Javier Milei llegó al poder en Argentina en 2023 con la promesa de aplicar una drástica reforma a la política y la normativa del país. Desde entonces, Argentina se ha convertido, posiblemente, en uno de los experimentos de desregulación más radicales del mundo.
Una parte importante de este proceso ha sido una profunda transformación en la forma de gestionar los recursos naturales.
En medio de la creciente demanda de cobre, litio y gas natural licuado (GNL), Argentina busca posicionarse como uno de los principales proveedores del mundo.
Durante el auge de las materias primas, entre 2003 y 2015, el llamado “nacionalismo de los recursos naturales” prometió industrialización y soberanía económica al situar al Estado en el centro del comercio de los recursos naturales. Bajo este paradigma, muchos gobiernos latinoamericanos buscaron fortalecer su capacidad para capturar rentas mediante instrumentos como impuestos, regalías y regulaciones sobre la inversión privada.
Milei invierte esa lógica casi como un péndulo.
Ahora el sector privado ocupa una posición privilegiada, mientras que el Estado reduce su capacidad de recaudación y control, al tiempo que ofrece mayores garantías jurídicas para la inversión, incluida la posibilidad de litigar ante tribunales internacionales.
Un elemento central de esto es el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en 2024 y recientemente prorrogado por decreto hasta 2027. Ofrece a los grandes inversores estabilidad fiscal, libre acceso a divisas y bajos impuestos durante un máximo de 30 años, y no exige concesiones específicas en materia de empleo, transición energética o acción climática.
El régimen refuerza la posición de las empresas frente a la sociedad civil al declarar que los proyectos participantes son de “interés nacional” y limitar la capacidad de los actores sociales para introducir regulaciones ambientales, como salvaguardias del agua o prohibiciones de determinados productos químicos.
Milei ya no promete redistribución económica ni industria nacional a través de la riqueza de los recursos; será el mercado el responsable del efecto de goteo. La “tierra prometida del RIGI” o “RIGI Land”, como un funcionario de la petrolera estatal YPF denominó recientemente a las zonas de desarrollo del país, resume esta nueva fase de desregulación.
Quedan relegadas a un segundo plano las disputas territoriales, los problemas de estrés hídrico y las quejas sobre las consultas que han caracterizado el último ciclo extractivo.
Las cifras
Ante la falta de información pública sistemática sobre los proyectos del RIGI, en 2025 se creó el Observatorio del RIGI para relevar y solicitar información al Estado, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Según la base de datos elaborada por el Observatorio, entre 2024 y 2026 se presentaron 36 proyectos por un valor de USD 106.004 millones, de los cuales 20 corresponden al sector de la minería y 10 a los hidrocarburos. La concentración es aún mayor si se analiza el volumen de inversión comprometida: más del 98% de los fondos se destinan a estas actividades, con un 53% asociado a hidrocarburos y un 45% a minería.
Al desagregar las inversiones por subsector, el petróleo lidera los montos proyectados con el 32,2% del total, seguido por la minería de cobre (29,5%). En tercer lugar, aparece el gas natural licuado (21%), mientras que el litio representa el 13,5% de las inversiones anunciadas. Estos datos muestran hasta qué punto el RIGI se encuentra estrechamente vinculado a la expansión de las industrias extractivas y a la creciente demanda global de energía y minerales críticos.
Los proyectos se han concentrado en la región de Cuyo y el norte andino, donde se están expandiendo los proyectos de litio y cobre, y en el petróleo y el gas natural licuado en la Patagonia.
De los 20 proyectos mineros que solicitaron incorporarse al programa, la mayoría están vinculados a minerales estratégicos para la transición energética: 11 de litio, cinco de cobre, dos de oro, uno de plata y uno de arena utilizada en la fracturación hidráulica para la extracción de petróleo y gas.
Aunque los proyectos de litio son los más numerosos, el cobre representa las mayores inversiones y se considera una prioridad del gobierno debido a su potencial de exportación.
Los principales proyectos de cobre que pretenden incorporarse al RIGI, en San Juan, Catamarca y Mendoza, se encuentran en zonas de alta montaña de gran sensibilidad ecológica, atravesadas por glaciares y entornos periglaciales. Los impactos sobre el recurso hídrico pueden trascender las áreas de extracción y proyectarse aguas abajo, generando preocupaciones sobre la disponibilidad y calidad del agua para comunidades y actividades económicas localizadas fuera de las zonas donde se desarrollan los proyectos.
La Ley Nacional de Glaciares, aprobada en 2010 tras protestas socioambientales, limitó la expansión de dichos proyectos al proteger ecosistemas considerados reservas hídricas estratégicas.
Las reformas de Milei relajan algunas de estas restricciones, otorgando a las provincias mayores poderes para determinar qué zonas tienen funciones hídricas significativas y cuáles no. Para organizaciones ambientales y sectores académicos, esta modificación abre la puerta a una disminución de los estándares de protección ambiental en una creciente competencia “hacia abajo” entre provincias para permitir proyectos mineros.
En la Patagonia, el plan está impulsando un nuevo ciclo de expansión del petróleo y el gas. Oleoductos, puertos y plantas de licuefacción conectan Vaca Muerta, uno de los yacimientos de shale gas más grandes del mundo, con la costa atlántica de Río Negro, una región que atrae a turistas y a observadores de ballenas a sus áreas protegidas.
¿Beneficios a corto plazo?
El RIGI consolida un nuevo ciclo de expansión acelerada destinado a atraer inversiones y generar divisas a corto plazo.
Se trata de un modelo basado en la desregulación y la flexibilidad ambiental que está empezando a replicarse, incluso por otros gobiernos de derecha de la región como por ejemplo en Bolivia y Chile.
La promesa de estabilidad financiera del RIGI es bastante clara para las grandes empresas extractivas que operan en una economía históricamente inestable como la argentina.
La promesa a las comunidades, sin embargo, es mucho menos clara. ¿Se beneficiarán a través del empleo directo? ¿Se protegerán sus fuentes de agua y sus derechos de consulta? ¿Quién decide cómo gestionar los recursos naturales?
Estas preguntas adquieren especial relevancia porque muchos de los proyectos promovidos por el régimen se desarrollan en territorios atravesados por conflictos socioambientales de larga data.
Lejos de instalarse en espacios vacíos, las inversiones avanzan sobre cuencas hídricas, economías regionales y territorios habitados por comunidades indígenas y poblaciones locales que reclaman participar en las decisiones que afectan su futuro. El caso del Salar del Hombre Muerto, donde se concentran cuatro proyectos de litio vinculados al RIGI dentro de una misma cuenca, ilustra con claridad estas tensiones. Comunidades y organizaciones locales vienen advirtiendo sobre los posibles impactos acumulativos de la actividad sobre el agua y los ecosistemas altoandinos.
Convertida en un experimento de desregulación del sector extractivo, Argentina está poniendo a prueba un modelo que parece orientarse más hacia los mercados mundiales que hacia las necesidades de su propia población.
El “RIGI Land” promete estabilidad y rentabilidad para las grandes inversiones, pero todavía deja abierta una pregunta mucho más profunda: ¿qué quedará cuando se hayan ido las empresas mineras?
