Son casi las nueve y media de la mañana del martes 7 de abril. La diputada federal Célia Xakriabá sale de su despacho en la Cámara de Diputados de Brasilia, la capital de Brasil, acompañada de su equipo. Lleva un tocado de plumas blancas que le llega hasta la espalda, y tiene el rostro pintado con urucum, un tinte natural elaborado a partir de las semillas del árbol del achiote.
Se dirige hacia el salón de plenos de la Cámara, donde presidirá la sesión solemne en homenaje al 22.º Acampamento Terra Livre (ATL, Campamento Tierra Libre en español), la mayor concentración anual de pueblos indígenas de Brasil. Durante los diez minutos que dura el trayecto, la detienen en varias ocasiones visitantes, líderes indígenas y otros políticos, que le hacen cumplidos o posan para hacerse selfies con ella.
Nota editorial
Este artículo es el segundo de una serie de tres partes que analiza el liderazgo climático de Brasil a través de la gestión indígena: desde la influencia de las comunidades hasta la representación en el Congreso y los resultados del primer Ministerio de Pueblos Indígenas del país.
Xakriabá fue una de los 178 candidatos indígenas —una cifra récord— que se presentaron a las elecciones de 2022. Esta oleada se consideró una respuesta a los reveses impuestos a estas comunidades por el presidente en funciones, Jair Bolsonaro, y su gobierno. Finalmente, solo cinco candidatos indígenas resultaron elegidos para la Cámara de Diputados.
Xakriabá y su compañera diputada, Juliana Cardoso, lideran el llamado grupo parlamentario “cocar” (“tocado de plumas”). El grupo defiende la agenda indígena e impulsa políticas a favor del medioambiente, como la demarcación de tierras.
Sin embargo, a pesar de formar parte de la mayor representación indígena de la historia del país, se enfrentan a una batalla de David contra Goliat contra el poderoso bloque ruralista. Este grupo de parlamentarios, vinculado al sector agroindustrial, representa alrededor del 60% de los 513 diputados federales.
Adriana Ramos, secretaria ejecutiva del Instituto Socioambiental, una ONG, afirma que este bloque actúa en contra de los derechos indígenas. Según ella, tiene motivaciones económicas para imponer barreras a la demarcación, ya que intenta abrir los territorios a actividades perjudiciales para el medioambiente. Los proyectos de ley presentados por el bloque ruralista alejan a Brasil de los objetivos climáticos, según el think tank Instituto Talanoa.
Xakriabá denuncia que los ruralistas bloquean repetidamente la legislación relativa a los pueblos indígenas, sobre todo en las comisiones que revisan las políticas territoriales. “Ya existe una postura predeterminada para no dejar que nuestra agenda avanzara”, explica a Dialogue Earth.
Estas dificultades, aparentemente insuperables, no han impedido que Xakriabá y sus compañeros luchen por impulsar las causas indígenas y medioambientales. Pero, dado que las encuestas para las elecciones generales de Brasil de octubre apuntan actualmente a un resultado muy reñido, esa batalla parece más importante que nunca.
Una batalla cuesta arriba
El día de la sesión plenaria, indígenas de todo el país, con tocados y trajes tradicionales, llenaron las tribunas públicas de la cámara. Xakriabá entró al recinto al son de un coro de canciones acompañadas de maracas.
Defender los derechos indígenas en el Congreso es una labor solitaria. La presencia masiva de compañeros activistas refuerza el compromiso de Xakriabá, según su secretaria parlamentaria, Beatriz Mendonça: “Echa mucho de menos tener a otros indígenas en la cámara”.
Desde el inicio de su mandato, en enero de 2023, Xakriabá ha presentado 83 proyectos de ley, de los cuales solo tres se han promulgado: uno destinado a proteger a las mujeres indígenas de la violencia, otro para proteger a las mujeres embarazadas de la discriminación y el tercero dedicado a la educación rural.
Pero ella se empeña en no dejarse encasillar, por lo que también forma parte de las comisiones parlamentarias de cultura, derechos humanos y educación. Afirma que esta es su apuesta por ir más allá del papel “estereotipado e idealizado” al que a menudo se reduce a los representantes indígenas.
Mientras Xakriabá se dirige a otra reunión, es recibida con entusiasmo por un diputado del Partido Liberal, el partido de extrema derecha de Bolsonaro. A pesar de sus posiciones políticas diametralmente opuestas, esta escena no sorprende a su secretaria parlamentaria y es una prueba de su enfoque colaborativo. “Intenta escuchar a todas las partes y redactar leyes que no supongan un retroceso en los derechos, pero que realmente puedan aprobarse”, afirma Mendonça. “Construimos a partir de las lagunas”.
Joenia Wapichana, la primera mujer indígena elegida diputada federal en 2018, ha seguido un camino similar. Ha buscado el diálogo y la defensa de causas más allá de su propio grupo parlamentario y se ha pronunciado, como ella misma dice, “sobre todo tipo de cuestiones”. “Esto me ha ayudado a ganar acceso, respeto e influencia”, explica Wapichana a Dialogue Earth.
Los avances en materia de derechos de género, por ejemplo, han permitido a las representantes indígenas forjar alianzas más allá de su propio grupo parlamentario. Sin embargo, en otros ámbitos, Wapichana afirma que tender estos puentes ha resultado más difícil.
Los ruralistas contra el clima
El grupo parlamentario ruralista está impulsando docenas de proyectos de ley con “alto potencial de daño socioambiental”, según un estudio realizado por una red nacional de organizaciones medioambientales, Observatorio do Clima.
En mayo, el grupo organizó la “Semana Agrícola” para votar —por procedimiento de urgencia— una serie de estas propuestas, entre ellas la restricción del uso de imágenes satelitales para identificar zonas deforestadas ilegalmente. El Ministerio de Medioambiente, junto con otros organismos oficiales, declaró que estos proyectos de ley “socavan la protección medioambiental” al debilitar la aplicación de la normativa contra la deforestación y dificultar la clasificación de ciertas especies amenazadas como en peligro de extinción.
El pasado julio se votaron estas iniciativas en el Senado Federal, la cámara alta de Brasil: en unos 10 minutos se aprobó un proyecto de ley que debilita las medidas de protección de 486.000 hectáreas (aproximadamente el 37%) del Bosque Nacional Jamanxim, en el estado de Pará. Según Observatorio do Clima, esto ha allanado el camino para la “formalización de la invasión agrícola”.
Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de Brasil en el marco del Acuerdo de París tienen como objetivo reducir las emisiones entre un 59% y un 67% para 2035, en comparación con los niveles de 2005. El aumento de la deforestación como consecuencia de estos proyectos de ley dificultaría el cumplimiento de este objetivo, según un análisis publicado en mayo por la iniciativa Política por Inteiro del Instituto Talanoa.
En 2024, la agricultura y el cambio de uso del suelo representaron más del 70% de las emisiones nacionales. Esto se debió principalmente a la ganadería y a la deforestación, según una plataforma brasileña independiente denominada Sistema de Estimación de Emisiones y Absorciones de Gases de Efecto Invernadero (SEEG).
Estas emisiones impulsan el cambio climático que, como señala Política por Inteiro, hace que Brasil sea más vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos. Estos, a su vez, amenazan los productos agrícolas que constituyen casi la mitad de las exportaciones nacionales. Las normas comerciales medioambientales y sociales, como la legislación de la Unión Europea contra la deforestación, suponen amenazas adicionales para la rentabilidad de estas exportaciones.
Reforzar los derechos de los pueblos indígenas, entre otras cosas mediante la demarcación de tierras, es una herramienta clave para combatir el cambio climático. El Instituto de Recursos Mundiales (WRI) constató que los bosques gestionados por los pueblos indígenas en la Amazonía eliminaron 340 millones de toneladas de CO₂ de la atmósfera al año entre 2001 y 2021. Esto equivale a la cantidad de gases de efecto invernadero que emite anualmente el Reino Unido mediante la quema de combustibles fósiles. Además, las precipitaciones generadas por los bosques amazónicos preservados en las tierras indígenas son cruciales para la agroindustria.
Los representantes indígenas también participan en los debates sobre las reservas brasileñas de elementos de tierras raras, que solo son superadas en volumen por las de China. Las tierras raras, que se engloban bajo el término más amplio de “minerales críticos”, son esenciales para la transición energética mundial, por ejemplo, para la fabricación de aerogeneradores, motores de vehículos eléctricos y equipos electrónicos, lo que las convierte en un bien muy codiciado.
El Observatorio de la Transición Energética ha analizado las solicitudes de exploración de minerales críticos en Brasil y afirma que se solapan o son adyacentes a 278 territorios indígenas, lo que supone el 44% de las áreas indígenas de Brasil.
En mayo, los activistas indígenas fueron excluidos mientras la Cámara de Diputados aprobaba la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos. Actualmente se está debatiendo en el Senado. A mediados de julio, se presentó otro proyecto de ley sobre la política de minerales críticos, también a puertas cerradas.
Xakriabá preside una comisión para debatir los posibles impactos. “La transición energética no debe suponer más violaciones, conflictos y violencia contra los pueblos indígenas y tradicionales”, afirma.
Retos electorales
Mientras Xakriabá animaba a su equipo el día del ATL, probablemente su futuro político ocupaba gran parte de sus pensamientos. Hasta la fecha, ningún diputado federal indígena ha sido reelegido. Con las elecciones de octubre a la vuelta de la esquina, desea, al menos, terminar su mandato de buena manera.
Pero puede que los vientos soplen más a su favor en las elecciones de este año. Los candidatos indígenas tendrán derecho a una mayor asignación de fondos y tiempo de emisión para la campaña que en el pasado. Esta medida fue aprobada por el Tribunal Superior Electoral de Brasil después de que Xakriabá hiciera una petición formal en 2024. Consiguió ampliar las cuotas de financiación ya garantizadas a las mujeres y a las personas negras para que también cubrieran a los pueblos indígenas.
Durante el encuentro celebrado en Brasilia, se anunciaron decenas de nuevos candidatos indígenas.
Marcos Sabarú, de la campaña colectiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), afirma que la representación de los pueblos indígenas en el Congreso es fundamental.
“Queremos que haya personas que debatan y defiendan los derechos de los pueblos indígenas en el Congreso nacional”, explica a Dialogue Earth. “Queremos que haya un guerrero en ese espacio al que nosotros mismos no podemos acceder fácilmente”.
Ramos, del Instituto Socioambiental, explica que el mayor número de indígenas en el Congreso ha dificultado que los políticos no indígenas impongan agendas específicas a las comunidades: “Ya no pueden utilizar las voces de algunos indígenas que están a favor de una actividad como si representaran la voluntad de todo el movimiento”.
Martha Fellows, asesora del Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil, afirma que el éxito electoral del grupo parlamentario “cocar” debe juzgarse en función de las alianzas que establezca para garantizar su perdurabilidad e impacto, y no solo en términos de cifras puras. Ramos subraya que, dado el papel de Brasil en el debate climático mundial, esta presencia —aunque ciertamente limitada— sigue siendo esencial para dar visibilidad y peso a las reivindicaciones de los pueblos indígenas ante los socios internacionales.
Xakriabá, por su parte, tiene la mirada puesta en las próximas elecciones. Su ambición es impulsar la agenda indígena a través de “un grupo parlamentario combativo en materia climática que trascienda al grupo ‘cocar’”.
