El tejado derrumbado del establo, que una vez albergó a 500 cerdos, es un recordatorio constante para Gustavo Lorenzon de las catastróficas inundaciones que afectaron a su granja y a gran parte del estado brasileño de Rio Grande do Sul en mayo de 2024. Un año después, sigue sin poder permitirse arreglarlo, aunque su estado suponga una reducción del 30% de su facturación anual. “La reforma sería cara y nos pareció prudente esperar. No es el momento de contraer otra deuda”, dijo Lorenzon a Dialogue Earth en abril.
Tercera generación de una familia de criadores de cerdos, Lorenzon cuenta que en 2022 invirtió 1,3 millones de reales (233.000 dólares) en la modernización de sus establos. El plan de crédito rural del gobierno preveía un periodo de gracia de dos años, así que empezó a pagar en 2024. Sin embargo, las inundaciones de ese año redujeron drásticamente su producción, obligándolo a ajustar el presupuesto familiar. “Hemos tomado de nuestro propio salario para hacer frente a la cuota anual de 210.000 reales [38.000 dólares]”, explicó Lorenzon.
Hace un año, las lluvias torrenciales provocaron la peor tragedia climática de la historia de Rio Grande do Sul. El valle de Taquari, zona rural situada al noroeste de Porto Alegre, la capital del estado, y donde se encuentra la granja Lorenzon, fue una de las regiones más afectadas tanto por el desbordamiento del río Taquari y sus afluentes como por los corrimientos de tierra.
El desastre, provocado por el fenómeno meteorológico de El Niño y agravado por el cambio climático, devastó el sector agrícola en Rio Grande do Sul, uno de los mayores productores de arroz, soja y carne de cerdo del país. Las cifras de Emater, la agencia federal de asistencia técnica rural, muestran que 206.000 propiedades perdieron cultivos, animales e instalaciones.
Desde 2020, el régimen meteorológico de La Niña ha provocado tres años de sequía en Rio Grande do Sul y un aumento de las precipitaciones en las regiones Norte y Nordeste de Brasil. Bajo La Niña, las aguas del Pacífico se enfrían, intensificando los vientos y alterando el régimen de lluvias.
El fenómeno homólogo, El Niño, llegó en 2023. El calentamiento del océano, intensificado por el cambio climático, impulsó los vientos y provocó cuatro grandes inundaciones en el extremo sur de Brasil, en junio, septiembre y noviembre de 2023, y en mayo de 2024.
En 2024, un equipo de Dialogue Earth visitó las regiones más afectadas por las lluvias: las llanuras de los valles de Taquari y Caí, y la región metropolitana de Porto Alegre. Nos encontramos con pérdidas devastadoras, historias de resistencia y pedidos urgentes de apoyo.
A su regreso, casi un año después, el equipo encontró agricultores traumatizados, endeudados y temerosos de invertir en su producción ante los fenómenos climáticos extremos.
“Seguí limpiando la casa, arreglando cosas, viendo cómo volver a la producción porque no quería parar y pensar en lo que había pasado”, cuenta la agricultora Roselei dos Santos Porto, como si estuviera reviviendo lo sucedido.
Durante 15 días, la casa y la parcela de la familia Porto permanecieron sumergidas. Viven y trabajan en el municipio de Eldorado do Sul, en un asentamiento del Movimiento de los Sin Tierra (MST), movimiento nacional de reforma agraria y reparto de tierras.
En el municipio de Encantado, a 150 kilómetros al norte, el agricultor Mauro Vieira Marques y su esposa, Ivete Justina, contemplaban los árboles caídos y las parcelas de su propiedad que la fuerza de la crecida había dejado revueltas. Hasta abril de este año, el gobierno local no envió maquinaria para nivelar el terreno y retirar los escombros.
Ahora planean replantar su huerto con naranjas, limas, papayas y caquis. Tras la tragedia, solo sobrevivió un platanero.
El diluvio también destruyó las instalaciones en las que la pareja producía quesos artesanales y huevos para vender en el mercado local. No han sido reconstruidas. “Solo conseguí plantar calabazas, algunas especias y unos tallos de maíz para hacer harina. Estamos volviendo poco a poco”, dice Marques.
Para complementar sus ingresos, Justina empezó a trabajar como cuidadora de ancianos. La pareja sigue viviendo en la casa que se inundó, restaurada con ayuda de donaciones, pero están esperando ayuda estatal para construir una nueva vivienda en una colina.
Una agricultura resistente al cambio climático
Un año después de las lluvias, los habitantes de la región todavía están asimilando la catástrofe y persisten interrogantes sobre la enorme tarea de hacer que la agricultura local sea resistente al próximo extremo climático. Tras la inundación, 2025 trajo otro desafío: suelos quebradizos por falta de agua. Bajo La Niña, la sequía y las olas de calor han llevado al 60% de los municipios de Rio Grande do Sul a declarar el estado de emergencia.
La oscilación entre sequías e inundaciones forma parte de la realidad del estado desde 2020. La Federación de Agricultura de Rio Grande do Sul (Farsul) calcula que las pérdidas del estado en el sector vinculadas a las sequías entre 2020 y 2024 ascendieron a más de 106.000 millones de reales (19.000 millones de dólares).
Los expertos entrevistados por Dialogue Earth coinciden en que este debate aún no ha sido tomado suficientemente en serio por el gobierno estatal. “A partir de cierto momento, hubo una ‘naturalización’ de la hecatombe que sufrimos”, afirmó Sérgio Schneider, profesor de posgrado en desarrollo rural de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS).
Schneider señaló que la reapertura del aeropuerto el 21 de octubre de 2024, tras un cierre de siete meses debido a las inundaciones, daba la sensación de que todo había vuelto a la normalidad, que la inundación solo había sido un acontecimiento excepcional y “no formaba parte de la nueva normalidad “.
Dada la magnitud de la tragedia de Rio Grande do Sul, es probable que el tema figure en la agenda de la COP30, la cumbre climática de la ONU prevista para noviembre en la ciudad amazónica de Belém. El desastre, dijo Schneider, podría servir de ejemplo para compartir las lecciones aprendidas y reforzar la urgencia de acciones que impliquen justicia climática, financiación de pérdidas y daños y apoyo a las comunidades vulnerables. Pero añadió que el Estado ha perdido la oportunidad de convertirse en un ejemplo de gobernanza climática en la cumbre de Belém.
“No hemos aprendido la lección”, afirmó. “Podríamos haber hecho mucho más y mejor, como crear una secretaría de cambio climático [a nivel estatal], que reuniera al mundo académico, el gobierno y las empresas para planificar políticas públicas, pero estos organismos siguen sin estar alineados”.
Schneider comparó la inacción en Rio Grande do Sul con la de las propias reuniones de la COP. Hay buena voluntad y masa crítica, pero prevalece la “dilación”. “Estamos haciendo frente a una emergencia muy lentamente”, dijo Schneider, que también es consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
El gobierno de Rio Grande do Sul comunicó a Dialogue Earth que ha creado un comité de científicos para asesorar a su Secretaría de Reconstrucción en el análisis de proyectos de resiliencia climática. Entre ellos se encuentra una propuesta de gestión del agua para reducir los impactos de las constantes sequías e inundaciones. El proyecto, sin embargo, aún está en fase de elaboración.
Además de garantizar la producción de alimentos, una prioridad vital y estratégica para el país, los analistas han destacado la necesidad de que Brasil se replantee su modelo agrícola si quiere cumplir sus objetivos de reducción de emisiones. En la actualidad, la agricultura es responsable de casi el 74% de las emisiones del país, principalmente debido a la conversión del suelo en monocultivos, según el Observatorio del Clima, una red de la sociedad civil que monitorea las emisiones de Brasil.
Una gestión inadecuada también reduce la capacidad del suelo para retener carbono, y puede convertir la tierra en un agente de la crisis climática. Un estudio del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (Ipam) muestra que los suelos cultivados durante más de una década con una sola especie pierden el 38% de sus reservas de carbono, el doble de lo que pierden los suelos que sufren incendios forestales recurrentes.
“De nada sirve tener plantas más resistentes a la sequía si no gestionamos correctamente el suelo”, afirma la agrónoma Francislene Angelotti, investigadora especializada en cambio climático de Embrapa, agencia federal dedicada a la investigación e innovación agrícola. Cita, por ejemplo, técnicas como alternar cultivos para preservar los nutrientes, plantar diferentes especies en el mismo espacio, cubrir el suelo con restos vegetales para conservar la humedad y cultivar sin arar la tierra para evitar la pérdida de nutrientes.
Según la investigadora, Brasil ya cuenta con una política capaz de afrontar este reto, en forma de Plan ABC, cuyas siglas significan “agricultura baja en carbono”.
El gobierno estatal declaró a Dialogue Earth que está comprometido con el Plan ABC y que ha equipado a técnicos para medir las emisiones de los cultivos y planificar su reducción. Sin embargo, los graves problemas de endeudamiento de las zonas rurales de Rio Grande do Sul han pospuesto estas acciones a largo plazo.
‘El problema del campo es financiero’
Tras la tragedia de 2024, Rio Grande do Sul recaudó miles de millones para su reconstrucción. En aquel momento, el congreso nacional suspendió durante tres años el pago de 11.700 millones de reales (2.100 millones de dólares) de la deuda del estado con el gobierno federal. Hasta ahora, la mayor parte de los fondos se han invertido en ayuda de emergencia a los damnificados y en la construcción de nuevas viviendas y obras de infraestructura: las inundaciones dejaron diez puentes derrumbados, más de 8.000 kilómetros de carreteras dañadas y también hubo repercusiones en la red de vías navegables del estado.
El gobierno federal también ha comprometido 6.500 millones de reales (1.100 millones de dólares) para obras de adaptación al cambio climático, como la construcción de diques contra inundaciones en las zonas más vulnerables. Hasta ahora, la administración del gobernador del estado, Eduardo Leite, ha licitado el primer proyecto de este tipo para Eldorado do Sul. Sin embargo, los diques propuestos no llegan al barrio donde se encuentran los siete asentamientos del Movimiento de los Sin Tierra (MST), y los campesinos denuncian vivir con miedo cada vez que sube el nivel del río.
“Corremos el riesgo no solo de perder nuestra producción, sino de perder nuestras vidas”, afirmó Marcia Riva, productora agroecológica de setas shimeji y socia de la panadería ecológica Pão na Terra, con sede en el mismo asentamiento del MST que la familia Porto.
Cuando las aguas retrocedieron, había grietas en las colinas, suelos agrietados y agricultores endeudados que no sabían cómo reanudar la producción. Con el apoyo de sus hermanos y los recursos recaudados por el propio movimiento, Riva reconstruyó la cocina industrial para hacer pan y pasteles. El invernadero de shimeji, sin embargo, ha quedado chico.
“No puedo permitirme invertir más”, dijo. “No tenemos acceso a ninguna política pública porque seguimos en una zona que podría volver a inundarse”, dijo, refiriéndose a la precariedad de las infraestructuras de protección contra las inundaciones que, un año después, apenas se han puesto de pie.
En 2024, un comité formado por ministerios en Brasilia renegoció 140.000 contratos de crédito del Pronaf y Pronamp -programas federales dirigidos a la agricultura familiar y a los medianos productores- con descuentos que alcanzaron casi 1.000 millones de reales (180 millones de dólares). Sin embargo, agricultores y técnicos de la agencia de asistencia rural Emater entrevistados por Dialogue Earth sostienen que la ayuda financiera aún no es suficiente.
El gobierno estatal calcula que las deudas de los productores locales que vencen en 2025 alcanzarán los 28.000 millones de reales (5.000 millones de dólares). “El mayor problema del campo en este momento es financiero”, dijo Márcio Madalena, subsecretario de la Secretaría de Estado de Agricultura. Añadió que las perspectivas para la próxima cosecha, entre 2025-26, “nos preocupan mucho”.
El gobierno estatal también ha sugerido al Ministerio de Hacienda el uso del Fondo Social del Presal para apoyar su recuperación. Este fondo se creó para distribuir parte de los ingresos de la producción de petróleo de las capas profundas del presal de los yacimientos marinos de Brasil a áreas como la sanidad, la educación y la lucha contra la pobreza, pero también proporciona apoyo a los estados afectados por eventos extremos. Los recursos del fondo están disponibles y no tendrían impacto fiscal. Las negociaciones, sin embargo, aún no han avanzado, según Madalena, y la recuperación del sector agrícola sigue en peligro.
Para el agricultor Riva, más que las deudas, es el trauma de los agricultores lo que requiere más atención: “Todavía estamos muy conmocionados. Afortunadamente somos un grupo unido, pero necesitamos toda la ayuda posible”.
La mayoría de los productores entrevistados por Dialogue Earth afirmaron haber necesitado medicación psiquiátrica para la ansiedad y la depresión tras la tragedia de 2024. Un estudio reciente publicado en la revista The Lancet señala que los fenómenos meteorológicos extremos están relacionados con el empeoramiento de la salud mental, un impacto que puede ser aún mayor entre las poblaciones de ingresos bajos y medios, incluida gran parte de la población latinoamericana.
Un paisaje transformado
En las zonas rurales, el paisaje empieza a cambiar tras la tragedia de 2024. En el Valle de Taquari -donde predominan las pequeñas propiedades, con un promedio de 16 hectáreas- los cultivos de maíz y hortalizas se están retirando de las orillas de los ríos y afluentes, bajo la orientación de los técnicos de Emater.
La idea es no utilizar más la zona inundada y dejar que el bosque de ribera se recupere. La naturaleza ya nos ha enseñado lo que no debemos hacerCristiano Carlos Laste, gerente de Emater en el municipio de Lajeado
La deforestación de las laderas contribuyó directamente a agravar la tragedia, según un análisis de Eduardo Vélez, de la plataforma Mapbiomas. Datos compartidos con Dialogue Earth mostraron que la cuenca del río Guaíba, donde se concentraron los mayores daños de la inundación, ha perdido el 26% de su vegetación nativa desde 1985. La reducción de la cubierta vegetal ha dificultado la infiltración del agua en el suelo, facilitando la escorrentía y agravando las inundaciones.
“La idea es no utilizar más la zona inundada y dejar que el bosque de ribera se recupere”, dijo Cristiano Carlos Laste, gerente de Emater en el municipio de Lajeado. “La naturaleza ya nos ha enseñado lo que no debemos hacer”.
La industria lechera de la región, que fue duramente golpeada por la inundación, no se ha recuperado. Al parecer, las propiedades que perdieron la totalidad o parte de sus instalaciones han dejado de criar vacas lecheras, y las zonas ganaderas se han reconvertido al cultivo de cereales y forraje para alimentar los rebaños de las explotaciones menos afectadas.
A medio plazo, Emater y Embrapa tienen previsto crear “unidades tecnológicas de referencia” (URT) en las regiones más afectadas. Las URT funcionan como granjas modelo, donde se prueban prácticas agrícolas sostenibles adaptadas al clima. El objetivo es promover el diálogo con los agricultores y fomentar la construcción de paisajes más resistentes a los fenómenos extremos.
Para Ernestino Guarino, investigador de una unidad de Embrapa centrada en las regiones de clima templado de Brasil, el énfasis en las URT refleja la necesidad de que la recuperación implique un rediseño del paisaje rural: “un nuevo acuerdo entre el hombre y la naturaleza”, como él dice. Subraya, sin embargo, que “esta inflexión lleva tiempo”.
La familia Porto, de Eldorado do Sul, consiguió mantener la certificación orgánica de su plantación, a pesar de su inmersión en la tragedia del año pasado. Según los agricultores, los análisis del suelo realizados por profesores de la UFRGS y técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería no identificaron contaminación por pesticidas u otros residuos.
Mes y medio después de la inundación, el suelo de la propiedad estaba listo para replantar. “Conseguimos 15.000 plantones de restaurantes asociados y empezamos de nuevo”, recuerda Roselei Porto.
Para garantizar la confianza de los clientes, la familia expuso los resultados de sus análisis de suelos libres de contaminación junto a los precios de los productos ecológicos en un mercado tradicional de Porto Alegre. Cada vez que alguien se acercaba a su puesto, aprovechaban para explicar la situación con más detalle. “No se imaginan lo contenta que me puse cuando los clientes empezaron a volver”, dice.
Pero la reanudación tropezó pronto con un nuevo obstáculo: otra sequía. En los asentamientos del MST en la Región Metropolitana de Porto Alegre, la sequía estival puso en peligro la producción de hortalizas y especias.
“La impresión que tengo es que ya no tenemos un año agrícola completo, sembrando todo el año”, comentó la agricultora Marcia Riva. “Necesitamos nuevas alternativas de producción y mucha ayuda”.
