Los países hacen cada vez más referencia a los derechos de los Pueblos Indígenas en los planes de acción climática que elaboran cada cinco años en virtud del Acuerdo de París.
En agosto de 2025, alrededor del 54% (105 de 195) de los países habían hecho referencia a dichos derechos en sus planes, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). Esto supone un aumento con respecto al 22% del primer ciclo de presentación (2015-16) y al 38% del segundo (2020-21).
Aunque a primera vista esto parece una tendencia prometedora, al analizarlo más detenidamente se observa un panorama más heterogéneo. Nuestro análisis del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA) ha revelado que los gobiernos aún están lejos de alinear sus políticas climáticas con sus obligaciones en materia de derechos humanos, o de aprovechar los conocimientos, los sistemas de gobernanza y el liderazgo que los Pueblos Indígenas aportan a las soluciones climáticas.
El análisis evalúa las referencias de las NDC a los Pueblos Indígenas en cinco dimensiones propuestas por el académico indígena Graeme Reed: los Pueblos Indígenas como titulares de derechos; la jurisdicción indígena; los Sistemas de Conocimiento Indígenas; la participación plena y efectiva; y el legado del colonialismo.
Aproximadamente un tercio de las NDC (32%) reconocen ahora a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos de alguna forma, y el 28% lo hace de manera explícita, a menudo citando marcos jurídicos nacionales o internacionales. Esto supone una mejora notable con respecto a los dos primeros ciclos de NDC, en los que las referencias tendían a ser vagas o simbólicas. Aun así, solo un grupo muy reducido de Estados menciona derechos como el consentimiento libre, previo e informado (CLPI).
Es el derecho de los Pueblos Indígenas a tomar decisiones colectivas a través de sus propias instituciones sobre asuntos que los afectan, como un proyecto de conservación. Deben poder hacerlo sobre la base de información completa y accesible, sin coacción y antes de que se tomen decisiones o se implementen acciones. Este derecho está consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) de 2007.
El ámbito más débil sigue siendo la jurisdicción indígena sobre las tierras, los territorios y los recursos. Solo 16 países (8%) incluyen algún tipo de reconocimiento, la mayoría limitado a los derechos o reclamaciones sobre la tierra, unos pocos a los sistemas de gobernanza y solo uno reconoce explícitamente un sistema jurídico indígena. Por el contrario, las referencias a los Sistemas de Conocimientos Indígenas son mucho más comunes y detalladas, ya que 44 países (23%) reconocen los Conocimientos Indígenas y muchos describen prácticas o mecanismos de participación, aunque solo seis reconocen explícitamente las cosmovisiones y los valores indígenas.
La participación es donde la brecha entre la retórica y la práctica se hace más visible. 40 países (21%) promueven la participación indígena en la gobernanza climática y 23 describen mecanismos concretos o financiación para la participación. Sin embargo, solo 14 países explican cómo participaron los Pueblos Indígenas en el diseño de las NDC, a pesar de haber decidido informar al respecto durante la conferencia climática COP24 de 2018. La mayoría de ellos describen consultas genéricas con las partes interesadas, en lugar de procesos claros y autodeterminados o una participación “de nación a nación”.
Por último, 30 países (alrededor del 15%) se refieren a la vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas al cambio climático, y 17 proponen medidas para abordar sus realidades específicas. Pero solo cuatro establecen el vínculo fundamental con los factores estructurales de vulnerabilidad, como el colonialismo, el despojo y la marginación.
Por qué es importante la participación indígena
Sin embargo, contar las referencias puede ser engañoso cuando las estructuras más profundas permanecen inalteradas. Nuestro análisis de las NDC confirma que persiste la “brecha de implementación”: los Pueblos Indígenas son cada vez más visibles en las NDC, pero aún no influyen en la configuración o la gobernanza de la acción climática.
Hay al menos tres razones por las que esto es importante.
Primero: la justicia climática y las obligaciones legales. El preámbulo del Acuerdo de París insta explícitamente a los países a “respetar, promover y tener en cuenta” sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluidos los derechos de los Pueblos Indígenas. La UNDRIP establece unas normas mínimas, entre las que se incluyen la autodeterminación, los derechos sobre la tierra y el territorio y el CLPI. Lo mismo hace el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, aunque solo 22 países lo han ratificado.
Las NDC que ignoran o diluyen estas normas corren el riesgo de permitir medidas climáticas —desde energías renovables a gran escala hasta mercados de carbono— que reproducen los mismos patrones de despojo y exclusión que promovieron la crisis climática en primer lugar. Sin el reconocimiento de los derechos sobre la tierra y los sistemas de gobernanza, las políticas climáticas pueden violar, y de hecho violan, los derechos indígenas o agravar las vulnerabilidades, especialmente cuando la demarcación territorial sigue sin resolverse.
Segundo: la eficacia de la acción climática. Los conocimientos y prácticas de los Pueblos Indígenas son indispensables para la adaptación y la resiliencia. Así lo reconoció el organismo científico de las Naciones Unidas dedicado al clima, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en su Sexto Informe de Evaluación. Los Pueblos Indígenas gestionan colectivamente una parte significativa de la biodiversidad y los ecosistemas ricos en carbono que quedan en el mundo. Sus sistemas de gobernanza, prácticas culturales y conocimientos han sostenido los bosques, pastizales, humedales y ecosistemas marinos a lo largo de generaciones.
La mayoría de las referencias relacionadas con los Pueblos Indígenas siguen sin respetar la integridad de los sistemas de Conocimientos Indígenas, sus valores, protocolos y leyes consuetudinarias. Cuando los países mencionan los Conocimientos Indígenas como una casilla que hay que marcar, pierden una importante oportunidad de abordar el cambio climático de manera holística.
Tercero: confianza, legitimidad y cooperación a largo plazo. Durante décadas, los Pueblos Indígenas han estado presentes, a menudo contra todo pronóstico, en los procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Han logrado avanzar en espacios críticos, como el Grupo de Trabajo Facilitador de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas. Sin embargo, los avances a nivel multilateral aún no se han traducido plenamente en políticas climáticas nacionales. El hecho de no pasar del reconocimiento simbólico al reparto real del poder socava la confianza y corre el riesgo de alimentar conflictos sobre las medidas climáticas aplicadas en los territorios indígenas.
Del reconocimiento a la colaboración
El tiempo pasa y, con él, las temperaturas aumentan. Ya no se trata solo de compromisos, sino de implementación. Todo ello en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, las presiones del mercado y las crecientes disputas de la gobernanza climática multilateral.
Los países deben comprometerse a adoptar una serie de medidas para cumplir sus obligaciones internacionales, respetar los derechos de los Pueblos Indígenas y promover un mundo más justo, equitativo y sostenible. Las NDC deben afirmar explícitamente que la acción climática será coherente con la UNDRIP. Esto incluye integrar el CLPI como norma no negociable para todas las medidas que puedan afectar a las tierras, los recursos, los medios de vida y las culturas indígenas, y reconocer a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos con autoridad para la toma de decisiones colectivas.
Las NDC deben ir más allá del reconocimiento genérico de la “vulnerabilidad” de los territorios indígenas y abordar la cuestión subyacente: ¿quién tiene autoridad sobre estas tierras, aguas y ecosistemas? Eso significa reconocer y respetar las instituciones de gobernanza y los sistemas jurídicos consuetudinarios indígenas, apoyar la demarcación territorial y garantizar que las políticas climáticas nacionales y las normas del mercado del carbono no prevalezcan sobre la jurisdicción indígena.
Los países deben comprometerse a establecer mecanismos a largo plazo y financiados directamente para la investigación, el seguimiento y la planificación de la adaptación dirigidos por los indígenas. La colaboración debe guiarse por los protocolos, valores y cosmovisiones indígenas, y no reducirse a la extracción de datos o a consultas a corto plazo.
La participación debe llevar las reuniones de las partes interesadas a mecanismos de participación formalizados y continuos, diseñados y dirigidos por las propias instituciones representativas de los Pueblos Indígenas. Para ello se necesita una financiación predecible y directamente accesible para las medidas climáticas y el desarrollo de capacidades dirigidas por los indígenas, prestando especial atención a las mujeres, los jóvenes, las personas de género diverso, los depositarios de conocimientos y las personas con discapacidad indígenas, que siguen siendo en gran medida invisibles en la mayoría de las NDC.
Por último, las NDC deben diagnosticar explícitamente cómo la desposesión de tierras, el racismo y la marginación, así como la colonización histórica y actual, determinan la exposición y la sensibilidad de los Pueblos Indígenas a los efectos del clima. Deben diseñar medidas que ayuden a revertir, en lugar de reproducir, estos patrones. El tercer ciclo de las NDC exige a los países que alineen sus políticas climáticas con la justicia, la equidad y la colaboración. Los Pueblos Indígenas ya han hecho ese trabajo de articulación
La pregunta ahora es si los gobiernos los escucharán.
