Sonia Guajajara: ‘No solo estamos ocupando un ministerio, estamos ocupando la política’

La creación del primer Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil en 2023 marcó el inicio de un proceso histórico de reparación. Demostró que los pueblos indígenas, al ocupar puestos de poder, no solo refuerzan sus propias agendas, sino también la democracia en su conjunto. 

Convertirme en la primera ministra de Pueblos Indígenas significó formar parte de un momento de cambio en Brasil, fruto de una reivindicación de larga data en favor de la representación. No nos limitamos a ocupar un ministerio; ocupamos la arena política.

Cuando asumimos la cartera, nos encontramos con que la política indígena estaba en ruinas. Había organismos con falta de personal, un presupuesto recortado, la demarcación de tierras indígenas estancada y territorios dominados por la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y la violencia.

¿Por qué Sonia Guajajara? Como primera ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, Guajajara tuvo la tarea de hacer frente a décadas de desmantelamiento de las protecciones, minería ilegal y demarcaciones territoriales estancadas. Su trayectoria —desde la organización indígena de base hasta la Cámara de Diputados y un cargo en el gobierno— la ubica en una posición ideal para explicarnos qué se necesita para que la representación indígena sea una política estatal permanente e irreversible, en lugar de una prerrogativa del gobierno de turno.

Esta política tuvo que reconstruirse en medio de emergencias humanitarias, como la minería ilegal de oro en el territorio indígena yanomami, donde nos encontramos con un colapso total del sistema, con muertes por desnutrición y otros graves problemas de salud que llevaron a la declaración de una emergencia de salud pública en enero de 2023. Expulsamos al 98% de los mineros de oro del territorio, llevamos más profesionales sanitarios a la región y establecimos un seguimiento permanente.

Aún queda mucho por hacer, y este no es más que un ejemplo, pero se trata de un esfuerzo continuo.

A pesar de los avances logrados, mi trayectoria desde el movimiento indígena hasta la Cámara de Diputados y hasta el primer Ministerio de Pueblos Indígenas del país me ha enseñado que ocupar espacios es esencial, pero no basta. Necesitamos transformar la presencia indígena en política de Estado. Ningún logro estará plenamente protegido si depende exclusivamente de la voluntad de un gobierno.

Brasil cuenta con alrededor de 1,7 millones de personas indígenas, pertenecientes a 391 pueblos y que hablan aproximadamente 295 lenguas. A pesar de esta diversidad, solo el 0,5% de los funcionarios en activo del poder ejecutivo federal se identifican como indígenas. Dentro del ministerio, aproximadamente una quinta parte de los puestos están ocupados actualmente por personas indígenas. Es una victoria, pero aún estamos muy lejos de donde debemos estar.

El ministerio debe seguir funcionando como un órgano estratégico, con un presupuesto acorde con sus responsabilidades, capacidad de coordinación y participación efectiva en las decisiones relativas al clima, las infraestructuras, la minería, la energía, la educación, la salud y el desarrollo. Sin embargo, la política indígena no puede limitarse a un único ministerio. Todos los ministerios cuyas medidas puedan afectar a nuestros territorios deben mantener foros permanentes para la participación indígena.

De cara al futuro, espero una relación basada en la superación definitiva del paternalismo. Durante siglos, el Estado ha tratado a los pueblos indígenas como obstáculos para el desarrollo o como personas incapaces de decidir su propio futuro. Necesitamos consolidar un modelo diferente: una relación entre el Estado brasileño y los pueblos que poseen autonomía, organización social, lenguas, culturas y sus propios proyectos de vida.

Esto exige el respeto a la consulta libre, previa e informada prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza a los pueblos indígenas el derecho a ser escuchados antes de que se adopten decisiones que afecten a sus territorios.

La consulta no debe considerarse una reunión simbólica ni una formalidad burocrática que se lleva a cabo una vez que la decisión ya se ha tomado. Debe tener lugar antes de que se concrete cualquier política, proyecto o iniciativa, en un lenguaje accesible, en los propios términos de las comunidades y con una oportunidad real de influir en las decisiones o impedirlas.

También debemos reforzar las formas indígenas de gestión territorial, la educación escolar específica, la asistencia sanitaria adaptada, la justicia, la producción sostenible y la adaptación al cambio climático. El futuro que imagino combina unas instituciones nacionales sólidas con la autonomía territorial, la participación y el respeto a la diversidad de los pueblos.

No queremos simplemente que el Estado nos consulte; queremos participar en su transformación.

El territorio es una cuestión central

Nuestra prioridad para las próximas dos décadas seguirá siendo la demarcación de los territorios indígenas. Porque sin territorio no hay lengua, cultura, espiritualidad, seguridad alimentaria ni futuro.

Durante nuestro mandato en el ministerio, logramos avances significativos. Reconocimos oficialmente 20 tierras indígenas —la etapa final del proceso de demarcación— y firmamos otros 21 decretos declarativos, un paso previo al reconocimiento oficial. En conjunto, estas cifras equivalen a casi 20 años de demarcaciones logradas en solo tres. Sin embargo, la deuda histórica sigue siendo enorme.

Es posible llegar a 2046 con esta cuestión mucho más cerca de una solución, pero solo si existe un compromiso gubernamental para completar las demarcaciones, garantizar las indemnizaciones cuando proceda y evitar que cada proceso se vea paralizado por presiones políticas o disputas legales.

Y la demarcación no es simplemente una cuestión de firmar un decreto. Debemos garantizar una protección permanente, desalojar a los ocupantes ilegales, restaurar las zonas degradadas y apoyar los planes de gestión territorial y medioambiental. La experiencia reciente ha demostrado que las medidas temporales no son suficientes. Cuando el Estado se retira, regresan los buscadores de oro, los deforestadores y los acaparadores de tierras.

Hoy en día, los fenómenos meteorológicos extremos ya están afectando a nuestros territorios, provocando sequías, inundaciones, incendios y cambios en los ciclos del bosque y los ríos. Mientras tanto, solo el 3% de la deforestación registrada entre 2012 y 2024 en la Amazonía brasileña —que es esencial para el equilibrio climático mundial— se produjo dentro de estos territorios. Esto demuestra que la protección de las tierras indígenas es una de las políticas climáticas más eficaces del país.

En las próximas décadas, la salud, la educación, el saneamiento, la protección de los defensores del medioambiente, la promoción de las lenguas indígenas, la conectividad, la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático también deberán ocupar un lugar central en la agenda.

La lucha en el Congreso

De vuelta a mi cargo como diputada federal —puesto del que me había ausentado temporalmente mientras dirigía el ministerio— y preparándome para presentarme a la reelección en octubre, me encuentro con un equilibrio de poder muy desigual entre los pueblos indígenas y los grupos ruralistas en la legislatura. La demarcación de las tierras indígenas y la protección del medioambiente son objeto de una disputa cada vez más encarnizada, impulsada por intereses extractivistas y por los intentos de negarnos nuestros derechos. Esto nos obliga a trabajar en estrecha colaboración con los grupos parlamentarios más progresistas. Dado que somos minoría, debemos unir fuerzas en cada batalla.

En 2022, cinco personas que se identifican como indígenas fueron elegidas para la Cámara de Diputados por primera vez en la historia, yo incluida. Fue un hito sin precedentes, pero cinco de un total de 513 diputados sigue siendo una fracción minúscula en comparación con nuestra representación dentro de la población brasileña.

Este año, el movimiento indígena ha presentado a decenas de candidatos y estamos ilusionados con la posibilidad de elegir y reelegir a personas indígenas en las elecciones generales. El proyecto “Aldear a Política” [Política desde la aldea], que hemos construido desde dentro del movimiento indígena, demuestra que una candidatura nunca es un esfuerzo individual: encarna una lucha colectiva y allana el camino para muchos otros.

En las próximas dos décadas, espero ver un auténtico grupo parlamentario indígena en el Congreso Nacional, así como personas indígenas en las asambleas legislativas, los consejos locales, los ayuntamientos, los gobiernos estatales, los tribunales, las universidades y los organismos públicos. Para lograrlo, debemos “indigenizar” los tres poderes del Estado y construir una cultura política en la que no se tome ninguna decisión relativa a los pueblos indígenas sin la presencia de representantes de dichos pueblos.

El Congreso tiene una agenda repleta de cuestiones que nos afectan. Por ejemplo, actualmente se está debatiendo la Propuesta de Enmienda Constitucional 48 (PEC 48). Esta propone modificar la Constitución para incluir la cláusula del “marco temporal” —el argumento de que los pueblos indígenas solo tienen derecho a las tierras que ocupaban físicamente en la fecha en que se promulgó la Constitución, en 1988—. En la práctica, esto ignora los desplazamientos forzados que muchos pueblos han sufrido a lo largo de la historia, al tiempo que podría detener nuevas demarcaciones territoriales y revocar el reconocimiento de territorios que ya han sido reconocidos oficialmente. Poner fin de una vez por todas a este argumento seguirá siendo nuestro reto.

También estamos siguiendo de cerca la implementación de la nueva Política Nacional sobre Minerales Críticos y Estratégicos, promulgada este mes, y el riesgo de que la competencia por estos recursos aumente la presión sobre nuestros territorios. Lo mismo ocurre con la minería en tierras indígenas. En febrero, el Tribunal Supremo Federal concedió al Congreso un plazo de dos años para regular esta actividad, y el Senado creó un grupo de trabajo para redactar un proyecto de ley al respecto. Para nosotros, la consulta previa debe implicar un auténtico poder de decisión, incluido el derecho a rechazar proyectos que sean incompatibles con la vida y la integridad de los territorios.

La transición energética será una de las mayores fuentes de conflicto durante las próximas dos décadas. No podemos aceptar que la eliminación gradual de los combustibles fósiles dé lugar a una nueva carrera colonial por el litio, el níquel, el cobre, las tierras raras y otros minerales críticos. No puede haber una transición justa cuando los beneficios van a parar a las empresas y a los centros urbanos, mientras que los impactos recaen sobre los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales.

La forma de reducir estos conflictos pasa por cambiar el propio concepto de desarrollo, lo que incluye proteger las zonas de gran importancia socioambiental y reconocer a los pueblos indígenas como actores políticos, no como obstáculos.

Espero que, dentro de veinte años, Brasil comprenda por fin que nuestros territorios no son reservas de recursos a la espera de ser explotadas. Son territorios de vida, de conocimiento, de biodiversidad y de equilibrio climático. Preservarlos no redunda únicamente en beneficio de los pueblos indígenas; es esencial para el futuro de todo el país.