A finales de 2019, Ana Paula de Oliveira Santos se encontraba en una playa del noreste de Brasil, limpiando petróleo con sus propias manos. Un derrame masivo había cubierto la costa del estado de Alagoas, devastando los manglares donde esta pescadora de 52 años recolectaba mariscos. Meses más tarde, antes de que el ecosistema y la comunidad pudieran recuperarse por completo, la pandemia de COVID-19 paralizó la economía local.
Para comunidades costeras como el idílico municipio de Barra de Santo Antônio, donde vive Santos, estas crisis consecutivas supusieron una amenaza existencial. Sin embargo, una nueva investigación revela que las consecuencias de estos dos desastres —y a quiénes afectaron más— no fueron uniformes.
Este estudio fue realizado por la red de investigación Pacto Futuro (RPF), que trabaja en la sostenibilidad de las comunidades pesqueras costeras. Tras analizar el impacto económico de ambos acontecimientos en 402 pescadores de pequeña escala de tres estados brasileños, se descubrió que la crisis ecológica afectó de manera desproporcionada a las mujeres, mientras que las perturbaciones sociales y sanitarias de la pandemia fueron peores para los hombres de edad avanzada.
Los resultados, publicados en febrero por la revista npj Ocean Sustainability, ofrecen una lección para la política climática mundial: a medida que las crisis sistémicas se vuelven más frecuentes, la ayuda de emergencia debe tener en cuenta las desigualdades demográficas preexistentes o se corre el riesgo de reforzar la marginación.
La crisis ecológica: pescadoras afectadas por el derrame de petróleo
El derrame de petróleo de 2019 afectó aproximadamente a 2.900 km de costa brasileña, según las autoridades. Al principio se desconocía el origen, pero las autoridades brasileñas han culpado a un barco petrolero.
Según el trabajo de Pacto Futuro, el 30% de las pescadoras perdió más del 80% de sus ingresos durante el derrame, en comparación con el 22% de los pescadores. Esta disparidad se deriva de una división del trabajo “de género” en la pesca, afirma el estudio.
Aproximadamente el 75% de las pescadoras encuestadas capturan especies bentónicas, como mariscos, en entornos cercanos a la costa. Dado que las costas y los manglares actúan como sumideros naturales de contaminantes, y que muchos mariscos se alimentan por filtración, estos hábitats resultaron gravemente contaminados por el derrame.
Por el contrario, los hombres suelen pescar más lejos de la costa y se dedican a la pesca de peces de alta mar. Estas especies, como el dorado y la caballa, quedaron en cierta medida protegidos.
La piel de las pescadoras resultó dañada por el crudo y, además, su trabajo a menudo resultaba en vano: los clientes no querían pesca que pudiera estar contaminada.
Teníamos que comer el marisco contaminado si no teníamos otros ingresosAna Paula de Oliveira Santos, pescadora de Barra de Santo Antônio
“Rápidamente aparecieron publicaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación diciendo ‘no coman mariscos‘”, recuerda Santos.
Los investigadores descubrieron que, antes del derrame, las pescadoras ya cobraban menos que sus homólogos masculinos. Los mariscos que recolectaban solían reportar 5,20 dólares por kg (ajustado al poder adquisitivo local), frente a un promedio de 13,40 dólares por los peces capturados por los hombres.
Cuando el mercado de los mariscos se derrumbó debido al temor por la contaminación, las mujeres se quedaron con sus capturas invendibles y posiblemente tóxicas.
“Teníamos que comer el marisco contaminado si no teníamos otros ingresos”, dice Santos. “Todo el mundo tenía pescado acumulado en el congelador. En los mercados, la gente no quería comprar nuestro pescado porque estaba contaminado”.
Los hombres que pescaban en alta mar peces pelágicos, menos afectados por vivir lejos de la costa, pudieron mantener una mayor parte de sus ingresos.
El impacto social: Covid-19
La pandemia de COVID-19 —una crisis sanitaria y social generalizada sin degradación ambiental directa— afectó a otro grupo vulnerable de pescadores.
Bernardo de Barros, un pescador de 57 años también de Barra de Santo Antônio, pesca camarones y dorados desde una embarcación. Durante la pandemia, la cadena de suministro de la que formaba parte se desvaneció.
“Fue muy duro y difícil para nosotros”, afirma Barros. “Pescábamos, pero no había nadie a quien vender el pescado. No teníamos cámaras frigoríficas ni nada parecido para almacenar nuestro pescado. Ni siquiera podíamos salir a pescar, porque cuando volvíamos, la gente no quería comprarlo”.
El estudio de Pacto Futuro reveló que la edad y la ubicación se convirtieron en los factores de riesgo determinantes de las dificultades económicas durante la pandemia. Solo el 30% de los pescadores de más edad afirmaron haber podido obtener ingresos alternativos durante el confinamiento. Aunque los pescadores más jóvenes también sufrieron un impacto económico, demostraron ser más hábiles a la hora de encontrar trabajos alternativos o vender directamente a los consumidores de manera online, a través de WhatsApp u otras plataformas.
“En el caso de los pescadores de más edad, tiene que ver con una vulnerabilidad intrínseca a las personas de entre 50 y 60 años”, explica Priscila Lopes, profesora de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte (UFRN) e investigadora principal del estudio de Pacto Futuro. “No saben cómo comunicarse adecuadamente a través de WhatsApp o de otra aplicación”.
Los pescadores de más edad también se enfrentaban a elevados riesgos para la salud que los obligaban a quedarse en casa. Para sobrevivir, Barros dependía de trabajos esporádicos: “A veces remendábamos redes, y así ganábamos algo para la semana”.
Precariedad crónica y los límites de la ayuda estatal
El equipo de Lopes sostiene que las comunidades pesqueras viven en un estado de “precariedad crónica”: las crisis rara vez crean vulnerabilidades explícitamente nuevas, sino que amplifican las desigualdades demográficas y socioeconómicas existentes.
La geografía también desempeñó un papel fundamental a la hora de determinar quiénes resistieron las crisis económicas.
Los pescadores de Alagoas y Bahía sufrieron mucho debido a la exposición al petróleo y a su dependencia de la recolección de mariscos en grupo, que requiere mucha mano de obra. Los de Río Grande del Norte se vieron parcialmente protegidos por una población más joven y una gran dependencia de los intermediarios comerciales. A menudo considerados explotadores en la pesca tradicional, estos intermediarios sirvieron en realidad como una “red de seguridad informal” vital. En Río Grande del Norte, mantuvieron el acceso al mercado durante los confinamientos de una forma que no ocurrió en las otras zonas estudiadas.
La intervención estatal no sirvió de gran ayuda, según muchos lugareños. Barros recibió solo dos pagos de la ayuda gubernamental por la pandemia, pero dejó de reclamarla debido a los obstáculos logísticos. “Para nosotros fue una enorme burocracia conseguirla”, afirma. “Tuvimos que ir desde aquí hasta Maceió [la capital del estado] solo para tener la documentación correcta. Solo en ese viaje ya gastabas mucho dinero”.
Rafael Almeida Magris, investigador del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), señala que las comunidades costeras se encuentran en una posición única para sufrir más que nadie la degradación marina y terrestre.
“Además de ser la zona donde tenemos una mayor dependencia de las comunidades pesqueras, que ya son naturalmente más vulnerables, la zona costera es también donde se acumulan estos impactos relacionados con el petróleo”, afirma Magris.
Destaca que las áreas marinas protegidas y las reservas marinas extractivas, que buscan gestionar las actividades humanas en el mar, pueden ayudar. Estas designaciones cuentan con foros de gobernanza, lo que ofrece a las comunidades una vía institucional para exigir rendición de cuentas y medidas de mitigación durante las catástrofes.
Investigación conjunta con las comunidades pesqueras
Para tratar de comprender las vulnerabilidades de las comunidades pesqueras, los investigadores de Pacto Futuro utilizaron WhatsApp para realizar encuestas a distancia. Distribuyeron teléfonos móviles y planes de datos a los miembros de la comunidad durante el punto álgido del confinamiento por la pandemia en 2020 y 2021, y los pescadores locales pasaron a desempeñar el papel de coinvestigadores. Santos, que también es fundadora de la Red de Pescadoras de Costa dos Corais (RMPCC), ayudó a diseñar los cuestionarios y llevó a cabo las casi 200 encuestas en su propia comunidad.
“La presencia de investigadoras de la comunidad aumentó la confianza de las participantes, lo que dio lugar a respuestas más detalladas, sinceras y contextualizadas”, afirma Monalisa Silva, investigadora que participó en el trabajo de campo. “Esto reduce el riesgo de malinterpretar las prácticas culturales, las estrategias de subsistencia y las formas de adaptación”.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático afirma que es probable que se intensifiquen los fenómenos extremos que ya están afectando a Sudamérica. Con el aumento de las temperaturas, la sequía, la erosión costera, la decoloración de los corales y la acidificación de los océanos, la pesca tradicional y quienes dependen de ella se verán gravemente afectados.
A medida que el cambio climático acelera la frecuencia de las crisis sistémicas, los investigadores y los pescadores coinciden en que la ayuda en caso de desastres debe evolucionar. La ayuda nacional, de carácter único y de arriba abajo, a menudo no tiene en cuenta aspectos como el género y la edad, lo que significa que las personas más vulnerables tienen dificultades para obtener la ayuda que necesitan.
Quieren ver nuevas iniciativas que tengan en cuenta las vulnerabilidades y desventajas existentes. Por ejemplo, apoyo financiero con perspectiva de género para desastres ecológicos y programas de adaptación centrados en la edad para crisis sanitarias.
Sin un apoyo estatal específico, las comunidades se ven obligadas a valerse por sí mismas y deben solicitar lo que necesitan. Santos afirma que su red de pescadoras está redactando actualmente una propuesta para solicitar equipos básicos de protección personal, de modo que puedan estar preparadas para el próximo desastre ambiental.
“Tenemos que asegurarnos de que nuestros gobiernos —el municipal, el estatal y el federal— puedan tener una perspectiva diferente sobre nosotras”, afirma Santos.
“La pesca no es solo un asunto de pescadores y pescadoras. Pertenece a la comunidad. Las comunidades pesqueras necesitan que se tomen medidas para que no perder nuestra actividad a futuro”.
