Trump promete una bonanza petrolera en Venezuela, pero ¿en beneficio de quién?

El mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. Así fue anunciado el 28 de agosto el trato entre los gobiernos de Donald Trump y Delcy Rodríguez sobre el control de Washington sobre 17 “campos petroleros y áreas estratégicas”

Al explicar el acuerdo a su pueblo, la presidenta interina Rodríguez hizo hincapié en la necesidad de inversión, la cual “se traduce en desarrollo para Venezuela”.

Las áreas en cuestión contienen, según informaciones, 65 mil millones de barriles de petróleo, aproximadamente el 20% de las reservas totales de Venezuela. Los derechos de explotación pasarán a manos de la empresa norteamericana Blue Energy Partners (NABEP), propiedad del venezolano Alejandro Betancourt, pero en la que la Oficina de Capital Estratégico de EE. UU. tiene una participación de un tercio. EE. UU. también obtiene acceso preferencial al 20% de la producción a precio de costo.

Rodríguez afirma que el acuerdo le reportará al país más de 200 mil millones de dólares. Sin embargo, algunas estimaciones sugieren que Venezuela podría haber dejado de recaudar miles de millones al no subastar libremente los derechos.

Varios críticos también han señalado la falta de transparencia en cuanto a los detalles, la posible pérdida de ingresos fiscales y los costos ambientales ocultos que resultan de la falta de un plan para mitigar los impactos de la industria.

El acuerdo

El camino para este acuerdo se allanó cuando Estados Unidos capturó al expresidente Nicolás Maduro en enero. Menos de tres semanas después, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos. Esta derogó las regulaciones de la era Chávez que estipulaban el control estatal sobre los yacimientos petroleros y permitió una mayor comercialización privada.

NAPEB invertirá 100 mil millones de dólares como parte del acuerdo y afirma que aumentará la producción actual de 200,000 barriles diarios a 500.000 para finales de 2028.

Según El Nacional, a lista incluye ocho áreas no exploradas o sin infraestructura, conocidas como “greenfields”, en la Faja Petrolífera del Orinoco –un área de  55.000 km² al norte del río Orinoco, en el centro y oriente de Venezuela, que contendrían 300 mil barriles de crudo extrapesado–, y nueve campos maduros –o ”brownfields”– en la Cuenca del Lago de Maracaibo.

La faja es un importante reservorio de biodiversidad, hogar de reptiles, aves migratorias y mamíferos, incluidas especies amenazadas como el cocodrilo del Orinoco y el delfín del río Orinoco.

Un cocodrilo del Orinoco al sol en Muñoz, Apure, en el suroeste de Venezuela (Imagen: Christophe Courteau / Nature Picture Library / Alamy)

Un reto al que se enfrentará la iniciativa es que, desde la década de 1920, el crudo extrapesado del Cinturón del Orinoco ha planteado dificultades de extracción debido a su viscosidad y densidad, lo que ha impulsado el desarrollo de nuevas técnicas  para explotarlo. Desde que se anunció el acuerdo, la NABEP ha informado la llegada de 20 perforadoras de reacondicionamiento y hasta 60 nuevas plataformas con el fin de ampliar o iniciar operaciones en zonas del Cinturón del Orinoco.

Otro factor es la vida útil de los yacimientos. Carlos Mendoza Potellá, economista especializado en petróleo y ex asesor del Banco Central de Venezuela, declaró a Dialogue Earth que los yacimientos maduros aún cuentan con “reservas todavía considerables, pero de corta vida productiva para los estándares de la industria”. Ya han sido explotados durante entre 60 y 80 años, por lo que, según Mendoza, podrían dejar de ser rentables antes de que venza la concesión de 25 años.

El economista Asdrúbal Oliveros también señala que las condiciones materiales en Venezuela podrían resultar un obstáculo. La Cumbre Internacional de Petróleo y Gas de Venezuela, celebrada en Caracas del 28 al 30 de septiembre, contó con una nutrida asistencia de ejecutivos petroleros de todo el mundo. Esto, dice Oliveros, confirmó el enorme apetito que existe por Venezuela, pero también las limitaciones. Tenemos petróleo pero necesitamos electricidad, carreteras, puertos, almacenamiento, oleoductos, mejoradores, servicios petroleros, financiamiento y capital humano”.

Las evaluaciones de Siemens y General Electric estiman que se deben invertir entre 15 mil millones y 40 mil millones de dólares solo para restaurar la red eléctrica.

Para el experto en petróleo Paulino Betancourt, las inversiones no se concretarán «sin garantías legales para extraer el petróleo y repatriar los dividendos sin sorpresas contractuales. “Hay sondeos, pero los grandes capitales y las grandes firmas entrarán cuando la certeza legal supere el riesgo político”.

¿Cuánto ganaría y perdería Venezuela?

El 30 de septiembre la presidenta Rodríguez aseguró que Venezuela recibirá regalías mínimas del 16% e impuestos del 34%. “Por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país”. Aseguró que en total serían 209 mil millones de dólares durante 25 años.

Pero Oliveros matiza la cifra: “se trata de 8 mil millones de dólares al año”, lo que equivale al 8% del PIB de 2025. Aunque reconoce los efectos “relativamente rápidos” con una producción actual de 1,2 millones de barriles diarios con exportaciones por el orden del millón de barriles, desestima un posible “milagro petrolero” pues calcula que la estabilidad de la industria se alcanzará en entre 3 y 5 años.

Para el ex diputado y economista petrolero José Guerra,´Venezuela sacrificó ingresos por 6.200 millones de dólares por una entrega de áreas sin subastas públicas y entregando 20% de petróleo a precio de costo.

Por eso Oliveros considera que el impacto del nuevo trato petrolero podrá evaluarse al concretarse “inversión, empleos, empresas proveedoras, servicios, infraestructura y el efecto multiplicador en la economía”, así como el establecimiento de políticas de transparencia, ahorro e inversión. “No basta con producir barriles sino cómo se transforman en bienestar para los venezolanos”.

Transición retrasada

El acuerdo petrolero también pone de relieve la falta de avances en la transición energética de Venezuela, que se ha estancado antes de que realmente comenzara. PDVSA, la empresa estatal de energía, abandonó varios parques eólicos antes de que se completaran, debido a problemas presupuestarios, mientras que una fábrica de paneles solares que utiliza tecnología china apenas está en funcionamiento. También se ha suspendido el mantenimiento de una red nacional de pequeñas instalaciones solares. Los planes energéticos actuales se centran en desarrollar infraestructura para extraer gas natural y en recuperar y ampliar la energía hidroeléctrica, la principal fuente de electricidad del país.

Juan Carlos Sánchez, co-ganador del Premio Nobel de la Paz 2007 como miembro del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, ha aconsejado al gobierno que adopte un enfoque diferente. En la Hoja de Ruta Energética de Venezuela 2026-2050, un documento que elaboró de manera independiente para contribuir a la toma de decisiones, recomienda utilizar los ingresos del petróleo para financiar la mejora de la infraestructura eléctrica, el desarrollo de energías renovables y la diversificación de la economía. La hoja de ruta aboga por instituciones más sólidas y un fondo de transición energética. Destaca la falta de objetivos gubernamentales sobre la transición energética y el cambio climático.

Mientras tanto, el gobierno reveló el año pasado que, entre 1990 y 2022, la matriz eléctrica estuvo dominada por la energía hidroeléctrica (79,73%), con aproximadamente un 20 % proveniente de centrales térmicas que queman combustibles fósiles. Se agregaron un parque eólico y un parque solar a la red en 2024, agregó. Utilizando el inventario de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de Venezuela de 2021, Efecto Cocuyo ha estimado que la energía solar y eólica representan solo el 0,27% de la energía consumida en Venezuela.

El descuido de la infraestructura petrolera del país también ha provocado fugas frecuentes, especialmente en los cientos de kilómetros de tuberías submarinas del lago de Maracaibo.

La ONG ambientalista Clima 21 y la ONG Provea emitieron un comunicado conjunto en septiembre en el que instaban al gobierno a establecer salvaguardias ambientales y garantías de derechos humanos a la luz del nuevo acuerdo petrolero. Exigieron transparencia, consultas con las comunidades indígenas y que se resolvieran los derrames existentes.

Frente a China y Rusia

El acuerdo también ha puesto en tela de juicio los intereses petroleros que desde hace tiempo tienen empresas de China y Rusia.

En enero de 2026, la compañía petrolera estatal rusa Roszarubezhneft comunicó que todos sus activos en Venezuela “son propiedad del Estado ruso, adquiridos por la parte rusa en condiciones de mercado, en pleno cumplimiento de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho internacional y los acuerdos intergubernamentales”.

“Los derechos e intereses legales de China en Venezuela deben estar garantizados”, respondió en septiembre Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Guo insistió en que la cooperación entre China y Venezuela está protegida “por el derecho internacional y las leyes de ambos países”.

El líder chino Xi Jinping junto al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro en Caracas en 2014. Tras el nuevo acuerdo con Estados Unidos, el ministro de Hidrocarburos de Venezuela afirmó que las empresas conjuntas con China y Rusia siguen vigentes (Imagen: Wang Ye / Xinhua / Alamy)

Pero el Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró días después del nuevo trato que China no tendría derechos sobre los nuevos ingresos petroleros para cobrar la deuda pendiente de Venezuela. Esto en línea con una declaración de febrero en su visita a Venezuela, cuando afirmó que “la influencia de China, Rusia e Irán, que ha sido muy grande en Venezuela, se reducirá considerablemente”.

La ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, ha dicho que las empresas mixtas con China y Rusia siguen vigentes. Sin embargo, la mayoría de los contratos firmados por empresas chinas desde 2024 se firmaron al amparo de la Ley Antibloqueo. Esta legislación, promulgada para eludir las sanciones de EE. UU., ofrecía menos certeza jurídica pero mayores ganancias que las empresas conjuntas.

Cinco de los 17 yacimientos petroleros incluidos en el acuerdo han sido transferidos por empresas chinas, según Reuters, que cita a funcionarios estadounidenses. Entre ellas se encuentra la empresa privada China Concord Resources, sobre la cual Luis Díaz Salazar, exmiembro de la Asamblea Nacional, declaró a Dialogue Earth que la empresa ahora está buscando una compensación.

Agrega que China puede “jugar al desgaste”, esperando mejores condiciones geopolíticas y confiada en sus ventajas: poseer tierras raras y un mercado de 1.500 millones de personas.

Paulino Betancourt coincide. “Preveo un ejercicio de pragmatismo frío y paciencia estratégica de China”, le dijo a Dialogue Earth. “Aplicará la diplomacia del cobrador paciente: saben que las administraciones pasan pero las deudas y los recursos del subsuelo permanecen”.