Para buena parte del público internacional, la carrera por el litio sudamericano todavía se lee como un capítulo más de la transición energética. Salares andinos, autos eléctricos, baterías para Tesla o BYD. Esa es, en realidad, una imagen incompleta y cada vez más desactualizada.
Los minerales críticos, como el litio, el cobalto, el níquel y el cobre, se consideran vitales tanto para la transición energética como para la seguridad de las cadenas de suministro globales. Sin embargo, cada vez más, estos mismos materiales son también insumos clave para los sistemas avanzados de defensa, satélites de vigilancia y los centros de datos que sostienen la infraestructura de inteligencia artificial.
Argentina cuenta con importantes reservas de varios de estos minerales. Principalmente litio, pero también cobre en las provincias de Catamarca y San Juan. La escasez y la importancia de estos recursos le brindan a Argentina la oportunidad de tomar las riendas de su propio desarrollo. Esa oportunidad se está desperdiciando.
Pérdida de soberanía
El hecho de contar con recursos escasos no garantiza que el poder recaiga en el productor. Para sacar provecho de ello, el Estado productor debe saber quién controla los yacimientos y cuál es el destino final de lo que se extrae. El productor también necesita tener la capacidad suficiente para establecer las condiciones de uso de sus recursos naturales. Sin estos tres elementos, otros se enriquecerán mientras que el productor seguirá estando en una posición de subordinación.
Argentina no cumple con ninguno de estos tres criterios. Según la reforma constitucional de 1994, el Estado otorga a cada provincia la propiedad de los recursos naturales que se encuentran dentro de su territorio. El resultado es un mosaico de normas. Actualmente hay 66 proyectos de litio en distintas etapas de desarrollo, concentrados en las provincias del norte: Catamarca, Salta y Jujuy. Cada uno de ellos se regula, fiscaliza y reporta de acuerdo con sus propios criterios.
No existe una autoridad nacional capaz de consolidar esa información ni de rastrear qué porcentaje de cada embarque de carbonato de litio termina en una batería de auto, en un dron militar o en el sistema de respaldo de un centro de datos. Sin una reforma de fuste en el presente marco normativo, todo augura que pasará lo mismo con el resto de los minerales enmarcados en el catálogo de “estratégicos” presentes en el subsuelo argentino.
La soberanía que está en juego no es solo la de quién recibe la renta minera, sino la de quién decide para qué sirve lo que se extrae. Y en ese terreno, Argentina, como Estado y como sociedad civil, llega sin herramientas.
Argentina, atrapada entre superpotencias
Estos proyectos avanzan en un contexto en el que el impulso de la financiación internacional para los minerales críticos ha pasado de la descarbonización al dominio armamentístico y tecnológico. Por ejemplo, Estados Unidos se ha mostrado cada vez más interesado en los minerales críticos, con un enfoque apenas disimulado en la defensa.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos adquirió en julio de 2025 una participación del 15% en MP Materials, empresa de minerales críticos con sede en Las Vegas, convirtiéndose en el mayor accionista. El país ha anunciado su intención de crear una reserva estratégica de minerales críticos por un valor de 12 mil millones de dólares.
Estos minerales ya no son solo para la transición energética.
Argentina está viviendo esta tensión de manera particularmente aguda. En febrero, el gobierno firmó un acuerdo sobre minerales críticos con Washington, en virtud del cual el país se compromete a dar prioridad a Estados Unidos en el suministro de litio, cobre y otros minerales, tanto en bruto como procesados.
El acuerdo forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para reducir su dependencia de China, que controla alrededor del 75% del mercado mundial de estos recursos.
Debido a su debilidad macroeconómica sistémica, el país se ha visto atrapado en esta disputa geopolítica sin contar con los mecanismos necesarios para sacar provecho de su posición
Pero en la práctica, la situación es muy diferente. Alrededor del 70% de la producción de litio de Argentina tiene como destino final China. En mayo de este año, el gobierno aprobó la ampliación de un proyecto de litio en el que Ganfeng, la mayor empresa minera de litio de China, es el accionista mayoritario con una participación del 47%.
Esta es la consecuencia estructural de que Argentina carezca de una política propia. Se alinea retórica y diplomáticamente con Washington, mientras que las inversiones de mayor envergadura sobre el terreno son financiadas por capital chino y los beneficios fluyen hacia China.
Debido a su debilidad macroeconómica sistémica, el país se ha visto atrapado en esta disputa geopolítica sin contar con los mecanismos necesarios para sacar provecho de su posición. Esta vulnerabilidad agrava décadas de políticas de apertura irrestricta al capital extranjero en el sector minero. El sistema prescinde de los requisitos de proveedores locales para materiales, de la trazabilidad y de cualquier idea de desarrollar y hacer crecer la industria minera nacional más allá de la extracción de materias primas.
Rápido crecimiento
En 2025, la producción de carbonato de litio de Argentina superó las 110.000 toneladas, un récord histórico. Las exportaciones mineras alcanzaron los 6 mil millones de dólares, casi un 30% más que en 2024. Argentina busca atraer inversión extranjera, y el sector minero ya representa más de la mitad de los proyectos de inversión por un valor cercano a los 95.000 millones de dólares presentados ante el RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones aprobado en 2024.
La Agencia Internacional de Energía prevé que la demanda mundial de litio se multiplicará por nueve hacia 2040 en un escenario de descarbonización acelerada. Pero esa demanda no viene sola sino que viene acompañada de una disputa creciente entre potencias por el control de las cadenas de suministro, que ya no distingue entre usos civiles y militares del mineral.
El Código Minero argentino data de 1886. El marco para el control provincial de los recursos naturales se consolidó en 1994. Ambos fueron diseñados para atraer capital a regiones carentes de infraestructura, basándose en un modelo de integración orientado a la exportación, sin valor agregado y sin condiciones respecto al destino final de los productos extraídos. Estas herramientas son insuficientes para gestionar las disputas geopolíticas del siglo XXI en torno a los minerales críticos.
Las regulaciones débiles, la falta de trazabilidad y una apertura manifiesta al capital extranjero corren el riesgo de repetir los errores de anteriores auges de recursos que dejaron a los proveedores en una situación vulnerable y subdesarrollada.
Si Argentina no abre una discusión urgente sobre la propiedad de sus recursos críticos, la trazabilidad de su destino final y su alineamiento estratégico, otros van a decidir por ella. Las potencias globales y los consorcios privados que ya están reconfigurando el mapa de los minerales críticos definirán, por default, qué guerras, qué servidores y qué imperios tecnológicos terminan alimentándose de lo que sale de los salares argentinos.
