COP31: “Sufrimos más las consecuencias y pagamos más para financiar la respuesta”

La COP31 comienza en Antalya, Turquía, el 9 de noviembre, y el panorama para los países en desarrollo dista mucho de ser tranquilizador. Los países ricos están reduciendo el financiamiento climático: el Reino Unido recortó recientemente su contribución al Fondo Verde para el Clima en un 50%. El conflicto del Golfo ha agudizado el enfoque de muchos gobiernos en la seguridad energética.

Para María Fernanda Souza, lo que está en juego en la cumbre anual más importante de la ONU sobre el cambio climático es particularmente alto este año. Además de liderar la política de cambio climático de Uruguay, actualmente es presidenta alterna del Grupo de los 77 y China, el bloque de países en desarrollo más grande de la ONU. Uruguay ocupa la presidencia por primera vez desde la fundación del grupo en 1964, y Souza trabaja en la formulación de sus posiciones sobre el clima.

En esta entrevista con Dialogue Earth, Souza habla de la importancia de mirar más allá de las cifras de compromisos que acaparan los titulares y considerar los problemas de acceso a los fondos climáticos. También comparte sus reflexiones sobre cómo las tensiones geopolíticas están afectando la transición energética y qué pueden aprender otros países de la experiencia de Uruguay en el desarrollo de energías renovables.

María Fernanda Souza durante su intervención en la COP30 en Belém, Brasil. Además de liderar la política de Uruguay en materia de cambio climático, actualmente es presidenta alterna del Grupo de los 77 y China (Imagen: Mike Muzurakis / IISD/ENB)

Dialogue Earth: ¿Cuáles son las prioridades de Uruguay y del G-77 de cara a la COP31?

María Fernanda Souza: La adaptación es fundamental para nosotros. Queremos lograr avances reales en la forma en que los países planifican y miden su adaptación. Uruguay es un país altamente vulnerable: somos un país costero y agroexportador que depende de la agricultura y el turismo.

La segunda prioridad es la transición justa. En la COP30, los países acordaron desarrollar un mecanismo que les ayude a gestionar de manera justa el cambio hacia economías más limpias. Queremos que brinde apoyo real, con asistencia técnica, intercambio de experiencias y otra ayuda internacional. Los países aún tienen opiniones diferentes sobre cómo debería funcionar.

¿Cómo interpretas el panorama geopolítico?

La salida de Estados Unidos del régimen climático ha dejado su huella, y espero que regrese con el próximo gobierno. Mientras tanto, las economías del Norte Global están bajo presión y, en algunos casos, tienen menos voluntad política para la financiación climática internacional. Es probable que eso empeore y haga que los primeros días de la COP sean particularmente complejos.

En las reuniones preparatorias de Europa para la COP31, escuché un fuerte impulso a la descarbonización en nombre de la seguridad energética, dada la situación en el Golfo y en Ormuz. Un ministro español lo expresó muy bien: el sol no deja de brillar y el viento no deja de soplar por lo que pase en Ormuz.

La mina de cobre a cielo abierto de Toromocho, en Morococha, Perú. La transición verde necesita minerales críticos, muchos de los cuales se encuentran en el Sur Global (Imagen: Sally Jabiel)

Eso es positivo, pero la transición necesita minerales críticos, y muchos de ellos se encuentran en el Sur Global. ¿Cómo aceleramos sin profundizar la dependencia neocolonial? Esa pregunta se introduce en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Clima a través de la transición justa, y en realidad se trata del modelo de desarrollo.

¿Qué es lo que más te preocupa sobre el financiamiento climático?

Algunos países han retirado o reestructurado su financiamiento climático. El Reino Unido ha reducido su contribución al Fondo Verde para el Clima en la próxima reposición, y aún no sabemos qué harán los demás. Los países desarrollados dicen que la guerra y la crisis energética los obligan a destinar los fondos de ayuda a la seguridad nacional. Pero el financiamiento climático no es ayuda para el desarrollo. Se trata de compromisos ya firmados. La última reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial también quedó muy por debajo de las expectativas.

Más allá de las cantidades prometidas, ¿también es un problema acceder a los fondos?

Sí. Alrededor del 70% de la programación de políticas climáticas de Uruguay depende de proyectos en condiciones favorables financiados por el Fondo Verde para el Clima, y tenemos proyectos que han esperado seis o siete años para ser aprobados. El equipo técnico del fondo los califica de impecables, pero no llegan a la junta directiva. Nuestra explicación es principalmente política: hay presión para convertir las donaciones en préstamos o en esquemas del sector privado. Eso puede funcionar para la mitigación. Tenemos un proyecto de descarbonización del transporte con un gran componente de préstamo. Pero no funciona para obras públicas como la adaptación costera.

El compromiso climático de Uruguay incluye metas que financia por sí mismo y otras que dependen del financiamiento internacional. ¿Estos recortes en el financiamiento están obligando a reducir la ambición?

Nuestra política climática está algo protegida. Los compromisos incondicionales se están cumpliendo y ahí no hay riesgo. Lo complicado es la parte condicional y las partes de nuestros planes de adaptación que necesitan financiamiento internacional. Eso es cierto para todos los países. Los proyectos ya aprobados son, en cierto sentido, fondos comprometidos. El problema está en el futuro.

Y hay una injusticia aún más profunda: los países desarrollados obtienen préstamos a tasas de interés mucho más bajas, mientras que los países afectados por fenómenos climáticos extremos pagan mucho más. Nosotros sufrimos más las consecuencias y pagamos más para financiar la respuesta.

Con el financiamiento bajo tanta presión, ¿qué ha hecho Uruguay para mejorar su propio acceso a los recursos?

Hemos puesto la política climática en el centro de la política económica, y eso nos ha brindado mejores condiciones de financiamiento para nuestros compromisos climáticos. Uruguay ha emitido un bono soberano indexado a indicadores climáticos, entre ellos la conservación de todo nuestro bosque nativo, y ahora estamos trabajando en un segundo bono vinculado a indicadores de adaptación. Esto demuestra que los países del Sur Global pueden diseñar soluciones institucionales que beneficien a la biodiversidad y al cumplimiento de nuestros compromisos nacionales, y que además abran el acceso a los recursos. Confiamos en que la comunidad internacional y el sistema financiero nos apoyarán en esto.

Un cardenal de cresta roja posado en una cerca de alambre cerca del lago Merín, en el noreste de Uruguay. En 2022, el país emitió un bono soberano indexado a indicadores climáticos, como la conservación de todos los bosques nativos (Imagen: Eitan Abramovich / Dialogue Earth)

¿Cómo se coordina un grupo tan diverso como el G77?

Es extremadamente heterogéneo, con diferentes economías, sistemas políticos y culturas de negociación. Muchos de nosotros no somos diplomáticos. Venimos del ámbito del medio ambiente o la energía. Los coordinadores temáticos trabajan con los negociadores especializados en cada tema, y la presidencia del G77 interviene cuando nos informan que no se vislumbra un consenso.

Gran parte de esto ocurre en WhatsApp: nos enviamos mensajes todo el día para entender qué es lo más delicado para cada país. Los combustibles fósiles son el tema donde las diferencias son más marcadas, pero hasta ahora hemos llegado a acuerdos.

¿Qué opinas de la hoja de ruta global sobre los combustibles fósiles, que se presentará en la COP?

Es positiva, siempre y cuando ayude a los países a alejarse de la dependencia de los combustibles fósiles. Pero los puntos de partida [nacionales] difieren en cuanto al margen fiscal, la dependencia de la producción de alimentos y la capacidad para planificar una salida. Para economías de nivel medio como Uruguay, no depende de decisiones individuales. En la reunión de Santa Marta, escuchamos a las Maldivas: quieren avanzar, pero sin ampliar la red eléctrica, lo cual requiere financiamiento internacional; de lo contrario, una mayor generación de energía limpia no sirve de nada.

Estas conversaciones son necesarias, pero estamos hablando entre convencidos. Necesitamos que participen los ministerios de finanzas y el sector privado, porque se trata del modelo de desarrollo, no solo de la política energética.

¿Y cuál es tu opinión sobre la meta de la presidencia de la COP de alcanzar un 35% de electrificación para 2035, un aumento respecto a la meta actual del 20%?

Es un objetivo global y voluntario sin metas nacionales, que forma parte de la agenda de acción. Me parece valioso para conectar a los países que necesitan implementar medidas con aquellos que pueden apoyarlos, y para compartir casos de éxito como el de Uruguay, cuya energía es aproximadamente un 98 % renovable.

Pero nuestra «segunda» transición energética es mucho más intensa en tecnología y financiamiento: redes eléctricas, reconversión industrial, combustibles verdes. La presidencia de la COP31 también ha anunciado otros nueve temas prioritarios, entre ellos el metano, la electrificación y los sistemas de alerta temprana.

Uruguay es un exportador agrícola, y las normas climáticas afectan cada vez más al comercio y a la agricultura. ¿Cuál es su postura respecto a las medidas comerciales y al metano?

Nuestra prioridad es impulsar marcos multilaterales y evitar medidas comerciales unilaterales que restrinjan el desarrollo de los países al imponerles condiciones que no pueden cumplir. Esas medidas no son ideales en el contexto más amplio de las negociaciones, y representan un problema especialmente en mi función de coordinador del G77, ya que muchos países miembros carecen de la capacidad para cumplirlas.

Vacas pastando en un campo de arroz inundado cerca del lago Merín. Uruguay es signatario del Compromiso Global sobre el Metano y cuenta con metas de intensidad de emisiones relacionadas con la carne (Imagen: Eitan Abramovich / Dialogue Earth)

En el caso de Uruguay, nuestra producción tiene una ventaja ambiental: prácticamente no hay deforestación. Firmamos el Compromiso Global sobre el Metano y contamos con metas de intensidad de emisiones por kg de carne. El enfoque de la presidencia de la COP31 respecto al metano se centra en las emisiones provenientes de los combustibles fósiles y los vertederos, donde existe tecnología de bajo costo para evitarlas, y estoy totalmente de acuerdo con eso. El metano proveniente del ganado es un tema aparte, y debe respetar el lenguaje sobre seguridad alimentaria que figura en el preámbulo del Acuerdo de París.

¿Qué significa todo esto en la práctica?

Vivimos bajo la amenaza de El Niño, especialmente las poblaciones costeras del norte de Uruguay y de toda la región. Las medidas de adaptación diseñadas hace años ya deberían haber contado con financiamiento a estas alturas. Sin él, desviamos fondos de otras prioridades, y cuando los desastres azotan nuestras ciudades, la carga recae principalmente sobre los gobiernos locales. Estos deben innovar rápidamente para realojar a la población y evacuarla.

Los países desarrollados siguen diciéndonos que los objetivos globales de financiamiento siguen vigentes. Pero escuchamos dudas sobre si podrán movilizar financiamiento al mismo nivel que antes. En términos prácticos, el panorama es muy complejo.