 2030 (Imagen: Kiara Worth / UN Climate Change, CC BY NC SA)

“Brasil siempre ha sido un actor importante en las negociaciones climáticas”, afirmó Júlia Cruz, secretaria nacional de Economía Verde, Descarbonización y Bioindustria. “Queremos garantizar que el país siga contribuyendo al debate climático con una visión de desarrollo económico y, sobre todo, en el caso de la coalición, como creador de estándares técnicos”.

Solución para mercados fragmentados

El informe de Harvard-MIT del año pasado propuso precios mínimos del carbono ajustados a los ingresos de cada país, con apoyo financiero para las naciones más pobres y la posibilidad de medidas aduaneras conjuntas. Sin embargo, aún no está claro si será posible llegar a un consenso. 

La declaración adoptada en la COP30 no contiene ninguna cifra. Según Florentine Koppenborg, investigadora de políticas ambientales y climáticas de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania, esto indica que “Brasil no tuvo la fuerza suficiente para convencer a todos los países de que se sumaran a esta idea”.

Cruz argumenta que eso se dará por una necesidad comercial: “La armonización, revisión o eventual abandono de los mecanismos de ajuste en la frontera es un proceso a largo plazo, pero de importancia fundamental para nuestras exportaciones”.

¿Quién decide realmente?

China y la Unión Europea actúan como copresidentes de la OCCCM, bajo el liderazgo de Brasil. Sin embargo, la experiencia del bloque europeo puede otorgarle influencia más allá de sus funciones formales. Según Milan Elkerbout, director de la Iniciativa Internacional de Política Climática, en Washington, la Unión Europea es uno de los principales formuladores de políticas públicas en este ámbito. “Con su experiencia, ocupa una posición privilegiada para liderar este tema”, afirmó.

Algunos expertos temen que esta influencia desproporcionada lleve a la Unión Europea a intentar dictar el rumbo del trabajo conjunto. “Espero sinceramente que la Unión Europea no esté tratando de exportar sus propias reglas”, dijo Koppenborg. “Estratégicamente, sería insensato tratar de exportar su propio sistema utilizando la etiqueta del Sur Global”.

De cualquier manera, los acuerdos de la coalición “no constituyen un instrumento jurídico internacional”, explicó Elkerbout. “La Unión Europea intentará influir en lo que la coalición diga sobre monitoreo, informes, verificación de emisiones e interoperabilidad, pero no es como si pudiera imponerlo”.

Brasil, por su parte, pretende definir “los estándares técnicos internacionales para medir y controlar las emisiones, de modo que las ventajas comparativas de nuestra industria sean reconocidas internacionalmente”, afirma Cruz.

Incendios forestales en el municipio de Trairão, en el estado brasileño de Pará. La deforestación y los cambios en el uso del suelo son algunas de las principales fuentes de gases de efecto invernadero en Brasil (Imagen: Marizilda Cruppe / Amazônia Real, CC BY NC ND)

Los 500 millones de euros prometidos por la Unión Europea para ayudar a descarbonizar las cadenas de producción de acero y aluminio de la India, dos sectores sujetos al CBAM, son un buen ejemplo de lo que la coalición busca cambiar. “Es exactamente el tipo de financiamiento climático Norte-Sur para la descarbonización industrial que una coalición como esta podría sistematizar”, dijo Wolfram.

La silla vacía en Washington

La ausencia más notoria en la coalición es la de Estados Unidos. Siete países que firmaron la declaración representan más de dos tercios de las exportaciones de bienes de EE. UU., según un análisis del centro de estudios estadounidense Niskanen Center. 

Wolfram considera esta ausencia reveladora: demuestra la necesidad de “procesos más allá de la COP y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático… un grupo de países con visiones afines y no los más de 190 signatarios”. Sin embargo, si Estados Unidos regresara a las discusiones climáticas, eso “transformaría el impulso de la coalición”.

Mientras tanto, otros países avanzan en la creación de aranceles de carbono. El Reino Unido implementará el suyo en enero de 2027, mientras que Australia y Canadá desarrollan sus propias iniciativas, y Turquía evalúa la idea. Pero el grupo de Harvard-MIT advierte que, sin cooperación, este tipo de medidas aumentará las tensiones comerciales en lugar de reducir las emisiones. 

Para Koppenborg, la OCCCM tendrá éxito si logra convertir los compromisos en acciones concretas a corto plazo: “Si los países solo están compartiendo experiencias después de dos años, eso se considerará un fracaso”.