La cumbre climática COP30 es uno de los acontecimientos de la ONU más esperados de los últimos años. Tanto el presidente de la conferencia, André Corrêa do Lago, como su directora ejecutiva, Ana Toni, han defendido repetidamente a la sociedad civil durante los preparativos. A principios de año, Corrêa do Lago invitó a la sociedad civil a participar de la cumbre, que se celebrará en la ciudad amazónica brasileña de Belém en noviembre.
Tras décadas de lo que muchos activistas medioambientales consideran como un letargo en los procesos de negociación, Corrêa do Lago ve en la presión popular la respuesta para transformar las posiciones conservadoras de las partes implicadas. “Si no hay una gran participación de la sociedad civil, de los más variados actores, es muy difícil que los gobiernos den lo mejor de sí mismos”, afirmó en una entrevista concedida en marzo a la plataforma de periodismo amazónico Sumaúma.
Estar en la COP y manifestarse es un derecho, no un regalo del gobierno de LulaSavio Carvalho, 350.org
El contraste con las últimas COP es sorprendente. Durante los últimos tres años, han tenido lugar en países cuyos regímenes autoritarios restringen severamente los derechos a la libertad de expresión y a la protesta. Según distintas organizaciones, la represión de los activistas y las violaciones de los derechos humanos limitaron la participación de los movimientos sociales. Las manifestaciones que suelen celebrarse en diversos espacios públicos, como las que se vieron en la COP26 de Escocia, se restringieron a los espacios regidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
En cambio, el gobierno brasileño y la presidencia de la COP30 han creado un grupo de trabajo técnico encargado específicamente de reforzar la participación social en la cumbre. Otra iniciativa diseñada para lograr este objetivo es el Círculo de los Pueblos, uno de los cuatro Círculos de Liderazgo de la COP30. Su objetivo declarado es aumentar la “capacidad de la presidencia para escuchar las demandas y contribuciones de los pueblos indígenas, pueblos y comunidades tradicionales y afrodescendientes”.
Esta reunión anual congrega a los 198 miembros de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para debatir la acción mundial frente al cambio climático.
Las siglas significan Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
En las COP sobre el clima, los representantes de los países debaten cuestiones como la forma de reducir las emisiones que provocan el calentamiento del planeta, la adaptación a los efectos de este calentamiento y el apoyo financiero a los países en desarrollo para que abandonen los combustibles fósiles y sean más resistentes a los efectos del cambio climático.
La última COP, la COP29, se celebró en Bakú (Azerbaiyán) en noviembre de 2024. La COP30 se celebrará en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025.
Stela Herschmann, experta en política climática del grupo de la sociedad civil brasileña Observatorio del Clima (OC), celebra la voluntad de diálogo del país. Pero también tiene dudas sobre estos círculos y grupos de trabajo: “Aún no sabemos claramente cómo funcionarán en la práctica estas iniciativas. Y, al final, informarán a la presidencia de la COP, no al proceso formal de negociación de la CMNUCC”.
Para activistas como Savio Carvalho, responsable regional del grupo de activismo civil 350.org, Brasil no hace más que cumplir con su deber. Aunque el nivel de restricción a la participación social ha variado a lo largo de la historia de las COP, cree que la experiencia de los últimos tres años ha cultivado el romanticismo respecto a la COP30. “Estar en la COP y manifestarse es un derecho, no un regalo del gobierno de Lula”, afirma Carvalho a Dialogue Earth.
Los altos costos de la participación
Más allá de la expectativa de una mayor participación social, el exorbitante precio del alojamiento en Belém también ha llevado a la COP30 a los titulares. La falta de camas disponibles ha inflado los precios, que en al menos un caso denunciado han alcanzado los 2 millones de BRL (354.000 USD) para alojarse durante las dos semanas completas del evento. Otros obstáculos logísticos para llegar a la ciudad, como el elevado costo de los pasajes aéreos —incluso para vuelos dentro de Brasil— ponen en peligro el acceso y los sentimientos integradores expresados por los organizadores de la COP30. Según 350.org, incluso organizaciones de la Amazonía y del estado de Pará, en Belém, han manifestado dificultades financieras y logísticas para participar en la conferencia.
A finales de marzo, el secretario especial del gobierno para la COP30, Valter Correia da Silva, declaró al medio Sumaúma que los precios abusivos de los alojamientos podrían penalizarse. Afirmó su intención de establecer tarifas razonables entre los ofertantes de alojamiento y de comunicar el daño duradero que los precios abusivos de la COP podrían causar a la economía turística de Belém.
Las promesas del gobierno federal de centralizar las reservas y mitigar las prácticas abusivas no se han materializado hasta ahora. “Al día de hoy, la mayoría de nosotros no sabemos dónde nos vamos a quedar”, afirma Carvalho. Califica de escándalo a la contradicción entre defender la participación social y permitir valores que la hacen inviable. “¿Es así como Brasil pretende acoger a la sociedad civil?”.
Este escenario se ha visto agravado por la reducción de la financiación internacional para la agenda climática. La suspensión por parte de Estados Unidos de financiación a organizaciones no gubernamentales y programas de bienestar social en todo el mundo ha sido especialmente perjudicial.
Para Alisi Rabukawaqa-Nacewa, activista fiyiana y representante de la red Pacific Climate Warriors de 350.org, la dificultad de acceder a la financiación hace que la elección sea difícil: el costo de asistir a una COP desde las islas del Pacífico siempre es alto, pero la inacción climática es aún más cara.
“Cuando conseguimos acceder a fondos, la pregunta es: ¿debemos estar físicamente en la COP para asegurarnos de que no nos olviden, o debemos invertir en acciones locales con resultados tangibles?”, explica.
La asistencia no garantiza los resultados
En los últimos años, las COP han crecido de forma espectacular. De menos de 5.000 participantes en las primeras cumbres a mediados de la década de 1990, se pasó a unos 30.000 en la COP21 de 2015, que dio lugar al Acuerdo de París. Casi 84.000 asistieron a la COP28 en Dubái. Para Herschmann, esta tendencia es una reacción saludable al empeoramiento de la crisis climática.
Sin derecho a voto, la sociedad solo puede monitorear e intentar influir en las posturas de las partes implicadas. Sin embargo, las peticiones para que estas COP reciban a un número menor de participantes han ido en aumento, y llegar a Belém no garantiza la participación en la COP30. El acceso a la llamada Zona Azul, donde tienen lugar las negociaciones, solo se concede a organizaciones no gubernamentales y a intergubernamentales si están registradas en la CMNUCC como observadoras. Y las restricciones no acaban ahí: una vez dentro de la Zona Azul, el acceso a las salas de negociación y a sus espacios de intervención está limitado.
El proceso burocrático para convertirse en observador termina excluyendo a muchas organizaciones locales. “Cada año, nuevas organizaciones solicitan convertirse en observadores y la lista de espera puede alcanzar los cuatro años”, afirma Herschmann.
Al mismo tiempo, se ha disparado el número de grupos de presión de la industria petrolera presentes. En la COP28, fueron 2.450, más que la mayoría de las delegaciones nacionales. En la COP29, en Bakú, había 1.773 representantes de la industria. Pero también había más de 130 miembros de organizaciones que promueven la desinformación sobre el clima, según una encuesta realizada por Important Context, un proyecto del Accountability Journalism Institute, organización estadounidense sin ánimo de lucro.
“Se trata de grupos cuyos intereses están en juego, en el sentido más peyorativo de la expresión”, dice Herschmann, y alerta que hay que tener en cuenta el conflicto de intereses, sobre todo cuando la demanda de acreditación supera a la oferta. “Al fin y al cabo, de ahí vienen la causa del problema y el retraso en la solución”.
La presión de la calle
Los pueblos indígenas de la Amazonía llevan meses exigiendo la copresidencia del evento. La demanda se presentó en febrero en una carta dirigida a Corrêa do Lago por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coiab). Luego recibió un nuevo impulso en abril, durante el Campamento Tierra Libre (ATL), la mayor movilización anual de los pueblos indígenas de Brasil, celebrada en Brasilia.
Esta articulación indígena impulsó la creación de la Alianza entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía, el Pacífico y Australia, y la entrega de otra carta abierta al presidente de la COP30. Entre sus reivindicaciones figura la participación de sus líderes en las negociaciones sobre el clima, al mismo nivel que los jefes de Estado.
La respuesta ha llegado en forma de iniciativas gubernamentales. Por ejemplo, la creación de la Comisión Indígena Internacional, cuyo objetivo es aumentar la representación en los debates de la COP30 de los pueblos indígenas de Brasil y de otros países.
Dialogue Earth habló con la activista y socióloga Sila Mesquita, que coordina la Red de Grupos de Trabajo de la Amazonía, una unión de más de 600 organizaciones de base que abogan por un cambio de paradigma en el desarrollo humano amazónico. Mesquita afirma que las iniciativas impulsadas por los gobiernos no bastan para garantizar una participación independiente, o una verdadera representación de los intereses de la sociedad civil: “Tenemos que recordar que la sociedad civil es la sociedad civil, y el gobierno es el gobierno”.
Mesquita forma parte de la Cumbre de los Pueblos, un evento paralelo a la COP30 que se centrará en la justicia climática. “Nuestro movimiento es un contrapunto al discurso oficial de la COP y del gobierno”, afirma Eunice Guedes, coordinadora de un movimiento social llamado Articulación de Mujeres Brasileñas (AMB).
Según la Cumbre de los Pueblos, ya han confirmado su asistencia más de 500 organizaciones (nacionales e internacionales). Se espera reunir hasta 30.000 personas en la Universidad Federal de Pará, en Belém. Juntos abordarán cuestiones como la transición energética justa, las políticas de deforestación cero y la responsabilidad de las empresas en el calentamiento global.
Además de los debates de la Cumbre de los Pueblos, sus organizadores están presionando para que se establezcan objetivos climáticos más ambiciosos y se ponga fin a la presencia de los grupos de presión de los combustibles fósiles en las COP.
Herschmann afirma que la acción de la sociedad civil en la Zona Azul no será suficiente, teniendo en cuenta el contexto geopolítico de guerras, la escalada de tensiones económicas y la creciente desconfianza en el multilateralismo. Según ella, las protestas en toda la ciudad serán cruciales para mover la aguja en las salas de negociación: “La presión de la calle tiene un volumen mucho mayor: tanto de personas como de decibelios”.
Hasta ahora, el gobierno de Pará ha dado señales preocupantes sobre cómo responderá a las movilizaciones sociales de noviembre. En febrero, los indígenas que ocuparon el edificio de la Secretaría de Educación de Belém en protestas relacionadas con el sector fueron recibidos con un corte de luz y gas pimienta.
En cuanto al lugar que ocupará la sociedad civil durante la COP30, Carvalho afirma: “Aún es demasiado pronto para decir algo al respecto”.
