Sin financiación de EE.UU., la Reserva de la Biósfera Maya de Guatemala enfrenta retos

Amanece en el pueblo de Carmelita, en el corazón de la Reserva de la Biósfera Maya de Guatemala. La luz del sol se cuela entre los árboles de sapodilla (Manilkara zapota) que se mecen mientras los gallos comienzan a cantar. Con machetes en mano, los residentes se dirigen al bosque comunitario.

A pesar de su aspecto humilde, este pequeño asentamiento en Petén, el departamento más al norte de Guatemala, ha sido desde hace tiempo uno de los casos de éxito de la conservación a nivel mundial. Durante más de dos décadas, la gente de Carmelita ha cosechado de manera sostenible madera, miel y otros productos forestales, al tiempo que administra casi 55.000 hectáreas dentro de la reserva. 

En virtud de un acuerdo gubernamental firmado en 1994, gran parte de los bosques de Guatemala se arriendan a las comunidades locales a través de “concesiones comunitarias” como la de Carmelita. Estos custodios obtienen ingresos de los productos forestales bajo un plan de manejo sostenible creado en colaboración con la agencia nacional de conservación de Guatemala, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). Las concesiones comunitarias dentro de la Reserva de la Biósfera Maya han protegido colectivamente aproximadamente 484.000 hectáreas de bosque de gran importancia ecológica, mientras que las tierras adyacentes han sido rápidamente deforestadas. 

“Es como un jardín”, dice Jesús Barrera, representante legal de Carmelita. “Lo podas y se vuelve más hermoso. Así es el bosque”.

Desde que se estableció la Reserva de la Biósfera Maya en 1990, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha sido una presencia constante y crucial. Ha financiado de todo, desde equipo forestal y aserraderos hasta asistencia técnica para mitigar los incendios forestales. 

Pero la historia de la conservación ha dado un giro político preocupante. Un mes después de asumir el cargo por segunda vez, el presidente de EE. UU., Donald Trump, congeló casi todo el apoyo internacional de la USAID en febrero de 2025. 

“La USAID ha sido un aliado importante del modelo forestal desde el principio”, dice Julio Javier Madrid, coordinador de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (Acofop). “Vimos que los recursos llegaban a los lugares donde se necesitaban”. 

Hay una docena de concesiones comunitarias dentro de la reserva que han dependido de la ayuda internacional durante décadas. Con la retirada de la USAID y la temporada alta de incendios a solo unos meses de distancia, se enfrentan a un futuro cada vez más incierto.

Amenazas inminentes

El fuego ha formado parte desde hace mucho tiempo de las tierras dentro de la reserva. Las formas tradicionales de agricultura de tala y quema se han practicado aquí a lo largo de generaciones de civilizaciones mayas durante miles de años.

Pero las temporadas secas cada vez más erráticas, sumadas a la rápida expansión de la ganadería en todo Petén durante el último siglo, han provocado que los bosques se quemen a un ritmo alarmante. En Guatemala se queman, en promedio, unas 27.000 hectáreas de tierras protegidas cada año. Esta cifra se dispara durante los años de El Niño.

La expansión de las explotaciones ganaderas en el norte de Petén, el departamento más grande de Guatemala, es uno de los varios factores que permiten que los incendios forestales ahora se extiendan más que antes (Imagen: Eddie Gerald / Alamy)

“El fuego es lo que más nos ha afectado”, dice Estuardo Miguel Julián Díaz, tesorero de una de las concesiones comunitarias de la reserva, la Asociación Forestal Integral Cruce a la Colorada (Aficc). “Ha sido difícil controlarlos”.

USAID ayudó a crear una red de agencias gubernamentales, ONG y concesiones comunitarias dedicadas a rastrear y prevenir incendios. Esto incluye monitoreo por satélite, patrullas comunitarias contra incendios, gestión centralizada de quemas autorizadas y cientos de millas de cortafuegos. Los expertos dicen que esto ha llevado a que se produzcan menos incendios en las áreas administradas por la comunidad en comparación con la zona de amortiguación de la reserva. 

“La retirada de la USAID se produjo en un momento muy crítico”, afirma Sergio Balan, coordinador del Conap. 

El financiamiento desapareció tras la peor temporada de incendios de la reserva en décadas, cuando los recursos ya eran excepcionalmente escasos. En 2024 se quemaron más de 230.000 hectáreas de tierras protegidas en Petén. 

“El Estado ya no contaba con recursos porque esa temporada de incendios fue severa, y los recursos disponibles para la prevención y la lucha contra incendios ya se habían agotado”, explica Balan.  

Las invasiones ilegales de tierras impulsadas por la ganadería se han expandido en la reserva durante el último año, particularmente a lo largo de lo que Conap denomina la “ruta de la Carmelita”, un paisaje degradado que se encuentra en proceso de restauración activa.

“Antes había muchos incendios, pero afectaban áreas relativamente pequeñas”, dice Balan. “Ahora las invasiones de tierras han aumentado y los territorios afectados se han vuelto mucho más extensos”. 

Sin los recursos necesarios para contrarrestar estas invasiones, Balan señala que los incendios se han extendido a áreas que antes no se veían afectadas. 

Los recortes han obligado a modificar los mecanismos de respuesta. Madrid explica que Acofop ahora tiene que esperar la confirmación oficial de un incendio antes de desplegar recursos para combatirlo. 

A medida que El Niño se intensifica antes de la temporada de incendios de enero, la reserva podría enfrentar su mayor desafío hasta la fecha. “Nuestra situación actual es que tenemos que hacer más con menos recursos”, dice Madrid.

Desafíos crecientes

En Acofop, muchos no están seguros de si aún conservan sus empleos. “Nuestros salarios se pagaban directamente con fondos de USAID”, explica Madrid.

La organización perdió alrededor de 375.000 dólares en financiamiento anual, lo que provocó de inmediato la cancelación de un proyecto de 60.000 dólares relacionado con un centro comunitario de recolección de miel. Esto habría brindado a los apicultores de la reserva un mejor acceso a los mercados internacionales y mayores ingresos, según Madrid.

Rainforest Alliance, una ONG internacional que durante décadas apoyó las concesiones comunitarias en la reserva con el respaldo de USAID, se ha visto igualmente afectada. Desde 2023, Rainforest Alliance ha financiado proyectos comunitarios a través de su iniciativa “Paisajes Prósperos y Resilientes” (PRL). USAID había asignado hasta 6 millones de dólares para financiar el proyecto hasta 2028. Sin embargo, los fondos se agotaron en septiembre.

“La cooperación internacional siempre había sido muy oportuna en temas críticos”, afirma Jorge Cruz, quien dirige la oficina de Rainforest Alliance en Petén.

La pérdida repentina de los fondos de USAID no supone una sentencia de muerte, pero algunos proyectos siguen dependiendo en gran medida de la ayuda externa para el desarrollo comunitario y la restauración del paisaje.

“Las concesiones más recientes definitivamente requieren más atención”, dice Cruz. “Es necesario fortalecerlas; hay que reforzar nuevamente el modelo de concesión”.

USAID desempeñó un papel fundamental en el apoyo a los esfuerzos de restauración en la reserva, como este vivero de la Asociación Forestal Integral Cruce a la Colorada en Petén (Imagen: Nicolás Scibelli)

Hacia un modelo autosustentable

En Carmelita, el negocio sigue en auge. 

Un aserradero y un taller de carpintería permiten a la concesión vender muebles y madera procesada a mejores precios. Las ventas en los mercados nacionales e internacionales representan alrededor del 70% de los ingresos anuales de la concesión.

La concesión también obtiene ingresos del xate, las hojas de una palmera ornamental muy apreciada por los floristas internacionales para ramos y decoraciones de bodas, así como de la materia prima del chicle. Carmelita también está expandiendo su negocio de apicultura: actualmente cuenta con 138 colmenas productoras de miel. El turismo es un motor de ingresos, ya que atrae a miles de visitantes cada año. 

“Carmelita ha llegado a una etapa en la que es autosuficiente”, dice Barrera. “Hemos tenido altibajos, como las fluctuaciones en los precios de la madera, pero seguimos operando”. 

Otras concesiones aún están en fase de aprendizaje. 

A unos 30 minutos por carretera de Carmelita, la concesión de la Aficc ha enfrentado dificultades debido a la invasión de ganaderos ilegales y a la deforestación relacionada con conflictos de tierras. Aficc carece de las abundantes reservas de caoba que ayudan a sostener las operaciones de Carmelita.

Aficc se ha enfocado en la restauración desde 2021, y la mayor parte del trabajo ha sido financiado por el proyecto PRL de Rainforest Alliance. El financiamiento terminó el mes pasado.

Aserradero de la Asociación Forestal Integral Cruce a la Colorada, 2017 (Imagen: PBH / Alamy)

“El próximo año será muy difícil”, dice Samuel Quixchan, un técnico de Rainforest Alliance que trabaja en estrecha colaboración con Aficc. “Solo podremos continuar con tal vez el 20% del trabajo”.

Aficc está trabajando para seguir el modelo de Carmelita mediante el desarrollo de fuentes de ingresos alternativas, un proceso que requerirá una inversión sostenida. 

“Hoy en día, el trabajo de restauración va bien, pero va a llegar a su fin”, dice Miguel Julián, tesorero de Aficc. “¿Qué va a hacer la gente después?”

Un nuevo salvavidas

A pesar de sus resultados mixtos y a menudo polémicos, ¿puede REDD+, el marco internacional de pagos por carbono, ofrecer un salvavidas a la reserva?

En diciembre pasado, el proyecto insignia de reducción de carbono de la reserva, GuateCarbon, recibió su primer pago de REDD+ por 1,1 millones de toneladas de emisiones de carbono evitadas gracias a la reducción de la deforestación. Esto representó un suspiro de alivio para las comunidades que buscaban compensar los recortes de financiamiento de USAID.

Años de trámites burocráticos y cuestiones legales sobre la propiedad de la tierra retrasaron el proyecto. Pasó una década desde la verificación del proyecto en 2014 hasta que GuateCarbon vendió su primer lote de créditos de REDD+ en 2025. El proyecto aún no ha vendido ningún crédito de carbono a través de los mercados voluntarios, lo que permitiría a personas y organizaciones compensar sus emisiones. Es un área en la que el gerente del proyecto, Sergio Guzmán, sabe que se está dejando de ganar dinero.

“Es una historia de éxito en términos de procedimientos, procesos y aprendizaje”, dice Guzmán. “Pero también es una historia de fracaso porque esas toneladas estándar voluntarias siguen ahí sin venderse”.

Cada concesión recibió 3,6 millones de dólares de la primera entrega de REDD+, destinados a fortalecer sus componentes sociales, productivos y de protección. Acofop también recibió alrededor de 0,7 millones de dólares por administrar el proyecto, mientras que el gobierno recibió 1,1 millones de dólares.

En Uaxactún, otra concesión dentro de la reserva, su presidenta, Mavil Barrientos, afirma que los fondos de GuateCarbon han sido cruciales para la prevención de incendios, ya que cubrieron salarios y otros gastos. Aficc utilizó los fondos para comprar un vehículo todoterreno con el fin de monitorear mejor los incendios.

Sin embargo, a diferencia de las contribuciones de USAID, es necesario encontrar regularmente nuevos compradores para los créditos de GuateCarbon, lo cual es en sí mismo una tarea difícil que requiere tiempo y negociación.

La Reserva de la Biósfera Maya se creó partiendo de la idea de que las comunidades que vivían dentro del bosque eran sus custodios mejor equipados. El apoyo de USAID y décadas de inversión ayudaron a construir eso. La pregunta ya no es si las comunidades pueden proteger uno de los ecosistemas de bosque tropical más importantes del mundo, es si pueden hacerlo sin uno de sus mayores patrocinadores financieros. 

“Tenemos que encontrar la manera de mantener la sostenibilidad por nuestra cuenta”, asegura Guzmán.