En mayo de 2022, dos jueces alemanes, un equipo de abogados, expertos científicos y un agricultor peruano llamado Saúl Luciano Lliuya se encontraban a 4.500 metros de altura en los Andes, contemplando una gran laguna azul que brillaba bajo el sol.
Por encima del agua, los glaciares se alzaban contra un cielo despejado. Se los oía crujir. De vez en cuando, una ráfaga de hielo y nieve se precipitaba por la ladera de la montaña. A esa altitud, cada paso duele un poco, y el viento frío nos atravesaba la ropa. Yo estaba allí como investigador y asesor del equipo legal de Lliuya.
Habíamos subido por un peligroso camino de tierra hasta la laguna Palcacocha, que ha crecido drásticamente a medida que el aumento de las temperaturas acelera el retroceso de los glaciares. Los científicos han advertido que podría desbordarse, provocando una devastadora inundación hacia la ciudad de Huaraz, donde está el hogar de Luciano Lliuya y unas 50.000 personas viven en la zona de peligro.
RWE, uno de los mayores emisores de carbono de Europa, no tiene operaciones en Perú. Sin embargo, fue un caso judicial en su contra lo que había llevado a los abogados de la empresa a la orilla de esta laguna. El argumento era que el cambio climático convierte a los emisores y a las comunidades afectadas en vecinos, independientemente de la distancia que los separe.
Una disputa entre vecinos
¿Cómo acabó un agricultor peruano en un tribunal alemán enfrentándose a una gran empresa energética? En 2014, Lliuya se había reunido con activistas climáticos alemanes que buscaban herramientas legales para exigir responsabilidades a los principales contaminadores.
Sabía que los glaciares que se alzaban sobre su hogar se estaban reduciendo, y comprendía que la causa no era local, sino que radicaba en las emisiones de los países ricos y las grandes corporaciones. Juntos, elaboraron una demanda basada en la legislación sobre molestias, un principio jurídico que se aplica habitualmente en disputas entre vecinos por interferencias en la propiedad.
El argumento era sencillo. Se estimaba que RWE había contribuido con un 0,47% de las emisiones industriales globales de gases de efecto invernadero desde el inicio de la industrialización. Esas emisiones contribuían al calentamiento global y al deshielo de los glaciares situados sobre Huaraz. Por lo tanto, alegaban, RWE debía pagar el 0,47% del costo de proteger la propiedad de Lliuya contra las inundaciones: unos 20.000 dólares estadounidenses. La suma era simbólica. El principio, no.
Presentada en 2015, la demanda fue desestimada inicialmente por un tribunal de primera instancia. Pero en noviembre de 2017, el tribunal regional superior de Hamm consideró admisible la demanda. El juez presidente planteó una pregunta que iba más allá de la cuestión jurídica en cuestión. En los lugares del mundo donde el dinero es escaso, ¿podemos dejar a estas personas a su suerte incluso cuando somos nosotros quienes estamos causando el problema? ¿Es eso justo?
Una derrota que cambió la ley
El 28 de mayo de 2025, el tribunal dictó su veredicto. La demanda de Lliuya fue desestimada. Los jueces concluyeron que el riesgo de inundación de su propiedad no era lo suficientemente alto como para justificar una reparación legal. Pero la sentencia de 139 páginas contaba una historia diferente.
Por primera vez en el mundo, un tribunal estableció que los grandes emisores de gases de efecto invernadero pueden, en principio, ser considerados responsables de su contribución a los daños climáticos. La distancia entre el emisor y la comunidad afectada no fue un obstáculo, y las autorizaciones reglamentarias no sirvieron de defensa.
El tribunal aceptó como prueba la ciencia de la atribución —una disciplina cada vez más importante que busca vincular el cambio climático provocado por el ser humano con fenómenos y eventos meteorológicos extremos—. Concluyó que empresas como RWE deberían haber tenido conocimiento de los riesgos climáticos al menos desde mediados de la década de 1960.
Lliuya perdió el caso, pero el razonamiento jurídico fue un hito. Expertos describieron el resultado como un “éxito sin victoria”.
Las montañas siguen derritiéndose
Los principios establecidos en la sentencia están ahora a disposición de los tribunales de todo el mundo. La demanda de Lliuya no prosperó porque el riesgo evaluado para su propiedad en particular era demasiado bajo. Pero innumerables comunidades se enfrentan a impactos climáticos mucho más inmediatos y graves, y ahora tienen una vía para exigir responsabilidades a los principales emisores.
Esto es importante para la transición hacia las energías limpias. Los litigios climáticos están surgiendo como un mecanismo de presión que complementa las políticas y las fuerzas del mercado, elevando desde abajo el costo legal y financiero de la continua dependencia de los combustibles fósiles: las comunidades afectadas del Sur Global dirigen sus reclamos contra los principales emisores del Norte Global.
El caso logró algo que va más allá de su resultado judicial. Un gran emisor se vio obligado a afrontar las consecuencias de su modelo de negocio a través del deshielo de un glaciar. Un agricultor de los Andes consiguió hacerse oír en un sistema en el que, de otro modo, no habría tenido voz. Y el precedente perdurará mucho más allá de la demanda individual.
Una sola demanda no detendrá el cambio climático. Pero al afirmar que los mayores contaminadores del mundo son vecinos de las comunidades que soportan el peso de sus emisiones, el caso de Luciano Lliuya ha cambiado el clima jurídico.
Las montañas que se alzan sobre Huaraz siguen derritiéndose. La cuestión de quién debe asumir la responsabilidad ya no es solo política. Es jurídica.
