A 4.700 metros de altura el oxígeno escasea, pero lo que realmente falta en las alturas del distrito de Morococha, en medio de la Cordillera de los Andes peruanos, es la esperanza. Desde 2012, la empresa Aluminum Corporation of China (Chinalco) impulsó la “Nueva Morococha”, una ciudad de techos rojos levantada desde cero para reubicar a 5.000 personas que estaban asentadas en lo que hoy es una de las minas de cobre más importantes del país, Toromocho.
El trato parecía sencillo: compensación económica, nuevos hogares y empleos estables para todas las personas en la mina. Pero según los pobladores, la nueva urbe resultó ser una maqueta sin vida, una ciudad que no le hizo justicia a las formas de vida y comunidad. Dicen que los empleos fueron temporales y precarios, de esos que duran tres meses y terminan casi sin despedirse.
Sin embargo, cinco familias se negaron a firmar ese futuro. Durante 13 años resistieron. Esto supuso vivir sin suministro regular de agua y tener que iluminar sus hogares con paneles solares una vez que se cortaron los servicios de agua y electricidad. Elvis Atachahua, de 48 años, que se gana la vida reparando computadoras o realizando cualquier trabajo manual que surja, fue la voz de esa resistencia. Afirma que se sentían como extraños en su propia tierra, y que el antiguo bullicio se había desvanecido. El 19 de septiembre de 2025, el ruido volvió a Morococha: el repiqueteo de las botas y el choque de los escudos. Habían llegado 250 policías para desalojar a los residentes que quedaban.
“Fue un desplazamiento forzado e inhumano. No nos respetaron. Demolieron nuestras casas, se llevaron nuestras cosas, hasta nuestros animales. Nos trataron como delincuentes”, dijo Atachahua a Dialogue Earth. “En estos momentos, todas las cinco familias estamos de un lado a otro, viviendo en pueblos cercanos, con familiares y amigos que nos han acogido”.
Las familias también se han enfrentado a demandas presentadas por Chinalco en relación con disputas territoriales.
En las últimas dos décadas, China se ha convertido en el principal socio comercial de Sudamérica. Se prevé que el comercio chino con América Latina supere los 700.000 millones de dólares en 2035. El comercio entre China y Perú alcanzó los 24.000 millones de dólares en 2024, de los cuales el mineral de cobre representó el 62%. Atachahua y otras personas como él están viviendo en primera persona la realidad de este desarrollo.
En este contexto, una importante asociación industrial china, la Cámara de Comercio de Importadores y Exportadores de Metales, Minerales y Productos Químicos de China (CCCMC), lleva desarrollando un mecanismo de rendición de cuentas desde finales de 2022. Las comunidades deberían poder utilizarlo para presentar quejas contra las empresas mineras chinas y buscar la resolución de conflictos.
Morococha y la mina de Toromocho se han convertido en la primera prueba real de este mecanismo.
Brecha de rendición de cuentas
Según un estudio, todavía sin publicar, de Latinoamérica Sustentable (LAS), una organización dedicada a proteger la naturaleza y los derechos comunitarios frente a los capitales chinos en Latinoamérica, 59 proyectos mineros cayeron en manos de ellos en solo cinco años.
A medida que el capital chino se ha extendido por toda la región, las comunidades locales se han dado cuenta de que carecen de vías para hacer frente a los promotores. Tal y como señala LAS, se ha abierto una “brecha de rendición de cuentas”.
La CCCMC se ha propuesto cerrar esta brecha. En mayo de 2023, la asociación sectorial puso en marcha su mecanismo de mediación: Un instrumento que promete guiarse por “principios de legitimidad, accesibilidad y compatibilidad con los derechos”. Es el primero de este tipo, creado por una asociación industrial china para permitir que las comunidades planteen inquietudes sobre los impactos sociales y ambientales.
Aplica a toda la cadena de valor de la minería metálica china en el extranjero y permite la presentación de quejas por parte de comunidades afectadas, ONGs y empresas, basándose en estándares de derechos humanos. Ofrece tres vías de resolución según la gravedad del conflicto: diálogo bilateral, mediación interna o mediación externa con expertos.
Sin embargo, este no es vinculante, no se puede monitorear, ni tiene poder para exigir reparaciones económicas por los daños.
Según dijo la directora de LAS, Paulina Garzón a Dialogue Earth, el mecanismo responde a una “demanda social internacional para mejorar la gobernanza ambiental y social” de unas empresas cuya reputación ha sido dañada por conflictos emblemáticos como en la mina de cobre Las Bambas en el sur de Perú, que sigue operando en medio de protestas y cortes de carretera.
Pero el papel es suave y la realidad es áspera. Caitlin Daniel, de Accountability Counsel, una organización sin fines de lucro que defiende legalmente a comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados internacionalmente, advierte a Dialogue Earth que el mecanismo aún debe probar que puede funcionar.
“Creemos que el mecanismo puede ser muy beneficioso y puede formular propuestas que acerquen a las partes a un acuerdo. Sin embargo, mientras la CCCMC no actúe, no está claro si existirá una oportunidad real de diálogo para resolver este problema”, señaló Daniel.
La visita que se quedó en el aire
Toromocho fue la prueba de fuego para el mecanismo de la CCCMC. La queja por las irregularidades en este caso fue presentada y aceptada. Era la primera vez que el mecanismo se ejecutaría. Se anunció una visita histórica: los mediadores chinos viajarían al Perú para escuchar a Atachahua y a sus vecinos. Sin embargo, la visita se canceló con un día de antelación. La explicación de la CCCMC fue breve: comunicó a las familias afectadas que no se había concedido la autorización de viaje. No se facilitaron más detalles ni propuestas para reorganizar la visita.
Daniel afirma que la cancelación de última hora corría el riesgo de “retraumatizar a los miembros de la comunidad que ya han pasado por mucho”.
Se indicó a la comunidad que dirigiera sus comunicaciones a la responsable de relaciones con la comunidad de Chinalco en Perú, Lisset Mesa. Atachahua afirma que Mesa estuvo presente el día de los desalojos. Edwin Alejandro, de Red Muqui —una organización que lucha contra las violaciones de derechos por parte del sector minero—, señala que, hasta ahora, se ha permitido a Chinalco actuar como su propio “juez y parte” en el caso, ya que las comunidades no tienen otro recurso.
Ni la CCCMC ni Chinalco han respondido a las solicitudes de comentarios de Dialogue Earth sobre el caso.
Por otra parte, en los últimos años, el gobierno chino ha publicado una gran cantidad de documentos destinados a elevar los estándares en materia de derechos humanos y medioambiente de las inversiones de las empresas chinas en el extranjero. En junio de 2026, el Consejo de Estado de China publicó su Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos (2026-2030). Es un documento que opera como un faro para el poder chino y que, por primera vez, incluye una sección dedicada a la “promoción del cumplimiento de las responsabilidades en materia de derechos humanos por parte de las empresas”.
El plan es explícito: busca “mejorar las directrices de responsabilidad social empresarial” y seguir los “Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos”. Propone una visión donde el desarrollo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) sea “verde, limpio y sostenible”, instando a las empresas a realizar “debida diligencia en derechos humanos”.
A finales del año pasado, el Ministerio de Comercio de China y la Asociación Minera de China también publicaron directrices más estrictas sobre responsabilidades medioambientales y sociales, así como sobre la presentación de informes de criterios ambientales, sociales y de gobernanza por parte de las empresas mineras chinas que operan en el extranjero.
Pero Garzón muestra su gran preocupación por las consecuencias que podría traer este caso. “Si las empresas y el gobierno peruano no cambian sus prácticas, lo más probable es que los conflictos se sigan intensificando y profundizando, y aquello seguramente va a causar problemas cada vez más grandes e inmanejables que traerán desafíos cada vez más graves a las relaciones bilaterales”, sentenció.
Atachahua sostiene la única bandera que no pudieron demoler: “Voy a seguir luchando por mis derechos. Exigimos justicia”, afirma con algo de optimismo. Mientras tanto, espera que todas las promesas que llegan desde China, no se queden en el papel, y esta vez sí, sus voces sean escuchadas.
