COP17: ¿Pueden los países repartir los beneficios de los datos digitales de la naturaleza?

Cuando una empresa farmacéutica utiliza información genética de una planta amazónica para desarrollar un medicamento, o cuando una empresa agroindustrial la utiliza para crear un cultivo más resistente a la sequía, están aprovechando la información genética que se encuentra en la naturaleza.

Durante décadas, los países han desarrollado regulaciones para controlar el acceso a los recursos genéticos y compartir los beneficios derivados de su uso. En muchos casos, las empresas y los investigadores necesitan permiso para recolectar material biológico y así establecen acuerdos con los gobiernos sobre la distribución de dichos beneficios. Pero estas regulaciones se basaron en los recursos materiales.

La biotecnología ha permitido a los investigadores ir más allá. Al secuenciar el ADN de una muestra biológica, los científicos pueden ingresar esa información genética en bases de datos en línea y ponerla a disposición de otros investigadores, quienes podrán utilizar esa información sin necesidad de manipular la muestra original.

Esta información se denomina Información de Secuencia Digital (DSI, por sus siglas en inglés), y su uso ha dado lugar a una pregunta simple pero compleja: dado que se puede acceder a la información genética de la naturaleza y descargarla de estas bases de datos públicas para su uso en investigación y desarrollo, ¿cómo deberían compartir sus beneficios los países y las comunidades vinculadas a esa biodiversidad?

En 2022, los países acordaron establecer un nuevo sistema para compartir los beneficios derivados de dicha información. Dos años después, acordaron cómo funcionaría este sistema y crearon el Fondo de Cali, que se espera reciba contribuciones de las empresas que se benefician comercialmente de la DSI.

Ahora, antes de la cumbre de biodiversidad de las Naciones Unidas, la COP17, que se llevará a cabo en la ciudad armenia de Ereván del 19 al 30 de octubre, los gobiernos están trabajando en cómo hacer que ese sistema funcione en la práctica. Los expertos con los que habló Dialogue Earth señalaron que aún quedan dudas sobre la estructura de las contribuciones al fondo, así como sobre cuestiones de gobernanza y la naturaleza fragmentaria de las regulaciones sobre dicha información.

Un nuevo sistema, pero con temas sin resolver

Cuando se creó el Fondo de Cali en la COP16, los líderes y las organizaciones lo elogiaron y describieron como un mecanismo pionero que apoyaría la protección de la biodiversidad y a las comunidades que protegen los recursos naturales y dependen directamente de ellos. El mecanismo multilateral canalizaría parte del valor comercial de la DSI hacia la protección de la naturaleza a nivel global.

De acuerdo con su mandato, se invita a los usuarios comerciales de sectores como el farmacéutico, el agroindustrial y la inteligencia artificial a aportar el 0,1% de sus ingresos anuales o el 1% de sus utilidades.

Sin embargo, más de un año y medio después de su lanzamiento, la participación ha sido escasa: solo dos empresas han aportado un total de 6.000 dólares, según Mongabay. Esto contrasta fuertemente con su potencial: un análisis realizado por la London School of Economics (LSE) a principios de este año estima que el fondo podría generar entre 929 millones y 3.600 millones de dólares al año entre casi 22.000 empresas elegibles.

“La capitalización actual es obviamente decepcionante. Por supuesto, tampoco es sorprendente, ya que este fondo es un instrumento nuevo. Lleva tiempo que los actores del mercado se familiaricen con él, pero también que confíen en que puede funcionar”, dijo Astrid Schomaker, secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en una conferencia de prensa organizada por el CDB en septiembre, en respuesta a una pregunta de Dialogue Earth. El CDB es un tratado internacional de 1992 que estableció la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos, en virtud del cual se creó el Fondo de Cali.

Esta baja capitalización se debe, en parte, al funcionamiento del fondo. Las contribuciones son de carácter voluntario. Además, según un análisis de julio de 2026 realizado por el estudio de abogados Covington & Burling, en virtud de un acuerdo internacional de 2014 conocido como el Protocolo de Nagoya, 65 países informaron que ya contaban con sus propias leyes nacionales sobre acceso y distribución de beneficios. Estas leyes imponen requisitos legales a las empresas para que obtengan permisos y compartan los beneficios al utilizar recursos genéticos locales.

Como resultado, las empresas temen que contribuir al fondo global no las proteja de la aplicación de las leyes nacionales, según organizaciones comerciales como la Cámara de Comercio Internacional. “Las contribuciones son limitadas porque las empresas desean resolver primero cuestiones críticas”, explicó a Dialogue Earth Bart Van Vooren, socio especializado en derecho de la biodiversidad del estudio legal Covington & Burling,. “Un pago al Fondo de Cali, en este momento, no significa que una empresa haya cumplido con la legislación [de su país]”.

Pero expertos como Siva Thambisetty, profesora asociada de derecho en la LSE, no creen que la incertidumbre jurídica sea el mayor desafío. “No estoy de acuerdo con quienes afirman que la ‘certeza jurídica’ es la razón principal por la que no hay fondos disponibles”, declaró a Dialogue Earth. La única forma de lograr una verdadera certeza jurídica es mediante un acuerdo legalmente vinculante, algo que las empresas tienden a evitar, agregó.

Una orquídea Lepanthes limbata originaria de Colombia. Las limitaciones de la base de datos DSI han llevado a algunos expertos a plantear dudas sobre si los países están recibiendo la parte que les corresponde de los beneficios derivados del uso que hacen las empresas de la información genética extraída de los recursos locales (Imagen: Sebastian Moreno, Flickr / CC BY-ND)

Mientras tanto, los países del Sur Global cuestionan cómo los mecanismos multilaterales como el Fondo de Cali definen las responsabilidades corporativas. En agosto, más de 70 países en desarrollo firmaron una declaración en la que planteaban objeciones a un reciente memorando de entendimiento institucional entre organismos de la ONU que enmarca las contribuciones al Fondo de Cali como “donaciones” voluntarias en lugar de obligaciones de distribución de beneficios basadas en derechos. Los países pidieron que las partes del CDB revisaran el memorando, así como los documentos relacionados, antes de continuar con las negociaciones sobre el mecanismo.

“Las donaciones y las regalías son cosas completamente diferentes”, afirmó David Castro Garro, director de la Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad del Ministerio del Ambiente de Perú. “Existe un gran desacuerdo entre los países respecto al lenguaje que da a entender que la distribución de beneficios es caridad, cuando en realidad es una obligación y un derecho de los países”.

Además, será necesario un mayor nivel de rendición de cuentas en las bases de datos de DSI si se espera que los países reconozcan el Fondo de Cali como parte de sus sistemas de distribución de beneficios, señaló Nithin Ramakrishnan, investigador principal de la organización sin fines de lucro Third World Network.

“Treinta años después del CDB, muchas bases de datos de secuencias aún no cuentan con un campo de metadatos de ‘país de origen’ para las secuencias”, declaró a Dialogue Earth. “¿Cómo se puede esperar razonablemente que las partes del CDB adopten medidas adicionales cuando sus derechos sobre la información científica derivada siguen sin estar adecuadamente protegidos por las prácticas actuales de intercambio de DSI?”.

Los desafíos de gobernanza

Recaudar fondos es solo un paso. El Fondo de Cali también tendrá que asegurarse de que los recursos lleguen a los países y comunidades que deben beneficiarse de ellos.

Al menos el 50% de los fondos recaudados se destinará a las necesidades identificadas por los propios pueblos indígenas y comunidades locales, y el resto se destinará a los países en desarrollo para apoyar la conservación de la biodiversidad y la investigación científica.

Según el CDB, la mayoría de los países carecen actualmente de sistemas operativos de distribución y monitoreo para la distribución de beneficios.

La Marcha Mundial de los Pueblos Indígenas por las calles de Belém, un evento paralelo a la COP30 que se celebrará en Brasil en 2025. La mitad de los fondos recaudados a través del Fondo de Cali se destinará a las comunidades indígenas (Imagen: Alberto César Araújo / Amazônia Real, CC BY NC SA)

Una comunidad indígena que quiera hacer algo con su cuenca fluvial tal vez no sea experta en finanzas internacionales, dice Ayşegül Sırakaya, abogada especializada en biodiversidad y fundadora de Abyss, una consultora dedicada al intercambio de recursos genéticos. “¿Llegará el fondo directamente a ellos, o se canalizará a través de proyectos que tengan ciertos conocimientos administrativos [para poder solicitar el financiamiento]?”

June Rubis, investigadora y miembro del Comité Directivo del Fondo de Cali que representa a los pueblos indígenas y comunidades locales de Asia, dijo a Dialogue Earth que el actual retraso en los flujos de capital podría ser una oportunidad para resolver estos cuellos de botella en la gobernanza: “Me preocuparía más si el dinero llegara rápidamente y luego todo se volviera rígido”, refiriéndose a una situación en la que nadie pueda ponerse de acuerdo sobre cómo distribuirlo.

Rubis señaló que los pueblos indígenas y las comunidades locales deberían poder acceder a los fondos directamente, en lugar de enfrentar barreras administrativas adicionales o depender de intermediarios para distribuir los recursos. “No queremos recibir fondos y que luego nos digan en qué usarlos”, afirmó.

Regulación, pero no en el vacío

El enfoque del CDB para regular la información y los datos genéticos no se da en el vacío. Los datos genéticos digitales también se están regulando a través de otros acuerdos internacionales.

El Acuerdo sobre la Biodiversidad más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), también conocido como el Tratado de Alta Mar, entró en vigor este año y tiene como objetivo regular los recursos genéticos marinos en las zonas de alta mar del mundo. Mientras que el CDB se basa en la premisa de la soberanía estatal sobre los recursos nacionales, el Acuerdo BBNJ incluye el “patrimonio común de la humanidad” como principio rector. Esto establece una norma obligatoria de distribución de beneficios, según la cual recursos como los fondos y los datos se comparten entre los signatarios, lo que contrasta con los acuerdos específicos por país del CDB.

El BBNJ y el CDB regulan el mismo término —los recursos genéticos marinos—, pero operan en contextos jurídicos fundamentalmente diferentes, señaló Sırakaya. “Dicho esto, definitivamente existe la necesidad de un comité de alto nivel para discutir estos temas [la distribución de beneficios de los DSI] en todos los acuerdos, no solo en el BBNJ”.

También está el sistema de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS, por sus siglas en inglés) que está diseñando la Organización Mundial de la Salud. Este sistema vincula el acceso a secuencias genéticas virales o bacterianas de “patógenos con potencial pandémico” con el suministro de vacunas y sustitutos a los países en desarrollo en épocas de epidemias.

El Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) regula los recursos fitogenéticos relacionados con la alimentación y la agricultura. Actualmente se está revisando para garantizar que las empresas agroindustriales que utilizan bases de datos genómicas públicas contribuyan a un fondo destinado a apoyar el avance del desarrollo agrícola y a los agricultores locales.

Lo que está en juego en Ereván

La COP17 pondrá a prueba si el Fondo de Cali puede evolucionar de un acuerdo a un mecanismo viable de distribución de beneficios.

Una de las decisiones que se esperan en Ereván será sobre quiénes deberán contribuir y en qué niveles. En la COP16, se acordó que las empresas que obtienen un beneficio comercial considerable de la información sobre la diversidad genética deberían aportar una parte de sus ganancias o ingresos, tras haber establecido umbrales y tasas indicativas. Sin embargo, la determinación del tamaño de las empresas y los niveles de contribución se dejó para la COP17, donde se presentarán los resultados de un estudio sobre las implicaciones para la generación de ingresos y la competitividad económica.

Thambisetty señaló que los países deberían acordar una cifra objetivo, lo que les permitiría llegar a una fórmula de contribución. “Una suma objetivo centra la atención política, lo que permite determinar cuánto deberían pagar las grandes empresas y establecer una fórmula de contribución”, afirmó.

La COP17 también abordará la asignación de los recursos financieros. La COP16 acordó que el fondo debería apoyar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en los países en desarrollo, así como la investigación científica, el desarrollo de capacidades y las necesidades de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Sin embargo, dejó que la fórmula precisa de asignación se decidiera en Ereván.

Es probable que los países también consideren cuestiones más amplias sobre el funcionamiento del mecanismo, incluyendo posibles métodos alternativos para compartir beneficios y herramientas o plataformas para que la información esté disponible y sea accesible al público.

“Necesitamos asegurarnos de que haya un mejor argumento de negocio que el que tenemos actualmente. Eso significa entender a dónde va el dinero”, dijo Schomaker en la conferencia de prensa. “También necesitamos generar más confianza entre los países proveedores [de recursos]. Este es un instrumento de inversión basado en los derechos y eso debe quedar más claro a través de las decisiones que tomemos”.

Independientemente de los resultados que la COP17 arroje para el Fondo de Cali, algunos expertos señalan que será la implementación real del mecanismo la que genere aprendizajes valiosos. “Definitivamente hay esperanza de que el Fondo de Cali pueda resolver algunos problemas. ¿Podría resolverlo todo? No estoy segura. Pero, ¿debemos esperar a que se apruebe cada resolución para dar un paso adelante?”, dijo Sırakaya. “Muchas cosas podrían resolverse al poner a prueba el sistema en la práctica”.